El derecho a la negociación colectiva en españA






descargar 97.64 Kb.
títuloEl derecho a la negociación colectiva en españA
página1/4
fecha de publicación02.08.2015
tamaño97.64 Kb.
tipoDocumentos
ley.exam-10.com > Derecho > Documentos
  1   2   3   4
LAS RELACIONES ENTRE LA AUTONOMÍA INDIVIDUAL Y

EL DERECHO A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN ESPAÑA.

La doctrina constitucional sobre el uso de la autonomía individual en masa
Dr. Rodrigo Ignacio Palomo Vélez*
SUMARIO

Planteamiento preliminar. I. Contexto teórico y marco normativo. II. Reseña de los antecedentes de las sentencias del Tribunal Constitucional. 1. Los antecedentes de la sentencia 105/1992, de 1 de julio. 2. Los antecedentes de la sentencia 107/2000, de 5 de mayo. 3. Los antecedentes de la sentencia 225/2001, de 26 de noviembre. III. La doctrina del Tribunal Constitucional sobre las relaciones entre la autonomía individual y el derecho a la negociación colectiva. 1. La doctrina constitucional anterior a la sentencia 105/1992. 2. La actual doctrina del Tribunal Constitucional. 3. Síntesis de la actual doctrina del Tribunal Constitucional. IV. Conclusiones.
PLANTEAMIENTO PRELIMINAR

No se pretende en esta oportunidad cubrir el extenso manto de cuestiones vinculadas a las relaciones entre la autonomía individual y la autonomía colectiva en el sistema español de fuentes de las relaciones laborales. Dicha misión, que ha merecido ya la atención – incluso monográfica – de varios autores, ciertamente excedería de los propósitos y características de este trabajo.

El tema y su enfoque necesariamente debían ser delimitados, y en ese orden de cosas he estudiado uno de los problemas que plantea el papel de la autonomía individual en la determinación de las condiciones de trabajo: sus complejas relaciones con el derecho a la negociación colectiva, principalmente en supuestos de uso masivo de la autonomía privada.

El enfoque metodológico de este trabajo, por su parte, tiene como eje central la doctrina emanada de diversos pronunciamientos del Tribunal Constitucional que se han referido a esta materia. En concreto, se analiza la relación entre la autonomía individual y el derecho a la negociación colectiva sobre la base de tres sentencias que bien representan la actual doctrina constitucional sobre estos temas. La sentencia 105/1992, de 1 de julio, que fue la primera en sentar las bases de dicha doctrina; la sentencia 107/2000, de 5 de mayo, que la complementa efectuando importantes matices; y la sentencia 225/2001, de 26 de noviembre, que es la que la sintetiza, explica y fundamenta más claramente. Sin perjuicio de que dichas sentencias obran de columna en este estudio, he procurado complementar el análisis con las visiones doctrinales más relevantes, a partir de la revisión de monografías y artículos específicos que han tratado estos tópicos.

Cabe explicitar también que el análisis se plantea en relación con el ordenamiento jurídico-laboral vigente en España, que si bien permite más de una interpretación en su fase aplicativa, otorga un marco indisponible de acción a las diversas fuentes de las relaciones laborales. Por tanto, se ha prescindido conscientemente de valoraciones de política legislativa que, aunque interesantes, exceden los propósitos planteados.

En concreto se aborda, en primer término y de manera genérica, un breve repaso del contexto teórico y marco normativo en que se ubican los problemas jurídicos indicados, y se da cuenta de los antecedentes de las sentencias del Tribunal Constitucional antes señaladas. Sobre dicho soporte centro luego mis esfuerzos en articular una revisión analítica de la doctrina constitucional sobre las relaciones entre la autonomía individual y el derecho a la negociación colectiva, poniendo especial énfasis en sus fundamentos jurídicos, puntos de inflexión, fortalezas y debilidades.

El tema, en efecto, ha tomado rabiosa actualidad luego de las últimas reformas laborales operadas en España, que han afectado, entre muchas instituciones, a la negociación colectiva. Para los lectores extranjeros, por su parte, estas cuestiones envuelven una invitación sugerente a repensar las diversas articulaciones de los propios sistemas de fuentes formales del Derecho del Trabajo. Y, en nuestro caso, también es una oportunidad para sumar elementos de juicio de cara a la valoración del sistema de negociación colectiva vigente en Chile.

