Organizadas por la Comisión de Derecho Constitucional y derecho Administrativo de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional






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Jornadas de Derecho Constitucional y Administrativo

Económico

(Córdoba, 19 de Junio de 2015)

-organizadas por la Comisión de Derecho Constitucional y derecho Administrativo de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional-

Ponencia: “Una mirada crítica del Control de Constitucionalidad, en el fallo Camaronera Patagónica S.A.”

Director de la ponencia: Mgter. Esp. Miguel Robledo

Autora de la ponencia: María Luz Solinas. Alumna de la Facultad de Derecho y Cs. Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Se ha desempeñado como ayudante alumna en la Cátedra de Derecho Procesal Constitucional y, actualmente, se ha postulado para el concurso de Becarios del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho de la UNC.

UNA MIRADA CRÍTICA AL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD, EN EL FALLO CAMARONERA PATAGÓNICA S.A.

Sumario: 1. Introducción. 2. Control de Constitucionalidad. a) Concepto; b) Clases; c) Efectos; d) Requisitos del Control de Constitucionalidad en Argentina. 3. Análisis del fallo Camaronera Patagónica S.A. (2014). a) Efectos de la declaración de inconstitucionalidad; b) Validez de la ratificación legislativa. 5) Consideraciones Finales. Bibliografía.

1) INTRODUCCIÓN

El presente trabajo realiza, en primer lugar, un repaso del concepto y principales características del Control de Constitucionalidad, profundizando sobre los requisitos exigidos para realizar dicho control en nuestro país.

En segundo lugar, hace mención a un reciente fallo de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, en donde se declara la inconstitucionalidad de dos resoluciones del Ministerio de Economía de la Nación.

Luego, hace una alusión a las cuestiones más controvertidas de dicho fallo, particularmente realiza un análisis crítico del control de constitucionalidad realizado en dicho caso, para terminar con un breve desarrollo de las consideraciones finales al respecto.

2) CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

a) Concepto

El control de constitucionalidad constituye la principal herramienta del control del poder estatal, y representa tanto un presupuesto básico para el equilibrio de poderes como una garantía de la supremacía constitucional1.

Se podría decir que existe control de constitucionalidad cuando los órganos jurisdiccionales locales -y los Tribunales Constitucionales que en determinados países no dependen del Poder Jurisdiccional- realizan una comparación, entre su Carta Magna y las normas que al estar por su rango por debajo de ella, deben respetarla y en ningún caso contradecirla, por lo que se mantiene la prioridad de la primera2. 

b) Clases

Podemos hablar de un control concentrado, típico de algunas Constituciones Europeas3, a partir de la Austríaca de 1946, donde la revisión es realizada exclusivamente por un único cuerpo diseñado para tales fines, pero además de hacer efectiva la primacía de la constitución4, la tarea de dicho órgano también consiste en resolver conflictos de carácter constitucional, como la revisión de la actuación del Poder Legislativo, la protección de los derechos fundamentales, y la distribución de competencias entre los poderes constituidos, como es el caso de los Tribunales Constitucionales avocados explícitamente a mantener el rango prioritario de la Carta Magna rechazando e invalidando toda norma que tenga pretensión de superarla, a través de la declaración de inconstitucionalidad.

Estos organismos especiales trabajan ejerciendo un control a priori, de alcance “erga omnes” y sin otro análisis que la legalidad constitucionales.

A su vez, otra manera de ejercer el control de constitucionalidad es a través de un control difuso, como el que es aplicado en nuestro país y que podríamos decir tiene origen en Estados Unidos a partir del fallo “Marbury vs. Madison” (1803), en donde se establece, principalmente, que dicha tarea de revisión queda en manos de todos y cada uno de los magistrados judiciales5, cada vez que han de aplicar una ley, dado que en dicha tarea su deber será siempre hacer prevalecer la Constitución. La principal característica del esquema de revisión judicial o “judicial review” es que asumen esta tarea al aplicar la ley en el caso concreto, y es aquí donde yace una de las diferencias más sobresalientes dado que los efectos del control de constitucionalidad en ambos casos serán diferentes.

