Texto completo del Recurso de Alzada presentado por la Plataforma de Ayuda al teatro Albéniz frente al rechazo de incoación del trámite de Bien de Interés






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Texto completo del Recurso de Alzada presentado por la Plataforma de Ayuda al teatro Albéniz frente al rechazo de incoación del trámite de Bien de Interés Cultural (este es el título del link, o sea que habría que eliminarlo una vez que se cuelgue el documento)
 

Beltrán Gambier, a título personal y ya presentado como parte en las actuaciones en las que se solicitó la Declaración de Bien de Interés Cultural del Teatro Albéniz (Ref: 12/029360.9/07, actuación iniciada por el abajo firmante y por Eva Aladro Vico, Portavoz de la Plataforma de Ayuda al Teatro Albéniz, Jesús Prieto de Pedro, Titular Cátedra Derechos Culturales, Luis Ortega Álvarez, Catedrático de Derecho Administrativo, entre otros ciudadanos) y como abogado de la Plataforma de Ayuda al Teatro Albéniz (abogado del Ilustre Colegido de Abogados de Madrid, número de colegiado: C. 72875) , con domicilio legal constituido a los efectos de notificaciones en la calle Ayala 7, 2º derecha, 28001, Madrid,
EXPONE:
Que de conformidad con lo establecido en el Art. 114 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, vengo a interponer el presente Recurso de Alzada contra el acto administrativo de fecha 27 de junio de 2007, dictado por el entonces Director General de Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura y Turismo, D. Javier Hernández Martínez, que nos fuera notificado el día 4 de julio de 2007 y que dispone denegar la solicitud formulada por un grupo de ciudadanos, identificados todos bajo la denominación Plataforma de Ayuda al Teatro Albéniz, a fin de que se declare a ese teatro Bien de Interés Cultural en los términos de la Ley 10/1998 (en adelante: la Ley 10/1998), de 9 de julio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. Se deniegan en el acto que se impugna, también, las peticiones conexas. Afirmo que el acto administrativo atacado no se ajusta a derecho debiendo ser revocado en la propia sede administrativa conforme a lo que se expondrá seguidamente.

 

HECHOS:
1. Con fecha 17 de mayo de 2007 la Plataforma de Ayuda al Teatro Albéniz a través de un grupo de ciudadanos interesados por preservar ese espacio cultural, se presentó ante el entonces Consejero de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid (adjuntando copia del escrito inicial al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid), solicitando que, previa incoación del correspondiente expediente administrativo y, seguidos los preceptivos trámites de audiencia e información pública en los términos que se especificaban en el apartado III. 3 de ese escrito, se declarara Bien de Interés Cultural el teatro Albéniz, sito en la calle Paz nº 11 de Madrid, en los términos del artículo 9 de la Ley 10/1998. Se indicó especialmente que la decisión debería tomarse en los términos previstos en esa ley y que el acuerdo habrá de atenerse a las exigencias de los apartados 2 y 3 del artículo 11 de la misma. Se solicitó también la aplicación inmediata y automática del régimen anticipado de protección y de las medidas cautelares previstas en el artículo 10.4 de la misma. Finalmente se solicitó que se considerara la posibilidad de adquirir o expropiar el Teatro Albéniz de Madrid. Fundamos nuestra intervención en los artículos 8 y 10 de la Ley 10/1998.


2) Como se indicó al inicio, con fecha 4 de julio de 2007 se ha recibido formal notificación del acto denegatorio dictado el día 27 de junio de 2007.
3) En lo esencial, el acto impugnado consideró que:

