Resumen: Esta ponencia hace un recuento general de lo relacionado con el Proceso Monitorio tal y como ha sido concebido en Colombia, con la expedición de la Ley 1564 de 2012, actual Código General del Proceso.






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El Proceso Monitorio en el Código General del Proceso en Colombia. Ley 1564 de 2012. 1

Carlos Alberto Colmenares Uribe.2

Resumen: Esta ponencia hace un recuento general de lo relacionado con el Proceso Monitorio tal y como ha sido concebido en Colombia, con la expedición de la Ley 1564 de 2012, actual Código General del Proceso. De esta manera, se induce al lector, a que conozca las características de un nuevo procedimiento en el país, que dentro de lo que concierne a los procesos declarativos especiales, será de gran utilidad para dar aplicación real a lo que se conoce como principio de celeridad y de economía procesal.

Partiendo de conceptos como los de tutela judicial efectiva y debido proceso, se vislumbra al proceso monitorio como herramienta útil a la sociedad y de igual forma a la administración de justicia. Son muchas las inquietudes que surgen a partir de la inclusión en la legislación colombiana del mismo, pero lo cierto es que la experiencia que se ha tenido en otros lugares del mundo sirve de base para desarrollar y dar aplicación a este procedimiento que se espera tenga un efecto en el país tal y como el que algún día generó por ejemplo, la petición de tutela.

Palabras Claves: Proceso Monitorio, Mandato de Pago, Obligación, Tutela Judicial Efectiva, Proceso Declarativo

Abstract: This paper makes a general count of matters relating to the Monitoring process as it has been conceived in Colombia, with the enactment of Law 1564 of 2012, current General Code of Procedure. In this way, induces the reader to know the characteristics of new procedures in the country, that in regard to the special declarative processes, will be useful to give the actual application is known as a principle of speed and economy.

Based on concepts such as effective judicial protection and due process, the procedure is seen as a useful tool to society and equally to the administration of justice. There are many concerns that arise from the inclusion in the same Colombian law, but the fact is that the experience has had in other parts of the world provides a basis to develop and to implement this procedure is expected to have a effect on the country as the generated someday eg guardianship petition.

Key words: Monitoring process, Mandate Pay, Obligation, effective judicial protection, Declarative Process

Introducción

El artículo 2 del Código General del Proceso colombiano en desarrollo de principios universales como acceso a la justicia y la tutela jurisdiccional efectiva establece: “Toda persona o grupo de personas tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio de sus derechos y la defensa de sus intereses, con sujeción a un debido proceso de duración razonable”.

Precisamente con la finalidad de tutelar jurisdiccionalmente de una manera eficaz el derecho de crédito cuando no existe un título ejecutivo, se creó el instrumento denominado: “proceso monitorio” interpretado por el propio legislador como “un trámite procesal sencillo a través del cual se facilita la constitución o el perfeccionamiento del título ejecutivo sin necesidad de agotar el trámite del proceso declarativo, siempre que el deudor no plantee oposición”3 .

Cuando se afirma “sin necesidad de agotar el trámite del proceso declarativo” es porque tradicionalmente ha sido el proceso que debe seguir el acreedor para tutelar su crédito cuando no existe el título ejecutivo, y los que están en la práctica judicial, desde cualquier posición, saben que este tipo de procesos termina favoreciendo al deudor quien, sin escrúpulos, aprovechándose de la garantía del derecho de defensa, pone el tiempo y las formas a su favor para dilatar y hacer nulo el derecho de tutela efectiva que puede tener un acreedor de buena fe. Aplazamiento de las diligencias, interposición de recursos y defensas abusivas, entre otros, son algunas de las formas utilizadas para estos fines.

No significa esto que el proceso declarativo no sirva, tampoco que ya no pueda ser utilizado por el acreedor, no, en primer lugar el proceso declarativo es uno de los medios más importantes con que cuenta la jurisdicción civil para hacer justicia, solo que la cantidad de pretensiones que, a través de este medio se solucionan, hace nugatorio tal propósito; por otro lado en todos los ordenamientos jurídicos donde existe el monitorio este tiene el carácter de proceso facultativo , es decir, solamente se acude a este procedimiento cuando el acreedor voluntariamente lo desee, dispone de la faculta de escoger libremente; en este caso es muy probable que elija el monitorio por la rapidez que le garantiza.

La jurista brasilera ADA PELLEGRINI GRINOVER , sobre el abuso del derecho de defensa del demandado y el nacimiento de nuevos procedimientos, en el XII Congreso Mundial de Derecho Procesal, realizado en México, en septiembre de 2003, destacó que se debe: “a) evitar a las partes y a la administración de justicia el “costo” del proceso de conocimiento pleno, en los casos en que no se justifica la plausibilidad de contestación; b) asegurar rápidamente la efectividad de la tutela jurisdiccional en las situaciones de ventaja de contenido (exclusivo o prevalente) no patrimonial y que sufran daño irreparable por la demora en la cognición plenaria, y c) evitar el abuso del derecho de defensa del demandado, mediante la utilización de los instrumentos de garantía previstos para el procedimiento ordinario”.

La mora judicial es una constante evidente en Latinoamérica, particularmente en Colombia, en donde se rinde culto a la forma con sacrificio del derecho material, lo que no se compadece, en sana lógica, con los fines de un Estado social de derecho, que debe brindar a todos los justiciables instrumentos eficaces y sencillos que constituyan la existencia de un conjunto de reglas que no sólo regulen la forma esencial como deben conducirse los procedimientos judiciales, sino que también establezcan procedimientos que hagan efectiva la solución de controversias bajo una óptica garantista de derechos y en un tiempo de duración razonable.

