Al ser el derecho una ciencia inexacta, tenemos que la solución jurídica para un caso concreto se encuentra sujeta a la integración de una serie de técnicas, en






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Enero – Marzo 2013

#55

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Capítulo 1

Presentación ……………………………………… 3 – 6


Capítulo 2

Jurisprudencia Aduanera ……………………… 7 - 80


Capítulo 3

Índice Temático …………………………………. 82-195

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Capítulo 1
Presentación
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Al ser el derecho una ciencia inexacta, tenemos que la solución jurídica para un caso concreto se encuentra sujeta a la integración de una serie de técnicas, en las que el operador del derecho congloba tanto las normas aplicables a la situación a ser dilucidada, como la doctrina, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la interpretación jurídica, acudiéndose inclusive en algunos supuestos al estudio del espíritu del legislador en aras de comprender los alcances de una norma específica.
Es dentro de este contexto, en el que la divulgación de la jurisprudencia reviste de importancia, en el tanto se convierte para el operador jurídico en un aliado que le permite trazar una ruta específica, que le proporcione seguridad a la hora de decidir que normas y preceptos aplicar ante una situación fáctica que requiera de su intervención, máxime en una materia como la que nos encontramos, en la cual debido a su tecnicidad es sumamente importante no solo conocer las especificaciones jurídicas pertinentes, sino también la aplicabilidad de las técnicas aduaneras oportunas.
Visto lo anterior, tenemos que el presente esfuerzo que se ha realizado por parte de este Tribunal desde sus inicios, pretende precisamente el convertirse para el usuario en un coadyudante de sus intereses, en el tanto conozca como ha fallado el Tribunal ante determinadas circunstancias en el ejercicio de su función como orgáno encargado de dictar jurisprudencia en aquellos asuntos sometidos a su competencia, a efectos del agotamiento voluntario de la vía administrativa, incluyéndose en el mismo, la jurisprudencia emitida por este órgano durante el intervalo temporal comprendido entre los meses que van de enero a marzo del 2013.

Loretta Rodríguez Muñoz

Presidenta

Tribunal Aduanero Nacional

Datos Estadísticos
A efectos de comunicar el detalle de lo resuelto en el trimestre correspondiente al presente boletín, se incluye el siguiente cuadro estadístico que pormenoriza el tipo de resolución alcanzada, porcentuarizándose los siguientes rubros: Sin Lugar, Nulidad, Con Lugar, Devolución de Expedientes, Inadmisible, Desistimiento y Autos, siendo que el tipo de resolución que privó en el trimestre fue los sin lugar con 38, seguido de las declaratorias de nulidades con un 27, con lugar 06, Devolución de Expedientes con un 5, Inadmisible con 3, Desistimiento 02 y para finalizar los autos(suspensión, inhibitoria, corrección) con 22.

De manera complementaria a lo supra puntualizado, se incluye la siguiente tabla detalle, que incorpora el número de resolución correspondiente a los porcentajes anteriormente indicados.

Desglose de lo resuelto Enero-Febrero-Marzo

Tipo de resolución

Número de Sentencia

Subtotal


Sin lugar

001-2013,002-2013,003-2013,007-2013,

008-2013,009-2013,010-2013,011-2013,

012-2013,013-2013,016-2013,017-2013,

020-2013,025-2013,029-2013,030-2013,

031-2013,033-2013,034-2013,036-2013,

037-2013,038-2013,040-2013,041-2013,

044-2013,045-2013,049-2013,050-2013,

053-2013057-2013,058-2013,059-2013,

060-2013,062-2013,064-2013,073-2013,

076-2013,077-2013.

38


Nulidades

015-2013,018-2013,021-2013,022-2013,

023-2013,026-2013,032-2013,035-2013,

037-2013,039-2013,042-2013,044-2013,

046-2013,051-2013,052-2013,054-2013,

055-2013,062-2013,063-2013,065-2013,

066-2013,068-2013,069-2013,070-2013,

071-2013,072-2013,074-2013,075-2013.


27

Con lugar

014-2013,019-2013,024-2013,027-2013,

078-2013,079-2013.