I. CONTEXTO TEÓRICO Y MARCO NORMATIVO

El contexto general en que se ubica el problema planteado es el de las relaciones entre las distintas fuentes de la relación laboral. Dentro de dicho marco, problemas de especial complejidad se han planteado entre la autonomía colectiva y la autonomía individual, incluyendo en esta última tanto la autonomía contractual de las partes como el ejercicio de la voluntad unilateral del empresario.

El marco normativo básico que rige dichas relaciones está dado por los artículos 3.1.c y 3.5 del Estatuto de los Trabajadores (en adelante ET). El primero establece que “los derechos y obligaciones concernientes a la relación laboral se regulan: c) Por la voluntad de las partes, manifestada en el contrato de trabajo, siendo su objeto lícito y sin que en ningún caso puedan establecerse en perjuicio del trabajador condiciones menos favorables o contrarias a las disposiciones legales y convenios colectivos antes expresados”. Se consagra de esta forma el principio de la condición más beneficiosa o criterio de la favorabilidad, que en su aplicación a las concretas relaciones laborales ha generado diversas dificultades interpretativas. Una de ellas es el debate sobre el correcto entendimiento de la expresión “contrarias” utilizada por el precepto, sobre lo que se volverá más adelante.

El artículo 3.5 ET, por su parte, contiene también importantes pautas normativas para el juego de la autonomía individual y de la autonomía colectiva. En efecto, establece que “los trabajadores no podrán disponer válidamente, antes o después de su adquisición, de los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales de derecho necesario. Tampoco podrán disponer válidamente de los derechos reconocidos como indisponibles por convenio colectivo”. La norma, que recoge el principio de indisponibilidad de los derechos laborales, también ha planteado problemas aplicativos, como la dificultad para determinar qué normas legales y convencionales contienen derechos indisponibles para la autonomía individual, lo que importa trasladar a la práctica la distinción clásica entre normas de derecho necesario absoluto, normas de derecho necesario relativo y normas dispositivas.

Ante dichas normas básicas, el espacio tradicional de la autonomía individual ha quedado circunscrito a la posibilidad de modificar el derecho dispositivo o mejorar los mínimos legales, no pudiendo empeorarlos ni contener cláusulas contrarias al derecho necesario absoluto. Así, se han planteado relaciones de suplementariedad no sólo de la autonomía individual respecto de la autonomía colectiva, sino también de la primera respecto de las demás normas heterónomas.

Lo anterior tiene una justificación histórica en los propios presupuestos de nacimiento del Derecho del Trabajo como disciplina jurídica autónoma. El principio de autonomía de la voluntad cedió terreno a la heteronomía estatal y a la autonomía colectiva a fin de otorgar protección al contratante más débil, que contrataba desde una posición de subordinación.

En el modelo normativo imperante, por tanto, la premisa básica en esta materia es que en caso de confrontación o conflicto entre la autonomía colectiva y la autonomía individual, debe hacerse primar la primera, pero sin que ésta pueda anular completamente a la voluntad individual. Esta difícil simbiosis, ya compleja en abstracto, lo es más todavía “cuando la fijación de condiciones de trabajo más beneficiosas no tiene carácter aislado e individual, sino que adquiere matices plurales, en la medida en que el empresario, mediante pactos individuales sucesivos u ofertas genéricas, las extiende a un colectivo, más o menos amplio, de sus trabajadores”1.

En efecto, cabe agregar en este punto otro antecedente normativo de relevancia. El ordenamiento jurídico español contempla un modelo decididamente potenciador de la negociación colectiva. A partir de un amplio reconocimiento del derecho a la negociación colectiva y de la fuerza vinculante de los convenios, en el artículo 37.1 de la Constitución española (en adelante CE), garantido además con la configuración del derecho de libertad sindical (artículo 28 CE), la legislación de desarrollo atribuye a los convenios estatutarios eficacia jurídica normativa y eficacia personal erga omnes. En general, este modelo se ha mantenido y hasta reforzado con las reformas laborales que han afectado al texto original del Estatuto de los Trabajadores, que han dado mayor espacio a la negociación colectiva y le han encargado también la función de adaptabilidad de los convenios a la realidad en que se aplican.

Ahora bien, la doctrina ha puesto de manifiesto que esta concepción tradicional “nunca ha sido estable positivamente ni ha sido pacífica doctrinalmente”2, afirmación que adquiere particular vigencia si se piensa en las repercusiones de las tendencias promotoras de la individualización de las relaciones laborales en las ya tensas relaciones entre la autonomía individual y la autonomía colectiva.