La realidad es esta: según el estudio Doing Business 2012, Colombia ocupa en el contexto mundial el puesto 177 entre 183 países, siendo la justicia colombiana, la sexta más lenta del mundo y la tercera más lenta en América y el Caribe.

“Según el estudio, en Colombia resolver una controversia tipo tarda 1.346 días, que equivale al doble del tiempo promedio que tardan los países de América Latina y del Caribe (708 días) en hacer lo propio, al igual que el doble del promedio de los países del África Subsahariana. De esta manera, según dicho informe, Colombia supera tan solo a la India (1.420 días), Bangladesh (1.442 días), Guatemala (1.459 días), Afganistán (1.642 días), Guinea-Bissau (1.715 días) y Suriname (1.715 días). ,4

Siendo esa la realidad colombiana, los justiciables pueden afirmar que los principios constitucionales de tutela efectiva y plazo razonable son meros enunciados, pues en la práctica se le desconocen todos los derechos reconocidos por la Constitución Política como son: a) exigir ante los jueces el amparo o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos; b) recibir de los jueces la atención oportuna de sus pretensiones en condiciones de igualdad; c) la de gozar, en condiciones de igualdad, del tratamiento procesal adecuado con sujeción a los ritos preestablecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procesales previstas en la Constitución y en las leyes; d) la de obtener, en un tiempo razonable, un pronunciamiento judicial que resuelva sobre su reclamación; y, e) la de alcanzar, en cuanto sea posible, el cumplimiento efectivo de la decisión judicial.

Es esta la importancia del proceso monitorio. El derecho de acceso a la justicia en un Estado social de derecho, como el colombiano, hacerla más asequible para el acreedor que tiene el derecho, pero carece del título ejecutivo, por tener simplemente un principio de prueba o no tener ningún documento, justifica la incorporación del proceso monitorio en nuestra legislación, el cual puede ser iniciado sin intervención de abogado y con un trámite que facilita la constitución de título ejecutivo sin necesidad de agotar todo el trámite de un proceso de conocimiento, de esta forma se cumplen los derechos a la tutela jurisdiccional efectiva, con sujeción a un debido proceso de duración razonable donde el deudor tiene todas las garantías constitucionales para el ejercicio del derecho de defensa.

El Código General del Proceso regula el monitorio en el Libro Tercero, Sección Primera, Título Tercero denominado “Procesos Declarativos Especiales” específicamente en los artículos 419, 420 y 421. La inclusión en el Código General del Proceso destaca dos características del procedimiento: la primera, que es un proceso declarativo y la segunda, que es especial.

En el informe de ponencia para tercer debate (Primer Debate de Senado) de la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado de la República, que antecede al Código General del Proceso, sobre el monitorio se dijo lo siguiente:

1. Es un trámite procesal sencillo a través del cual se facilita la constitución o el perfeccionamiento del título ejecutivo sin necesidad de agotar el trámite del proceso declarativo, siempre que el deudor no plantee oposición. Procede para quien pretenda el pago de una obligación en dinero, de naturaleza contractual, determinada y exigible y que sea de mínima cuantía.

2. Se prevé que en caso de oposición del demandado, la disputa se podrá ventilar en proceso verbal sumario dentro del mismo expediente”.

El proceso monitorio se constituye en un instrumento pensado en la tutela efectiva del crédito sin necesidad de utilizar las herramientas del procedimiento ordinario, hoy verbal para obtener de manera rápida y eficaz una orden de pago de una obligación en dinero, de naturaleza contractual, determinada y exigible que sea de mínima cuantía5.

Se trata de un instrumento pensado no solo en la tutela efectiva sino en la simplificación y celeridad que lo diferencia con el verbal ( antes ordinario) que le permite al juez pronunciarse respecto a las pretensiones del acreedor sobre la demanda, siempre que esta se haya presentado en forma regular, sin oír al demandado, sin audiencia del demandado se emite una orden de pago, cuya eficacia depende necesariamente del demandado, ninguna providencia producirá efectos antes de haberse notificado, salvo los casos expresamente exceptuados 6.

La celeridad que caracteriza al monitorio le permitirá a la justicia colombiana disminuir los 1.346 días que necesita para pronunciarse frente a la pretensión en el procedimiento ofrecido para tutelar derechos y dejar de ocupar el deshonroso puesto 178 entre 183 países,7

1. Denominación, etimología doctrinaria y legal

De acuerdo al diccionario de la lengua española -Vigésima segunda edición- monitorio, ria8.

(Del lat. monitorĭus).

1. adj. Que sirve para avisar o amonestar.

2. m. y f. Persona que avisa o amonesta.

3. m. Monición, amonestación o advertencia que el Papa, los obispos y prelados dirigían a los fieles en general para la averiguación de ciertos hechos que en la misma se expresaban, o para señalarles normas de conducta, principalmente en relación con circunstancias de actualidad”.

Llevando la definición anterior al terreno jurídico, término monitorio es avisar o amonestar, advertencia que se hace a alguien.

El artículo 421 del Código General del Proceso señala expresamente que si la demanda reúne los requisitos legales, el juez ordenará requerir al deudor para que pague.

