Convención sobre los Derechos del Niño






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Naciones Unidas

CRC/C/AND/Q/2/Add.1



Convención sobre los
Derechos del Niño


Distr. general

16 de agosto de 2012
Español solamente
Comité de los Derechos del Niño

61.º período de sesiones

17 de septiembre a 5 de octubre de 2012

Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño

Lista de cuestiones que requieren información adicional y actualizada en relación con el examen del segundo informe periódico de Andorra (CRC/C/AND/2)

Adición

Respuestas escritas del Gobierno de Andorra a la lista de cuestiones (CRC/C/AND/Q/2) elaborada por el Comité de los Derechos
del Niño en relación con el examen del segundo informe periódico de Andorra (CRC/C/AND/2)*


Parte I

Respuestas al párrafo 1 de la lista de cuestiones

  1. El Ministerio de Salud y Bienestar es el órgano encargado de coordinar la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño.

  2. El plan estratégico del Ministerio de Salud y Bienestar está previsto para el mandato de 2011-2014, y está articulado por la Dirección General de Salud y Bienestar, concretamente por el Área de Atención e Intervención Social que coordina la Comisión Técnica de Atención al Menor. Esta comisión tiene como misión principal la atención y la protección del menor, y está formada por profesionales de varias disciplinas provenientes de los diferentes equipos técnicos responsables de velar por los derechos e intereses de los menores. Las decisiones de la Comisión son validadas por la Ministra de Salud y Bienestar.

Respuestas al párrafo 2 de la lista de cuestiones

  1. El Plan Nacional de Acción para la Infancia no llegó a realizarse ya que el Gobierno consideró que la legislación nacional e internacional, los recursos administrativos, sociales, sanitarios, culturales, educativos, deportivos y de ocio, así como las organizaciones que actúan en el ámbito de la infancia existentes en el Principado de Andorra ya garantizan la protección de los derechos de los niños.

  2. La peculiaridad del territorio andorrano, sus dimensiones, la estrecha vinculación entre instituciones, profesionales y la población en general facilita una actuación rápida y directa sobre cualquier situación, y especialmente, en el ámbito de la infancia.

  3. El Ministerio de Salud y Bienestar por medio de la Comisión Técnica de Atención al Menor desarrolla las funciones de denuncia, atención y coordinación de todos los agentes sociales que actúan en el ámbito de la infancia.

Respuestas al párrafo 3 de la lista de cuestiones

  1. Los presupuestos del Principado de Andorra se elaboran a modo de propuesta por el Gobierno, y luego se debaten, se modifican y se aprueban en el Consell General (Parlamento de Andorra).

  2. No existe una partida presupuestaria específica para la aplicación de la Convención. Sin embargo, todas las partidas destinadas a políticas y programas para la infancia de los diferentes departamentos gubernamentales se destinan a aplicar alguno de los aspectos recogidos en la convención.

  3. Sin querer ser exhaustivos, se han analizado y comparado las partidas presupuestarias correspondientes a los programas de Educación, Salud, Bienestar e Interior (área de Menores) de los ejercicios de 2008 a 2012. Los presupuestos de los departamentos de Educación e Interior han registrado un crecimiento similar al del presupuesto general del Gobierno, que para estos años de referencia ha sido superior al aumento del Índice de Precios al Consumo (IPC) de Andorra. En cambio, el presupuesto del departamento Salud en estos años ha crecido más del doble del IPC, debido al aumento del gasto sanitario y a una disminución de los ingresos de la Caja Andorrana de Seguridad Social (CASS). En cuanto al presupuesto del departamento de Bienestar en estos años se ha doblado, registrando un crecimiento equivalente a siete veces el IPC. Este importante incremento es debido a las necesidades sociales fruto de la crisis económica general.

  4. Concretamente, las partidas estratégicas para la protección de la infancia son las transferencias económicas a favor de las familias vulnerables, en concepto de precariedad social. Las transferencias pueden provenir de los departamentos de Educación, Salud, Vivienda, Seguridad Social y en especial, del departamento de Bienestar. Entre los años 2008 y 2012, estas partidas han requerido la aprobación, por el Consell General a propuesta del Gobierno, de leyes de créditos extraordinarios para suplir el importe inicialmente aprobado.

  5. Estas partidas presupuestarias de transferencias económicas a familias, por conceptos de precariedad social, son ampliables en función de la situación de necesidad social que presenta la sociedad andorrana cada año.

  6. Los equipos técnicos de los departamentos de Educación, Salud, Bienestar, Vivienda e Interior, por el momento, han podido hacer frente a la creciente demanda de atención de las familias en situación de necesidad social, a pesar del aumento progresivo de solicitudes.

