Acta : Nº 69 La sociedad Almacenes Éxito S. A. en ejercicio de la acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, ante ésta Corporación demanda al Municipio de Neiva a efectos que se hagan las siguientes, I. Declaraciones






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REPÚBLICA DE COLOMBIA

Rama Judicial

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Sala Segunda de Decisión
Neiva, veintinueve (29) de agosto de dos mil once (2011)
Magistrado Ponente : DR. JORGE AUGUSTO CORREDOR RODRÍGUEZ

Acción : NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Actor : ALMACENES ÉXITO S.A.

Demandado : MUNICIPIO DE NEIVA

Providencia : SENTENCIA

Radicación : 41 001 23 31 000 2004-01495- 00

Acta : Nº 69

La sociedad Almacenes Éxito S.A. en ejercicio de la acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, ante ésta Corporación demanda al Municipio de Neiva a efectos que se hagan las siguientes,


I.- DECLARACIONES
1.- La nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión N° 001 de agosto 12 de 2004 que determinó los impuestos de Industria y Comercio a cargo de Almacenes Éxito S.A., por el período gravable 2001 y la Resolución N° 0414 de 15 de septiembre de 2004 que decidió el recurso de reconsideración interpuesto contra el acto precitado acto de liquidación.
2.- Se restablezca el derecho del contribuyente dejando en firme la declaración del impuesto de industria y comercio correspondiente al período gravable 2001.


II.- HECHOS.
Almacenes Éxito S.A., el 26 de febrero de 2002 presentó la declaración de impuesto de industria y comercio, avisos y tableros del año gravable de 2001, haciendo uso de una exención prevista en el Acuerdo 079 de 1996 y su Decreto Reglamentario 257 de 1997, declaración radicada bajo el número 010942.
El 21 de marzo de 2002 presentó documentación para dar continuidad a la exención del impuesto de industria y comercio consagrada en el Acuerdo 079 de 1996, reglamentado por el Decreto 257 de 1997.
El Municipio de Neiva expidió el 22 de abril de 2004 el Requerimiento Especial N° 001, mediante el cual determinó que la sociedad no era acreedora al beneficio preferencial de exención del impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros por el período gravable 2001, porque no cumplió con los requisitos para tener derecho a la exención aludida, pues no incrementó los ingresos en por lo menos 30% en relación con el año 2000, y propuso aplicar sanción por inexactitud.
Respondido oportunamente el requerimiento, la administración de impuestos notificó a Almacenes Éxito el 13 de agosto de 2004, la liquidación de Revisión N° 001 mediante el cual modifica la declaración de industria y comercio de la sociedad, aumentando el impuesto en la suma de $263.702.000, como consecuencia de gravar el ingreso exento, e impuso sanción por inexactitud por valor de $527.404.000.
El 13 de septiembre de 2004 la sociedad contribuyente interpuso el recurso de reconsideración contra la liquidación de revisión el que fue resuelto mediante la Resolución N° 0414 del 15 de septiembre de 2004, confirmando el acto recurrido, la que le fue notificada el 27 del mismo mes y año.

III.- LAS NORMAS VIOLADAS
Cita los artículos cuarto, quinto y octavo del Acuerdo 079 de 1996; artículo 720 y 707 del Estatuto Tributario Nacional (Decreto 624 de 1989); artículo 66 de la Ley 383 de 1997 y artículo 59 de la Ley 788 de 2002.

Normas Constitucionales: Artículos 2, 4, 6, 29, 287, 313 y 363 de la Constitución Política.

IV.- CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN.
1.- DEL ACUERDO 079 de 1996.-
Esta disposición establece en su artículo cuarto que “Están exentas por un período de diez (10) años del pago del impuesto de industria y comercio y complementario de Avisos y Tableros. Aquellas empresas preexistentes antes del 1° de enero de 1996 que amplíen como mínimo sus ingresos brutos en un 30% y generen un incremento del 10% de empleos nuevos directos permanentes sobre su planta de personal existente”.
Con base en lo anterior, almacenes Éxito presentó su declaración para el período gravable 1999, haciendo uso de la exención consagrada en los artículo cuarto, quinto y octavo del Acuerdo 079 de 1996, pues en relación con el año de 1998 incrementó los ingresos brutos en más de un 30% y se ampliaron los empleos directos en más del 10%. Por lo tanto, la sociedad tenía derecho a la exención del impuesto de Industria y Comercio por diez años, hasta el año 2009, siempre y cuando mantuviera dichos porcentajes durante ese lapso.