06

Devolución de Expedientes

004-2013,005-2013,006-2013,056-2013,

067-2013.

05

Inadmisible

028-2013,043-2013,048-2013.

03

Desistimiento

047-2013,080-2013.

02

Auto Inhibitoria

001-2013,002-2013,003-2013,2013-004

2013-005,2013-006,2013-007,009-2013

010-2013,011-2013,012-2013,013-2013.


12

Auto Suspensión

014-2013,015-2013,016-2013,017-2013,

018-2013,019-2013,020-2013,021-2013.

08

Auto Corrección

2013-008,2013-022.

02


Total : 102




Capítulo 2
Jurisprudencia Aduanera
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Sentencia: 074-2012

Descriptor: Procedimiento sancionatorio de imposición de la sanción de multa establecida en el artículo 242) de la LGA

Restrictor: Sin lugar

Restrictor: Sobre la responsabilidad del agente aduanero

Restrictor: Improcedencia de la supuesta infracción por inexistencia de perjuicio fiscal



I parte

(…)La litis: El objeto de la presente litis se refiere al procedimiento sancionatorio iniciado por la Aduana Santamaría contra el agente de aduana persona natural señor xxx, al considerar que es acreedor a la sanción de una multa equivalente al valor aduanero de las mercancías prevista en el artículo 242 de la LGA, por la suma de $2.650,45, pagaderos al tipo de cambio al momento de cometer la infracción, que corresponde al monto de ¢1.380.009,80, lo anterior debido a que al consignar erróneamente la clase tributaria del vehículo usado, marca Hyundai, estilo ACCENT GL, año 2001, extras estándar, transmisión automática, posición arancelaria 8703.23.69.33, amparado a la Declaración Aduanera de Importación Definitiva número xxx del xxx, siendo lo correcto la clase tributaria que ampara ese vehículo con transmisión automática, que generó en consecuencia una modificación de la base imponible de importación del citado automotor; conforme con la revisión física se determinó que la clase tributaria correcta es la número 2307751 y como valor de importación el monto de $2.650,45(…)
(…)Así, los agentes aduaneros, ya sean personas físicas o jurídicas, son auxiliares de la función pública, según lo establecen los artículos 11, 12, y 16 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (en adelante CAUCA), 28 y 33 de la LGA, en cuanto asesores en la materia técnica aduanera y de comercio exterior, teniendo entre otras funciones de relevancia especial: a) orientar y asesorar al importador o exportador en los procedimientos aduaneros, teniendo en consideración la complejidad de las regulaciones que pueden darse en temas tan variados como restricciones no arancelarias, impuestos, cuotas compensatorias, reglas de origen y las formalidades relativas a la nacionalización y exportación de mercancías, lo mismo que respecto al comercio exterior cuya amalgama de normas, procedimientos, reglas y principios que se aplican en el marco internacional, deben ser atendidas por peritos en la materia, y b) coadyuvar a la Administración en la gestión aduanera, buscando con ello la calidad en el ejercicio del encargo delegado por el Estado, llevando a cabo una labor de coadyuvancia con los órganos de la Administración en la gestión pública aduanera; resumiéndose su razón de ser en una atención más técnica y especializada a los administrados.
Es precisamente en razón de tales características, que surge una relación particular que liga a los agentes aduaneros con la Administración, colocándolos en una correspondencia de particular fuerza, categorizada dentro de las relaciones de sujeción especial señaladas por el artículo 14 de la Ley General de la Administración Pública (en adelante LGAP); es precisamente en razón de tal relación, caracterizada por las funciones de los agentes aduaneros y la relevancia que las mismas revisten para el interés público, que se generan en la persona de estos auxiliares de la función pública una serie de obligaciones y responsabilidades, que vienen a regir el ejercicio de su labor. Como consecuencia de este régimen de responsabilidad, los agentes aduaneros no solamente serán garantes ante el importador o exportador, sujetos de los cuales resultan ser representantes, sino también ante el Fisco, como consecuencia precisamente del mandato que ostentan y de las funciones que desempeñan como coadyuvantes de la Administración.
En este sentido y para el caso concreto, no puede tener por probado este Tribunal, con base en los elementos probatorios que constan en autos, que existan hechos o actuaciones que impliquen responsabilidad del importador, donde se demuestre de forma fehaciente su participación en la propiciación de los hechos que se sancionan, restando solamente imputar los mismos a quien por ley resulta verdaderamente responsable, sea el agente aduanero.
En así, que en relación a la responsabilidad por parte del importador, debe tenerse claro que no es posible confundir los sujetos en contra los cuales debe dirigirse un procedimiento determinativo y quienes deben ser llamados como parte en un procedimiento sancionatorio. Así, el sujeto pasivo de la obligación tributaria aduanera, sea el obligado a su cumplimiento, es el contribuyente, o quien resulte responsable del pago, en razón de las obligaciones que le impone la ley, por lo que sujeto pasivo no será solamente quien realice directamente el hecho imponible (contribuyente) sino también otras personas a quienes la ley denomina “responsables”, aún cuando sean ajenos al mismo, es decir, son responsables u obligados por deuda ajena1. En esta última categoría se encuentra situado el agente aduanero, quien resulta ser solidariamente responsable junto con su mandante por el pago del adeudo tributario, sus intereses, multas y demás recargos correspondientes que surjan o se deriven de las operaciones aduaneras en que intervengan,2 razón por la cual, podrá la Administración, cuando determine la existencia de sumas pendientes de cancelar, elegir si dirige su acción cobratoria contra el consignatario o consignante de las mercancías, según se esté ante importaciones o exportaciones, o bien, contra el agente aduanero que como representante legal de su mandante, actuó en el despacho aduanero de las mismas. (…)