  7. En lo referente a la dotación económica, el presupuesto inicial de dichas transferencias fue de 7 millones de euros en el ejercicio 2008, y se ha incrementado hasta los 24 millones de euros en el ejercicio 2012. El presupuesto liquidado en 2008 fue de 8,5 millones de euros y por el momento, en el ejercicio de 2012, el presupuesto disponible gracias a créditos extraordinarios asciende a 25 millones de euros en fecha de 1.º de julio de 2012.

Respuestas al párrafo 4 de la lista de cuestiones

  1. Según el artículo 1 de la Ley de creación y funcionamiento del Raonador del Ciutadà, de 4 de junio de 1998, el Raonador del Ciutadà actuando como Delegado o Comisionado del Parlamento, tiene como función defender a los ciudadanos y velar por el cumplimiento y la aplicación de los derechos y las libertades enunciados en la Constitución del Principado de Andorra. El Raonador del Ciutadà informa a los ciudadanos de sus derechos.

  2. El 25 de octubre del 2010, se aprobó la modificación de la Ley de creación y funcionamiento del Raonador del Ciutadà, Ley 79/2010, en la que el Raonador asume las funciones de informar y asesorar al menor de sus derechos y libertades, y de intervenir cuando lo crea necesario.

  3. A la práctica, el procedimiento es el siguiente:

a) El Raonador del Ciutadà recibe la queja del menor y valora si ésta está fundamentada o no;

b) Dependiendo del resultado de su valoración, si considera que pueden existir indicios delictivos, el Raonador informa al Ministerio Fiscal;

c) Si del trámite efectuado se constata un hecho delictivo, el Raonador del Ciutadà remite todo el expediente al Ministerio Fiscal;

d) Según las reglas operativas del Raonador del Ciutadà, si la denuncia entra a trámite judicial, éste debe finalizar sus gestiones.

  1. En el caso de menores de 12 años o discapacitados, las quejas deben ser presentadas por sus representantes legales, sin necesidad de un poder especial.

  2. Desde la modificación de la Ley, en el 2010, no se han recibido quejas por parte de menores, aunque el Raonador del Ciutadà ha efectuado diversas campañas informativas en los centros educativos.

  3. Parte del personal de la Institución se ha formado en la atención específica a menores, obteniendo una Diplomatura de especialización en intervención multidisciplinaria de las defensorías del niño y el adolescente.

  4. La institución del Raonador del Ciutadà ha contado en los últimos años con las siguientes dotaciones presupuestarias:







2009

2010

2011

2012

Dotación

274.800 €

274.800 €

274.800 €

230. 924 €

Respuestas al párrafo 5 de la lista de cuestiones

a. Medidas para eliminar las actitudes y prácticas patriarcales y los arraigados estereotipos que perpetúan la discriminación contra las niñas

  1. El 21 de abril del 2010 se creó la Comisión Nacional para la Igualdad (CNPI), adscrita a la presidencia del Gobierno, como órgano de ámbito estatal y de carácter técnico con competencias para diagnosticar, evaluar y proponer acciones y medidas correctoras encaminadas a garantizar la igualdad efectiva y real en la población, teniendo en cuenta los colectivos vulnerables.

  2. La Comisión para la Igualdad, crea un espacio de comunicación en el que se pueden debatir y solucionar las dificultades y los obstáculos para eliminar la desigualdad, la discriminación y la violencia de género.

  3. Los objetivos de la Comisión son:

a) Identificar irregularidades y actitudes que vulneren el derecho a la igualdad en los diferentes ámbitos sociales;

b) Favorecer y promover cambios en las diferentes instituciones y entidades del país para evitar la desigualdad, la discriminación y la violencia doméstica;

c) Definir propuestas de mejora al respecto.

  1. El objetivo principal de la Comisión es la elaboración del Plan de Actuación Nacional para la Igualdad. Para ello se ha llevado a cabo una metodología participativa que ha consistido en la creación de grupos de trabajo centrados en las áreas de discapacidad, género, infancia y juventud, personas mayores e inmigración. El proceso participativo ha permitido conocer la visión de la ciudadanía. Por otra parte, también se han incluido a representantes de diferentes ministerios, que han aportado información más técnica en cada área.

  2. Una vez detectadas las principales dificultades para garantizar la igualdad, se establecen las líneas de trabajo dentro de cada área, así como las acciones necesarias para superar los obstáculos identificados, ya sea desde la prevención, la concienciación social, la educación, la formación, la detección precoz o la atención integral.

b. Medidas para modificar las actitudes sociales negativas en contra de los niños con discapacidad

  1. Toda la política social en materia de discapacidad se rige por la Ley de garantía de los derechos de las personas con discapacidad del 17 de octubre del 2002.

