Cursos que permiten la citada demostración b Regulación legal






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títuloCursos que permiten la citada demostración b Regulación legal
fecha de publicación04.08.2015
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LA PRUEBA.-
a) Concepto

La palabra prueba se ha interpretado tradicionalmente en dos sentidos:

-Como fin, consistiendo en la demostración de la exactitud de un hecho, del que depende la existencia de un derecho.

-Como medio, en el sentido de medios de prueba, que son los recursos que permiten la citada demostración.
b) Regulación legal:
La materia relativa a la prueba ha venido siendo regulada por separado en el Código Civil y en la LEC.
Respecto a esta duplicidad:

-Los procesalistas opinan que la prueba es una cuestión exclusivamente procesal, posición que influyó en la redacción del Primer borrador de la nueva LEC, donde se derogaron todos los artículos del Código Civil en materia de prueba.

-Los civilistas por su parte entienden

1.-que dentro de la materia de la regulación de la prueba hay normas de naturaleza material ( las realtivas a la admisibilidad de los medios probatorios y su valoración) y la normas de naturalez procesal (las realtivas al procedimiento probatorio), debiendo las primeras estar incardinadas en el CC y las segundas en la LEC. Por ello entienden criticable la derogación del 1215CC por la nueva LEC.

2.-que la prueba es una necesidad constante de la vida extraprocesal incluso más allá del mundo del derecho (así Adrados), de modo que la prueba en su vertiente sustantiva es una institución distinta de la prueba procesal.
c) Objeto y carga de la prueba:
El artículo 281 de la LEc marca que el objeto son los hechos pero no las normas legales (iura novit curia), con las excepciones del derecho extranjero y la costumbre (281.2 LEC), además de los hechos notorios y los que las partes den por ciertos salvo en las materias que no sean disponibles.

En cuanto a la carga de la prueba consiste en determinar a quién corresponde la prueba de los hechos, y por tanto quien debe sufrir los efectos de la falta de la prueba.

Existen tres tesis fundamentales:

  • La que sostiene que la prueba de los hechos incumbe a quine lso afirma, porque las negaciones no pueden ser probadas; a lo que se objeta que cabe la prueba de las negaciones mediante la prueba del hecho contrario.

  • La teoría clásica: al actor incumbe la prueba de los hechos, posistivos o negativos, fundamento de la demanda; y al demandado le incumbe probar los hechos en que fundamenta sus excepciones u otros medios de defensa.

  • La teoría modern: el actor debe probar los hechos constituvos de l derecho y a l demandado lso impeditivos de la constitución del derecho del demandante o bien los que justifiquen su extinción. A esta teoría responde el hoy derogado articulo 1214 CC.


Hoy la cuestión la resuelve el artículo 217 LEC que dice……

Conviene destacar que en ocasiones la ley, por excepción, establece inversiones de la carga de la prueba, especialmente en materia de consumidores y usuarios, pero que los tribunales no pueden hacerlo por sí mismos.
APRECIACIÓN DE LA PRUEBA
Es una tarea que implica dos fases:

-la interpretación de las pruebas practicadas.

-la valoración de las mismas.
Los sistemas de valoración la prueba son tres:

  • El de las pruebas tasadas: la ley determina los medios de prueba y su fuerza con lo que el juez la aplica de modo automático.

  • EL libre arbitrio judicial, que admite toda clase de pruebas y el juez las valora libremente.

  • El de la prueba legal: la ley no determina el valor de las pruebas pero sí establece cuáles son los medios de prueba y condiciones de admisibilidad y forma de cada uno de ellos.

El sistema español se dice que es éste último, estableciéndose taxativamente los medios de prueba en el artículo 299 LEC, y regulándose las formalidades para la admisibilidad y forma de practicarse cada medio de prueba.