Podríamos mencionar quizá como un tercer modelo que se ha dado mayormente en América, que deja en manos del Tribunal Supremo, como corte independiente o aún como máximo tribunal en pleno, la función de controlar la constitucionalidad como el ultimo órgano que tiene la palabra final sobre la interpretación constitucional, aun permitiendo el control difuso de los jueces comunes6. Tal modelo es el que caracteriza nuestro país, toda vez que desde antiguo la Corte Suprema ha sostenido que el control de constitucionalidad que constituye la primera y principal misión de dicho Tribunal7.

Al respecto, nuestros tribunales de justicia son conscientes de dicha función suprema, pero en general entienden que la misma debe ser ejercitada siempre que no exista otro medio para preservar la legalidad constitucional8.

c) Efectos

En principio, los efectos que pueden llegar a tener las declaraciones de inconstitucionalidad son por un lado erga omnes, y, en muchos casos, la ley declarada inconstitucional es derogada, actuando el tribunal que controla como un legislador negativo, caso que sucede en el sistema concentrado, o pueden tener solo efectos inter partes, como sucede en las decisiones de los jueces en el sistema difuso, aunque pueden llegar a constituir un precedente con fuerza diversa según el caso9, pero dicha inconstitucionalidad solo valdrá para las partes afectadas al caso particular con independencias de otras posibles violaciones constitucionales similares.

d) Requisitos del Control de Constitucionalidad en Argentina10

En nuestro país, para que proceda el control de constitucionalidad han de darse los siguientes presupuestos:

A) Debe existir una causa judiciable, tal como lo exige el artículo 116 de la Constitución Nacional, el control se ejerce en el marco de una “causa” o un proceso judicial, y se expresa a través del pronunciamiento de los jueces, que es la sentencia. Es por ello que se detrae al juez todo lo que sea: consulta, dictamen, declaración teórica, o general, o abstracta sobre la validez constitucional de una norma.

B) La ley o el acto presuntamente inconstitucionales deben causar gravamen al titular actual de un derecho, es decir, aquél que ostenta un interés personal y directo comprometido por el daño al derecho subjetivo. Es decir, el agravio constitucional no puede invocarse cuando el agravio deriva de la propia conducta discrecional del interesado, o quien formula la impugnación no es titular del derecho presuntamente lesionado o no subsiste el interés personal en la causa, por haberse tornado “abstracta”.

C) Hasta el año 2004, la jurisprudencia de la Corte Suprema exigía que en la causa medie petición de parte interesada, para que se realizara una declaración de inconstitucionalidad, sin embargo en el año 2004 en el caso “Banco Comercial Finanzas” la Corte dejó de lado su anterior jurisprudencia y admitió el control oficioso de constitucionalidad, sosteniendo que le incumbe al juez la debida aplicación del derecho, en base al principio “iura novit curia” que implica que le compete al juez aplicar el derecho aun cuando las partes no lo invocan o que lo invocan erróneamente.

3) ANALISIS DEL FALLO CAMARONERA PATAGÓNICA S.A. (2014)11

La sociedad pesquera Camaronera Patagónica S.A. interpuso la acción de amparo ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar de Plata, por los agravios que le eran causados a partir de las resoluciones 11/02 y 150/02 del Ministerio de Economía de la Nación. La Cámara hizo lugar a la acción de amparo instaurada y declaró la inconstitucionalidad e inaplicabilidad a la actora de dichas resoluciones.

Adujo que la resolución 11/02 poseía una indudable naturaleza impositiva y por ende su dictado y aplicación controvertía el principio de legalidad en materia tributaria, toda vez que el art. 76 de la Constitución Nacional prohíbe la delegación legislativa, de manera general, admitiéndola solamente en casos de emergencia pública y de administración. A su vez, el inc. 3º de su art. 99 veda terminantemente al Poder Ejecutivo emitir disposiciones de carácter legislativo, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, aunque también reconoce excepciones al permitir el dictado de decretos de necesidad y urgencia cuando se den determinadas condiciones, excluyendo de ellas la materia tributaria.