  2. Uno de sus objetivos es conseguir que las personas con discapacidad disfruten de sus derechos y sus libertades, pudiendo ejercerlos de manera efectiva, así como eliminar cualquier tipo de discriminación por razón de la discapacidad.

  3. Para modificar las actitudes sociales negativas hacia los niños con discapacidad se han adoptado medidas concretas, de entre las cuales se puede destacar:

a) La escolarización inclusiva para los menores que padecen una discapacidad, que les permite ser uno más en las escuelas ordinarias, siempre que el grado de ésta lo permita;

b) El programa “Integra” dirigido a menores de entre 3 y 16 años que padecen algún tipo de discapacidad física, psíquica o mental, y que promueve la participación de estos en las diferentes actividades de ocio organizadas por entidades públicas y privadas del Principado de Andorra.

  1. El objetivo principal es garantizar la igualdad de oportunidades y la mejora de la calidad de vida de los menores con discapacidad. Para ello fomenta la interrelación de los menores con necesidades especiales en su tiempo de ocio, mediante la figura de un educador especializado que da apoyo a los responsables y técnicos de las entidades. El programa pretende garantizar que puedan participar de manera activa en la vida social, cultural, económica y política de la comunidad y que tengan acceso a los recursos, instalaciones, bienes y servicios públicos en igualdad de condiciones que el resto de la población.

c. Medidas para proteger a los niños en situación de vulnerabilidad y marginación, especialmente los niños inmigrantes

  1. En relación con el reconocimiento y tratamiento de la vulnerabilidad y marginación infantil, cabe señalar que, en el Principado de Andorra, se establecen una serie de protocolos de actuación inter e intra departamentales para hacer frente a problemas globales. Estos protocolos permiten tratar los problemas desde una perspectiva multidisciplinar y trabajar con los menores desde diferentes vertientes: social, educativa o sanitaria.

  2. Uno de estos protocolos es el denominado Protocolo de actuación en casos de niños en peligro (PACIP), cuya finalidad es definir unos criterios unificados para garantizar a los niños el respeto de todos sus derechos, teniendo en cuenta su interés superior.

  3. El PACIP se articula en base a unos principios generales (corresponsabilidad, sociedad activa, prevención, subsidiariedad, participación, solidaridad, competencias públicas, coordinación y optimización de recursos, autonomía, seguimiento-control-evaluación y transversalidad) y unos principios rectores (garantía del interés superior del niño y de sus derechos, protección del niño, coordinación y optimización de los recursos existentes, agilización de las actuaciones profesionales y confidencialidad) que implican toda una serie de funciones y circuitos que se activarán según el nivel de intervención que ejecute.

  4. Los organismos implicados son el Ministerio de Salud y Bienestar, el Ministerio Fiscal, los tribunales, el Servicio de Policía, el Ministerio de Educación y Juventud, el Área de Medicina Legal y Forense y finalmente el Tribunal de Corts (tribunal de segunda instancia que se ocupa de lo penal). Cada organismo desarrolla una función específica. Este protocolo identifica cuatro circuitos de actuación para garantizar una ejecución con la máxima eficacia.

  5. En primer lugar, cuando se notifica una posible situación de peligro (que puede ser activada por una persona, una institución o un organismo), la primera actuación consiste en la valoración para determinar la gravedad del peligro y si éste es inminente o no. En segundo lugar, se establece el nivel de actuación adecuado. En los niveles I y II, atendiendo la gravedad de la situación, interviene el Ministerio Fiscal, los tribunales y el Servicio de Policía. En el nivel III interviene el área de Atención Social Primaria del Ministerio de Salud y Bienestar. Dichos departamentos transferirán el caso al Equipo Especializado de Protección a la Infancia, que finalmente, será el encargado de articular el caso con el fin de evitar una situación de vulnerabilidad social y marginación.

Respuestas al párrafo 6 de la lista de cuestiones

  1. El Centro de Investigación Sociológica (CRES), dependiente del Ministerio de Salud y Bienestar, recibió en 2008 el encargo de crear un Observatorio que englobase todos los aspectos relacionados con la atención social (infancia y familia, género, discapacitados, jubilados, inmigración, precariedad y vulnerabilidad).

  2. El CRES, a través del Observatorio Social, ha ido desarrollando la creación, la homologación y la actualización de indicadores de toda índole que ayuden a comparar la realidad andorrana con el resto de países del entorno, además de publicar informes que relacionen los indicadores más significativos con el objetivo de obtener una imagen más nítida del panorama social andorrano.

  3. Todos los datos que se recogen, así como los informes elaborados, son accesibles al público en general en la página web del Observatorio Social (www.observatori.ad).
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