(…)Así las cosas, si no hubiese sido por la acción preventiva y oportuna del funcionario aduanero, que se percata de la incorrección cometida, se logró recuperar (que es muy distinto a no haberse generado), la diferencia de impuestos adeudada, porque en efecto se cubrió la totalidad del adeudo tributario determinado por la Administración, puesto que de lo contrario el Estado no hubiese podido en ese momento resarcirse del perjuicio causado, antes de autorizar la salida de la mercancía del recinto aduanero. Es decir, que el perjuicio económico se causó, se consumó en el momento mismo en que el agente aduanero consignó en forma errónea el estilo y las extras del vehículo, generando una modificación de la clase tributaria y el valor de importación en la declaración de referencia, cancelando en consecuencia un monto menor al que correspondía.

Lo cierto es, que el monto correcto fue establecido en virtud de la acción preventiva y precisa de la autoridad aduanera, por lo que no resulta atendible el argumento de que no hubo perjuicio económico. De tal suerte que si el funcionario no lo detecta durante el procedimiento de revisión, la mercancía hubiese salido del control aduanero sin haber pagado los impuestos que efectivamente le corresponde, prolongando en el tiempo el perjuicio fiscal y afectando así los intereses patrimoniales del Estado, por lo que no lleva razón el recurrente en sus comentarios.(…)

(…)En el caso concreto, ese era el momento oportuno en que el recurrente, si se sentía agraviado con el cambio efectuado que le estaba notificando la aduana, y en general con lo que estaba actuando el funcionario aduanero, debía utilizar para presentar las impugnaciones respectivas, alegando lo que estimase necesario, sin presumir que su actuación no debía tener ningún efecto y en su lugar, comparecer en un procedimiento sancionatorio cuya naturaleza y finalidad son absolutamente diferentes, a pretender oponerse a aquellos cambios o a la forma en que se actuó en aquel momento, siendo que en aquella oportunidad consintió sin controversia, según está demostrado en expediente, y pretende ahora por la vía de la apelación del procedimiento de sanción, que el Tribunal entre a revisar un procedimiento de despacho que es definitivo para el recurrente y para lo cual este Tribunal no tiene competencia, porque desborda o se aparta de la litis que está conociendo.