Contra dicha decisión la AFIP interpuso recurso extraordinario. La Corte Suprema de Justicia de la Nación hace lugar al recurso y confirma por mayoría la sentencia apelada, ratificando la inconstitucionalidad de las resoluciones 11/02 y 150/02, sosteniendo que no es válida la delegación legislativa en materia tributaria, si la ley delegante no define los elementos esenciales del tributo en cuestión.

En cuanto al contenido de dichas resoluciones no queda duda de que se trataba de un tributo cuya definición puede comprenderse en el art. 724 del Código Aduanero, en tanto grava el hecho de la exportación misma de la mercadería, para consumo, involucrando una carga pecuniaria coactiva para el sujeto pasivo que realice la acción gravada prevista por la norma, con destino a las arcas públicas.

Aunque la Corte con gran claridad sostuvo que ni un decreto del Poder Ejecutivo, ni una decisión del jefe de Gabinete de Ministros pueden crear válidamente una carga tributaria ni definir o modificar, sin sustento legal, los elementos esenciales de un tributo, las diferencias entre los jueces aparecen cuando el tribunal analiza la validez de la ratificación legislativa de las resoluciones impugnadas por la actora dispuesta por la ley 2564512. Recordemos que esta ley ratificó en forma muy general y sin análisis alguno toda la legislación delegada dictada entre el 24/8/1999 y el 24/8/2002.

Los jueces Petracchi y Argibay en disidencia en este punto, consideran que la ratificación efectuada por la ley 25.645 es inválida dado que, para que una ratificación de esa naturaleza tenga efectos, establecen que debe existir una voluntad legislativa clara y explícita que pueda ser entendida como un aval concreto de los contenidos de la norma que se ratifica y ello, nítidamente, no fue lo ocurrido en el caso de la resolución 11/2002.

4) CUESTIONES CONTROVERTIDAS

El presente fallo nos deja dos cuestiones controvertidas a analizar, ellas son: en primer lugar, lo relativo a los efectos de la declaración de inconstitucionalidad de dichas resoluciones y, en segundo lugar, la discusión que se da acerca de la validez de la ratificación legislativa efectuada por el Congreso.

a) Efectos de la declaración de inconstitucionalidad

En un primer momento cabe recordar que en el mismo fallo, el juez Zaffaroni advierte que “se debe analizar el perjuicio concreto que la resolución 11/02 le causa a la actora, y discernir, en su caso, si sus términos afectan los derechos invocados por Camaronera Patagónica S.A., pues nuestro sistema de control de constitucionalidad impide que se dicten sentencias cuyo efecto sea privar de valor erga omnes a las normas impugnadas, por lo que, lo que aquí se decida, resultará solamente aplicable a este caso particular”.

Con esta aclaración sobreabundante el ministro de la Corte nos muestra parte de la falencia que puede presentar nuestro sistema de control de constitucionalidad, toda vez al declarar la invalidez de dos resoluciones del Poder Ejecutivo por ser manifiestamente inconstitucionales al haber legislado este último en materia tributaria, - siendo que esto está expresamente prohibido por nuestra Constitución -, permite que dicha legislación quede vigente para el resto de los casos que puedan verse afectados por dichas resoluciones.

A nuestro entender, estamos ante una gran inconsistencia del sistema siendo que el mismo da lugar a que dichas normas que van claramente en contra de lo ordenado por nuestra Constitución permanezcan vigentes, afectando al resto de los ciudadanos que se vean afectados por estas y no puedan emprender una carrera judicial a fin de lograr un pronunciamiento judicial que establezca el cumplimiento de la letra de la Constitución o en caso de que lo hagan, sus reclamos se vean oídos luego del transcurso de largo tiempo, teniendo en cuenta lo abarrotados de causas que se encuentran nuestro tribunales además de todos los escollos procesales que se deben superar a fin de que se logre la inaplicabilidad de una obligación en materia fiscal.