Por otro lado se confía al juez en general la apreciación libre del valor de las pruebas practicadas incluso en los casos en que la LEC y el CC establecen el valor de algunos medios de prueba (por ejemplo el 767.4 LEC), si bien esto último, defendido por la jurisprudencia en general, es rebatible como veremos desde una óptica sustantiva.

En nuestra opinión el sistema español lo creemos de tipo mixto, con reglas generales legales de valoración combinadas con otras de la sana crítica.
ENUMERACIÓN Y CONCEPTO DE LOS MEDIOS DE PRUEBA: SU REGULACIÓN EN EL CÓDIGO CIVIL Y EN LA LEC
Son fuentes de prueba los elementos que existen en la realidad y medios de prueba las actividades a desplegar para incorporar las fuentes al procedimiento en que se efectúa la prueba.
La enumeración de los medios de prueba la recoge hoy el artículo 299 LEC como ya hemos expuesto, que comienza diciendo “los medios de prueba de que se podrá hacer uso en juicio” lo que deja claro que sólo está pensada para el proceso civil, por lo que señala Adrados que nunca debería haberse derogado el antiguo 1215 CC, y enumera los siguientes:
a)-Interrogatorio de las partes.

Es la prueba que tradicionalmente se conoce por “confesión”.En lo que no s interesa desde el punto de vista sustantivo, dice el artículo 316 LEC al establecer el modo de valoración de esta prueba…..(decir 316 LEC, párrafos uno y dos)

Destacar que en esos dos artículos se dice que si el citado a declarar no compareciera o se negare a delarar o diere respuestas evasivas y poco concluyentes el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos en que dicha parte hubiera intervenido personalmente y cuya fijación como ciertos le sea perjudicial.

-Documentos públicos y documentos privados, sobre los que volveremos más adelante.

-Dictamen de peritos.

Consiste en la declaración o dictamen de personas expertas o técnicas sobre hechos o circunstancias relevantes para la resolución del litigio y qsue requieran para su apreciación conocimientos especializados, distinguiéndose según los apoten las partes o lso designe el juez.

-Reconocimiento judicial.

Regulado en el artículo 353 LEC, supone el examen personal por el juez de algún lugar, hecho o persona. Se documenta mediante acta levantada por el secretario judicial, sin perjuicio del posible uso de medios de grabación de imagen y sonido. Es prueba de libre valoración judicial.

-Interrogatorio de testigos.

Es aquel medio probatorio que consiste en obtener la declaración de una persona física que no es parte del proceso y tiene noticia de hechos controvertidos relativos a lo que sea objeto del juicio.

Destacan dos limitaciones:

  • Incapacidad para ser testigo: Pueden ser testigos todas la personas salvo :

-Los que se hallen permanentemente privados de razón o del uso de sus sentidos respecto de aquellos hechos de los que únicamente quepa tener conocimiento por dichos sentidos.

-Los menores de catorce años podrán declarar como testigos si, a juicio del tribunal poseen discernimiento necesario para conocer y para declarar verazmente.

  • Tachas de los testigos: artículo 377 LEC. Cada parte podrá tachar los siguientes testigos de la otra:

-Ser o haber sido cónyuge o pariente por consanguineidad o afinidad dentro del cuarto grado civil de la parte que lo haya presentado, su abogado, procurador o hallarse vinculado con ellos por adopción, tutela u otro semejante.

-Ser dependiente del que lo hubiere propuesto o de su procurador, abogado, o estar a su servicio o hallarse ligado con alguno de ellos por cualquier relación de sociedad o intereses.

-Tener interés directo o indirecto en el asunto de que se trate.

-Ser amigo íntimo o enemigo de una de las partes, abogado o procuarador.

-Haber sido condenado por falso testimonio.

  • Valoración: decir artículo 376 LEC….


Destaca según FRANCH VALVERDE que no se alude a las presunciones porque en realidad nos son medios de prueba sino un método para concluir (las judiciales) o bien una norma legal más (las legales)
El artículo 299.2 LEC admite también “los medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen, así como los instrumentos que permiten archivar y conocer o reproducir palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas..” En realidad se trata de fuentes y no de medios de prueba, que tienen regulación en los artículos 382 a 384 LEC donde destaca:

.-Que del acto de aportación de este medio probatorio o práctica del mismo se levantará la correspondiente acta.