La individualización de las relaciones laborales3 es un fenómeno de contenido complejo, que engloba varias y diversas aristas, las que han venido siendo discutidas por la doctrina y la jurisprudencia españolas principalmente desde la segunda mitad de la década de los ochenta. Una de las aristas de esta tendencia individualizadora propugna la revitalización de la función reguladora del contrato de trabajo que, como se indicó, ha estado históricamente disminuida.

Más allá de que los más acérrimos detractores de estas tendencias vean en ellas un intento de “desandar lo andado y (…) de volver a los orígenes de la disciplina”, en una suerte de antihistoria, lo que en realidad parece estar en su trasfondo es la búsqueda de un nuevo equilibrio y articulación entre la autonomía individual y la autonomía colectiva4. En este sentido, la singularidad de este fenómeno frente a otras experiencias históricas en que el Derecho del Trabajo había vuelto los ojos a la autonomía privada, radica en que ahora la individualización de las relaciones laborales no tiene como objetivo desmontar la identidad y compenetración de los contrarios, trabajadores y empresarios, y así su integración en la empresa, sino que estas tendencias buscarían “desmontar la igualdad de los trabajadores (…) sobre la que opera el complejo legislativo y convencional colectivo del Derecho del Trabajo tradicional”5.

Lo cierto es que los intereses de los trabajadores son cada vez más plurales y heterogéneos, y ello por factores de muy distinta naturaleza. Por una parte, influye la casi infinita diversidad de situaciones personales, profesionales o familiares. Por otra, median los profundos cambios experimentados en la realidad productiva y en el mercado de trabajo. Ante ello, las distintas manifestaciones de la autonomía individual aparecen atrayentes frente a la ordenación colectiva – siempre más uniforme – de las relaciones laborales.

Asimismo, cabe reconocer que la complejidad de las relaciones entre la autonomía individual y el derecho a la negociación colectiva también ha puesto en jaque, en cierta medida, el modelo de representación de intereses y de regulación generalizada de las condiciones de trabajo mediante el desarrollo de la negociación colectiva, mostrando que en ocasiones puede resultar difícil “la articulación dentro del mismo de la tutela de intereses particulares y diferenciados, en un mundo cada vez más plural y complejo”6.

Pues bien, frente a las reclamaciones de mayor espacio para el contrato de trabajo, máxime cuando suponen pactos en masa, la jurisprudencia y la doctrina se han visto forzadas a repensar los límites de la autonomía individual, debiendo revisar y relativizar el principio de favor, como principal criterio a utilizar en dicha definición7. Así, han adquirido particular relevancia las exigencias de la libertad sindical, y del derecho a la negociación colectiva como parte esencial de la misma, como límites a la aplicación del citado principio.

Se ha hecho necesario delimitar en qué supuestos y condiciones pueden actuar las partes sin violar el contenido de tal derecho fundamental. En general, las diversas interpretaciones se mueven entre dos posturas globalizadoras. Por un lado, se señala que la autonomía colectiva puede, guardando respeto a la ley, establecer las concretas especificaciones de la relación laboral, las que una vez determinadas sólo pueden modificarse en beneficio directo del trabajador y, por otro, que la autonomía colectiva no puede sustituir con carácter general la voluntad individual del trabajador, reconocida en los derechos constitucionales de libertad y libre desarrollo de la personalidad. Por ello, el trabajador puede pactar con el empresario condiciones distintas a las contenidas en el convenio colectivo aplicable, siempre que no vulnere los preceptos declarados como inderogables por el mismo8.
II. RESEÑA DE LOS ANTECEDENTES DE LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El punto de partida de las tres sentencias estructurales de la comentada doctrina del Tribunal Constitucional, y de otras que la siguen, es la utilización de la autonomía individual en masa que, si bien aplicada – como se verá – a supuestos fácticos diversos, venía siendo avalada por los tribunales de la jurisdicción ordinaria.

Inicialmente, estos acuerdos individuales en masa adquirieron figuración en el sector de la Banca, y significaban una regulación diferente, aunque no necesariamente inferior o contraria, a la del convenio de aplicación, principalmente en materia de gestión del tiempo de trabajo9. Sin embargo, con el tiempo estos pactos se han venido diversificando, tanto en las materias que abordan como en los supuestos en que operan.
1. Los antecedentes de la sentencia 105/1992, de 1 de julio

En marzo de 1987, el “Grupo Asegurador Catalana-Occidente” publicó en los centros de trabajo de la empresa un anuncio en que ofrecía a sus trabajadores la posibilidad de modificar, de modo libre, voluntario e individual, el horario de jornada continua que venían prestando de lunes a sábado, por otro de jornada partida. A la modificación ofertada se incluía una compensación por gastos de manutención.