En efecto, recordemos que el Tribunal Aduanero, es un órgano contralor no jerárquico del Servicio Nacional de Aduanas, y en ese sentido sólo puede entrar a conocer de un determinado asunto, si se ha interpuesto un recurso de apelación, conforme con lo indicado por el artículo 181 de la Ley General de la Administración Pública, en relación con el artículo 205 de la LGA(…)

(…)Por tanto, si el recurrente estaba inconforme con la citada modificación a la obligación tributaria aduanera realizada por la aduana con el ajuste correspondiente, debió oponerse formalmente dentro del plazo de tres días posteriores a la notificación del acto que consideró lesivo, interponiendo los recursos que la LGA le otorga al efecto en su numeral 198, facultad que no practicó tal y como ha quedado demostrado en expediente, por lo que sobre lo argumentado evidentemente no entra a analizar este Tribunal, y en consecuencia, no valora o se pronuncia sobre si la modificación estuvo correcta, porque tal procedimiento ya quedó firme y no es el objeto de la presente litis, tal y como ya se señaló. No obstante, al entrar a analizar el fondo del asunto, en concreto, al examinar la conducta que se le se atribuye como reprochable al recurrente y el tipo aplicado, esto es, el artículo 242 de la LGA, en virtud de imputársele un error señalado en la declaración aduanera de cita, se hará referencia a la normativa especial, de obligado acatamiento que el recurrente estaba compelido a cumplir en el presente caso. En consecuencia no corresponde declarar la nulidad del procedimiento sancionatorio al no existir en este procedimiento de imposición de multa la nulidad alegada. (…)

II parte

Sentencia: 074-2012

Restrictor: Principio de tipicidad

Restrictor: Descripción de la conducta verbo activo

Restrictor: Análisis de culpabilidad
“(…)El principio de tipicidad es una aplicación de la máxima de legalidad consagrado en el numeral 11 de la Constitución Política y de la LGAP y 108 del CAUCA, que exige la delimitación concreta de las conductas que se hacen reprochables a efectos de su sanción.

Para que una conducta sea constitutiva de una infracción, no es suficiente que sea contraria a derecho, es necesario que además esté tipificada, sea que se encuentre plenamente descrita en una norma; esto obedece a exigencias de seguridad jurídica, pues siendo materia represiva, es necesario que los administrados sujetos a un procedimiento sancionatorio puedan tener entero conocimiento de cuáles son las acciones que deben abstenerse de cometer, so pena de incurrir en una conducta infraccional. Toda sanción debe estar antecedida de una clara demostración de los hechos, pero también de la acreditación de la ilegalidad de la conducta.(…)

(…)Por tanto, para el caso concreto el sujeto activo, es decir, la persona que puede cometer la infracción de cita, y de acuerdo a lo estipulado en el artículo bajo análisis, no debe tener una condición especial previamente determinada por el legislador, es decir, no requiere necesariamente ser agente aduanero u otro auxiliar de la función pública, sino que cualquier persona que adecúe su conducta a lo establecido por la norma puede convertirse en sujeto activo de esta infracción. Así las cosas, no existe duda de que el agente aduanero xxx, que en todo caso tiene la condición de auxiliar de la función pública aduanera, definido por la legislación como aquellas “personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que participen habitualmente ante el Servicio Nacional de Aduanas, en nombre propio o de terceros, en la gestión aduanera.” (Artículo 28 LGA), puede ser autor de dicha infracción, no presentándose ningún problema en cuanto a la determinación del elemento subjetivo del tipo.(…)

(…)Descripción de la Conducta-Verbo Activo:

Respecto a los elementos objetivos del tipo, desglosando la norma, son varias las conductas-verbos, que se describen como violatorias del régimen jurídico aduanero, y que el legislador sancionó en este artículo, tal y como se señala a continuación:

    • Lo que debe considerarse en estricto sentido una infracción tributaria, (primer párrafo) y

    • Aquellas situaciones o supuestos que en principio constituyan delitos de conformidad con los numerales 211 y 214 de la LGA y que en razón de ello debe necesariamente demostrarse la intencionalidad del sujeto, pero que el valor de las mercancías no supere los cinco mil pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional, en cuyo caso se consideran infracciones tributarias aduaneras, sancionables en sede administrativa. (Segundo párrafo).