-Que su valoración por el tribunal responderá a las reglas de la sana crítica.
EXAMEN ESPECIAL DE LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
Tras la aparición de la reciente LEC los únicos preceptos no derogados del CC con relación a la prueba d els obligaciones son los realtivos a los documentos públicos y privados, con la excepción de la derogación del artículo 1226 CC.

La no derogación de tales artículos supuso el triunfo de las tesis civilistas frente a las procesalistas sobre la importancia de que sea el Código Civil el que contenga la regulación sustantiva del documento como instrumento de ordenación del tráfico jurídico extraprocesal que el Ordenamiento jurídico pone a disposición de los particulares.

Es decir, el documento es algo más que un medio de prueba en el proceso, existe antes que él y fuera de él y no se justifica sólo por y para el mismo.
1.-DOCUMENTO PÚBLICO.-
a) Concepto: Sin perjuicio de lo dispuesto en los temas de derecho notarial, partimos del artículo 1216 CC que dice “Son documentos públicos los autorizados por el notario o empleado público competente , con las solemnidades requeridas por la ley”.

b) Requisitos:

  • Estar autorizados por notario o empleado público, lo que supone autoría por su parte.

  • Competencia por parte del funcionario público

  • Cumplimiento de las solemnidades


La razón por la que el documento, cumpliendo los anteriores requisitos, es público tiene que ver con el control de la legalidad ejercido por el autor (recordar el importante artículo 147 del Reglamento Notarial) autor que debe controlar incluso su propia competencia. De ahí nace su especial eficacia .
c) Clases:
1.- A efectos de prueba en el proceso: (decir el artículo 327 de la Ley del Enjuiciamiento Civil)

2.- Desde el punto de vista del funcionario autorizante: podrían ser judiciales, administrativos o notariales. (decir artículo 1217 del CC) Haremos un breve examen de estos últimos si bien su estudio corresponde a los temas de derecho notarial.

Dentro de los documentos notariales y por su contenido los hay de tres tipos:

- Escrituras: son los instrumentos en los que se consignan actos, contratos o negocios jurídicos en general.

- Actas: son los instrumentos en que a instancia de parte los notarios consignan hechos que presencian o les constan y que por su naturaleza no son materia de acto o contrato.

- Testimonios: son las autorizaciones en relación o copia de los traslados de documentos que no sean matrices autorizadas por el notario o sus compañeros antecesores; a parte de las legitimaciones de firmas.

En las escrituras y actas hay que distinguir la matriz (original redactado por el Notario y firmada por los otorgantes y signada y firmada por el Notario, que la conserva formando con ellas el protocolo) y las copias (traslados de la matriz).

-En cuanto a las pólizas, que hoy son intervenidas por notarios tras la desaparición y fusión del cuerpo de antiguos corredores de comercio, las certificaciones del libro registro ya hemos visto que son documentos públicos a efectos del proceso. Fuera de él, el hecho de que las pólizas no sean autorizadas, sino intervenidas, podría dar lugar a discusión sobre si englobarlas en lo anteriormente expuesto pero no cabe duda en la actualidad de su carácter de documento público.
VALOR PROBATORIO DE LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS. Es ésta, a nuestro entender, la cuestión más interesante y trascendente a los efectos del tema. Centremos la cuestión:
- El artículo 1218 del CC dice que “Los documentos públicos hacen prueba, aun contra tercero, del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de éste. También harán prueba contra los contratantes y sus causahabientes, en cuanto a las declaraciones que en ellos hubiesen hecho los primeros”

- Los civilistas siempre han considerado que este artículo consagra, al menos en el primer párrafo, un caso de prueba legal y tasada: los extremos del documento público de directa percepción por parte del funcionario público autorizante (fecha, hecho que motiva su otorgamiento, presencia de las partes ante el mismo, identidad de las partes y del funcionario, así como veracidad de las manifestaciones contenidas en el documento se han realizado ante el mismo funcionario) hacen prueba sin necesidad de comprobación alguna y se imponen al Juez autorizante . Todo ello salvo prueba de la falsedad que se hubiere cometido en su caso por las partes o por el notario autorizante, lo que debe probarse en un notario aparte.