Si bien, al igual de Osvaldo Gozaíni, opinamos que en el proceso de interpretación constitucional en Cartas Fundamentales estructuradas bajo el principio democrático13, los operadores e intérpretes jurídicos de la Constitución deben presumir la buena fe y constitucionalidad de la obra del legislador, en este caso particular estamos tratando un tema en donde la Constitución es bastante clara al prohibir la posibilidad de legislar en esta materia al Poder Ejecutivo, es decir la ley es inconstitucional no por su contenido, sino –principalmente- por estar fuera de la competencia que le fue otorgada al Poder Ejecutivo por el poder constituyente, es aquí en donde la Corte Suprema juega entonces un rol de mediador entre los poderes constituidos y debe estar atenta al principio de la división de los poderes que hacen a nuestro sistema republicano.

Si bien la Corte es consciente de ello al expresar que “para preservar la división de competencias entre los poderes del Estado, la interpretación en materia tributaria ha de ser estricta”14, no nos deja conforme el resultado de dicho fallo, siempre que para el resto de las situaciones en donde se aplican las resoluciones controvertidas, estas siguen vigentes, y no solo ellas, sino también todas aquellas que excedan el margen de materia delegada a cargo del Poder Ejecutivo y aún no han llegado a merecer un pronunciamiento por parte de nuestro Alto Tribunal, es por esto que creemos que estamos frente a una falla de nuestro sistema de control de constitucionalidad.

Debemos tener en cuenta que cuando el Ejecutivo quiere extralimitar sus funciones, a pesar de estar restringido constitucionalmente, la Corte queda como último intérprete de la Ley Fundamental para así intentar detenerlo y esto se logra mediante solamente mediante el ejercicio de su principal función, como máximo tribunal de justicia, que es el control constitucional15.

Ante dicha falencia podría decirse que una posible solución, es la medida a la que actualmente suele recurrir nuestra Corte, al realizar una sentencia que exhorta a las autoridades16. Sin embargo, dicha sentencia tendrá valor y eficacia, sin alterar el marco de adecuación constitucional, en la medida que no legisla, ni se arroga la potestad de hacerlo; solamente señala el defecto, aconseja su revocación; la deja de aplicar en el caso concreto; advierte donde están las imperfecciones y, también puede aconsejar como llevar a cabo las reformas.

b) Validez de la ratificación legislativa

Es preciso recordar que el presente fallo ha admitido que la ratificación general de la legislación delegada efectuada por la ley 25148 y sus sucesoras es válida, en palabras de Alberto Bianchi, creemos que una ratificación tan general de todo un extenso cuerpo de legislación administrativa17, donde el Congreso ratificando a ciegas un sinnúmero de reglamentos, resoluciones y decretos no se compadece ni con el espíritu de la cláusula transitoria octava, ni con los elementales principios de una razonable ratificación, que presupone, que al menos quien ratifica, conoce la extensión y el contenido de lo que está ratificando.

Ante esta situación extraordinaria18, la Corte ha tenido que optar entre el respeto a los principios constitucionales y el valor de la seguridad jurídica, que también tiene rango constitucional. Ante esa disyuntiva, ha preferido este último, para entender esto último es menester imaginar qué pasaría si a veinte años de la reforma constitucional, la Corte Suprema dijera que la ratificación de la legislación delegada efectuada por la ley 25.148 y por las sucesivas leyes que le siguieron, es inválida, sin dudas, reinaría el caos y tal decisión se convertiría en un semillero de incertidumbres y, por ende, de pleitos.

Al respecto, creemos que es menester recordar que la autocensura judicial que bloquea la movilización de oficio al controlar la constitucionalidad de las normas infraconstitucionales no surge explícitamente de la Ley Fundamental ni de otra normativa, sin embargo supone violar el mandato imperativo dirigido a la magistratura judicial en el sentido de que debe inaplicar toda norma que resulte contraria a la Constitución19, y si bien estamos de acuerdo en que reflotar la consabida tesis del “gobierno de los jueces”20, que se caracteriza por la falta de legitimación democrática sería extralimitar a un poder constituido, es importante recordar que, en este caso particular, es el único órgano que puede intervenir a fin de que cese la violación al principio de división de poderes realizada por el Poder Ejecutivo Nacional21, toda vez que no puede ejercer poderes y atribuciones que le están expresamente prohibidas por nuestra Constitución.

