Derecho a la salud de personas de la tercera edad deber de las autoridades de brindar protección reforzada y especial a los adultos mayores que se encuentren en situación de debilidad manifiesta






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DERECHO A LA SALUD DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD - Deber de las autoridades de brindar protección reforzada y especial a los adultos mayores que se encuentren en situación de debilidad manifiesta
La Constitución Política, en los artículos 13 y 46, contempla una protección especial del Estado y la sociedad a las personas de la tercera edad, en concordancia con los preceptos en que se funda el Estado social de derecho: la solidaridad y la dignidad humana… A partir de esa consideración, la Corte Constitucional ha reconocido una protección reforzada del derecho a la salud en las personas de la tercera edad que se materializa con la garantía de una prestación continua, integral, permanente y eficiente de los servicios de salud que requieran, no solo en aquellos eventos de tratamiento de enfermedades físicas o mentales, sino también ante situaciones en las que está en riesgo la posibilidad de que una persona viva en condiciones de dignidad… La Corte Constitucional ha sido reiterativa en darle una protección especial aquellas personas que sufren de cáncer, razón por la cual ha ordenado a las entidades prestadoras del servicio de salud autorizar todos los medicamentos y procedimientos POS y no POS que requieren estos pacientes para el tratamiento específico.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 1 / CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 13 / CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 46 / CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 47
NOTA DE RELATORIA: Respecto de la protección especial a las personas de la tercera edad, ver sentencias de la Corte Constitucional: T-540 de 2002, T-1111 de 2013, T-180 de 2013.
SUMINISTRO DE MEDICAMENTO SIN REGISTRO SANITARIO DEL INVIMA - Es procedente cuando dicho insumo, en específico, es necesario para la salud y vida del paciente que sufre enfermedad catastrófica / ACCION DE TUTELA PARA LA PROTECCION DEL DERECHO A LA SALUD - El juez de tutela debe ordenar la protección al derecho a la salud en su integralidad
Le corresponde a la Sala determinar si SANITAS E.P.S. vulneró el derecho fundamental a la vida, a la dignidad humana y a la salud de la señora Triana Martínez al negarle el medicamento SORAFENIB y la prestación de un tratamiento integral para su enfermedad… A pesar de que se radicó la citada orden médica ante SANITAS E.P.S., dicha entidad negó su autorización y suministro, por cuanto ese medicamento no tiene registro INVIMA para la enfermedad presentada por la usuaria… Es procedente el suministro de medicamentos no registrados en el INVIMA a menos que se demuestre que existe otra alternativa médica o, se determine, con fundamento en evidencia científica, que la medicina prescrita por el médico tratante no ofrece seguridad ni es eficiente para tratar la enfermedad del paciente. Para tal efecto, la carga de la prueba recae sobre la EPS, dado que esa entidad, posee los medios técnicos y el acceso al conocimiento médico necesario para obtener este tipo de argumentos científicos. En este caso, la EPS no aportó un criterio médico que desvirtuara el diagnóstico del médico tratante, ni una evidencia científica que determinara que el medicamento pone en riesgo la vida del paciente o no es el indicado para el tratamiento de su enfermedad… Teniendo en cuenta que el oncólogo tratante diagnosticó que el medicamento SORAFENIB es el que puede producir efectos favorables en la paciente, y dado que se trata de una adulta mayor enferma de cáncer, se encuentra que la negativa del suministro del medicamento puede poner en riesgo la vida de la afectada… En consecuencia, se ordenara a la EPS, que en el caso de que a la fecha de la notificación de esta providencia no hubiere cumplido la medida cautelar, suministre a la señora Triana Martínez el medicamento SORAFENIB por la cantidad y término prescrito por el médico tratante… En lo que concierne a la solicitud del tratamiento médico integral… Recuérdese que las personas de tercera edad, que además, sufren de enfermedades catastróficas, gozan de una protección especial por parte del Estado, que le impone a las autoridades la obligación de brindarles las condiciones necesarias que le permitan garantizar su derecho a la dignidad humana… Es por eso que la Sala ordenará a SANITAS E.P.S. que adopte de forma prioritaria las medidas necesarias, tendientes a la conservación de la salud de la afectada.
NOTA DE RELATORIA: La Corte Constitucional en las sentencias: T-975 de 1999, T-945 de 2004, T-1214 de 2008, T-834 de 2011, T-042 de 2013, T-539 de 2013, ha enunciado los casos en los cuales es procedente el suministro de medicamentos que no cuentan con el registro sanitaria INVIMA.


CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA




CONSEJERO PONENTE: JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ

Bogotá D.C. dieciséis (16) de diciembre de dos mil catorce (2014).
EXTRACTO JURISPRUDENCIAL – NUEVA LEGISLACIÓN.