La oferta empresarial fue aceptada unánimemente en 75 oficinas, mientras que en otras 30 sólo algunos trabajadores la acogieron, y en 4 se optó por mantener exclusivamente la jornada continua.

Dicha oferta, sin embargo, no había sido consultada con los representantes de los trabajadores, por lo que diversas representaciones unitarias y sindicales del grupo iniciaron contra el mismo un proceso de conflicto colectivo, por considerar que se había infringido el artículo 7 del Convenio Colectivo de ámbito estatal para las empresas de seguros, que imponía la jornada continuada y exigía para su modificación el acuerdo unánime de todos los trabajadores y la consulta a sus representantes unitarios.

Habiendo fracasado el intento de conciliación ante la autoridad laboral, la Magistratura de Trabajo Nº 4 de Barcelona, que conoció inicialmente el asunto, desestimó la demanda arguyendo que las modificaciones de los contratos de trabajo no habían sido impuestas, sino que eran reflejo de una oferta que había sido aceptada voluntariamente por los trabajadores interesados. Por tanto, declarar su nulidad hubiera supuesto negar su capacidad de obrar, vulnerando así el principio de autonomía de la voluntad. Por lo demás, no se había acreditado que la oferta empresarial hubiera implicado perjuicio, menoscabo o discriminación en los trabajadores que la aceptaban.

Los demandantes interpusieron un recurso especial de suplicación ante el Tribunal Central de Trabajo, el que fue rechazado por similares fundamentos, confirmándose íntegramente la sentencia de instancia.

Los demandantes insistieron en sus pretensiones planteando luego un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, en que solicitaban la nulidad de las sentencias antes señaladas por vulnerar los derechos fundamentales de tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE) y de libertad sindical (artículo 28 CE). Respecto de este último, fundaron su alegación en la vulneración de uno de los derechos que lo componen, el derecho a la negociación colectiva (artículo 37 CE), lesionado por prescindir del carácter vinculante del Convenio citado y de las garantías que supone para los trabajadores el que las condiciones de trabajo se pacten colectivamente.

El Ministerio Fiscal interesó la denegación del amparo solicitado, invocando un pronunciamiento anterior del Tribunal Constitucional (Auto Nº 1074/1988, de 26 de septiembre) que había desestimado un recurso interpuesto en un supuesto de hecho similar, por consideraciones parecidas a las invocadas por los tribunales ordinarios laborales. Concretamente, el referido Auto indicaba que sólo el desconocimiento radical del derecho de negociación colectiva podía propiciar el amparo constitucional, cuestión que no ocurría con una oferta empresarial como la comentada. La negociación colectiva no puede anular a la autonomía de la voluntad, agregaba.

Las compañías aseguradoras, por su parte, también invocaron la anterior jurisprudencia del Tribunal Constitucional para abogar por el rechazo del amparo solicitado. En efecto, sin desconocer que la libertad sindical es un derecho esencial de los trabajadores, sostuvieron que ella no padece cuando las manifestaciones directas de tales trabajadores se producen ordenadamente en temas que les afectan y únicamente les reportan beneficios.
  1   2   3   4

Añadir el documento a tu blog o sitio web

similar:

El derecho a la negociación colectiva en españA iconDerecho de negociacion colectiva

El derecho a la negociación colectiva en españA iconEl derecho a la negociación colectiva en el ordenamiento jurídico peruano

El derecho a la negociación colectiva en españA iconConvenio 154 sobre el fomento de la negociacion colectiva

El derecho a la negociación colectiva en españA iconNegociación colectiva: Datos de convenios y acuerdo colectivos registrados hasta 30. 06. 2014

El derecho a la negociación colectiva en españA iconDerecho a la propiedad colectiva/resguardo indigena/derecho de peticion

El derecho a la negociación colectiva en españA iconAsunto: De la fiducia civil frente al derecho de preferencia en la negociación de acciones

El derecho a la negociación colectiva en españA iconDerecho Colectivo del Trabajo Conflictos colectivos y negociación Edgar Ospina Duque

El derecho a la negociación colectiva en españA iconPor lo tanto, el Ministro de Vivienda tampoco puede ignorar ni desconocer...

El derecho a la negociación colectiva en españA iconPromuevo accion de amparo preventivo colectivo en defensa de derechos...

El derecho a la negociación colectiva en españA iconSumario: I. ¿Qué es una acción colectiva? II. Cuestiones procesales....






© 2015
contactos
ley.exam-10.com