Las normas especiales que regulan el monitorio establecen que es únicamente para el pago de una obligación en dinero, de naturaleza contractual, determinada y exigible que sea de mínima cuantía y su finalidad es requerir al de deudor para que pague o exponga en la contestación de la demanda las razones concretas que le sirven de sustento para negar total o parcialmente la deuda reclamada con la advertencia en que en caso de no pago o de silencio se dictará sentencia que constituye cosa juzgada condenándolo al pago del monto reclamado, cuya ejecución se hará en el mismo expediente y ante el mismo juez conforme a lo previsto en el artículo 3069.

Entonces, el monitorio es el instrumento por medio del cual el acreedor obtiene una amonestación o un requerimiento o un llamado del juez al deudor de una forma rápida, sumaria.

2. Fin del proceso

Es un instrumento creado en Colombia para que los acreedores que carezcan de título ejecutivo puedan hacer valer el derecho de crédito mediante un procedimiento expedito, fácil, incluso sin abogado, para obtener el pago de una suma líquida de dinero proveniente de una relación de naturaleza contractual.

La finalidad del proceso es la constitución o el perfeccionamiento del título ejecutivo la consecuente ejecución a petición del acreedor.

De manera tal que, en el caso de que el deudor no pague la deuda, ni tampoco comparezca para oponerse a la reclamación del acreedor, el artículo 421 del C. G el Proceso, señala expresamente que se proferirá sentencia condenando al pago del monto reclamado constituyendo cosa juzgada.

Se plantea aquí un interrogante, en tal caso ¿cuál es el título ejecutivo? ¿la orden de pago inicialmente decretada o la sentencia? De acuerdo al mismo artículo citado, es la sentencia, con la que se proseguirá la ejecución, en los términos del artículo 306 del mismo Código, sin que le sea posible al juez hacerlo de manera oficiosa.

Ahora, ¿cuándo el proceso monitorio no crea un título ejecutivo?

Si el proceso monitorio persigue la rápida creación o perfeccionamiento del título ejecutivo no habrá lugar a dicho fin cuando el demandado se opone parcial o totalmente a la pretensión de pago o paga la obligación demandada.

Una vez notificado personalmente el deudor puede asumir dos respuestas: o paga, caso en el cual el proceso se da por terminado por extinción de la obligación; o, no paga sino que se opone a la pretensión de pago.

Entonces, si dentro de la oportunidad legal el deudor se opone totalmente el proceso monitorio llega a su fin y se transforma en un proceso declarativo, sin que sea necesario que se formule una demanda nueva, ante el mismo juez y en el mismo expediente, en tal caso las partes quedan citadas a la audiencia del procedimiento verbal sumario consagrada en el artículo 392 del C. G. del Proceso.

No obstante lo anterior se puede presentar una oposición parcial y, si el demandante solicita que se prosiga la ejecución por la parte no objetada, el Juez dictará sentencia y la parte objetada tendrá su suerte en un proceso declarativo, siendo consecuencia de la solicitud de ejecución parcial que el Juez cite mediante auto a las partes de la audiencia señalada en el acápite anterior.

Conviene señalar algo importante: Habiendo sido notificado el deudor si fallece antes del término para oponerse el proceso monitorio terminará porque el deudor siempre debe ser notificado personalmente sin ser posible el emplazamiento o el nombramiento de Curador Ad-litem.

3. Características de la obligación

El proceso monitorio establecido en Colombia exige que sea una obligación en dinero, de mínima cuantía y que sea determinada y exigible.

La primera respuesta frente a la demanda que reúna los requisitos legales es el mandato de pago sobre una suma de dinero determinada, la que para el momento de su reclamación debe ser exigible, esto es, que no esté sometida a plazo o condición, que tenga la calidad de pura y simple.

El artículo 419 se refiere expresamente a la calidad de deuda dineraria determinada y exigible,

Sabiendo que es dinero, al exigir que sea determinada, es que se señale expresamente su monto, que no exista ninguna duda sobre la cantidad debida, ejemplo que se ordene el pago de la suma de DOS MILLONES DE PESOS, en este caso, se trata de una suma de dinero determinada.

Para proferirse el mandamiento de pago debe estar necesariamente determinada la cuantía, de manera que al realizar el requerimiento de pago debe existir certeza cuál es el monto real de la deuda pretendida y objeto de pago.

Respecto a la cantidad liquida de dinero, no existe ningún problema, pues el propio Código en el artículo 424, la define, así; Entiéndase por cantidad líquida la expresada en una cifra numérica precisa o que sea liquidable por operación aritmética, sin estar sujeta a deducciones indeterminadas”.

Obviamente una deuda exigible implica que sea una deuda vencida.

Por último la obligación deber ser de mínima cuantía, esto es, que no excedan el equivalente a cuarenta Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (40 SMLMV), para el momento de la presentación de la demanda.

Que se trata de una obligación de mínima cuantía tiene doble connotación, por una parte se puede obrar en causa propia, esto es, sin intervención de abogado; la otra, que será de única instancia.

4. Naturaleza de la obligación

El Código General del Proceso, señala expresamente que la obligación debe ser de naturaleza contractual…”, infiriéndose que no es posible la utilización del proceso monitorio para obligaciones extracontractuales u obligaciones legales como los alimentos por ejemplo.

Según las fuentes de las obligaciones, ellas pueden ser contractuales o extracontractuales.

