Se adopta decididamente el domicilio internacional como factor de conexión preponderante en todo lo relativo al estado, capacidad, existencia de la persona natural, relaciones familiares razones a favor






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La capacidad para contraer matrimonio y los requisitos esenciales del matrimonio se rigen, para cada uno de los contrayentes, por las leyes de sus respectivos domicilios.
El artículo 2075 del Código Civil norma la ley aplicable a las condiciones de fondo para celebrar un matrimonio válido, consagrando la aplicación de la ley del domicilio como ley rectora de la capacidad y de los requisitos esenciales para contraer matrimonio válido.
La principal objeción que se hace al sometimiento de las condiciones de fondo del matrimonio a la ley del lugar de su celebración es que favorece los fraudes a la ley; tal sería el caso de una persona incapaz de contraer matrimonio por un impedimento de su ley personal, que se desplaza a otro Estado, donde sí se le reconoce capaz, con el solo propósito de escapar a los impedimentos establecidos por su ley personal, beneficiarse de una ley más permisiva y así contraer un matrimonio "válido" de acuerdo a la ley del lugar de su celebración. Este matrimonio, empero, podría ser impugnado posteriormente sobre la base de las excepciones de orden público o de fraude a la ley.
la ley aplicable a las condiciones de fondo del matrimonio es la ley de los respectivos domicilios de los contrayentes, la cual se aplica distributivamente, y no presenta mayores dificultades cuando se trata de aquellos impedimentos unilaterales, como serían los referidos a la edad o capacidad de los contrayentes; pero existen otros impedimentos bilaterales, como sería el caso del impedimento por padecer una enfermedad crónica contagiosa y transmisible por herencia, para los cuales convendría aplicar acumulativamente las dos leyes personales de los esposos.
La distinción entre impedimentos unilaterales y bilaterales reposa sobre la idea de que, en materia de formación del matrimonio, ciertas prescripciones se refieren a la aptitud del contrayente y pueden ser considerados separadamente en la persona de cada esposo; mientras que otros impedimentos interesan menos a la persona misma de los futuros esposos, y sí al lazo a crear, o sea, a la relación misma del matrimonio. Ahora bien, el principal problema de esta importante distinción radica en diferenciar cuándo estamos en presencia de un impedimento unilateral que se aplica distributivamente, o de un impedimento bilateral que juega acumulativamente.
a) Intervención del orden público
En el ámbito de las condiciones para celebrar un matrimonio válido, podemos plantear como principio general que el conjunto de condiciones de fondo que la ley peruana impone a los futuros cónyuges para contraer matrimonio, tales como la monogamia, exogamia, consentimiento y heterosexualidad, por constituir principios de base de la constitución del matrimonio, deben ser considerados de orden público.
Respecto a la monogamia, en efecto, el orden público se opone a la celebración en el Perú de una unión poligámica; sin embargo, nosotros no rechazaremos todas las consecuencias en nuestro país de un matrimonio poligámico válidamente contraído en el extranjero, en materia de régimen de bienes del matrimonio o de sucesiones, por el llamado efecto atenuado del orden público cuando se trata de derechos adquiridos. Ciertamente, en el Derecho Internacional Privado no tiene la misma extensión la adquisición de un derecho por la aplicación de una ley extranjera que el respeto en el país de un derecho adquirido en el extranjero. El ejemplo típico es el de la poligamia: ningún Estado de la cultura occidental autorizaría a un musulmán casado a unirse con otra mujer en matrimonio aunque su estatuto personal lo permita, pero tampoco tendría motivo para rechazar la calidad de hijo legítimo o la condición de heredero de su padre al nacido de una unión poligámica.
La atenuación del papel del orden público en materia de derechos adquiridos en el extranjero expresa, sin duda, la dificultad de desconocer hechos acaecidos -como por ejemplo, un nuevo matrimonio realizado después de un divorcio- motivo por el cual deben existir razones particularmente graves para desconocer estos hechos.
La exogamia es la obligación de escoger cónyuge fuera de los parientes próximos. Consideramos que las reglas peruanas del artículo 242 del Código Civil constituyen un mínimo. Si una ley extranjera admitiera el matrimonio entre parientes más próximos, no permitido por la ley nacional, el orden público se opondría a la aplicación de esta ley.
Otro requisito fundamental para la validez del matrimonio es la libertad de consentimiento nupcial. Los vicios de consentimiento, tratándose de casamiento, se rigen por normas especiales y no por las generales del acto jurídico. Serían dos los vicios que cuentan en esta materia: el error y la violencia.