-Por otro lado el artículo 1218 CC en su párrafo segundo contiene un supuesto de prueba legal, bien que limitado a otorgantes y causahabientes susceptible de ser destruida con prueba en contrario, pues la presunción es iuris tantum. Dice Ormazabal que no regula un supuesto de prueba legal, si no solo una cuestión de eficacia del acto o negocio documentado, pero al decir el artículo “también harán prueba” parece que se refiere a una cuestión de eficacia probatoria.
Lo señalado hasta aquí es aplicable al proceso y también al tráfico jurídico extraprocesal dotando de certeza a las relaciones jurídicas y de eficacia legitimadora al documento público, desjudicializando la vida extraprocesal.

Sin embargo, el TS siguiendo las tesis de los procesalistas aún comenzando por reconocer que los artículos 1218 y 1225 del Código Civil eran supuestos de prueba legal y tasada destruye tal carácter al afirmar constantemente que los jueces de instancia tienen que efectuar una valoración conjunta de la prueba. Sin que el documento público tanga prevalencia sobre otras pruebas ni baste por sí solo, para enervar una valoración probatoria conjunta, vinculando solo al juez respecto al hecho de su otorgamiento y a su fecha, dado que el resto de su contenido y en especial la veracidad intrínseca de las declaraciones contenidas en él pueden ser sometidas a apreciación por otras pruebas (STS 30-10-98).
Vamos a tratar de desvirtuar esta tesis: Dice el artículo 319.1 LEC: “con los requisitos y en los casos de los artículos siguientes los documentos públicos contenidos en los números 1º a 4º del artículo 317 harán prueba plena del hecho, acto o estado de cosas que documenten, de la fecha en que se produce esta documentación y de la identidad de los fedatarios y demás personas que en su caso intervengan en ellas”. Los artículos siguientes regulan el cotejo en caso de impugnación y el valor de los testimonios o certificaciones incompletas, así como de los documentos no susceptibles de cotejos.

Por excepción, los documentos públicos de los número 5º y 6º del 317 (algunos los llaman documentos oficiales) se tienen por ciertos, salvo prueba en contrario por otros medios (319.2). Y en materia de usura los Tribunales formarán procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores (art 752.2).

Y en cuanto al art. 323, en materia de documentos públicos extranjeros, como dice Rodríguez Adrados, “no puede ser más desafortunado”, para nada alude al cotejo, impugnación por falsedad y no respeta nuestras normas de DIP.

¿qué significado tiene la expresión prueba plena? Aunque alguno diga que se trata de un concepto novedoso (Almagro Nosete) no explicado ni justificado en la LEC, lo cierto es que ya existía en la LEC anterior, a propósito de la prueba de confesión judicial bajo juramento decisorio, Y si examinamos que los extremos a que se refiere la prueba plena son , mutatis mutandi, los mismos a que se refiere el 1218 CC parece claro que prueba plena quiere decir, cuando menos, prueba legal y tasada que se impone al Juez por encima de su convicción y sin que sea admisible la prueba en contrario en el propio proceso (salvo que otra cosa diga la ley: art 322 por ejemplo).
Además hay que añadir el novedoso artículo 17 bis.2.b) de la ley 24/2001que dice que “ Los documentos públicos autorizados por Notario en soporte electrónico, al igual que los

autorizados sobre papel, gozan de fe pública y su contenido se presume veraz e íntegro de

acuerdo con lo dispuesto en esta u otras leyes.”, con lo que establece una presunción de veracidad e integridad que debemos considerar “iuris tantum”, pero que como nos dice ADRADOS no hace sino continuar lo dispuesto en el artículo 1 de la ley del notariado.
Continuando, dice el artículo 1219 CC