En el presente asunto, resulta aplicable lo dispuesto en el primer párrafo, toda vez que este Tribunal no cuenta con ningún elemento en expediente, del cual pueda derivar la intención del recurrente de cometer la anomalía que se le atribuye, no pudiendo este Colegiado estimar que estemos ante la posible comisión de las figuras contempladas en los artículos 211 o 214 de la LGA.

Asimismo la falta que se atribuye al recurrente es evidentemente por la declaración errónea de la clase tributaria de la mercancía, específicamente por la clase tributaria declarada del automotor, que generó la modificación del valor de importación o base imponible del vehículo, provocando un perjuicio fiscal que superó los cien pesos centroamericanos, detectado en el procedimiento de verificación, como lo veremos adelante(…)

(…)Se desprende de lo anterior, que la acción o la omisión del sujeto, para que pueda ser sancionada, sea reputada como típica, debe reunir todas y cada una de de las siguientes cuatro condiciones, mismas que serán analizadas de seguido:


  1. que infrinja el régimen jurídico aduanero.

  2. que cause perjuicio mayor de $100.

  3. que no sea delito.

  4. que no esté sancionada con suspensión del auxiliar de la función pública aduanera.(…)


(…)Es claro entonces que debe realizarse una valoración de la conducta del posible infractor, determinando la existencia del dolo o la culpa en su actuación, puesto que la culpabilidad presupone la existencia de la imputabilidad o sea la condición del infractor que lo hace capaz de actuar culpablemente, su vigencia permite que un sujeto sea responsable por los actos que podía y debía evitar, se refiere a la situación en que se encuentra la persona imputada, la cual, pudiendo haberse conducido de una manera ajustada a derecho no lo hizo. Lo anterior se basa en la máxima de que no hay pena sin culpa, debiéndose demostrar en el presente caso el elemento subjetivo, esto es, que el recurrente efectivamente omitió el cumplimiento de determinada obligación y que no existe una causa eximente de responsabilidad, es decir que no existe ninguna justificación que permita establecer que no tiene culpa alguna o no le es reprochable la conducta, pues no dependía de su actuación los hechos atribuidos3.
Se debe entonces, realizar una valoración subjetiva de la conducta del posible infractor, determinando la existencia del dolo o la culpa en su actuación, siendo que esta última se presenta cuando obrando sin intención y sin la diligencia debida se causa un resultado dañoso, previsible y penado por ley. Así tenemos, entre las formas de culpa el incumplimiento de un deber, actuando sin la debida precaución (negligencia) o el afrontamiento de un riesgo (imprudencia).

Para el caso concreto, a pesar que no se tiene por demostrado en la especie que la actuación del recurrente haya sido cometida con dolo, esto es, que haya presentado la declaración citada con error u omisión en forma intencional, pretendiendo burlar al Fisco y queriendo ese resultado, sin embargo, sin lugar a dudas tal infracción sí se puede imputar a título de culpa, entendiendo por tal conforme a la doctrina “…la falta a un deber objetivo de cuidado que causa directamente un resultado dañoso previsible y evitable…4, fundamentándose el reproche personal contra el autor que no ha omitido la acción antijurídica aunque podía hacerlo, aspecto que puede verificarse en autos de conformidad con el análisis jurídico ya realizado respecto a las responsabilidades que el Ordenamiento Jurídico Aduanero le había impuesto al imputado, así como con los documentos que constan en expediente, existiendo una clara y directa relación de causalidad entre la presentación y transmisión de la declaración incorrecta por error en la clase tributaria y el valor de importación de repetida cita y la falta de diligencia del recurrente, tal y como se analiza a continuación.