Para saber que estamos frente a un contrato, necesariamente debemos recurrir a la bilateralidad representada en el concurso real de voluntades de dos o más personas encaminadas a la creación de obligaciones unilaterales o bilaterales.

Para saber cuándo una obligación es de naturaleza contractual no existe ningún problema con lo afirmado anteriormente, pero cuando hablamos de una obligación de naturaleza extracontractual estamos hablando de obligaciones derivadas de otras fuentes de obligaciones, distintas a los contratos, como la gestión de negocios o el enriquecimiento sin causa.

La exigencia de naturaleza contractual se encuentra expresamente en el artículo 419 y se reitera en el artículo 420 cuando exige como requisito de la demanda “La manifestación clara y precisa de que el pago de la suma adeudada no depende del cumplimiento de una contraprestación a cargo del acreedor”,

5. Juez Competente

Para conocer del proceso monitorio conforme a las propias disposiciones especiales que advierte que es para obligaciones de mínima cuantía, se aplica el factor objetivo por cuantía y territorial debiendo conocer el juez civil municipal del domicilio del demandado o el lugar de cumplimiento de la obligación a elección del demandante.

El Juez dada la naturaleza y finalidad del proceso donde se destacan la celeridad y la cosa juzgada, debe solamente verificar el cabal cumplimiento de los requisitos de la demanda, sin que sea necesario aportar documento alguno, pues el demandante deberá aportar con la demanda los documentos de la obligación contractual adeudada que se encuentren en su poder.

Ahora, cuando se trata de una obligación verbal, donde no existe una prueba documental, por no tenerlos, deberá señalar dónde están o manifestar bajo juramento que se entiende prestado con la presentación de la demanda, que no existen soportes documentales.

6. Demanda y Requisitos

La demanda monitoria debe dirigirse al Juez Civil Municipal del domicilio del demandado o el lugar de cumplimiento del contrato, a elección del demandante, debiendo aparecer el nombre y domicilio del demandante y del demandado.

El demandante deberá formular como única pretensión el pago de la suma determinada señalando la clase de intereses y su monto. Los intereses se sumaran al capital, sin que el monto de capital e intereses superen la suma de cuarenta salarios mínimos que es el límite de la mínima cuantía.

En la demanda se deberán formular los hechos que sirven de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados, con la información sobre el origen contractual de la deuda, su monto exacto y sus componentes.

Por tratarse de una obligación de naturaleza contractual cuya pretensión exclusiva es el pago señalado el monto con precisión y claridad es una obligación para el demandante señalar expresamente en la demanda de manera clara y precisa de que el pago de la suma adeudada no depende del cumplimiento de una contraprestación a cargo del acreedor.

Junto con el escrito contentivo de la pretensión el demandante deberá adjuntar todos los documentos de la obligación contractual adeudada que se encuentren en su poder, siendo que existan y que lo tenga, pues cuando no los tenga, deberá señalar dónde están o manifestar bajo juramento que se entiende prestado con la presentación de la demanda, que no existen soportes documentales.

En el escrito de la demanda, se podrá aportar las pruebas que se pretenda hacer valer, incluidas las solicitadas para el evento de que el demandado se oponga.

Se deberá indicar el lugar y las direcciones físicas y electrónicas donde el demandado y demandante recibirán notificaciones.

Cuando se trate de persona jurídica se deben anexar a la demanda la prueba de la existencia y representación de las partes y de la calidad en la que intervendrán en el proceso, en los términos del artículo 85.

El artículo 420 señala expresamente los siguientes requisitos:

Contenido de la demanda.

1. La designación del juez a quien se dirige.

2. El nombre y domicilio del demandante y del demandado y, en su caso, de sus representantes y apoderados.

3. La pretensión de pago expresada con precisión y claridad.

4. Los hechos que sirven de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados, con la información sobre el origen contractual de la deuda, su monto exacto y sus componentes.

5. La manifestación clara y precisa de que el pago de la suma adeudada no depende del cumplimiento de una contraprestación a cargo del acreedor.

6. Las pruebas que se pretenda hacer valer, incluidas las solicitadas para el evento de que el demandado se oponga.

El demandante deberá aportar con la demanda los documentos de la obligación contractual adeudada que se encuentren en su poder. Cuando no los tenga, deberá señalar dónde están o manifestar bajo juramento que se entiende prestado con la presentación de la demanda, que no existen soportes documentales.

7. El lugar y las direcciones físicas y electrónicas donde el demandado recibirá notificaciones.

8. Los anexos pertinentes previstos en la partes de este código.

Parágrafo. El Consejo Superior de la Judicatura elaborará formato para formular la demanda y su contestación.

7. Mandato de Pago

Verificado por el Juez que se trata de una obligación en dinero, de naturaleza contractual, determinada y exigible de mínima cuantía reclamada por el acreedor a través de escrito que reúna la exigencias del artículo 420 del Código General del proceso, mediante providencia que debe notificarse personalmente al demandado ordena requerirlo de manera expresa para que en el plazo perentorio de diez días pague la suma reclamada por el acreedor o exponga en la contestación de la demanda las razones concretas que le sirven de fundamento para no pagar o negar parcial o totalmente la deuda objeto de la intimación.

El Juez solamente ordena el requerimiento de pago si la obligación desde el punto de vista sustancial cumple las exigencias que impone el Código, esto porque se trata de una obligación de dinero de naturaleza contractual, determinada y exigible de mínima cuantía, rogada mediante la demanda con el lleno de los requisitos legales, siendo el requerimiento la consecuencia del mandato de pago y la que será objeto de notificación personal al deudor.