(a) Con la mera presentación del escrito de la Plataforma no resultan aplicables las medidas cautelares de protección al edificio que establece la Ley 10/1998.
(b) El teatro Albéniz no reuniría las condiciones excepcionalmente singulares y relevantes que pudieran determinar la incoación de expediente de declaración de Bien de Interés Cultural o de inclusión en el Inventario de Bienes Culturales.
(c) Lo ocurrido en el teatro Albéniz no representa un “hecho cultural” de excepcional relevancia y significación.
(d) Por no considerarse procedente la declaración de Bien de Interés Cultural se descarta la adquisición o expropiación del teatro.
(e) Se estima que la sentencia firme (nota: la firmeza se produjo por el desistimiento de la propia Comunidad del recurso de casación que en su momento se interpuso) del año 2003, que ha dejado sin efecto la protección del teatro, es un obstáculo para la incoación del expediente de tramite de la declaración de Bien de Interés Cultural.
4) Con fecha 13 de julio me apersoné ante la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid para tomar vista de las actuaciones. Entre la documentación que se me exhibió solo lucía un dictamen jurídico de fecha 3 de julio de 2006, al que se aludirá, pero ningún otro dictamen expedido por los servicios jurídicos en el que se trataran las cuestiones planteadas en el escrito de inicio, de 17 de mayo de 2007.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
1. Consideraciones liminares. Síntesis argumental
El rechazo de la petición de incoar un expediente para tramitar la declaración de Bien de Interés Cultural al teatro Albéniz es coherente con lo actuado hasta ahora por los funcionarios de la actual Presidente de la Comunidad de Madrid, Doña Esperanza Aguirre, quien por el contrario, ha manifestado su inequívoco deseo político de conservar este teatro (punto 9, del programa político con el que se presentó a las elecciones en 2003) y de ajustarse, en todo caso, a lo que diga la ley (así lo declaró a la prensa cuando se la interrogó sobre el cumplimiento de su promesa electoral).
La única explicación posible para estar en una grave situación de riesgo en lo que se refiere a la preservación del Teatro Albéniz es que los funcionarios de la Comunidad están convencidos de que existen razones jurídicas que impiden una protección del teatro Albéniz como la que hemos solicitando. La ley dice algo distinto a lo que los funcionarios de la Comunidad dicen que dice.
Solo así se explica que a partir de la sentencia del 3 de junio de 2003 del Superior Tribunal de Justicia de Madrid que hizo lugar a la demanda contencioso administrativa interpuesta por el entonces propietario del teatro Albéniz, todo lo actuado demuestre una inequívoca decisión de no ejercitar los resortes legales que permitirían a la Comunidad de Madrid conservar este emblemático espacio cultural generado con una fuerte inversión pública aportada por todos los madrileños.
Así, el más claro de los hechos que demuestra la aludida voluntad es el desistimiento durante la gestión de la Presidenta Aguirre del Recurso de Casación interpuesto durante la gestión de Alberto Ruiz Gallardón, como Presidente de la Comunidad de Madrid. Este desistimiento impidió que una cuestión tan importante para la preservación del patrimonio cultural fuera resuelta por el Tribunal Supremo.
Desde la Consejería de Cultura y Deportes, ahora Consejería de Cultura y Turismo, se han reiterado argumentos -ahora volcados en la resolución que atacamos- que no resisten, a mi modo de ver, la menor crítica. Sorprende, en este sentido, que no se haya producido un nuevo dictamen jurídico distinto al del 3 de julio de 2006.
Sin perjuicio de volver sobre cada uno de esos argumentos, se hace necesario hacer una primera referencia a los mismos para ofrecer un marco general de la situación el la que se encuentra el teatro Albéniz de cara a su protección.
Para cerrar estas líneas introductorias transcribo unos párrafos de la flamante nota de Benjamín Prado publicada en diario El País el día 28 de junio de 2007:

Desnúdate y salva la ciudades. “…Es que a veces a lo mejor ocurre que se invocan derechos que ya existen y se demandan conquistas que ya se han hecho, mientras que otros asuntos más preocupantes siguen sin solución. Por ejemplo, no hace falta ni cambiar de mundo para ver que en Madrid sigue habiendo otro teatro, el Albéniz, que continúa en peligro. Porque se han hecho muchos discursos desde el Gobierno autonómico y la alcaldía, pero hasta ahora no hay nada ni nadie que garantice que el edificio se vaya a declarar, como sería lógico y han exigido cientos de personalidades del mundo de la cultura y la política, bien de interés cultural, con lo que su derribo resultaría imposible. Al contrario, los portavoces de la Plataforma de Ayuda al Teatro Albéniz irán esta misma semana a la sede de la Unesco en la capital para volver a hacer esa reclamación y evitar que el inmueble sea demolido a finales de año y se convierta en otro bloque de pisos, como por lo visto planean sus dueños.
Qué duro, ver cómo hay representantes públicos que se dedican a privatizar hasta la memoria de las ciudades, transformando la cultura de todos en un negocio para algunos y haciendo desaparecer uno tras otro sus lugares emblemáticos: ayer la pagoda de Miguel Fisac, hoy el teatro Albéniz, mañana la casa del premio Nobel de literatura Vicente Aleixandre... Qué bárbaro, ¿es que en Madrid la palabra cultura siempre va a tener que decirse a gritos, para hacerse oír por encima de los motores de las excavadoras?