Así, es ineludible el obligado conocimiento que el recurrente, como agente aduanero persona física, posee de las sanciones que determinada la legislación si no cumple con sus obligaciones legales y reglamentarias, por ello no podía permitir el A Quo que ocurrieran los hechos que se discuten en el presente caso sin imponer la pena respectiva, ya que como se analizó supra, el incumplimiento del régimen de responsabilidad al que se encuentra sometido el imputado es evidente, estimando este Tribunal que es correcta la actuación de la Administración al sancionar al recurrente por incumplir con las prescripciones señaladas, puesto que del análisis de los elementos que constan en autos, efectivamente se determina que el agente aduanero xxx ha actuado en forma negligente, al haber declarado incorrectamente la clase tributaria respecto al vehículo importado, que no correspondía, violentando lo dispuesto en el artículo 86 de la LGA y el procedimiento especial para la determinación del valor de importación de los vehículos usados establecido en el Decreto Ejecutivo 32458-H publicado en la Gaceta 131 del 7 de julio del 2005, vigente al momento de los hechos, sin la cautela o precaución necesarias para evitar el resultado perjudicial al consignar una clase tributaria y un valor de importación que no correspondían al vehículo objeto de la controversia, sin que se haya probado en expediente algún eximente de responsabilidad a tenor de lo dispuesto en el artículo 231 de la LGA, según se analizará más adelante.(…)” ( en similar sentido ver sentencias 078-2012, 079-2012, 086-2012, 113-2012, 137-2012, 141-2012, 172-2012,177-2012, 187-2012, 204-2012, 214-2012, 219-2012, 234-2012, 240-2012, 090-2012,109 2012, 117-2012, 121-2012, 125-2012, 129-2012, 133-2012 ,144-2012, 145-2012, 147-2012, 152-2012, 155-2012, 157-2012, 160-2012, 161-2012, 165-2012, 166-2012, 168-2012, 173-2012, 175-2012, 180-2012, 182-2012 ,185-2012, 187-2012, 190-2012, 191-2012 ,192-2012, 193-2012, 195-2012, 197-2012, 198-2012, 199-2012, 200-2012, 202-2012, 203-2012, 205-2012, 207-2012, 208-2012, 210-2012, 209-2012, 212-2012, 213-212, 217-2012, 218-2012, 232-2012, 235-2012, 236-2012, 237-2012, 239-2012, 242-2012, 243-2012, 244-2012, 245-2012, 246-2012, 247-2012, 248-2012, 249-2012, 250-2012, 252-2012, 253-2012, 254-2012)

En adición a sentencias que señalan como litis multas del artículo 242 de la LGA ya indicadas
Sentencia: 082-2012

Descriptor: Procedimiento sancionatorio de imposición de la sanción de multa establecida en el artículo 242) de la LGA

Restrictor: Sin lugar

Restrictor: Sobre la responsabilidad del agente aduanero por la utilización del token
“(…)Pretende el recurrente, que la Autoridad obvie su responsabilidad en la utilización de su token o firma digital, aún y cuando la misma forma parte del régimen de responsabilidades de todo auxiliar de la función pública agente aduanero, correspondiendo a un aspecto de extrema importancia para el ejercicio de la función aduanera en razón del grado de seguridad que la utilización de dichos dispositivos genera para el Sistema Aduanero Nacional. Al respecto, desde ya se deja claro que en relación a este punto, no se trata de responsabilizar al Agente Aduanero de forma automática dejando de lado la verdad real, por el contrario, tal y como quedará expuesto, su responsabilidad respecto de la utilización y custodia del token, es respaldada por la normativa aduanera nacional y supranacional como expresión de su relevancia técnica y jurídica, siendo que en relación a los hechos que puedan haberse suscitado por la utilización del token por personas distintas del agente aduanero, la investigación respecto de los mismos, escapa de la esfera de capacidades de esta instancia, debiendo tenerse además en consideración la ausencia de elementos probatorios en expediente sobre estos supuestos argumentados por el recurrente.