Pese a la claridad del Acuerdo 079, su Decreto Reglamentario 257 de 1997 en sus artículos Primero, Décimo y Sexto, se excedieron, al determinar que los ingresos y los empleos deben incrementarse cada año cuando el acuerdo sólo contempla esos incrementos para el periodo inicial, con la exigencia adicional de que los mismos se mantuvieran durante todo el periodo en el que se pretendía hacer uso de la exención, por lo que tal normatividad desconoce los artículos 287, 313-4, 4, 2 y 6 de la Constitución Política.
Dado que para el año 2001 la sociedad aumentó sus ingresos e incrementó sus empleos en los porcentajes requeridos en el acuerdo, tomando 1998 como año de referencia, la misma seguía teniendo derecho a la exención de conformidad al Acuerdo 079 de 1996.
Advierte que la exención procedía sin necesidad de aprobación por parte de la Secretaría de Hacienda como lo establece el artículo primero del Decreto 257 de 1997.
Sin embargo el artículo décimo del precitado decreto dispuso que “Están exentas del pago del impuesto de industria y comercio y complementarios de avisos y tableros. Las empresas preexistentes que incremente cada año los ingresos obtenidos en el municipio de Neiva, ajustados por inflación en no menos del treinta por ciento (30%) y amplíen el número de empleos directos en un diez por ciento (10%) o más”.
Por otra parte el artículo sexto estableció que “Los requisitos exigidos para ser beneficiarios del acuerdo 079 de 1996, deberán cumplirse en su totalidad por cada año en que se haga uso de la exención”.
Concluye que las disposiciones del Decreto 257 de 1997 violan el texto superior mencionada anteriormente, Acuerdo 079 de 1996, en la medida en que con su expedición el alcalde municipal desbordó la potestad reglamentaria atribuida al ejecutivo por la constitución política, al apartarse del marco normativo previsto por el concejo municipal en el aludido acuerdo, el cual dicen reglamentar.
2.- DE LA CONSTITUCION.-
Precisa que las entidades territoriales no gozan de autonomía absoluta en materia de tributos, pues tienen como límites obligados la constitución y la ley (artículos 287 y 313-4).
Aceptar la interpretación de la administración sería como desconocer la prevalencia de las normas de superior jerarquía que ya habían establecido las condiciones que se debían cumplir para tener derecho a la exención.
Almacenes Éxito al interpretar las normas aludidas dio aplicación a lo dispuesto por el artículo 4 de la Constitución.
También la administración municipal vulnera el artículo 2 de la Constitución Política pues estatuye que el estado debe garantizar la efectividad de los principios, derechos, deberes en ella consagrados. Transgrede igualmente el artículo sexto por cuanto los servidores públicos son responsables por omisión y extralimitación defunciones. Adicionalmente viola el artículo 363 que determina que el sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad.
3.- AL DEBIDO PROCESO.-
Se infringió el artículo 29 de la C.P. que consagra el derecho al debido proceso, porque en el Requerimiento N° 001 del 22 de abril de 2004 se indicó el término de un mes para su respuesta, contado a partir de la notificación de dicho acto.
Por su parte, en la Liquidación de Revisión N° 001 de agosto 12 de 2004 se concedió el término de un mes para interponer el recurso de reconsideración, olvidando la administración que el procedimiento administrativo aplicable es el previsto en el Estatuto Tributario Nacional (Decreto 624 de 1989), en virtud de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 383 de 1997 y de conformidad con los artículos 707 y 720 del mencionado Estatuto Tributario. Dichos preceptos establecen que el término para dar respuesta al requerimiento especial es de tres (3) meses y para interponer el recurso de reconsideración contra la liquidación oficial de revisión dos meses, lo cual significa que no es válido aceptar la existencia y prevalencia de normas municipales, como lo estableció la Corte constitucional en la sentencia T-1013 de 1999.
En relación con los aludidos términos la administración se limita a señalar que con base en lo dispuesto por el artículo 59 de la ley 788 de 2002, los municipios pueden disminuirlos y simplificarlos y en consecuencia arguye que no ha violado el debido proceso.
Ante lo argumentado por la administración municipal el acto hace varias citas jurisprudenciales para concluir que el procedimiento adoptado en este caso infringe el debido proceso, en la medida que concedió términos distintos a los establecidos en el Estatuto Tributario Nacional el cual claramente determina que el señalado para dar respuesta al requerimiento especial es de tres meses y para interponer el recurso de reconsideración es de dos meses.
4.- AL ARTÍCULO 647 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO.-
En cuanto a esta disposición cabe advertir que la sanción por inexactitud propuesta en la liquidación oficial, es totalmente improcedente porque se dio pleno cumplimiento al Acuerdo 079 de 1996 y además, en el presente caso no se ha configurado ninguno de los hechos sancionables por inexactitud previstos en el artículo 647 del Estatuto Tributario.
Asevera que el contribuyente no ha declarado datos falsos, equivocados, incompletos o desfigurados en su declaración de impuesto de industria y comercio y complementarios de avisos y tableros, pues la sociedad declaró la suma de $52.516.254.000, solo que lo llevó a su declaración como renta exenta del impuesto y la administración municipal consideró que dicha suma debe ser gravada. El cuestionamiento obedece a errores de apreciación o diferencia de criterio que no está sancionada con inexactitud.
No obstante advierte que la sanción propuesta asciende al 200% de la diferencias entre la declaración inicial y la propuesta por la administración, lo cual contradice lo dispuesto en el Estatuto Tributario Nacional que determina como sanción equivalente al 160% de la diferencia entre el saldo a pagar y el saldo a favor, según el caso, determinado en la liquidación oficial (artículo 674 E.T.).