Decir el artículo 1320 a 1324 del Código Civil

En base a este artículo se ha formulado la teoría de la renovatio contractus por Núñez Lagos que se estudia en derecho notarial, pero lo cierto es que el artículo claramente dice que si la escritura expresamente reconoce un contrato anterior no hay nuevo consentimiento, solo si se pacta la novación estaremos ente una nueva declaración de voluntad por la que se presta un nuevo consentimiento: aquí sí hay renovación contractual.
2.-DOCUMENTOS PRIVADOS:
a) Concepto: De los mismos se suele establecer un concepto puramente negativo: lo son todos aquellos que por no reunir los requisitos antes vistos no pueden ser considerados como públicos.
b) Requisitos: En cuanto a sus requisitos solo destacar que el de la firma no es necesario en todos los casos (vease como si el 1225 CC exige el requisito de la firma, no lo hace el 326 de la LEC), pero si cuando contenga una declaración de voluntad o constitución de una obligación pues aún cuando el documento se pruebe como auténtico, sin firma faltará la expresión del consentimiento (contra lo que sostiene Ormazábal).

En esta materia también destacar que tras ley 59 /2003 de firma electrónica se incluye en la modalidad de prueba documental el soporte en que figuran los datos firmados electrónicamente y que el artículo 3.8 de esta ley que regula la materia por remisión del 326. 3LEC distingue entre la impugnación de la firma electrónica reconocida y de la firma electrónica avanzada, remitiendo este último caso al 326.2 LEC.
c)Valor probatorio:
Dice el artículo 1225 CC que “El documento privado reconocido legalmente tendrá el mismo valor que la escritura pública entre los que lo hubieren suscrito y sus causahabientes”. Pero esta actividad positiva de necesidad de reconocimiento de todo documento privado a efectos de producir prueba ha sido transformada en negativa por la nueva LEC. cuando en su artículo 326.1 dice que “los documentos privados harán prueba plena en el proceso en los términos del art 319 cuando su autenticidad ha sido impugnada por la parte a quien perjudiquen”. Por lo tanto, tras la nueve LEC se han limado las diferencias a efectos probatorios entre documentos público y privado, bien que la superioridad del primero es aún patente, no solo por lo dispuesto en el artículo 1227 del CC sobre su fecha sino también por sus dificultades de cotejo.

Dice el artículo 1227 CC
Es importante resaltar al hilo de este artículo que en el caso de la doble venta, cuando la primera transmisión no tiene fecha oponible a terceros (por ejemplo el documento privado no liquidado de impuestos, aunque hubiera posesión física anterior a la fecha de la escritura del segundo adquirente, hay muchos autores que entienden que dada esa imposibilidad de determinar fecha cierta anterior, la adquisición preferente sería la realizada por escritura pública. Sin entrar en el precedente romano, otros difieren porque si bien es correcta desde un punto de vista de legitimación del segundo adquirente en la vida extraprocesal, que es la que regulan estos artículos como hemos visto, desde el punto de vista sustantivo, acreditada por otros medios en juicio la posesión anterior a la escritura del segundo adquirente, basada en un título también acreditado (que podría ser incluso verbal) esta debería vencer1.
Decir el 1228 al 1230 CC.
Las presunciones consisten en la averiguación de un hecho no conocido a través de otro conocido. Están reguladas exclusivamente en la LEC (decir artículos 385 y 386).