La razón de su limitación radica en que nuestro derecho defiende al matrímonio para que no sea atacado fácilmente, rechazando en nombre del orden público la aplicación de una ley extranjera que contemplase otros vicios del consentimiento distintos a los admitidos por la legislación peruana, o diera validez a un matrimonio realizado bajo el imperio de la violencia o sobre la base de un error de identídad de la persona.
La edad requerida para contraer matrimonio responde simultáneamente a la necesidad de un consentimiento lúcido y a los inconvenientes de los matrímonios prematuros. El Código Civil peruano fija la edad mínima para contraer matrimonio en dieciséis años y siempre que existan motivos justificados y los contrayentes manifiesten expresamente su voluntad de casarse. Por lo tanto, si una ley extranjera permitiese el matrimonio a menores de dieciséis años no sería aplicable en el Perú por ser contraria al orden público.

En cuanto a la condición de la heterosexualidad de los contrayentes, esta es exigida explícitamente en el articulo 234 del Código Civil, al definir el matrimonio como la unión voluntaria entre un varón y una mujer; ella impide, por tanto, en nombre del orden público, el matrimonio de homosexuales en el Perú, aunque su ley personal sí lo permita.
Finalmente, en lo que atañe al orden público, debemos referimos a aquellas leyes extranjeras que prohiben el matrimonio entre esposos de diferente raza, color o religión; dichas leyes no podrán ser aplicadas en el Perú por ser contrarias a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico peruano, como es la igualdad de todas las personas frente a la ley, consagrado en la Constitución Política del país.




FORMA DEL MATRIMONIO
ARTICULO 2076.
La forma del matrimonio se rige por la ley del lugar de su celebración.
En la mayoría de países, el matrimonio es un acto solemne que requiere de la observación de determinadas formas para su validez

los requisitos de forma para celebrar un matrimonio válido quedan regulados por una ley distínta -ley del lugar de celebración- a la que rige los requisitos de fondo -ley del domicilio de los contrayentes-. El principal problema que se deriva de esta situación es diferenciar cuándo estamos frente a un requisito de forma y cuándo frente a uno de fondo. Ello se vuelve particularmente complejo cuando estamos en presencia de derechos extranjeros que exigen a los contrayentes, por ejemplo, la celebración de una ceremonia religiosa para que el matrimonio sea válido, requisito no exigido por la ley local donde se celebra la boda.