V.- ACTUACIONES
1.- Mediante providencia del 31 de enero de 2005, se admite la demanda, ordenando la notificación al representante legal del Municipio de Neiva y al Procurador 34 Judicial Administrativo (fls. 88-89).
2.- En providencia del 22 de septiembre de 2005, se declara la perención del proceso (fl. 92 a 95).
3.- Mediante proveído del 24 de marzo de 2006, se declará insubsistente la providencia del 22 de septiembre de 2005 que decretó la perención del proceso y se ordenó continuar el trámite procesal correspondiente (fls. 122 a 124).
4.- Dentro de la oportunidad legal el Municipio de Neiva descorre el traslado de la demanda (fls. 135-139).
5.- En providencia del 19 fe febrero de 2007 se abrió el proceso a pruebas, decretando las solicitadas por las partes (fls. 288 y 289).
6.- Mediante providencia de fecha de 8 de octubre de 2007, se ordena correr traslado a las partes para que aleguen de conclusión (fl. 321).

VI.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.




  • Respecto de lo hechos


El Municipio de Neiva Huila, los acepta parcialmente, dado que el artículo 351 del Estatuto Tributario Municipal consagra que la declaración y liquidación privada del contribuyente quedara en firme si dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de vencimiento del termino para declarar no se ha notificado requerimiento especial. Lo cual indica que la facultad que tiene la administración para revisar la declaración y en este caso los requisitos de exención como soporte integral de la misma, precluye en el término de dos años. O sea, la facultad de revisar o verificar en cualquier tiempo el cumplimiento de los requisitos exigidos para gozar de las exenciones a que hace referencia el artículo 1° del Decreto 257 de 1997, tiene un límite de dos años y no de tiempo diferente.


  • Respecto de las pretensiones y fundamentos de la defensa:


Se opone a la prosperidad de todas las pretensiones, aduciendo que el actor pretende darle alcances diferentes a las exenciones tributarias establecidas en las normas de carácter Municipal, rompe de hecho con la autonomía que sobre éste campo otorga la ley y la Constitución.
Manifiesta que el artículo 351 del Estatuto Tributario Municipal consagra que la declaración y liquidación privada del contribuyente quedara en firme si dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha del vencimiento del término para declarar no se ha notificado requerimiento especial. Además, el Decreto 096 de 1996 contentivo del Estatuto Tributario Municipal, ya que fue expedido con facultades otorgadas por el Concejo Municipal, determinó el procedimiento Tributario para los Impuestos Municipales, siendo de pleno conocimiento que la presunción de legalidad con la que gozan los actos administrativos, es de obligatorio cumplimiento hasta tanto no sea suspendido o anulado por la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Así mismo, se encuentra que el procedimiento tributario municipal no resulta contrario con el de la ley 383 de 1997, toda vez que la regulación local es réplica de ésta ultima, y de conformidad con el artículo 59 de la ley 788 de 2002, el municipio puede reducir los términos en sus procedimientos administrativos tributarios.
Respecto a la exención, el Acuerdo 079 de 1996 exige que deban mantenerse durante todo el periodo en que se pretende hacer uso y los requisitos se deben cumplir por cada anualidad.