El requerimiento de pago no se puede confundir con la sentencia. En este proceso solamente habrá lugar a sentencia en dos casos: cuando el demandado guarde silencio; también cuando en caso de oposición parcial, si el demandante solicita que se prosiga la ejecución por la parte no objetada.

Entonces, el mandato para que pague o se oponga el demandado es una providencia que tiene el carácter de auto, no siendo susceptible de ningún recurso.

8. Notificación del mandato de pago

En el Proceso monitorio el mandato de pago y que constituye el requerimiento debe ser notificado personalmente sin que sea posible la notificación prevista en el artículo 292 que regula notificación por aviso.

Es decir, que en el proceso monitorio no se aplica la regla general de la notificación personal para la primera providencia o al demandado o a su representante o apoderado judicial, la del auto admisorio de la demanda y la del mandamiento ejecutivo.

No se trata de ningún auto admisorio ni de ningún mandamiento ejecutivo, es un proceso con una estructura distinta a los demás que le permite al juez proveer in limine litis sobre la demanda, siempre que esta se haya presentado con el lleno de los requisito legales, dicta sin oír al demandado, sin audiencia del demandado, inaudita altera pars , una providencia en la que acoge la pretensión formulada por el acreedor para requerir expresamente al deudor para que pague o formule objeciones con las advertencias sobre la posibilidad de sentencia con efecto de cosa juzgada.

El Artículo 29210, que regula la notificación por aviso, en lo pertinente reza; “. Cuando no se pueda hacer la notificación personal del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo al demandado, o la del auto que ordena citar a un tercero, o la de cualquiera otra providencia que se debe realizar personalmente, se hará por medio de aviso que deberá expresar su fecha y la de la providencia que se notifica, el juzgado que conoce del proceso, su naturaleza, el nombre de las partes y la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino”.

El artículo 421, incs. 1 y 2 del Código General del Proceso consagra: “Si la demanda cumple los requisitos, el juez ordenará requerir al deudor para que en el plazo de diez (10) días pague o exponga en la contestación de la demanda las razones concretas que le sirven de sustento para negar total o parcialmente la deuda reclamada.

El auto que contiene el requerimiento de pago no admite recursos y se notificará personalmente al deudor…” (Subrayado fuera de texto).

Con la notificación personal sin que sea posible la notificación por aviso, del requerimiento de pago representado en la providencia judicial y el término legal de los diez días con las advertencias procesales que expresamente señala el Código sobre el silencio o el no pago o “las razones concretas que le sirven de sustento para negar total o parcialmente la deuda reclamada” al deudor, se viene a otorgar al mismo, el derecho constitucional de ejercitar su derecho de defensa frente a las pretensiones del demandante.

En conclusión, el mandato de pago solo admite la notificación personal y la notificación por conducta concluyente.

9. Prohibición Expresa de Emplazamiento del Demandado y el Nombramiento de Curador Ad-Litem

El artículo 421 en su parágrafo único señala expresamente la prohibición del emplazamiento del demandado y el nombramiento de curador ad litem, lo cual significa que el deudor deber estar presente en el proceso vinculándose por notificación personal.

El emplazamiento para la notificación personal como regla general procede cuando el demandante o el interesado en una notificación personal manifiesten que ignora el lugar donde puede ser citado el demandado o quien deba ser notificado personalmente.

Entonces, si se desconoce o se ignora el lugar donde puede ser citado el deudor que debe ser intimado no habrá lugar al proceso monitorio, pues al prohibirse expresamente el emplazamiento ni siquiera es imaginaria la designación del Curador ad.-litem pues este auxiliar de la justicia siempre es designado luego del emplazamiento, nunca puede existir nombramiento de Curador Ad-litem que represente al demandado cuyo domicilio o residencia se ignoran.

10. Efectos de la Notificación Personal del Mandato de Pago al Deudor Intimado

Una vez notificado personalmente el deudor, pueden suceder las siguientes situaciones y consecuencias;

  1. Que el intimado pague;

  2. Guarde silencio;

  3. Que se allane expresamente a los hechos y pretensiones.

  4. Formule oposición parcial o total.

En el primer evento, por tratarse de una relación de crédito y es verdad averiguada que toda obligación se extingue por pago, no queda duda alguna que si el deudor paga el proceso se da por terminado. En este proceso no hay lugar a la condena en costas, como sucede en el proceso ejecutivo cuando el deudor paga. Puede suceder que el demandado pague parcialmente, por ejemplo solo el capital y no los intereses.

Si el intimado no paga sino que guarda silencio, una vez vencido el término de los diez días , el Juez sin ninguna consideración de fondo profiere sentencia condenando al demandado al pago del monto reclamado más los intereses causados y los que se causen hasta la cancelación de la deuda. La sentencia no es susceptible de ningún recurso. En este caso el proceso monitorio termina y da lugar a la creación del título ejecutivo, representado en la sentencia cuya ejecución le corresponderá al mismo juez y en el mismo expediente siempre que el acreedor lo solicite en la forma y términos previstos en el art. 306 del Código general del proceso,

En caso de oposición total, el proceso monitorio llega a su terminación, debiendo el Juez como consecuencia de la misma, mediante auto convocar a

las partes a un proceso declarativo, ventilado por el procedimiento verbal sumario, sin que sea posible alterar el objeto del proceso y la objeción formulada por el demandado.