Uno de los mejores ejemplos viene dado por el caso Caraslanis c. Caraslanis resuelto por la Corte de Casación Francesa el 22 de junio de 1955. El señor Caraslanis, de nacionalidad griega, contrajo matrimonio civil en Francia, en 1931, con la señora Dumoulin de nacionalidad francesa. Años más tarde, la esposa interpuso ante los tribunales franceses demanda de divorcio, pero el señor Caraslanis reconvino alegando la inexistencia del matrimonio, por haberse incumplido al momento de su celebración con un requisito de fondo exigido por su ley personal -la ley griega-la cual exigía para la validez del matrimonio de los nacionales griegos de religión ortodoxa -aunque se encontraren en el extranjero-la celebración de matrimonio religioso. A efectos de resolver el problema de la validez del matrimonio, el Tribunal de Apelación debía entonces, en primer lugar, calificar si el requisito de religiosidad del matrimonio -supuestamente incumplido- pertenecía a la categoría de las reglas de forma o de fondo. El Tribunal de Apelación calificó el asunto como un problema de forma, lo cual lo llevó a aplicar la norma de conflicto francesa que regula la forma del matrimonio y determina que esta se rige por la ley del lugar de su celebración -ley francesa-, dejando de lado la norma de conflicto francesa que regula las condiciones de fondo del matrimonio. De acuerdo a la ley material francesa se trataba de un matrimonio válido, por lo tanto el Tribunal de Apelación rechazó la pretensión del señor Caraslanis, sentencia que fue luego confirmada por la Corte de Casación.
2. Matrimonio de peruanos celebrados en el extranjero
Los matrimonios de peruanos celebrados en el extranjero de conformidad con las leyes locales tienen plena validez en el Perú, desde el momento de su celebración. No obstante, es importante recordar que existen disposiciones de carácter consular y de registro que los peruanos casados en el extranjero deben cumplir para poder ejercer en el Perú sus derechos y acciones derivados del estado matrimonial. De este modo, los artículos 63 y 64 del Reglamento de los Registros Públicos obligan a los nacionales a registrar su matrimonio en el consulado del país en que se contrajo e inscribirlo en los Registros Civiles peruanos. El artículo 64 prescribe "están obligados (los nacionales) a solicitar la inscripción de su matrimonio en el Registro de Estado Civil del lugar donde establezcan su domicilio en el Perú dentro de los tres meses inmediatos a su regreso o pasado este por vía judicial". También establece que la acción en la vía jurisdiccional es imprescriptible. Al respecto es importante destacar que el incumplimiento de las obligaciones administrativas prescritas no enerva la validez del matrimonio contraído en el extranjero por ser la inscripción declarativa y no constitutiva de derechos.
DERECHOS Y DEBERES DE LOS CÓNYUGES ARTICULO 2077
Los derechos y deberes de los cónyuges en todo cuanto se refiere a sus relaciones personales, se rigen por la ley del domicilio conyugal. Si los cónyuges tuvieren domicilios distintos, se aplica la ley del último domicilio común.
El principal efecto del matrimonio es la comunidad de vida entre los cónyuges. Tradicionalmente se han diferenciado dos tipos de efectos derivados de la celebración del matrimonio: los efectos personales, referidos a derechos y a deberes recíprocos de los esposos, sin contenido económico; y los efectos patrimoniales, que comprenden al régimen de bienes del matrimonio.
Resulta importante destacar que las modificaciones introducidas recientemente en los sistemas occidentales autónomos de Derecho Internacional Privado, reflejan lo que se ha denominado una progresiva desregulación de la esfera de las relaciones personales entre los cónyuges; ello significa que las relaciones personales de los cónyuges quedan al margen de una reglamentación jurídica por considerarse que pertenecen a la intimidad de la vida matrimonial, quedando limitada la intervención del Derecho a la regulación de las relaciones patrimoniales.
Ahora bien, la diversidad legislativa existente entre los Estados y los diferentes conceptos y categorías jurídicas enraizados en los varios ordenamientos jurídicos vinculados a una relación privada internacional, determinan que un mismo efecto del matrimonio pueda ser calificado de manera distinta dependiendo del juez que conoce el asunto. En efecto, las concepciones de derecho que use el juez para calificar los efectos del matrimonio, definirán si determinado efecto debe ser considerado "personal" o "patrimonial", dando lugar a lo que se conoce como un problema de calificaciones; este problema se presenta, por ejemplo, en casos como el de alimentos entre los cónyuges y las litis expensas, donde se combinan el elemento económico y el personal.