VII.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
1.- parte actora.
No presentó alegatos de conclusión.

2.- MUNICIPIO DE NEIVA.
Reitera que la sociedad demandante no cumplió con los requisitos contemplados en el Acuerdo 079 de 1996 para hacerse acreedor a la exención tributaria.
Ratifica la petición de denegar las pretensiones de la demanda, toda vez que se ha demostrado que el Requerimiento Especial N° 001 del 22 de abril de 2004, la Liquidación Oficial de Revisión N° 001 del 12 de agosto de 2004 y Resolución N° 0414 del 15 de septiembre de 2004, actos con los cuales se negaron las exenciones y se modificó la liquidación privada del Impuesto de Industria y Comercio por el periodo gravable 2001, no es violatorio del ordenamiento jurídico tributario Municipal y Nacional.
Como consecuencia de la anterior declaración, se condene a la parte demandante en costas.
3.- MINISTERIO PÚBLICO
Guardo silencio.


VIII.- CONSIDERACIONES
1.- PROBLEMA JURÍDICO.
Como la parte actora pretende que se declare la nulidad de los actos administrativos de determinación y discusión del impuesto de industria y comercio y complementario de avisos y tableros, fijados por la administración municipal de Neiva a la sociedad accionante, por el periodo gravable 2001, por la transgresión de normas de carácter constitucional y legal, nos ocuparemos del estudio de las primeras, especialmente en relación con la violación al debido proceso administrativo invocado con fundamento en el artículo 29 de la Carta Política, para luego ocuparnos de las demás normas invocadas como vulneradas con los actos administrativos cuestionados por ilegalidad.

2.- Del procedimiento administrativo tributario aplicable al caso bajo estudio.
Dice la sociedad demandante que el término concedido para la respuesta al Requerimiento Especial N° 001 de 22 de abril de 2004, fue de un mes contado a partir del día siguiente a su notificación y el señalado para la interposición del recurso de reconsideración contra la Liquidación Oficial de Revisión N° 001de agosto 12 de 2004, igual plazo el cual se contabilizaría a partir del día siguiente a su notificación, contraviniendo lo dispuesto sobre la materia el Estatuto Tributario Nacional, Decreto 624 de 1989, legislación aplicable a los impuestos administrados por los municipios y los distritos en virtud a lo dispuesto en el artículo 66 de la ley 383 de 1997 y el artículo 59 de la Ley 788 de 2002
Tales preceptos legales establecen:
ARTICULO 66. ADMINISTRACION Y CONTROL. Los municipios y distritos, para efectos de las declaraciones tributarias y los procesos de fiscalización, liquidación oficial, imposición de sanciones, discusión y cobro relacionados con los impuestos administrados por ellos, aplicarán los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario para los impuestos del orden nacional.”
Por su parte el artículo 59 de la Ley 7881 de 2002 (diciembre 27), promulgada en esa misma fecha (Diario Oficial N° 45.046 de 27 de diciembre de 2002), prevé:




ARTÍCULO 59. PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO TERRITORIAL. Los departamentos y municipios aplicarán los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional, para la administración, determinación, discusión, cobro, devoluciones, régimen sancionatorio incluida su imposición, a los impuestos por ellos administrados. Así mismo aplicarán el procedimiento administrativo de cobro a las multas, derechos y demás recursos territoriales. El monto de las sanciones y el término de la aplicación de los procedimientos anteriores, podrán disminuirse y simplificarse acorde con la naturaleza de sus tributos, y teniendo en cuenta la proporcionalidad de estas respecto del monto de los impuestos.”
Quiere decir lo anterior que cuando se inició el procedimiento de determinación del impuesto de industria y comercio y complementarios de avisos y tableros por parte de la Secretaría de Hacienda Municipal de Neiva, se encontraban vigentes las normas precitadas y por lo tanto era aplicable el articulo 59 de la Ley 788 de 2002 y bien la parte del texto del mencionado artículo permite la disminución del monto de las sanciones y el término de la aplicación de los procedimientos anteriores, ello ha de entenderse que en cuanto al aspecto procedimental no es factible la reducción de los términos concedidos para los contribuyente sino los que se refieren a la administración; además no puede aplicarse una norma pretérita sino que debe expedirse una específica y nueva en aplicación de la autorización dada en ésta, pues no podría aceptarse que la ley está siendo aplicada retroactivamente.
En consecuencia el procedimiento administrativo tributario aplicable al presente asunto es el vigente al momento de iniciarse la actuación materia de ésta demanda, esto es, el establecido en el Estatuto Tributario Nacional.
Examinado el Estatuto Tributario Nacional se tiene que los términos para la respuesta al requerimiento especial como para la interposición del recurso de reconsideración son más amplios pues para el primero esta establecidos tres (3) meses y para el segundo dos (2) meses, contados a partir de las notificaciones correspondientes.
Las normas precitadas en su orden señalan:
En relación con el requerimiento especial el artículo 707 del Estatuto Tributario Nacional establece:
Respuesta al requerimiento especial. Dentro de los tres (3) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación del requerimiento especial, el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, deberá formular por escrito sus objeciones, solicitar pruebas, subsanar las omisiones que permita la ley, solicitar a la administración se alleguen al proceso documentos que reposen en sus archivos, así como la práctica de inspecciones tributarias, siempre y cuando tales solicitudes sean conducentes, caso en el cual, éstas deben ser atendidas”.
En cuanto el término para interponer el recurso de reconsideración el artículo 720 del Estatuto Tributario dice:

Recursos contra los actos de la administración tributaria.- Sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales de este estatuto, contra las liquidaciones oficiales, resoluciones que impongan sanciones u ordenen el reintegro de sumas devueltas y demás actos producidos, en relación con los impuestos administrados por la Unidad Administrativa Especial-Dirección de Impuestos Nacionales, procede el recurso de reconsideración.
El recurso de reconsideración, salvo norma expresa en contrario, deberá interponerse ante la oficina competente, para conocer los recursos tributarios, de la administración de impuestos que hubiere practicado el acto respectivo, dentro de los dos meses siguientes a la notificación del mismo.
Cuando el acto haya sido proferido por el administrador de impuestos o sus delegados, el recurso de reconsideración deberá interponerse ante el mismo funcionario que lo profirió.
PAR. —Adicionado. L. 223/95, art. 283. Cuando se hubiere atendido en debida forma el requerimiento especial y no obstante se practique liquidación oficial, el contribuyente podrá prescindir del recurso de reconsideración y acudir directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la notificación de la liquidación oficial”.
Haciendo el examen del contenido del requerimiento especial tenemos que el término que se le concedió a la sociedad contribuyente fue el consagrado en el artículo 361 del Estatuto Tributario Municipal, esto es, un mes para la respuesta al mismo; en el se dijo lo siguiente:
La respuesta al presente requerimiento debe ser dirigida a la Secretaría de Hacienda Municipal, ubicada en el primer piso de la Alcaldía, calle 10, carrera 5 dentro del mes siguiente a la fecha a su notificación. (Artículo 361 del Estatuto Tributario Municipal). Si dentro del término para dar respuesta, la empresa acepta total o parcialmente los hechos…” (fl. 80).
Igual sucede con el plazo otorgado para intentar el recurso de reconsideración contra la liquidación oficial del impuesto de industria y comercio y complementarios de avisos tableros correspondiente al período gravable 2001 de Almacenes Éxito S. A.; en el citado acto administrativo se lee:
RECURSOS: Contra la presente Liquidación Oficial procede el Recurso de Reconsideración, de conformidad con lo establecido en el artículo 415 del Estatuto Tributario Municipal, el cual podrá interponerse ante la Secretaría de Hacienda - Discusión de Impuestos, dentro del mes siguiente a la notificación del presente acto.”(fl. 62).
Así las cosas, la Sala encuentra que efectivamente se vulneró el derecho al debido proceso administrativo, porque la administración municipal desconoció la normativa aplicable al caso, como lo es el Estatuto Tributario Nacional en relación con los términos concedidos para la respuesta al requerimiento especial y para interponer el recurso de reconsideración; en consecuencia se accederá a las pretensiones deprecadas en la demanda, no siendo necesario el análisis de las demás censuras formuladas contra los actos demandados,
En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
PRIMERO: Declarar la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión N° 001 de agosto 12 de 2004 por la cual la Secretaría de Hacienda Municipal de Neiva, determinó el impuesto de Industria y comercio y complementarios de avisos y tableros al contribuyente Almacenes Éxito S.A., por el año gravable 2001.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de la Resolución N° 0414 de septiembre 15 de 2004, por medio de la cual la Secretaría de Hacienda Municipal resolvió el recurso de Reconsideración interpuesto por el contribuyente Almacén Éxito S.A., contra la liquidación oficial de impuestos referida en el ordinal anterior.
TERCERO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones, se confirma la Declaración del Impuesto de Industria y Comercio y Complementarios, Avisos y Tableros, presentada por Almacenes Éxito S. A., correspondiente al período gravable 2001, radicación 010942 de 26 de febrero de 2002.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente, una vez hechos los registros del caso.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.