En caso de oposición parcial, si el demandante solicita que se prosiga la ejecución por la parte no objetada el Juez dictará sentencia y la parte objetada tendrá su suerte en un proceso declarativo, en la forma indicada en el acápite anterior.

11. Recursos

En las fases del proceso monitorio no procede recurso alguno. Ese trámite monitorio puede agotarse con dos providencias, la primera el mandato de pago y la segunda la sentencia condenando al demandado, ambas providencias se notifican la primera personalmente y la segunda por estado, sin que proceda recurso alguno.

12. Trámite de la Oposición Parcial o Total

La oposición parcial en caso de solicitarse la ejecución por la parte no objetada y la objeción total tiene el siguiente procedimiento:

  1. La contestación de la demanda debe hacerse por escrito donde aparezca las razones concretas que le sirven de sustento para negar total o parcialmente la deuda reclamada.

  2. Por tratarse de nuevos hechos, del escrito se correrá traslado al demandante en la forma prevista en el artículo 110 por el término de cinco días para que pida pruebas adicionales.

  3. Vencido el término de traslado del escrito de oposición el Juez mediante auto que se notificará por estado citará a las partes para resolver sobre la pretensión y la resistencia a la misma por los senderos del procedimiento verbal sumario, en una sola audiencia, decretando las pruebas pedidas por las partes y las que de oficio considere, citando a las partes para que concurran personalmente a rendir interrogatorio y una conciliación.

  4. La inasistencia injustificada del demandante hará presumir ciertos los hechos en que se fundan las excepciones propuestas por el demandado siempre que sean susceptibles de confesión; la del demandado hará presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión en que se funde la demanda.

  5. Desde el inicio de la audiencia y en cualquier etapa de ella el juez exhortará diligentemente a las partes a conciliar sus diferencias, para lo cual deberá proponer fórmulas de arreglo, sin que ello signifique prejuzgamiento

  6. El juez oficiosamente y de manera obligatoria interrogará de modo exhaustivo a las partes sobre el objeto del proceso. También podrá ordenar el careo.

  7. A continuación el juez requerirá a las partes y a sus apoderados para que determine los hechos en los que están de acuerdo y que fueren susceptibles de prueba de confesión, y fijará el objeto del litigio, precisando los hechos que considera demostrados y los que requieran ser probados.

  8. Cuando ninguna de las partes concurra a la audiencia, ésta no podrá celebrarse, y vencido el término sin que se justifique la inasistencia, el juez, por medio de auto, declarará terminado el proceso.

  9. En la audiencia no podrán decretarse más de dos testimonios por cada hecho, ni las partes podrán formular más de diez (10) preguntas a su contraparte en los interrogatorios.

  10. Para establecer los hechos que puedan ser objeto de inspección judicial que deba realizarse fuera del juzgado, las partes deberán presentar dictamen pericial.

  11. En la audiencia luego de practicadas las pruebas y oídas las partes hasta por veinte (20) minutos cada una, el juez dictará sentencia.

  12. Sera una sola la audiencia por ser un asunto de mínima cuantía.

  13. La sentencia no será apelable por ser un asunto de única instancia.

13. Consecuencias de la Sentencia Proferida en el Procedimiento Verbal Sumario

En el verbal sumario ya no existe proceso monitorio, este procedimiento terminó como consecuencia de la oposición por parte del demandado. Cuando el demandado oportunamente se opone, habrá lugar a ventilar las diferencias de las partes mediante el proceso declarativo cuya sentencia tiene un efecto sancionatorio para la parte vencida.

El efecto sancionatorio es una multa, pero esa multa no es favor del Estado sino a favor de la parte vencedora. Si el deudor se opone infundadamente y es condenado, se le impondrá una multa del diez por ciento (10%) del valor de la deuda a favor del acreedor. Si el demandado resulta absuelto, la multa se impondrá al acreedor.

La parte vencida deberá ser condenada en costas.

14. Qué sucede si el Acreedor Triunfa en el Proceso Declarativo - Verbal Sumario

Por tratarse de una sentencia condenatoria toda vez que en ella se está condenando al demandado al pago de una suma de dinero, sin necesidad de formular demanda, deberá solicitar la ejecución con base en la sentencia, ante el juez del conocimiento, para que se adelante el proceso ejecutivo a continuación y dentro del mismo expediente en que fue dictada.

Si la solicitud de la ejecución se formula dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, el mandamiento ejecutivo se notificará por estado. De ser formulada con posterioridad, la notificación del mandamiento ejecutivo al ejecutado deberá realizarse personalmente.

Formulada la solicitud el juez librará mandamiento ejecutivo de acuerdo con lo señalado en la parte resolutiva de la sentencia, por las costas aprobadas y multa del diez por ciento (10%) del valor de la deuda a favor del acreedor.

15. Medidas Cautelares

La parte demandante desde la presentación de la demanda monitoria podrá pedir las medidas cautelares autorizadas por el Código para los procesos declarativos.

Esas medidas cautelares son las siguientes:

  1. La inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro que sean de propiedad del demandado.

  2. Cualquiera otra medida que el juez encuentre razonable para la protección del derecho objeto del litigio, impedir su infracción o evitar las consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren causado o asegurar la efectividad de la pretensión.

El Código exige que para decretar la medida cautelar el juez apreciará la legitimación o interés para actuar de las partes y la existencia de la amenaza o la vulneración del derecho.

