Competencia La jurisdicción






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UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO

LEGISLACIÓN LABORAL
Jurisdicción y competencia
La jurisdicción
Jurisdicti es un vocablo latino compuesto por las palabras fus, que significa "derecho", y dicere, "decir", que juntas expresan "declarar el derecho". Esta función se encomendó desde la antigüedad al Estado, que la realiza por medio de los órganos investidos de tal poder. Sin embargo, como se lleva a cabo en un territorio o lugar determinado, la expresión jurisdicción designa, a la vez, tanto el poder de decisión de esos órganos como el ámbito o espacio en el cual se ejercita ese poder.
Según Couture,1 un sentido preciso y técnico defunción pública es hacer justicia; por su parte, Castro2 afirma que jurisdicción es la facultad conferida al Pode Judicial para declarar el derecho, aplicarlo o hacerlo cumplir. Lascano señala que la jurisdicción consiste en la actividad con que el Estado provee la realización de la regla jurídica, cuando existe un conflicto de intereses.
Al desglosar las definiciones anteriores encontraremos en ellas como nota característica de la función jurisdiccional la de ser eminentemente pública y que sólo el Estado la ejercita, y de ahí su conocido carácter estatista. Al definirla, Chiovenda define jurisdicción como la actuación de la ley mediante la sustitución de la actividad de órganos públicos a la actividad ajena, ya sea afirmando la existencia de una voluntad de ley, ya poniéndola posteriormente en práctica.
Jurisdicción del trabajo
Sin ignorar a Carnelutti en el sentido de que la jurisdicción es única en cuanto a ejercicio de un poder, y que las llamadas clases de jurisdicción no han sido sino manifestaciones de un solo instituto, ligadas entre sí por un mismo principio rector, es necesario tomar conciencia de que la diversidad de las ramas jurídicas han hecho práctica la división del concepto jurisdicción. Por ello, en este caso nos ubicaremos ante el estudio concreto de lo que denominamos jurisdicción en materia laboral.
Así, ante esta relativa fragmentación de la jurisdicción, tendremos que reconocer su fragilidad en cuanto concepto, porque éste presenta diversas características, acuerdo con el país de que se trate. Por ejemplo, puede ejercitarse a través de jueces comunes, ante jueces especiales para esta materia o ante tribunales integrados por una representación de trabajadores, patrones y Estado; en estos casos, la doctrina se divide y apoya la conveniencia de uno y otro sistema. Aquí nos limitaremos a analizar el sistema adoptado por nuestra Constitución y la ley, que deposita esta jurisdicción en un tribunal tripartito, llamado Junta de Conciliación y Arbitraje, constituido por un representante de los trabajadores, otro de los patrones y un tercero de parte del Estado; este último fungirá como presidente del tribunal.
Estos tribunales guardan como característica especial la no dependencia del Poder Judicial. Esto se desprende del texto de la Constitución, que en su parte relava dice: "Se deposita el Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de rustida, en Tribunales Colegiados de Circuito en materia de amparo y unitarios en materia de Apelación y Juzgados de Distrito". Como se ve, en ninguna parte del texto constitucional concerniente al Poder Judicial se menciona a las Juntas de Conciliación y Arbitraje. En cambio, en la fracc. xx del art. 123 de la Constitución, se establece que las diferencias o conflictos entre el capital y el trabajo se sujetarán a la declaración de la Junta de Conciliación y Arbitraje.
También es importante precisar cuáles son los límites y los alcances de la jurisdicción laboral. Por ello, en primer lugar habremos de considerar que una cosa es la jurisdicción y otra muy diferente la competencia. La amplitud de la jurisdicción se determina en su extensión por las pretensiones que integran lo que sería el objeto del proceso, como también por la naturaleza de la relación que sirvió fundamento a la pretensión; en otras palabras, en lo que permite saber si el conflicto pertenece o no a la materia laboral. En cambio, la competencia tiene que partir del supuesto previo de la jurisdicción y, desde ella, establecer sus límites funcionales, jerárquicos y territoriales.
A partir de lo expuesto, para medir la amplitud de la jurisdicción del trabajo debemos tener en cuenta que es la Junta de Conciliación y Arbitraje, de acuerde con la Constitución, la única competente para conocer, resolver y ejecutar sus resoluciones en conflictos de carácter laboral tanto individuales como colectivos. La fracc. xx del art. 123 constitucional es la que otorga estas facultades a la Junta de Conciliación y Arbitraje. Si bien es cierto que durante muchos años se les negó a estos tribunales la facultad de ejecutar sus propias resoluciones, con posterioridad la Suprema Corte reconoció con acierto dicha facultad como fundamental para que las Juntas pudiesen impartir justicia laboral.
Otra cosa diferente es cómo determinar los supuestos, a fin de saber si realmente en un conflicto debe recurrirse a la jurisdicción laboral. Para determinar esto hay que basarse en dos puntos capitales:
a) La calidad de las personas que intervienen en el conflicto.

b) El objeto material del mismo.
En lo que concierne al primer aspecto, los que ahí intervienen deben pertenecer al sector de trabajadores o patrones. En la práctica, esto debería ser una situación palmaria y evidente; sin embargo, en muchos casos la determinación de la calidad de las partes que intervienen en el conflicto implica una tarea difícil. Respecto del objeto materia de la controversia, los conflictos laborales son muy variados y surgen por controversias entre patrones y trabajadores, entre los segundos y su sindicato o puede tratarse de problemas entre sindicatos y empresas, etcétera.