JORGE AUGUSTO CORREDOR RODRÍGUEZ

Magistrado

JORGE ALIRIO CORTÉS SOTO ENRIQUE DUSSÁN CABRERA

Magistrado Magistrado

Con Salvamento de Voto

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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Sala Segunda de Decisión

Neiva, Agosto Veintinueve (29) de Dos Mil Once (2011)
SALVAMENTO DE VOTO DE: JORGE ALIRIO CORTÉS SOTO

EXPEDIENTE No. : 410023331000 2004-001495-00

CLASE DE ACCIÓN : NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO

DEMANDANTE : ALMACÉN EXITO S.A.

DEMANDADO : MUNICIPIO DE NEIVA
Con el debido respeto que tengo por las decisiones de la Corporación, he disentido de la que puso fin al presente proceso, por las siguientes razones:
La Sala decidió acoger la causal de nulidad de violación del derecho de audiencia y defensa (debido proceso) que fuera invocado en el libelo, sobre la base de que en las etapas de determinación del impuesto de industria y comercio y sus complementarios de avisos y tableros, el municipio de Neiva tuvo en cuenta el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Municipal – ETM y no el consagrado en el Estatuto Tributario Nacional contenido en la Ley 383 de 1997, cuyo artículo 66 disponía su aplicación en los municipios para efectos de la declaración tributaria, los procesos de fiscalización, liquidación oficial, imposición de sanciones, discusión y cobro relacionados con los impuestos administrados por ellos.
Desatendió la Sala que para el tiempo de la determinación del impuesto de la actora, también regía la Ley 788 de 2002 que contiene normas en materia tributaria del orden nacional y territorial, cuyo artículo 59 itera la aplicación de las normas y procedimientos consagrados en el Estatuto Tributario Nacional, pero autorizó a los municipios para que el término de la aplicación de los procedimientos tributarios, pudieran disminuirse y simplificarse de acuerdo con la naturaleza de los tributos territoriales y atendiendo la proporcionalidad de estas respecto del monto de los impuestos, en virtud de lo cual y acogiéndose a dicha normativa el ente demandado ajustó los procedimientos tributarios municipales, disminuyendo los tiempos de respuesta que debían tener los contribuyentes en las fases de discusión y determinación del tributo.
El Estatuto Tributario Municipal fue expedido al amparo de la Ley 788 de 202, goza de presunción de legalidad y obligaba al ente demandante a ajustarse a los parámetros en él determinados, sobre todo que durante el trámite de las actuaciones que se surtieron ante la demandada, ésta le hizo saber sus decisiones, los recursos que procedían y los términos que tenían para interponerlos por manera que mal puede señalar que fue sorprendida con trámites o términos desconocidos por ella.
De otra parte, al haberse invocado por la sociedad actora que se le vulneró el debido proceso por la aplicación del ETM, el mismo por ser una norma de alcance no nacional estaba sujeta a la carga de la prueba que tenía y que no cumplió, en la medida que el acuerdo contentivo del mismo, brilla por su ausencia dentro del expediente, o sea, la actora no probó que dicha norma le fue aplicada y que la misma es contraria a la ley para de esa manera haberse aplicado, como aquí se hizo, la excepción de ilegalidad.
Finalmente, al no haberse demostrado por la demandada que interpuso en tiempo el recurso de reconsideración, estimo que no se agotó la vía gubernativa y por ende la demanda deviene inepta, pues el artículo 135 CCA., exige que frente a la nulidad de actos administrativos, previamente se hubiere agotado la vía gubernativa y en el presente caso si bien fue interpuesto, lo fue de manera extemporánea y ello no agota el requisito exigido para que la demanda llegara a una decisión de fondo.
En las anteriores condiciones, soy del criterio que la decisión final, en torno a esta causal de anulación, fue la de declararla no probada, para que se procediera al análisis de las demás causales de anulación invocadas.
Atentamente,


JORGE ALIRIO CORTÉS SOTO

Magistrado



1 Por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden nacional y territorial; y se dictan otras disposiciones.

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