Se adopta decididamente el domicilio internacional como factor de conexión preponderante en todo lo relativo al estado, capacidad, existencia de la persona natural, relaciones familiares razones a favor






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La nulidad del matrimonio se rige por la misma ley a que está sometida la condición intrínseca cuya infracción motive dicha nulidad.

Los vicios del consentimiento, como causas de nulidad del matrimonio, se rigen por la ley del lugar de la celebración.

La celebración del matrimonio exige la reunión de un conjunto de condiciones de fondo y de forma, denominadas también elementos constitutivos, en cuya ausencia el matrimonio no será válido. Esas condiciones difieren en cada país. En nuestro sistema jurídico se encuentran formuladas por el artículo 234 del C.C., que establece la noción de matrimonio; y también son enunciadas, bajo un aspecto negativo, con el título de impedimentos, por los artículos 241 a 247 del C.C. Simultáneamente, los artículos 248 y siguientes del mismo Código señalan las formalidades del matrimonio.
Entonces, la ley que debe regir las condiciones esenciales del matrimonio (por ejemplo: la exigencia de la diferencia de sexos, el estado civil de los contrayentes y lo referente a la capacidad nupcial), es también competente para sancionar la inobservancia de estas condiciones. En concordancia con el artículo 2075 del C.C.
La ley del respectivo domicilio de cada uno de los contrayentes como ley competente para regir las condiciones de fondo (intrínsecas) del matrimonio, podemos afirmar que corresponde a esta norma regir el incumplimiento de las mismas. A esta ley que ha sido infringida por los contrayentes, corresponde establecer la sanción y el régimen de la acción de nulidad.
En suma, es la ley del domicilio de cada uno de los contrayentes o la ley del lugar de celebración del matrimonio la que determinará, en cada caso, quiénes son los titulares de la acción de nulidad, el plazo para interponerla, la prescripción y los demás aspectos relativos a la misma.
Conviene observar finalmente que el artículo 2079 se refiere exclusivamente a las causas de nulidad. No hace referencia a la ley que rige las causas de anulabilidad del matrimonio. Al parecer, "cuando el legislador hace referencia al término 'nulidad', debe entenderse que se refiere al más amplio de 'invalidez'. De otro modo, no podría explicarse la omisión respecto a la anulabilidad del matrimonio" (REVOREDO). Para evitar imprecisiones de carácter terminológico, consideramos necesario modificar el artículo 2079.
En todo caso, es de observar que el artículo 2079, bajo comentario, retoma el artículo 47 del Código de Derecho Internacional Privado, Código de Bustamante, que establece textualmente que: "La nulidad del matrimonio debe regularse por la misma ley a que esté sometida la condición intrínseca que la motive".
Conviene recordar que el artículo 5 inciso b) de la Convención de la Haya de 1902 prevé que: "Los Estados que exijan la celebración religiosa podrán declarar nulos los matrimonios civiles celebrados por sus nacionales en el exterior".

DIVORCIO Y SEPARACiÓN DE CUERPOS ARTICULO 2081
El derecho al divorcio ya la separación de cuerpos se rigen por la ley del domicilio conyugal.
producida la crisis matrimonial, en la separación legal y el divorcio internacional igualmente se tendrán en cuenta esos elementos extranacionales que nos hacen considerar a más de un ordenamiento jurídico; pero solo a través de la calificación de la situación jurídica internacional tendremos la norma de conflicto a tomarse en cuenta, el punto o factor de conexión considerado y, consiguientemente, la ley aplicable que es la que a través de sus normas materiales resolverá el caso en concreto.