“Así mismo, el juez tendrá en cuenta la apariencia de buen derecho, como también la necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida y, si lo estimare procedente, podrá decretar una menos gravosa o diferente de la solicitada. El juez establecerá su alcance, determinará su duración y podrá disponer de oficio o a petición de parte la modificación, sustitución o cese de la medida cautelar adoptada”.

El demandante deberá prestar caución equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de las pretensiones estimadas en la demanda, para responder por las costas y perjuicios derivados de su práctica. “Sin embargo, el juez, de oficio o a petición de parte, podrá aumentar o disminuir el monto de la caución cuando lo considere razonable, o fijar uno superior al momento de decretar la medida”.

La tutela efectiva no solamente se hace presente en el pronunciamiento rápido y eficaz de la pretensión sino que permite al acreedor desde un comienzo las medidas cautelares lo cual garantiza la efectividad de la pretensión.

La Corte Constitucional, al respecto dijo: “Las medidas cautelares son aquellos instrumentos con los cuales el ordenamiento protege, de manera provisional, y mientras dura el proceso, la integridad de un derecho que es controvertido en ese mismo proceso. De esa manera el ordenamiento protege preventivamente a quien acude a las autoridades judiciales a reclamar un derecho, con el fin de garantizar que la decisión adoptada sea materialmente ejecutada. Así, constituyen una parte integrante del contenido constitucionalmente protegido del derecho a acceder a la justicia, no sólo porque garantiza la efectividad de las sentencias, sino además porque contribuye a un mayor equilibrio procesal, en la medida en que asegura que quien acuda a la justicia mantenga, en el desarrollo del proceso, un estado de cosas semejante al que existía cuando recurrió a los jueces. Las medidas cautelares tienen por objeto garantizar el ejercicio de un derecho objetivo, legal o convencionalmente reconocido, impedir que se modifique una situación de hecho o de derecho o asegurar los resultados de una decisión judicial o administrativa futura, mientras se adelante y concluye la actuación respectiva, situaciones que de otra forma quedarían desprotegidas ante la no improbable actividad o conducta maliciosa del actual o eventual obligado11.

El acreedor podrá sin que interese para nada si el monitorio adelantado es puro, esto es, que no existe ningún documento, porque la ausencia de dicho principio de prueba se suple con el juramento que es prestado por el acreedor el cual se presume con la presentación de la demanda

16. Excepciones Previas

Atendiendo la celeridad y la finalidad del proceso se encuentra expresamente prohibida la formulación de excepciones previas.

En caso de proponerse no deben entender como una oposición al requerimiento formulado toda vez que la objeción es frente a la deuda y las razones concretar para negar el reconocimiento total o parcial, destacando que no se permiten recursos contra el auto de requerimiento de pago, solamente como acto procesal se lleva a cabo la notificación y en la misma el requerimiento de pago con las advertencias tantas veces mencionadas existiendo la posibilidad para el deudor de hacer uso de la impugnación frente al aspecto sustancial de la deuda.

17. Prohibiciones Expresas

En esta clase de proceso no se admitirá intervención de terceros, excepciones previas, reconvención, el emplazamiento del demandado, ni el nombramiento de curador ad litem.

Si bien el monitorio fue ubicado por el legislador como un proceso declarativo especial dado su naturaleza y finalidad en las relaciones de crédito no tiene lógica la demanda de reconvención por tener la posibilidad el deudor de alegar la compensación que es uno de los modos de extinguir las obligaciones.

La celeridad está destinada para la creación del título ejecutivo cuya relación es directamente entre el acreedor y el deudor, por ello, no resulta lógico permitir la intervención de terceros.

18. El Monitorio en Colombia

Conviene establecer si ha existido proceso monitorio en nuestro país. Si entendemos que el monitorio es un instrumento procesal para obtener un título ejecutivo con efecto de juzgada, la respuesta es no, pero si se interpreta como un instrumento para la solución de distintas pretensiones, como en el caso de Uruguay, la respuesta en sí.

Como ya afirmé en las ponencia publicadas en las memorias del XXXI Congreso Colombiano de Derecho Procesal 2010, denominada la Estructura Monitoria y la hipoteca, y XXXI Congreso Colombiano de Derecho Procesal 2012, “El PROCESO MONITORIO EN EL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO” en la legislación Colombiana todos los procesos ejecutivos singulares, reales y coactivos son de estructura monitoria; en ellos el Juez, sin previo contradictorio, emite ( inaudita parte) un mandamiento ejecutivo ( que sirve para amonestar, para intimar, monitorio se deriva del significado de advertencia o intimación) dirigido al demandado, señalando un término perentorio para pagar y excepcionar si lo desea (oponerse), o sencillamente guardar silencio, lo cual da lugar a seguir adelante la ejecución dejando en firme la orden de pago cuando el funcionario confirma la existencia del título ejecutivo y la ausencia de oposición.

Pero no solamente en los casos anteriores sino en el régimen especial del lanzamiento por ocupación de hecho, en relación con predios urbanos, regulado por la Ley 57 de 1905, artículo 15, y por el Decreto 992 de 1930, se regula un auténtico proceso monitorio. En esas disposiciones se señala cuáles son las exigencias que deben cumplir el memorial petitorio del lanzamiento, el título y las pruebas que se deben aportar, se radica la competencia, se fija el término de prescripción y se precisan las decisiones que se pueden tomar. Presentada la solicitud con el lleno de los requisitos legales el Alcalde profiere sentencia de lanzamiento sin oír al querellado.