Una síntesis de la jurisdicción del trabajo: forma parte de la jurisdicción general del país, pero se caracteriza por la especialidad de sus instituciones, así como por los fines que busca. Tal especialidad se manifiesta en la creación de autoridades propias para dirimir los conflictos laborales, así como la existencia de un procedimiento característico para la actuación de las normas positivas del derecho de trabajadores y patrones.
La definición de competencia
En el derecho procesal, el término competencia se encuentra íntimamente vinculado con el estudio de la jurisdicción, instituto que con la acción y el proceso constituyen la trilogía estructural básica de la ciencia procesal. De ahí que hayamos optado por incluir el tratamiento de este tema dentro del mismo capítulo en que se trata la jurisdicción, puesto que resulta necesario fijar de antemano el concepto de ésta, a fin de que pueda entenderse qué es.
Algunas definiciones nos acercarán a la idea genérica de la institución. Para Lascano, competencia es la capacidad del órgano del Estado para ejercer la función jurisdiccional que se le ha encomendado. Rocha cree que competencia es la aptitud del juez para ejercer su jurisdicción en caso determinado, en tanto que para Podetti es el poder que la Constitución, la ley o los reglamentos atribuyen a cada fuero y a cada tribunal o juez. Chiovenda, por su lado, define competencia como la parte del poder jurisdiccional que puede ejercitar el organismo, y Goldschmidt señala que es el ámbito de actuaciones de los distintos tribunales en sus relaciones entre sí.
Todas estas definiciones suponen siempre el principio de jurisdicción, porque dicho poder jurisdiccional, en cada uno de los órganos investidos de él, se nos presenta con limitaciones que constituyen justamente su competencia. La competencia de un organismo es, por tanto, la parte del poder jurisdiccional que puede ejercitar. De ahí que se diga con mucha frecuencia que competencia es la medida de la jurisdicción, y que ésta se distribuye entre las diversas autoridades judiciales. Tal afirmación nos demuestra que jurisdicción y competencia guardan una íntima relación, pero como hemos visto se trata de dos cosas diferentes que, por conveniencia en el estudio del derecho procesal, no deben ser confundidas. Así, cada Tribunal sólo puede ejercer jurisdicción dentro del límite de competencia que le esté señalado por la ley.
Factores que determinan la competencia. La competencia estará determinada por la influencia de varios factores que actúan en forma determinada y crean los límites de dicha competencia. Ellos son:
Factor objetivo, que se relaciona con el objeto materia del conflicto, ya sea en cuanto a su naturaleza propia (laboral) o a su cuantía.

Factor subjetivo, que se refiere a la calidad de las partes en litigio, sean trabajadores o patrones.

Factor territorial, que hace referencia a la circunscripción territorial atribuida a cada órgano jurisdiccional.
Así, dice Chiovenda: "Los diversos pleitos de la misma naturaleza son atribuidos a jueces de la misma naturaleza, pero con sede en lugares distintos."
Con la conjunción de estos factores surge una competencia que nos ha de servir de base para abordar el tema. Por principio, debe señalarse que la competencia, en un sentido objetivo, se sustenta en razón de la materia, y es así como veremos que los conflictos obrero-patronales (individuales o colectivos), de acuerd con la Constitución y la Ley Federal del Trabajo, han encargado para su trámite resolución a las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Por razones de competencia territorial, estas Juntas están limitadas a conocer el art. 698 de la ley.
A fin de desglosar el tema de una forma diferente de la que tradicionalmente usan los tratadistas, dividiremos los sistemas de tribunales de impartición de justicia laboral en dos: uno local y otro federal. De acuerdo con la Constitución de la República y con la Ley Federal del Trabajo, al sistema local, que bien podríamos llamar también estatal, corresponde conocer de todos los conflictos laborales que surjan en cada uno de los respectivos estados, y al sistema federal los que en calidad de excepción fije el art. 527 de la ley. Éstos son:
I. Ramas industriales:
a) Textil.

b) Eléctrica.

c) Cinematografía.

d) Hulera.

e) Azucarera.

f) Minera.

g) Metalúrgica y siderúrgica, que abarca la explotación de los minerales básicos y el beneficio de la fundición de éstos, así como la obtención de hierro metálico y acero en todas sus formas y ligas, y los productos laminados de los mismos.

h) De hidrocarburos.

i) Petroquímica.

j) Cementera.

k) Calera.