No es extraño, pues, encontramos con Pedros y Marías que celebran matrimonio en su Estado de origen como el Perú, luego salen al exterior, tienen hijos binacionales y bienes en el Estado de residencia, con el tiempo vienen las desavenencias y se separan de hecho, uno de ellos vuelve al Perú y el otro se mantiene en el extranjero con los hijos, incluso este puede cambiar de domicilio a un tercer Estado. Legalmente no están separados y llega la hora de solicitar separación convencional con ulterior divorcio o, un divorcio por causal. O nos encontramos con el caso de parejas nacionales o binacionales que se conocen y casan en el extranjero, por ejemplo, Colombia, establecen su domicilio conyugal en dicho Estado, pueden tener o no hijos, así como bienes, luego deciden separarse legalmente para posteriormente divorciarse, y pretenden que la sentencia de divorcio sea reconocida en el Perú, ante la inscripción que hicieron del matrimonio en el Consulado peruano correspondiente.
Cabe recordar que, establecida la competencia internacional de los tribunales peruanos para conocer un caso de separación de cuerpos y/o divorcio, estos han de tener presente que conforme al artículo 2047 del Código Civil: "El derecho aplicable para regular relaciones jurídicas vinculadas con ordenamientos jurídicos extranjeros se determina de acuerdo con los tratados internacionales ratificados por el Perú que sean pertinentes y, si estos no lo fueran, conforme a las normas del presente Libro"; es decir, los tratados o convenciones de Derecho Internacional Privado de los que el Perú es parte se aplican prioritaria mente sobre el Derecho interno establecido para estos casos en este Libro X del Código sustantivo.
En relación con ello, algunos ordenamientos jurídicos admiten el divorcio y no la separación de cuerpos y, al contrario, otros admiten la separación de cuerpos y no el divorcio. Precisamente, esta norma de conflicto nos lleva a tener en cuenta que, si ante tribunal peruano se interpone divorcio ad vinculum o separación de cuerpos teniendo domicilio conyugal o último común en un Estado cuyo Derecho no los admite, nuestros magistrados -aun cuando su Derecho contempla el divorcio y la separación de cuerpos- no podrán amparar las demandas interpuestas, porque el legislador ha previsto que sea la Lex causae la que se pronuncie al respecto
Cabe señalar que entre los países cuyos ordenamientos jurídicos admiten tanto el divorcio como la separación de cuerpos tenemos: Argentina, Bélgica, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile, Colombia, Guatemala, España, Italia, México, Panamá, Perú, Uruguay, Venezuela, entre otros.
CAUSAS Y EFECTOS DEL DIVORCIO Y DE LA SEPARACION ARTICULO 2082
Las causas del divorcio y de la separación de cuerpos se someten a la ley del domicilio conyugal. Sin embargo, no pueden invocarse causas anteriores a la adquisición del domicilio que tenían los cónyuges al tiempo de producirse esas causas.

La misma leyes aplicable a los efectos civiles del divorcio y de la separación, excepto los relativos a los bienes de los cónyuges, que siguen la ley del régimen patrimonial del matrimonio.
El artículo 2082 del Código Civil vigente incide específicamente en las causales y en los efectos civiles de la separación y del divorcio. En cuanto a las causales, la regla del domicilio ha sido precisada para cuidar que la referencia se entienda hecha al domicilio conyugal "actual", de modo que no puedan invocarse causas anteriores a la adquisición del domicilio que tenían los cónyuges al tiempo de producirse esas causas.
En cuanto a los efectos civiles que produce la separación y el divorcio, opera la aplicación de la misma regla, o sea la ley del domiéilio conyugal actual, salvo en lo referente al régimen de los bienes sociales, que también se afectan a consecuencia de dichos hechos, pero que se rigen por la ley del primer domicilio conyugal (artículo 2078).
FILIACiÓN MATRIMONIAL ARTICULO 2083
La filiación matrimonial se determina por la ley más favorable a la legitimidad, entre las de la celebración del matrimonio o la del domicilio conyugal al tiempo de nacimiento del hijo.
La filiación forma parte del estatuto personal. Esta categoría genérica incluye disposiciones relativas al estatuto individual (nombre, domicilio, capacidad, etc.) y