Primeramente, para comprender la importancia del resguardo del token o firma digital, ha de entenderse su significado dentro de una estructura aduanera que utiliza un sistema cuyos trámites se realizan vía electrónica (Internet), utilizando el escaneo y envío de imágenes bajo extremas medidas de seguridad, como lo es la encriptación de información. Esta última está respaldada por la utilización de firmas electrónicas de los agentes aduaneros u otros auxiliares de la función pública aduanera que, bajo un registro riguroso y certificado, se les autoriza y se les emite un token o firma digital, el cual cumple con todos los requisitos exigidos por la LGA para que sea considerada bajo fe de juramento. Así, la firma digital es una herramienta tecnológica que permite garantizar la autoría e integridad de los documentos digitales, utilizada en la transmisión, gestión y transformación de instrumentos electrónicos a un método criptográfico, que asocia la identidad de una persona o de un equipo informático al mensaje o documento, siendo que en función del tipo de firma, puede asegurarse la integridad de los mismos y como en la firma autógrafa o manuscrita puede vincularse para identificar al autor, para señalar conformidad o disconformidad con el contenido y mostrar el tipo de firma, lo mismo que para garantizar que no se modifique su contenido. El token es un dispositivo removible, criptográfico, en donde reside la clave privada de determinado auxiliar de la función pública y es en donde se produce la firma digital.

De esta forma, la firma digital o token designado a cada agente aduanero, será aplicado en todas las declaraciones aduaneras que emita éste ante el Servicio Nacional de Aduanas, validando así la operación aduanera que solicita ante la aduana correspondiente, y configurándose como prueba de los actos realizados5. (…)

(…)En razón de lo expuesto y en relación a los alegatos del recurrente, es claro que el uso responsable del token o firma digital recae exclusivamente en la persona del agente aduanero y no en la persona jurídica que le contrata o de terceros, lo que aplicado al caso concreto genera que, sea cual sea el uso que se le dio al token asignado al Agente Aduanero xxx, o si este permitió que terceros tuvieran en su poder el mismo, actuó con descuido, vulnerando el nivel de seguridad que está llamado a aplicar respecto a dicho dispositivo, resultando improcedente pretender que por la supuesta utilización del token por terceras personas (que además no se logra tener por probada en autos), se le exima de responsabilidad en el ejercicio de sus funciones.(…)”

Sentencia: 097-2012

Descriptor: Procedimiento sancionatorio de imposición de la sanción de multa establecida en el artículo 242) de la LGA

Restrictor: Inadmisibilidad del recurso por extemporáneo
“(…)Objeto de la litis: El objeto de la presente litis se refiere al procedimiento sancionatorio iniciado por la Aduana Santamaría contra el agente de aduana persona natural señor xxx, al considerar que es acreedor a la sanción de una multa equivalente al valor aduanero de las mercancías prevista en el artículo 242 de la Ley General de Aduanas, por la suma de $1.342,86, pagaderos al tipo de cambio al momento de cometer la infracción, al efectuar una incorrecta declaración de la clase tributaria y en consecuencia del valor de importación del vehículo amparado a la Declaración Aduanera de Importación Declaración Aduanera xxx, lo cual generó una diferencia de impuestos por la suma de ¢188.805,92 cancelada mediante el sistema de pagos SINPE.(…)
(…)En tal sentido dispone el artículo 198 de la LGA que contra el acto final dictado por la Aduana competente, caben los recursos de reconsideración y apelación para ante el Tribunal Aduanero Nacional, siendo potestativo usar ambos recursos ordinarios o sólo uno de ellos, los cuales deben interponerse dentro de los tres días siguientes a la notificación del acto impugnado, condicionando la admisibilidad a dos requisitos procesales, sea en cuanto al tiempo que dispone el interesado para interponerlo y además el relativo a la capacidad procesal de las partes que intervienen en expediente. En el caso bajo estudio, el proceso sancionatorio se dirige directamente contra el Agente Aduanero persona natural xxx, quien es el agente que tramitó la Declaración Aduanera xxx y es él quien interviene en autos, siendo en consecuencia la persona legitimada para recurrir, cumpliéndose en la especie con el presupuesto procesal de legitimación. No obstante, según consta a folio 80, la resolución recurrida le fue notificada al interesado el día 2 de setiembre de 2011 y a folio 81 consta que en fecha 26 de octubre del mismo año el interesado recurrió lo dispuesto por la Aduana en el acto final, motivo por el cual los recursos resultan extemporáneos, toda vez que se interpusieron fuera del plazo de los tres días hábiles establecidos al efecto por la Ley General de Aduanas.