…………

Ojalá que la visita de los miembros de la Plataforma de Ayuda al Teatro Albéniz puedan sacar algo de su visita a la Unesco, aunque sería mucho mejor que los recibieran en la Comunidad o el Ayuntamiento y alguien les pudiese garantizar que el expolio que sufren nuestra Historia y nuestra cultura va a terminar. Sería un modo extraordinario de empezar sus legislaturas, salvando del infierno de la especulación inmobiliaria primero el Albéniz y después la casa de Aleixandre. Ése es el camino por que tienen que ir los lugares que no quieren ser nada más que un sitio que ya no es él, aunque conserve su nombre. O igual era mejor quitarse la ropa en la Puerta del Sol y pedírselo a las autoridades desnudos” (el resaltado en negrita me pertenece).

1.1. La declaración del Teatro Albéniz como Bien de Interés Cultural no afecta el derecho de propiedad de sus actuales propietarios. El respeto al derecho de propiedad del dueño del Teatro Albéniz no enerva el derecho de quienes solicita la protección del bien por razones culturales
El primero de los argumentos tiene que ver con el respeto al derecho de propiedad del actual propietario. No existe intención alguna en los miembros de la Plataforma de Ayuda al teatro Albéniz que han firmado la denegada petición, de que con la protección que se solicita se atente, de algún modo, contra el derecho de propiedad del actual propietario. Cabe señalar, en este sentido, que la defensa a ultranza de ese derecho de propiedad en este caso no enerva en modo alguno el poder reaccional que se está ejerciendo a través de la acción pública para preservar el patrimonio cultural de los madrileños. Si las restricciones que se piden son generadoras de daños indemnizables, les corresponderá a los propietarios reclamarlos y, de ser procedentes, tendrían que ser resarcidos por la Comunidad de Madrid. No se pretende colocar a ellos frente a un sacrificio especial. Las limitaciones a la propiedad en interés público que están en la esencia de toda restricción al dominio relacionada con intereses generales, deben ser indemnizadas al particular que las sufre en las condiciones establecidas por la legislación vigente y, en su caso, por la jurisprudencia.
1.2. Se puede respetar la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Madrid de 3 de junio de 2003 y al mismo tiempo declarar al Teatro Albéniz Bien de Interés Cultural o expropiarlo. Así lo expresó una Catedrática de Derecho Administrativo a través de un dictamen que no ha merecido tratamiento alguno por parte de los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid. Lo que la sentencia impide es que una norma urbanística vuelva a catalogar al edificio del Albéniz por razones arquitectónicas