también disposiciones concernientes a las relaciones de familia o estatuto familiar (establecimiento y efectos de la filiación, condiciones de fondo y efectos del matrimonio, entre otros). Se trata de un conjunto de aspectos que conciernen directamente a la persona en cuanto tal. Por lo mismo, exigen ser sometidos a una misma ley que no varíe en función de los desplazamientos pasajeros del individuo (AUDIT).
La norma nacional de conflicto en materia de establecimiento de la filiación matrimonial, contenida en el artículo 2083 del Código Civil, retiene una conexión alternativa. Es decir, prescribe la consulta de dos leyes diferentes: la ley de celebración del matrimonio y la ley del domicilio conyugal al tiempo del nacimiento del hijo. Como criterio de elección entre ambas prevé enseguida la ley más favorable al establecimiento de la legitimidad. Ambas leyes -la ley del lugar de celebración del matrimonio y la ley del domicilio conyugal al tiempo del nacimiento del hijo- se caracterizan por la facilidad de su determinación. Son además únicas e inamovibles.
Obviamente, la ley más favorable al establecimiento de la legitimidad es competente para determinar el objeto y la carga de la prueba en materia de filiación matrimonial. Por ejemplo, la presunción relativa al momento de la concepción, la existencia y la fuerza de la presunción de paternidad del marido (pater is est ...), y lo relativo al ejercicio de la acción contestatoria. Corresponde a la misma ley regir lo relativo a los diferentes modos de prueba admisibles (posesión de estado, prueba sanguínea o genética), a su fuerza probatoria, así como a los plazos y formalidades para interponer las acciones respectivas.
FILIACiÓN EXTRAMATRIMONIAL ARTICULO 2084
La determinación de la filiación extramatrimonial, así como sus efectos y su impugnación, se rigen por la ley del domicilio común de ambos progenitores y del hijo o, en su defecto, por la del domicilio del progenitor que tiene la posesión de estado respecto ai hijo.

Si ninguno de los progenitores tuviera la posesión de estado, se aplicará la ley del domicilio del hijo.
Los sistemas que adoptan la ley de la nacionalidad, someten la determinación de la filiación extramatrimonial a la ley de la nacionalidad de los padres o a la del hijo. Los problemas se presentan cuando cada miembro del grupo familiar posee nacionalidad diferente. En esta hipótesis, es perfectamente posible la aplicación de una ley para el establecimiento de la maternidad y otra completamente diferente para la determinación de la paternidad. Para evitar este inconveniente, algunos países (Alemania, por ejemplo) designan simplemente la competencia de la ley nacional de la madre para el establecimiento de la maternidad y de la paternidad.
El artículo 2084 del Código nacional, que traduce el interés del legislador de favorecer el establecimiento de la filiación extramatrimonial, opta por la ley del domicilio. El dispositivo bajo comentario consagra una regla de conflicto alternativa que prevé una conexión triple: una conexión principal a la ley del domicilio común de ambos progenitores y del hijo y dos conexiones subsidiarias. La primera de ellas declara competente a la ley del domicilio del progenitor que tiene la posesión de estado. En defecto de esta, la ley prevé una segunda conexión subsidiaria y ordena la aplicación de la ley del domicilio del hijo.
Observemos que la competencia de la ley del domicilio común de ambos progenitores y del hijo se justifica, pues permite la designación de una ley única para el establecimiento de la filiación extramatrimonial. Al someter la relación que une tres personas a una sola ley, el artículo 2084 garantiza la unidad de la competencia legislativa del estatus familiar. El criterio elegido evita el conflicto de leyes, en el caso de que los padres posean diferentes nacionalidades.
En defecto de domicilio común de ambos progenitores y del hijo, el artículo 2084 designa la competencia de la ley del domicilio del progenitor que tenga la posesión de estado respecto del hijo. La solución parece sustentarse en la idea de que al menos uno de los progenitores domicilia con el menor y, que el hecho de tener la posesión de estado, demuestra su interés por la suerte del mismo (REVOREDO). El legislador nada dice respecto a la ley aplicable para juzgar la regularidad de dicha posesión. Se presume que cuando se invoca la posesión de estado de padre o madre, esta debería determinarse en función de la ley en vigor a la fecha, y en el lugar de la invocación de la posesión de estado.
En ausencia de posesión de estado de ambos progenitores, el artículo 2084 dispone la aplicación de la ley del domicilio del hijo, en tanto el establecimiento del vínculo de filiación lo concierne directamente.
RECONOCIMIENTO DE HIJO ARTICULO 2085.-El reconocimiento del hijo se rige por la ley de su domicilio.
El legislador nacional dispone que el reconocimiento se rige por la ley del domicilio del hijo. Suponemos que el criterio de conexión elegido en la materia se debe a que el reconocimiento concierne directamente al hijo.
Más allá, la determinación de la ley del reconocimiento está subordinada a la determinación previa del lugar del domicilio del hijo. Al respecto, conviene observar que tratándose de un incapaz la ley que regirá el reconocimiento será aquella del domicilio del representante legal del hijo, aun cuando el incapaz tenga en realidad un domicilio diferente al de su representante. En efecto, el artículo 37 del Código Civil díspone que los incapaces tienen por domicilio el de sus representantes legales.
Paralelamente, si el hijo es capaz, la ley que regirá el reconocimiento se fija de conformidad con el artículo 33 y siguientes del Código Civil. En otras palabras, el domicilio se constituye por la residencia habitual de la persona en un lugar.