5) CONSIDERECIONES FINALES

Consideramos que, en una visión optimista de nuestro sistema, se podría afirmar al igual de Elena Highton, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación22, asume un rol institucional actuando como un verdadero Tribunal Constitucional, pues si bien sus fallos no son obligatorios para los tribunales inferiores, al tener carácter de intérprete final de la Constitución sus decisiones tienen autoridad moral sobre los tribunales inferiores en grado, dado que los mismos no pueden apartarse de sus pronunciamientos sin nuevos argumentos. Además, innumerables precedentes (F.A.L., Espósito, Arriola, Halabi, Vizzoti, etc.) demuestran que la Corte Suprema Argentina actúa como un verdadero Tribunal Constitucional, definiendo el alcance de nuestra Constitución, situación en la que creemos ver una posible transición de nuestro modelo de control difuso a uno que este más cercano al concentrado, al menos al analizar determinadas materias controvertidas. Sin embargo, creemos que es importante que la determinación dichas materias no quede sólo en manos de la discrecionalidad de los miembros de la Corte, toda vez que esta “elige” las cuestiones a examinar dentro de los miles de casos que se presentan ante ella, es más creemos que lo mejor sería establecer un esquema, ya sea través de una norma o porque no a partir de una reforma constitucional, en donde se estipulen concretamente las materias en las cuales la Corte actúe como Tribunal Constitucional, dado que actualmente en los hechos ya lo hace.

En este punto traemos a colación a Adam Przeworski, cuándo al hablar sobre división de poderes23, sostiene que deberían establecerse reglas expresas que determinen qué problemas deben ser resueltos, a través de un mecanismo en donde se plasme la voluntad democrática del pueblo y no que quede en manos de la discrecionalidad de los ministros de la Corte Suprema, ya que si bien la declaración de inconstitucionalidad de una norma en nuestro sistema jurídico24, aun declarada por la Corte Suprema, sólo tiene efectos respecto de las partes involucradas en el proceso judicial, y que no existe norma que establezca la obligatoriedad para los tribunales inferiores, no puede soslayarse que sus fallos tienen una fuerza moral indudable sobre el resto del Poder Judicial.

En cuanto a la validez de la ratificación legislativa que ha sido establecida tras el fallo analizado, creemos que tal decisión fue motivada en un afán de protección de la seguridad jurídica de nuestro país, aun a pesar de la disidencia de dos de sus vocales. En esta cuestión ha de tenerse en cuenta que desde el vencimiento del plazo que originalmente estaba previsto para el vencimiento de lo legislado tras delegaciones por parte de Congreso, que debía recaer el día 24 de agosto de 199925, las soluciones dadas a hasta el día de la fecha, mediante el dictado de la ley 25148, y posteriormente de las leyes 25645, 25918 y 26135, se limitaron a ratificar masivamente todas las delegaciones legislativas preexistentes y la legislación delegada dictada en su consecuencia, sin realizar el examen minucioso y detallado de las leyes delegantes ni de los reglamentos delegados y resoluciones dictadas por el Poder Ejecutivo, tal como lo había encargado el constituyente tras la reforma constitucional de 1994. Pensamos que la clara intención del constituyente fue la de asegurar que las delegaciones legislativas por parte del Congreso al Poder Ejecutivo habrían de ser excepcionales y darse en escasas circunstancias, situación de lo más lejana a la realidad de hoy en día. Nos queda el interrogante de a quién podríamos responsabilizar por dicho alejamiento a la manda constitucional, en principio parte de la responsabilidad recae sobre el Poder Judicial que en su labor de controlar la primacía de la Constitución, permite que casi veinte años después de la reforma, siga siendo moneda corriente la legislación en manos del Ejecutivo.

Es por ello que nuestro parecer en nuestros días contemplamos una atrofia institucional en el sistema presidencial26, que consiste claramente en el uso abusivo de las facultades delegadas por parte del Congreso en detrimento de los otros poderes del Estado, dando lugar a un desbalanceo de poder a favor de la figura presidencial, hiriendo de muerte el espíritu republicano imperante en nuestro sistema político. Vemos un claro ejemplo de ello cada vez que el Ejecutivo atravesando la valla insalvable puesta por la Constitución, al prohibirle toda delegación en materia tributaria, se atreve a legislar al respecto como lo vemos reflejado en el caso analizado anteriormente.