El segundo argumento que se viene reiterando desde la Comunidad de Madrid es el de la necesidad de respetar la decisión contenida en la sentencia 3 de junio de 2003. Es este un argumento falaz porque contiene una conclusión inatinente en su esencia. La existencia de ciertos efectos de la sentencia, que no discutimos, no impide la expropiación del Albéniz ni su declaración como Bien de Interés Cultural. Lo que la sentencia impide es que una norma urbanística vuelva a catalogar al edificio del Albéniz por razones arquitectónicas que en su día justificaron la catalogación. Pero eso no impide la protección que se pretende por razones históricas y culturales. Nada se dice en el acto que ahora se ataca sobre las consideraciones vertidas sobre esta cuestión en el dictamen de la Catedrática de Derecho Administrativo, Blanca Lozano Cutanda, quien, con toda claridad, despejó las dudas sobre esta cuestión expresando que: “La sentencia dictada por el Superior Tribunal de Justicia de Madrid que dispuso la anulación de normas urbanísticas que protegían el edificio en el que se encuentra el Teatro Albéniz no resulta un obstáculo para la expropiación del mismo, toda vez que estuvo referida a la catalogación del edificio como tal, por razones de índole arquitectónica, y no tuvo en cuenta el valor del hecho cultural que supone la trayectoria de ese teatro”.
En este sentido, si se lee con atención el escrito de la Plataforma de Ayuda al Teatro Albéniz de 17 de mayo, se apreciará que el fundamento principal que se desarrolla no es el relacionado con el valor arquitectónico del teatro Albéniz sino el relacionado con su valor histórico y cultural. Hacemos especial hincapié en el “hecho cultural” que supone la trayectoria de ese teatro. Cuando se reitera en el acto que se ataca que la sentencia ya trató la cuestión arquitectónica, se pretende dar la idea de que hay una suerte de cosa juzgada y que ya nada puede hacerse desde el terreno de la protección del patrimonio cultural. Esto no es así. No hay óbice legal alguno para que se declare al teatro Albéniz Bien de Interés Cultural por razones culturales e históricas pese a lo decidido por la sentencia en lo que se refiere a su valor arquitectónico, que se considera escaso.
Es por todo ello que consideramos equivocados los argumentos vertidos en los considerandos del acto que se impugna cuando se sigue reiterando que la declaración de Bien de Interés Cultural supondría un incumplimiento de la sentencia de 3 de junio de 2003.
1.3. La preocupación que supuso para los servicios jurídicos la aplicación de las medidas protectores urgentes a partir de la incoación del expediente en el que se debía debatir, con todas las garantías, la existencia o no de razones que justifiquen la declaración de Bien de Interés Cultural del Teatro Albéniz. Inexistencia de un nuevo dictamen jurídico para avalar lo decidido en el acto que se ataca a través de este Recurso de Alzada. Múltiples opiniones que debían expedirse por muchos organismos especializados fueron reemplazados por la opinión de una funcionaria que se expidió en un folio y medio
Al tomar vista de las actuaciones y conocer el dictamen producido por la Letrada Jefe del Servicio Jurídico en la Consejería de Cultura y Deporte, Dña. Ana Sofía Sánchez San Millán, hemos podido advertir, además de lo antes expresado, la clara preocupación que genera el hecho de que la incoación del expediente genera la inmediata aplicación de medidas cautelares.
En este sentido he de manifestar que se advierte que el celo puesto en no afectar la situación jurídica del actual propietario no resulta, a mi modo de ver, equivalente con el puesto para preservar los intereses públicos comprometidos en la preservación de este bien cultural que es el teatro Albéniz. Esto no quiere decir que ese dictamen sea para favorecer a un particular, nada de ello. Pero el enfoque propuesto es equivocado. En efecto, no resulta admisible el razonamiento allí expuesto en tanto trasunta la siguiente idea: dado que la incoación del expediente deriva en la aplicación de medidas cautelares, el mismo debe ser de aplicación restrictiva. Por esa interpretación desafortunada se está impidiendo el procedimiento que permitiría el amplio debate técnico sobre los valores históricos y culturales del teatro Albéniz que permitan su declaración como Bien de Interés Cultural.
Con todo respeto a los funcionarios que han intervenido en este expediente hasta el momento, es de resaltar que el legislador quiso otro tipo de debate –en este caso no hubo debate alguno- previendo la intervención de, entre otros organismos, el Consejo Regional del Patrimonio Histórico, de las Reales Academias, de los Colegios Profesionales, de Departamentos Universitarios, etc. Organismos que pudieren tener idoneidad para expedirse y de cualquier otro organismo público que se considere oportuno a la vista de la naturaleza del bien objeto del expediente de declaración. Con ese espíritu fue que peticionamos en nuestro escrito inicial la intervención de la Real Academia de Bellas Artes, de los Departamentos de Arte de las universidades de la región, así como, por ser de toda congruencia con el espíritu de la norma y con la naturaleza del bien cuya protección se solicita, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música del Ministerio de Cultura, de los Conservatorios de Música de la Comunidad de Madrid, del Ilustre Colegio de Arquitectos de Madrid y de la Sociedad General de Autores de España. Esta lista fue solo indicativa.
Lamentablemente, a diferencia de ese completo procedimiento que el legislador estableció y que los madrileños se merecen de sus administradores, el “Informe valorativo sobre la consideración de la actividad desarrollada en el teatro Albéniz como hecho cultural susceptible de ser declarado bien de interés cultural” suscripto por la Jefa del Área de Inventario y Documentación, Dña. Pilar Merino Muñoz con fecha 13 de junio de 2007, cuenta con un folio y medio. Si bien la extensión no es prueba de exactitud, en este caso creemos –y ya volveremos sobre esto más adelante- que el tratamiento de la cuestión fue absolutamente insuficiente.
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