En uno u otro caso, es la ley del domicilio del hijo la que determina las condiciones de fondo y de forma de la validez del acto de reconocimiento y también las causas de su nulidad. Referente al autor del reconocimiento, determinados países consideran como condición de fondo que el acto proceda de la voluntad del padre y de la madre. Para ciertos ordenamientos jurídicos, la decisión de reconocer de uno de los padres es independiente a la del otro progenitor. En lo que concierne al hijo, algunos sistemas jurídicos establecen como condición de fondo que la calidad de filiación extramatrimonial que se pretende instituir no sea adulterina o incestuosa. Para otros, la posesión de estado de hijo legítimo obstaculiza un reconocimiento fuera del matrimonio.
ADOPCiÓN ARTICULO 2087
La adopción se norma por las siguientes reglas:

1.- Para que la adopción sea posible se requiere que esté permitida por la ley del domicilio del adoptante y la del domicilio del adoptado.

2.- A la ley del domicilio del adoptante corresponde regular: a. La capacacidad para adoptar.

b. La edad y estado civil del adoptante.

c. El consentimiento eventual del cónyuge del adoptante.

d. Las demás condiciones que debe llenar el adoptante para obtener la adopción.

3.- A la ley del domicilio del adoptado corresponde regular: a. La capacidad para ser adoptado.

b. La edad y estado civil del adoptado.

c. El consentimiento de los progenitores o de los representantes legales del menor.

d. La eventual ruptura del parentesco del adoptado con la familia sanguínea.

e. La autorización al menor para salir del país.
Los diferentes aspectos relativos a la adopción son sometidos a la ley personal del adoptante o del adoptado. La ley personal, es decir, aquella que presenta un vínculo directo con la persona, puede variar de país a país. Algunos sistemas jurídicos optan por la ley de la nacionalidad, como ocurre en numerosos países de Europa continental. Otros retienen la ley del domicilio a título de ley personal, entre ellos están los países anglosajones, escandinavos y de América Latina. El legislador nacional prefiere la ley del domicilio y somete a esta el conjunto de aspectos destinados a la adopción.
El artículo 2087, que se refiere a la ley aplicable, reagrupa los diversos aspectos que conciernen a la adopción en tres incisos. El inciso primero prevé una exigencia que debe ser acumulativamente cumplida por la ley personal del adoptante y por la ley del adoptado. En los incisos segundo y tercero se disocian las condiciones y efectos de la institución, según se trate del adoptante o del adoptado, quienes deben satisfacer distributivamente las exigencias establecidas en las respectivas leyes de sus domicilios.
El inciso primero establece una condición de fondo de admisibilidad de la institución de la adopción. Así, para que la adopción sea posible es necesario que esté permitida por la ley del domicilio del adoptado y por la ley del domicilio del adoptante. En consecuencia, la adopción procederá únicamente cuando ambas leyes la admitan. La disposición se explica debido a la existencia, en Derecho comparado, de países que ignoran o prohiben la adopción. Es el caso de diversos paises musulmanes, en particular Argelia y Marruecos, donde se puede tomar a cargo un menor, pero sin la creación de vínculo familiar alguno. Obviamente, el legislador busca evitar el establecimiento de filiaciones adoptivas que no sean reconocidas en el país del adoptante o del adoptado.
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