Vistas todas estas pretensiones, con espíritu meramente descriptivo, podemos afirmar que el proceso monitorio no se destina única y exclusivamente para responder frente a pretensiones dinerarias sino que se caracteriza en primer lugar, porque el juez se pronuncia frente a la pretensión debidamente fundamentada en la demanda, sin oír al demandado, sin audiencia del demandado, inaudita altera pars, con una providencia que no se discute su existencia, pero que su eficacia depende de la actitud que adopte el demandado, pues como ya vimos en caso de silencio o de oposición el proceso monitorio termina y nacen otros procesos.

En el caso de Uruguay12 se permite el monitorio para las siguientes pretensiones: “entrega de la cosa, entrega efectiva de la herencia, pacto comisorio, escrituración forzada, resolución de contrato de promesa, separación de cuerpos y divorcio., cesación de condominio de origen contractual”.

En la doctrina sobre sobre el pronunciamiento sin oír al demandado, se habla de ausencia de contradictorio, para unos, otros, el desplazamiento de la iniciativa del contradictorio o eventualidad del contradictorio, contradictorio de impugnación.

Por ejemplo, sobre la ausencia de contradictorio una de sus razones sustentada por CHIOVENDA, SEGNI y SATTA, lo que caracteriza al monitorio es la falta de contradictorio, en la medida en que la resolución inicial, conminando al demandado a hacer lo que solicita el actor, es dictada sin anterior cognición de mérito13.

En el caso concreto de Colombia, el demandado es notificado personalmente de una providencia que existe, pero no tiene ninguna eficacia, al notificarse el demandado se surte el requerimiento que es la intimación sin que pueda sostenerse que existe ausencia de contradictorio o que el contradictorio se encuentra invertido, sencillamente el demandado en el proceso monitorio ejerce el contradictorio no en la forma tradicional, pero, sin que interese el momento se puede afirmar que hay desplazamiento de la estructura, siendo desde este punto de vista fácil explicar, el por qué, ninguno de los sujetos en un proceso o procedimiento puede desplazar una estructura, por la sencilla, pero importante razón que son formas procesales de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, se podrá desplazar la contradicción, pero no el contradictorio.

19. Diferencias entre el Proceso Ejecutivo y el Procedimiento Monitorio

Son notables las diferencias que se pueden establecer entre el proceso ejecutivo y el procedimiento monitorio? Podemos establecer las siguientes:

a) El Proceso monitorio exige un principio de prueba o la simple afirmación de la existencia de una obligación dineraria de naturaleza contractual. Por el contrario, es presupuesto del proceso ejecutivo la existencia de un título ejecutivo que conste en un documento que constituya plena prueba en contra del deudor o del causante.

b) En el procedimiento monitorio, el requerimiento de pago efectuado por el juez es condicional, de manera que el silencio del deudor podrá generar que se profiera sentencia condenatoria por la suma pretendida, con efectos de cosa juzgada o si existe oposición su transformación en un proceso declarativo. En el proceso ejecutivo el mandamiento de pago constituye la providencia de fondo que estudia la obligación y la prueba sin que constituya ninguna condición, por lo general siempre que se profiere auto se mantiene a falta de medios exceptivos.

c) En el proceso monitorio hay cognición abreviada que se limita al estudio sustancial de la obligación y el cabal cumplimiento de los requisitos de la demanda. En el proceso ejecutivo el Juez en la primera providencia determina si la obligación es clara, expresa y exigible y si el documento que la enrostra constituye plena prueba en contra del deudor o del causante.

d) El proceso monitorio solamente se puede iniciar y seguir contra el deudor que sea posible notificar personalmente, estando expresamente prohibido el emplazamiento y la designación de Curador AD-litem. En el proceso ejecutivo es posible el emplazamiento y que el demandado este representado por Curador Ad-litem.

e) El proceso monitorio es viable únicamente contra el deudor existente. En el proceso ejecutivo la obligación se puede seguir contra los continuadores de la herencia, es decir, puede existir título ejecutivo a cargo del causante.

De la diferenciación referida se puede inferir dos características fundamentales de este proceso: Primero: La creación rápida del título ejecutivo con efecto de cosa juzgada y, segundo: El procedimiento monitorio no se caracteriza por la inversión del contradictorio, sino por la inversión de la iniciativa de la controversia

20. Conclusiones

  1. El Acreedor que carece de un documento que preste mérito ejecutivo además de contar con el interrogatorio de parte consagrada en el artículo 184 como prueba extraprocesal, la conciliación como mecanismo alternativo al proceso, cuenta hoy con un instrumento rápido y eficaz para obtener un título ejecutivo con efecto de cosa juzgada llamado proceso monitorio.

  2. El proceso monitorio es la mejor forma garantizar una tutela judicial efectiva, mediante un proceso de duración razonable con resultados tan exitosos en países como Francia, Austria, Alemania, Italia, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, España. La utilización en Estados Sociales y Democráticos de derecho desde mucho antes que el nuestro donde el debido proceso y el derecho de defensa se protege eficazmente, permite afirmar que este instrumento procesal no solamente puede servir para obtener rápidamente un título ejecutivo sino atender otras pretensiones como la restitución de bien inmueble arrendado.

BIBLIOGRAFIA

Calamandrei, P. (1953).
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