Por lo anterior concluye este Tribunal que lleva la razón la Aduana Santamaría en rechazar el recurso de reconsideración por haber sido presentado en forma extemporánea al igual que el de apelación, dado que es un hecho cierto que fue interpuesto fuera del plazo legalmente autorizado en el artículo 198 de la Ley General de Aduanas, que para lo de interés señala:
Artículo 198. — Impugnación de actos. Notificado un acto final dictado por la aduana, incluso el resultado de la determinación tributaria, el agente aduanero, el consignatario o la persona destinataria del acto, podrá interponer el recurso de reconsideración y el de apelación para ante el Tribunal Aduanero Nacional, dentro del plazo de los tres días hábiles siguientes a la notificación. Será potestativo usar ambos recursos ordinarios o solo uno de ellos…” (El subrayado no es del original)
Es así, que en el caso sometido a conocimiento de este Tribunal se determina que se está en presencia de un acto firme y no habiendo causa para cuestionar su validez, para el cual acaeció en sede administrativa la caducidad de la acción por expiración del plazo y consecuente decaimiento de su derecho. En igual sentido este Colegiado se ha pronunciado desde su conformación al indicar, entre otras, en las sentencias números 42-98, 67-98, 16-99, 35-99, 175-2006, 310-2007, 222-2008, 036-2009, 132-2009, 44-2010, 070-2010 y 003-2011(…)
(…)A su vez el artículo 292 inciso 3) de la Ley General de Administración Pública que es norma supletoria al no contener la Ley General de Aduanas, por su orden, ni el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, norma alguna que regule ese aspecto señala que: “La Administración rechazará de plano las peticiones que fueren extemporáneas...”.
Por todo lo indicado, no encuentra razones este Tribunal para variar el criterio externado en las sentencias supra citadas, toda vez que en el presente asunto no se presentó el recurso dentro del plazo legalmente establecido de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Aduanas y en la Ley General de Administración Pública, por lo que es pertinente declarar inadmisible el presente recurso.
En razón de lo anterior, no puede este Tribunal entrar a conocer los argumentos de la parte. Sin embargo, no omite señalar este Colegiado al recurrente, que conforme con lo dispuesto en el artículo 31 del Código Procesal Administrativo, vigente desde el 1 de enero del año 2008, puede acudir a la instancia judicial a impugnar el acto que considera lesivo, toda vez que actualmente el ejercicio de los recursos ya no constituyen un presupuesto necesario para la posterior impugnación en vía jurisdiccional, pues de conformidad con lo prescrito por el numeral supra señalado, ya no se requiere agotar todas las instancias administrativas para poder acceder a la citada sede, en virtud de que el agotamiento de la vía administrativa es facultativo, salvo para lo dispuesto en los artículos 173 y 182 de la Constitución Política.(…)” ( ver en similar sentido sentencia 221-2012, 226-2012, 238-2012, 272-2012 )

En adición a sentencias que señalan como litis multas del artículo 242 de la LGA ya indicadas
Sentencia: 101-2012

Descriptor: Procedimiento sancionatorio de imposición de la sanción de multa establecida en el artículo 242) de la LGA

Restrictor: Sin lugar

Restrictor: Sobre las excepciones
“(…)Para el caso concreto, el recurrente manifiesta interponer las excepciones de falta de derecho, falta de causa y de tipicidad. Al respecto, debe primeramente tenerse en consideración que las excepciones son un conjunto de actos legítimos del sujeto contra el cual se incoa un procedimiento, tendientes a proteger un derecho determinado, constituyéndose en un poder facultativo que le otorga la ley al sujeto pasivo, una vez establecida la relación jurídico procesal, de dar a conocer ciertos hechos, sustanciales o procesales, que una vez acogidos por el órgano competente, ante el cual se han hecho valer, produce la desestimación de la pretensión invocada o la interrupción total o parcial del asunto.
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