Debemos tener en cuenta la importancia que reviste la tarea de la Corte Suprema hoy en día que al declarar la inconstitucionalidad de una ley, ratifica y hace efectiva la supremacía de la Constitución Nacional, que es el texto básico que más fielmente refleja la voluntad soberana del pueblo,27 y cuyo cumplimiento hace que vivamos en una sociedad democrática.

BIBLIOGRAFÍA
Doctrina


  • BARRANCOS Y VEDIA Fernando N., “Legitimidad del Control de Constitucionalidad”, en sesión privada de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, el 13 de agosto de 2003.




  • BAZÁN Víctor, “La Corte Suprema de Justicia de la Nación frente a un importante reto: la consolidación de la seguridad jurídica en el ámbito del control de constitucionalidad”, Foro de Córdoba, n.100.




  • BIANCHI, Alberto B., El caso "Camaronera Patagónica" y sus efectos, La Ley, Cita Online: AP/DOC/978/2014










  • GOZAÍNI, Osvaldo A., “El efecto legislativo de las sentencias constitucionales”, Suplemento Doctrina Judicial Procesal 2013 (junio), Cita Online: AR/DOC/1857/2013




  • HIGHTON Elena I., “Sistemas concentrado y difuso de control de constitucionalidad”, www.juridicas.unam.mx







  • JÁUREGUI, María de los A. “Comentario al fallo "Camaronera Patagónica SA v. Estado Nacional - Ministerio de Economía y otros s/amparo", La Ley, Cita Online: AP/DOC/1229/2014




  • PRZEWORSKI Adam, Qué esperar de la democracia, Limites y posibilidades del autogobierno, Buenos Aires, Editorial Siglo Veintiuno, 2010.




  • SESIN Domingo, “El contenido de la tutela judicial efectiva con relación a la actividad administrativa discrecional, política y técnica”, Lexis Nexis Córdoba, junio de 2007, número 6.


b) Jurisprudencia


  • Corte Suprema de Justicia de la Nación, Camaronera Patagónica S.A. c. Ministerio de Economía y otros s/ amparo, LA LEY, 28 de abril de 2014.




  • Cámara Federal de Córdoba sala A, 1/06/2001 “AFIP. (DGI) v. Hemodinamia Rio Cuarto S.R.L.”, Lexis Nexis Córdoba, mayo de 2006, número 2.




  • Cámara Federal Córdoba, sala A, “14/8/2006, “Maidana o Manubes Calvet, Manuel A. y otros”, Lexis Nexis, noviembre de 2006, número 8.




  • Cámara Federal de Córdoba, sala A, 9/5/2007, “Cerezo, Mariano J.”, Lexis Nexis Córdoba, octubre de 2007, número 10.


1 HIGHTON Elena I., “Sistemas concentrado y difuso de control de constitucionalidad”, www.juridicas.unam.mx






2 HITTERS Juan Carlos, “Control de Constitucionalidad y Control de Convencionalidad. Comparación (Criterios fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos)” Estudios constitucionales,  Santiago,  v. 7, n. 2,   2009, http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-52002009000200005&lng=es&nrm=iso






3 HITTERS Juan Carlos, “Control de Constitucionalidad y Control de Convencionalidad. Comparación (Criterios fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos)” Estudios constitucionales,  Santiago,  v. 7, n. 2,   2009, http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-52002009000200005&lng=es&nrm=iso






4 HIGHTON Elena I., “Sistemas concentrado y difuso de control de constitucionalidad”, www.juridicas.unam.mx






5 HITTERS Juan Carlos, “Control de Constitucionalidad y Control de Convencionalidad. Comparación (Criterios fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos)” Estudios constitucionales,  Santiago,  v. 7, n. 2,   2009, http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-52002009000200005&lng=es&nrm=iso






6 HIGHTON Elena I., “Sistemas concentrado y difuso de control de constitucionalidad”, www.juridicas.unam.mx






7 Corte Suprema de Justicia de la Nación (CS), Camaronera Patagónica S.A. c. Ministerio de Economía y otros s/ amparo, LA LEY, 28 de abril de 2014.