El artículo 2077 del Código Civil trata de la ley aplicable a los derechos y deberes de los cónyuges en todo cuanto se refiere a sus relaciones personales, disponiendo que estos se rigen por la ley del domicilio conyugal; salvo el caso en que los cónyuges tuvieren domicilios distintos, en cuyo supuesto se aplica la ley del último domicilio común.
Los derechos y deberes de los cónyuges, sin contenido económico, a los cuales alude el artículo 2077 representan el núcleo básico de los efectos personales; están referidos a la fidelidad, derivada de la monogamia; la cohabitación vinculada con los fines del matrimonio, uno de los cuales es la procreación; y la asistencia mutua que comprende los actos de auxilio y de ayuda que cada uno de los cónyuges debe al otro.
RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO ARTICULO 2078
El régimen patrimonial del matrimonio y las relaciones de los cónyuges respecto a los bienes se rigen por la ley del primer domicilio conyugal. El cambio de domicilio no altera la ley competente para regir las relaciones de los cónyuges en cuanto a los bienes adquiridos antes o después del cambio.
En Derecho Internacional Privado Comparado se observa que las categorías jurídicas comprendidas en las normas de conflicto sobre el aspecto patrimonial o vida económica del matrimonio tienen diferentes denominaciones para referirse a lo mismo. Así, desde la referencia de "régimen matrimonial" (artículo 19 de la Ley Federal sobre el Derecho Internacional Privado de Austria, artículo 14 de la Ley sobre el Derecho Internacional Privado y el Procedimiento Internacional de Turquía, artículo 52 de la Ley Federal sobre el Derecho Internacional Privado de Suiza), hasta las de "relaciones patrimoniales entre los cónyuges" (artículo 15 del C.C. griego, artículo 19 del C.C. italiano), "efectos patrimoniales del matrimonio" (artículo 846 del C.C. senegalés, artículo 22 del C.C. venezolano) e incluso "efectos del matrimonio respecto de los bienes" (artículo 15 de la Ley para la nueva regulación del Derecho Internacional Privado de Alemania, artículo 7 del Código de las Personas y de la Familia de Burundi).
Por su parte, el legislador peruano optó por una doble denominación que resulta redundante como la de "régimen patrimonial del matrimonio y las relaciones de los cónyuges respecto a los bienes", para referirse a la propiedad y administración de los bienes que cada uno de los cónyuges adquiere o que adquieren ambos, a sus relaciones con terceros e, incluso al sostenimiento económico del matrimonio y/o de la familia en general.
Perú, admite la sociedad de gananciales y la separación de patrimonios; en caso de no haberse otorgado la escritura pública para la constitución de separación de patrimonios antes de la celebración del matrimonio, se presume que han optado por el régimen opuesto.
Uniones de hecho y Derecho Internacional Privado
Al no existir en el Libro X del Código Civil una norma conflictual sobre los efectos patrimoniales de las uniones de hecho, debemos proceder a la calificación como se hace respecto de una institución jurídica desconocida por el foro; es decir, se ha de tener en claro la función que esta cumple, para luego determinar la institución jurídica del foro que cumple igualo similar función y, finalmente insertarla en el supuesto de hecho de la norma de conflicto pertinente.
Para el ordenamiento jurídico peruano la unión de hecho es la unión estable de varón y mujer, libres de impedimento matrimonial, que cumple fines semejantes al matrimonio y origina una comunidad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de gananciales siempre que la unión dure por lo menos dos años consecutivos (artículo 5 de la Const., artículo 326 del C.C.). En consecuencía, de esta unión al igual que del matrimonio derivan relaciones personales y relaciones patrimoniales. Limitándonos a este último aspecto, es propicio señalar que ante un caso de unión de hecho o convivencia derivada del tráfico jurídico internacional, es posible tener en cuenta el artículo 2078 del Código Civil que trata del régimen patrimonial matrimonial y que le es aplicable por analogía.
Respecto de las uniones de parejas irregulares, sea que no reúnan el requisito de dos años de convivencia, sea que tengan impedimento matrimonial o sea una pareja homosexual, ante una separación es posible iniciar la acción de enriquecimiento indebido, cuya norma de conflicto es el artículo 2098 del Código Civil.

NULIDAD DEL MATRIMONIO ARTCICULO 2079
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