Suministro de medicamento sin registro INVIMA en razón a la protección reforzada del derecho a la salud en adultos mayores que se encuentren en situación de debilidad manifiesta y riesgo inminente de afectación a la vida.
Alcances de los derechos a la vida, dignidad humana y la salud en la población adulta mayor
3.1. La Constitución Política, en los artículos 13 y 46, contempla una protección especial del Estado y la sociedad a las personas de la tercera edad, en concordancia con los preceptos en que se funda el Estado social de derecho: la solidaridad y la dignidad humana1,
3.2. La Corte ha señalado2 que “los adultos mayores necesitan una protección preferente en vista de las especiales condiciones en que se encuentran y, es por ello, que el Estado tiene el deber de garantizar los servicios de seguridad social integral a estos, dentro de los cuales se encuentra la atención en salud.

 

La atención en salud de las personas de la tercera edad se hace relevante en el entendido en que es precisamente a ellos a quienes debe procurarse un urgente cuidado médico en razón de las dolencias que son connaturales a la etapa del desarrollo en que se encuentran”.
A partir de esa consideración, esa Corporación ha reconocido una protección reforzada del derecho a la salud en las personas de la tercera edad que se materializa con la garantía de una prestación continua, integral, permanente y eficiente de los servicios de salud que requieran, no solo en aquellos eventos de tratamiento de enfermedades físicas o mentales, sino también ante situaciones en las que está en riesgo la posibilidad de que una persona viva en condiciones de dignidad3.
3.3. Es el caso de la agenciada que propende porque se ampare su derecho a la salud en conexidad con el derecho a la vida en condiciones dignas, dado que padece una enfermedad de carácter ruinosa o catastrófica, como lo es el cáncer4.
3.4. La Corte Constitucional ha sido reiterativa en darle una protección especial aquellas personas que sufren de cáncer, razón por la cual ha ordenado a las entidades prestadoras del servicio de salud autorizar todos los medicamentos y procedimientos POS y no POS que requieren estos pacientes para el tratamiento específico5.
3.5. De acuerdo con los anteriores criterios, la Corte6 estableció unas reglas que deben observar los jueces para inaplicar las normas del POS y, su lugar, ordenar el suministro de medicamentos, insumos o tratamientos no incluidos en ese plan, en aras de garantizar los derechos fundamentales de los usuarios del sistema de salud. Estas son:
i) La falta de servicio médico vulnera o amenaza los derechos a la vida y a la integridad personal de quien lo requiere,
ii) El servicio no puede ser sustituido por otro que se encuentre incluido en el POS.
iii) El interesado no puede directamente costearlo, ni las sumas que la entidad encargada de garantizar la prestación del servicio se encuentra autorizada legalmente a cobrar, y no puede acceder al servicio por otro plan distinto que lo beneficie,
iv) El servicio médico ha sido ordenado por un médico adscrito a la entidad encargada de garantizar la prestación del servicio a quien está solicitándolo”.
3.6. En consecuencia, de cumplirse los requisitos mencionados, procede la acción de tutela como mecanismo de protección inmediata de los derechos fundamentales del afectado.
Caso concreto
4.1. El agente oficioso de la señora Ligia Triana Martínez indicó que ésta tiene 79 años y, padece de un tumor estromal gastrointestinal con metástasis hepática. Esta afirmación se corrobora en el diagnóstico del médico especialista tratante.
Con fundamento en ello, solicitó que se le autorizara a la afectada el medicamento SORAFENIB y, se le prestara un tratamiento médico integral con un especialista en oncología clínica, garantizándole la entrega de los medicamentos, dispositivos médicos, asignación de citas y exámenes médicos a que hubiere lugar.