I) Automotriz, incluidas autopartes mecánicas y eléctricas.

m) Química, incluidas química y farmacéutica, y medicamentos.

n) Celulosa y papel.

o) Aceites y grasas vegetales.

p) Productos de alimentos, exclusivamente los de la fabricación de los que serán empacados, enlatados o envasados o que se destinen a ello.

q) Elaboradora de bebidas envasadas o enlatadas que se destinen a ello.

r) Ferrocarrilera.

s) Maderera básica, que comprende la producción de aserradero y la fabricación de triplay o aglutinados de madera.

t) Vidriera, sólo la fabricación de vidrio plano, liso o labrado, o de envases de vidrio.

u) Tabacalera, que comprende el beneficio o fabricación de productos de tabaco.
II. Empresas:
a) Las que sean administradas en forma directa o descentralizada por el gobierno federal.

b) Las que actúen en virtud de un contrato o concesión federal y las industrias que les sean conexas.

c) Las que ejecuten trabajos en zonas federales o que se encuentren bajo jurisdicción federal, en las aguas territoriales o en las comprendidas en zonas económicas exclusivas de la nación.
También corresponderá a las autoridades federales la aplicación de las normas de trabajo en los asuntos relativos o conflictos que afecten a dos o más entidades federativas, contratos colectivos que hayan sido declarados obligatorios en más de una entidad federativa y obligaciones patronales en las materias de capacitación y adiestramiento de sus trabajadores y de seguridad e higiene en los centros de trabajo.
Ambos sistemas, el local y el federal, en su interacción funcional, así como en cuanto a las normas de procedimientos a que deben atenerse, guardan similitud, ya que dichas normas son las mismas para los dos sistemas establecidos en la Ley Federal del Trabajo. Además, dentro de cada sistema existe una ordenación de atribuciones. De esta forma, en el sistema local existen:
a) Juntas Locales de Conciliación

b) Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje
De acuerdo con la ley, las primeras se instalarán en municipios o zonas económicas que determine el gobernador de cada estado, según las necesidades del mismo. A tales Juntas les son aplicables las disposiciones contenidas en los arts. 591 al 600 de la Ley Federal del Trabajo. Estas Juntas, cuya misión principal es actuar en instancia conciliatoria, potestativa, para trabajadores y patrones, podrán también arbitrar en forma ocasional cuando el conflicto planteado ante ellas tenga por objeto el cobro de prestaciones cuyo monto no exceda del importe de tres meses de salario. Consideramos que esta hipótesis prevista en la ley es casi imposible que se presente, si se considera que quien reclama prestaciones a un patrón, aun sin exceder de tres meses de salario, por lo general también exige las prestaciones proporcionales, como el pago de vacaciones y aguinaldo, por lo que la cantidad reclamada aumenta y rebasa en la mayor parte de los casos el límite fijado por la ley para que estas Juntas también puedan arbitrar, no sólo conciliar.

Por último, resta aclarar que estas Juntas están integradas por un representante del Estado y los respectivos representantes de trabajadores y patrones. Por prohibición específica de la ley, tales organismos no podrán establecerse en la zonas económicas o los municipios en los que ya existan instaladas Juntas de Conciliación y Arbitraje.
Organización judicial del trabajo
En México, la organización judicial del trabajo cuenta con la Ley Federal del Trabajo, que precisa que la justicia laboral se impartirá mediante Juntas Locales y Federales de Conciliación y Arbitraje. Dichos tribunales se forman con representación tripartita: un representante obrero, uno patronal y otro del gobierno, que funge como presidente del tribunal. La nominación de los demás representante se efectúa por medio de elecciones sectoriales, es decir, por los trabajadores y la patrones, respectivamente. De acuerdo con los lineamientos que la ley señala estos sectores elegirán a la persona idónea en la integración del tribunal. Lo patrones, por su parte, en idéntica forma elegirán a su representante con la periodicidad señalada en el art. 648 de la ley, cada seis años. El representante del Esta do en el tribunal lo designa el gobernador del estado o el secretario del Trabajo j Previsión Social, en los casos en que a él corresponda hacerlo, de acuerdo con 1< que establece la ley.
La ubicación de las Juntas de Conciliación, obedece a un orden competencia; que se relaciona con la no existencia de Juntas de Conciliación y Arbitraje de competencia federal. En cuanto a las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, éstas K establecen en cada una de las entidades federativas, aunque es facultad de los gobernadores de los estados o del Jefe de Gobierno del Distrito Federal establece más de una, y fijar también su competencia territorial. En cambio, para la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en la ciudad de México la ley previa que funcionará en pleno y en Juntas Especiales.
El art. 606 de la Ley Federal del Trabajo establece que la Secretaría del Trabajo \ Previsión Social, cuando lo requieran las necesidades del trabajo, podrá establece] Juntas Especiales y fijar el lugar de su residencia y su respectiva competencia territorial. Al precisar un poco más lo que se refiere a estos tribunales, la ley dice:
las Juntas Especiales establecidas fuera de la capital de la República, conforme al párrafo anterior quedarán integradas en funcionamiento y régimen jurídico a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Si analizamos con cuidado los planteamientos anteriores, reconoceremos con facilidad los límites de esta nueva jurisdicción y se evitará en la práctica lleva problemas de carácter laboral a otras áreas jurisdiccionales en que serán rechaza dos por tratarse de materias diferentes.
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