8 Cámara Federal Córdoba, sala A, “14/8/2006, “Maidana o Manubes Calvet, Manuel A. y otros”, Lexis Nexis, noviembre de 2006, número 8.






9 HIGHTON Elena I., “Sistemas concentrado y difuso de control de constitucionalidad”, www.juridicas.unam.mx






10 Lo desarrollado bajo este título se realiza citando lo contenido en: BIDART CAMPOS, German J., “Manual de la Constitución Reformada” Editorial Ediar, Buenos Aires, 1996, t. 1, Cap. V., disponible en SLIDESHARE del Dr. FLORES Oscar, http://es.slideshare.net/oflores/control-de-constitucionalidad-bidart-campos






11 Corte Suprema de Justicia de la Nación (CS), Camaronera Patagónica S.A. c. Ministerio de Economía y otros s/ amparo, LA LEY, 28 de abril de 2014.






12 BIANCHI, Alberto B., El caso "Camaronera Patagónica" y sus efectos, La Ley, Cita Online: AP/DOC/978/2014






13 GOZAÍNI, Osvaldo A., “El efecto legislativo de las sentencias constitucionales”, Suplemento Doctrina Judicial Procesal 2013 (junio), Cita Online: AR/DOC/1857/2013






14 Corte Suprema de Justicia de la Nación (CS), Camaronera Patagónica S.A. c. Ministerio de Economía y otros s/ amparo, LA LEY, 28 de abril de 2014.






15 JÁUREGUI, María de los A. “Comentario al fallo "Camaronera Patagónica SA v. Estado Nacional - Ministerio de Economía y otros s/amparo", La Ley, Cita Online: AP/DOC/1229/2014






16 GOZAÍNI, Osvaldo A., “El efecto legislativo de las sentencias constitucionales”, Suplemento Doctrina Judicial Procesal 2013 (junio), Cita Online: AR/DOC/1857/2013






17 BIANCHI, Alberto B., El caso "Camaronera Patagónica" y sus efectos, La Ley, Cita Online: AP/DOC/978/2014






18 BIANCHI, Alberto B., El caso "Camaronera Patagónica" y sus efectos, La Ley, Cita Online: AP/DOC/978/2014






19 BAZÁN Víctor, “La Corte Suprema de Justicia de la Nación frente a un importante reto: la consolidación de la seguridad jurídica en el ámbito del control de constitucionalidad”, Foro de Córdoba, n.100, p. 124






20 SESIN Domingo, “El contenido de la tutela judicial efectiva con relación a la actividad administrativa discrecional, política y técnica”, Lexis Nexis Córdoba, junio de 2007, número 6.






21 Cámara Federal de Córdoba sala A, 1/06/2001 “AFIP. (DGI) v. Hemodinamia Rio Cuarto S.R.L.”, Lexis Nexis Córdoba, mayo de 2006, número 2.






22 HIGHTON Elena I., “Sistemas concentrado y difuso de control de constitucionalidad”, www.juridicas.unam.mx






23 PRZEWORSKI Adam, Qué esperar de la democracia, Limites y posibilidades del autogobierno, Buenos Aires, Editorial Siglo Veintiuno, 2010, página 227.






24 Cámara Federal de Córdoba, sala A, 9/5/2007, “Cerezo, Mariano J.”, Lexis Nexis Córdoba, octubre de 2007, número10.






25 BULLRICH Patricia, Discurso Cláusula Transitoria octava y la Delegación de Facultades
Sesión miércoles 12 de agosto de 2009, http://www.unionportodos.org/elementos-discurso-df.php

26
 BULLRICH Patricia, Discurso Cláusula Transitoria octava y la Delegación de Facultades
Sesión miércoles 12 de agosto de 2009, http://www.unionportodos.org/elementos-discurso-df.php

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 BARRANCOS Y VEDIA Fernando N., “Legitimidad del Control de Constitucionalidad”, en sesión privada de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, el 13 de agosto de 2003.


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