4.2. Para soportar esa solicitud, allegó el diagnóstico del médico tratante especialista en oncología clínica, quien le prescribió el medicamento SORAFENIB7.
4.3. A pesar de que radicó la citada orden médica ante SANITAS E.P.S., dicha entidad negó su autorización y suministro, por cuanto ese medicamento no tiene registro INVIMA para la enfermedad presentada por la usuaria.
4.4. En reiteradas oportunidades, la Corte Constitucional8 ha establecido que cuando se está ante un caso en que la entidad promotora de salud o el Comité Técnico Científico niegan el suministro de un medicamento por no contar con el registro sanitario expedido por el INVIMA, se debe evaluar si el derecho a la salud se encuentra comprometido con dicha negativa.
Esa Corporación explicó que el derecho a la salud de una persona implica que se le garantice el acceso al medicamento que requiere, así no cuente con registro del INVIMA, si fue ordenado por su médico tratante, a menos que (i) el medicamento pueda ser sustituido por otro con el mismo principio activo, sin que se vea afectada la salud, la integridad o la vida, y (ii) los otros medicamentos con registro sanitario vigente, cuyo principio activo es el mismo, se encuentran efectivamente disponibles en el mercado colombiano9.
Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha señalado que el juez constitucional no puede (i) ordenar una medicina que se encuentre en etapa experimental y (ii) se debe evitar el grave riesgo de la vida del paciente. Por tanto, es necesario evaluar la prescripción del médico tratante por medio de criterios científicos10.
4.5. De esta forma, es procedente el suministro de medicamentos no registrados en el INVIMA a menos que se demuestre que existe otra alternativa médica o, se determine, con fundamento en evidencia científica, que la medicina prescrita por el médico tratante no ofrece seguridad ni es eficiente para tratar la enfermedad del paciente.
4.6. Para tal efecto, la carga de la prueba recae sobre la EPS, dado que esa entidad, posee los medios técnicos y el acceso al conocimiento médico necesario para obtener este tipo de argumentos científicos.
4.7. En este caso, la EPS no aportó un criterio médico que desvirtuara el diagnóstico del médico tratante, ni una evidencia científica que determinara que el medicamento pone en riesgo la vida del paciente o no es el indicado para el tratamiento de su enfermedad.
4.8. Por su parte, el médico tratante, especialista en oncología clínica, certificó que el paciente requiere del medicamento SORAFENIB debido a la progresión de la enfermedad con el medicamento SUNITINIB. La razón de la formulación la fundamentó en que el SORAFENIB es un medicamento que tiene estudios con muy buenos resultados en la patología del paciente, y que otros medicamentos aprobados en otros países no están disponibles en Colombia11.
4.9. Teniendo en cuenta que el oncólogo tratante diagnosticó que el medicamento SORAFENIB es el que puede producir efectos favorables en la paciente, y dado que se trata de una adulta mayor enferma de cáncer, se encuentra que la negativa del suministro del medicamento puede poner en riesgo la vida de la afectada.
Además, está demostrado que la paciente no respondió satisfactoriamente a otros medicamentos, lo que ha producido el avance del estado de su enfermedad.
4.10. En consecuencia, se ordenara a la EPS, que en el caso de que a la fecha de la notificación de esta providencia no hubiere cumplido la medida cautelar, suministre a la señora Ligia Triana Martínez el medicamento SORAFENIB por la cantidad y término prescrito por el médico tratante.  

4.10. En lo que concierne a la solicitud del tratamiento médico integral la Sala realiza las siguientes precisiones:
Las condiciones físicas y económicas de la señora Ligia Triana Martínez y, el diagnóstico del oncólogo tratante, hacen evidente el estado de vulnerabilidad y de debilidad manifiesta en el que se encuentra, que le impide desarrollarse plenamente. Por tanto, se trata de un sujeto de protección especial constitucional.
Recuérdese que las personas de tercera edad, que además, sufren de enfermedades catastróficas, gozan de una protección especial por parte del Estado, que le impone a las autoridades la obligación de brindarles las condiciones necesarias que le permitan garantizar su derecho a la dignidad humana.
Es por eso que la Sala ordenará a SANITAS E.P.S. que adopte de forma prioritaria las medidas necesarias, tendientes a la conservación de la salud de la afectada.
4.11. Así las cosas, la Sala ordenará a SANITAS E.P.S., que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta decisión, preste de forma prioritaria el tratamiento integral a la patología que padece la señora Triana Martínez, mediante un especialista en oncología clínica y, autorizando todos los procedimientos, medicamentos, exámenes de apoyo diagnóstico y de seguimiento, y demás tratamientos y servicios que su enfermedad demanden.
ACCIÓN: TUTELA

ACCIONANTE: LIGIA YADIRA MARTÍNEZ TRIANA

ACCIONADA: ORGANIZACIÓN SANITAS INTERNACIONAL

-E.P.S. SANITAS-

RADICADO: 11001-03-15-000-2014-03575-00

ASUNTO: DERECHO A SALUD Y A LA VIDA

FALLO DE PRIMERA INSTACIA

De acuerdo con la regla de reparto establecida en el numeral 2° del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000, procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por la señora Ligia Yadira Martínez Triana en calidad de agente oficioso de Ligia Triana Martínez en contra de la SANITAS E.P.S., por considerar vulnerado el derecho fundamental a la salud, a la dignidad humana y a la vida.


  1. ANTECEDENTES


El 20 de noviembre de 201412, la señora Ligia Yadira Martínez Triana, actuando en calidad de agente oficioso de Ligia Triana Martínez, instauró acción de tutela en contra de SANITAS E.P.S., por considerar vulnerado el derecho fundamental a la salud, a la dignidad humana y a la vida.
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