1 (El centro de la cuestión creemos que no es más que de prueba ya que el 1227 del Código Civil solo permite oponer a terceros documentos que justificaran la posesión por título de dominio que dejen claro que el negocio jurídico se produjo con anterioridad a la segunda adquisición, refiriéndose a la realidad jurídica extraprocesal, donde no cabe prueba más allá. Es incontestable que la transmisión del dominio se produce por el título y el modo y que, por tanto, una compraventa verbal es válida, ahora bien, una tesis notarialista defendería la primera postura expuesta porque, como dijimos al principio del tema, la admisibilidad de los medios probatorios y su valoración, en este caso de la fecha del documento privado, corresponde al derecho civil, con lo que dichos medios estarían tasados por el 1227 CC. Mientras una judicialista podría sostener que la venta se puede demostrar por medios como los testigos y que debe hacerse una valoración conjunta. En todo caso reseñar que la LEC se centra en cómo demostrar la autenticidad del documento pero no su fecha, lo que podrái servir también de apoyo a la primera de las tesis.

Un caso curioso donde la realidad jurídica extraprocesal y las normas que la regulan sí podrían llevar a soluciones distintas de las que podrían alcanzarse en un proceso es, en mi opinión, el de la ratificación de los negocios jurídicos, por ejemplo de la compraventa. Como expuse en el tema de representación, los efectos de la ratificación no perjudican a terceros que adquirieran derechos en el tiempo intermedio. Ventoso, opina por ello que si se produce una compra con mandatario verbal en la parte compradora y, antes de la ratificación, entra un embargo en el Registro de la Propiedad, este embargo nunca puede estar perjudicado por dicha ratificación porque la misma implica aportar al negocio jurídico el consentimiento del comprador que faltaba, con lo que en el lapso en el que entró el embargo, el negocio era nulo y por tanto inoponible ex artículo 1259 CC. Recientemente algunos compañeros me han comentado que ellos opinan que es un problema de forma del propio mandato pero que si el notario ha otorgado el instrumento es porque entiende que dicho mandato existe. Una tesis intermedia defendería que desde un punto de vista extraprocesal es un problema de falta de consentimiento y suscribimos la postura del primero sin perjuicio de que desde un punto de vista sustantivo pleno en un juicio pueda demostrarse que el mandato existió antes de la fecha del otorgamiento de la escritura ratificada, y el juez pueda decretar que se cancele la anotación de embargo. Ello admitiendo la tesis jurisprudencial que establece que el 1280 del CC establece la necesidad de documento público solo ad probationem)

A mi me gusta enfocarlo desde la óptica de la teoría de las nulidades. El TS en su tesis bipartita al caracterizar la nulidad con rasgos propios de la inexistencia, especialmente si consideramos que falta consentimiento del 1261 CC sería en todo caso una causa de indexistencia contractual defendería la nulidad radical sin efectos.

Es sin embargo obvio que el CC no responde a este encorsetamiento pues permite su ratificación y la literalidad del 1259 CC no deja duda sobre ello, ahora bien, ello no supone en mi opinión que el acto no sea nulo hasta su ratificación, sino que lo que supone es que el 1259 CC no considera este caso como de inexistencia contractual, quizá porque más que falta de consentimiento lo que hay es falta de acreditación suficiente de dicho consentimiento como para perjudicar a terceros.

Y ello nos desplaza a la interesante órbita registral, porque si el acto era nulo sujeto a ratificación defendía MARTÍNEZ-GIL en mis temas de hipotecario que la ratificación era una forma de subsanación y por tanto que presentada una escritura con comprador mandatario verbal, la falta de ratificación debía entenderse defecto subsanable y no insubsanable (VENTOSO).

Pues yo creo que si el documento no puede producir efectos hasta su ratificación frente a terceros como sostuvimos en el tema de representación lo lógico y coherente sería entender que se debe rechazar la inscripción y calificar el defecto como insubsanable hasta que se presente la escritura de ratificación porque en caso contrario, al dar a la inscripción la fecha del asiento de presentación estaríamos creando una reserva de fecha inadmisible con nuestro sistema de nulidades y con el principio de que la retroactividad no debe afectar al tercero embargante en el caso expuesto.

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