Pronunciamiento de Organizaciones de Sociedad Civil Nacionales e Internacionales en solidaridad con el Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure tipnis






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ANEXO 1













Pronunciamiento de Organizaciones de Sociedad Civil Nacionales e Internacionales en solidaridad con el Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure TIPNIS

FINANCIAMIENTO DE BNDES EN LA CARRETERA VILLA TUNARI-SAN INGNACIO DE MOXOS EN BOLIVIA

La construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos en Bolivia atraviesa el Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure TIPNIS, esta obra ocasionará una destrucción ecológica en Bolivia, afectará la vida y cultura de los pueblos moxeños, yurakarés y chimanes que habitan en este parque, conllevará la extinción de fauna y flora únicas en el mundo, y afectará de una manera irreparable la naciente de ríos fundamentales, lagos y belleza escénica.

El TIPNIS es un polígono de bosques y sabanas (más de un millón de hectáreas) ubicados entre la llanura beniana y las sierras subandinas de Cochabamba, es una Tierra Comunitaria de Origen (TCO) y un área protegida con una doble categoría de protección, al ser Parque Nacional dado por el Estado desde el año 1965, y territorio indígena derivado de la condición de TCO lograda después de la marcha indígena de 1990.

Los indígenas que viven en el TIPNIS iniciaron una marcha hacia La Paz, sede de gobierno, en defensa de este Parque, y juntamente a sus familias han estado caminando por más de un mes, hasta que el 25 de septiembre la fuerza policial arremetió de forma violenta contra ellos.

Este hecho ha generado el repudio de la población boliviana hacia este atropello de los derechos humanos y la demanda de transparencia e información sobre los intereses alrededor de este proyecto, que priman antes que el respeto a la vida y los derechos.

Ante la problemática por la que atraviesa Bolivia por la construcción de esta carretera, que tiene un financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES), las organizaciones y redes de sociedad civil abajo firmantes solicitan al Parlamento de Brasil:

  • Suspender el financiamiento de esta carretera y tomar acciones de investigación sobre la legalidad del contrato de crédito suscrito entre BNDES y el Estado Plurinacional de Bolivia y que éste no contenga condiciones lesivas para Bolivia.

  • Ante las denuncias conocidas, investigar el accionar de la empresa OAS en éste y otros proyectos de la misma en Bolivia.

  • Revisar el proceso de este crédito con miras a que no se constituya en una deuda ilegítima entre Brasil y Bolivia; dados los indicios de ilegalidad e ilegitimidad identificados en créditos de Brasil a través de la auditoria de deuda de Ecuador y las iniciativas de sociedad civil de otros países como Paraguay por realizar auditorías de deuda a los créditos con Brasil.

  • Asumir la responsabilidad como acreedor para tomar acciones que eviten la generación de un daño al pueblo de Bolivia, tomando en cuenta experiencias de otros países en los que el acreedor ha reconocido haber sido parte de un crédito ilegítimo, como fue el caso de Noruega, que anuló créditos que habían sido dañinos en varios países de nuestra región.

Instamos al Parlamento de Brasil tomar las acciones que les compete como una señal de su compromiso con los derechos humanos y con la transparencia.

Brasilia, 6 de Octubre de 2011

Firman:

Red Latinoamericana de Deuda, Desarrollo y Derechos LATINDADD

Fundación Jubileo, Bolivia

FIATPAX, miembro de la Coordinadora Civil, Nicaragua

Jubileo Guayaquil, Ecuador

Centro de Derechos Económicos y Sociales CDES, Ecuador

Centro de los derechos del campesino, Nicaragua

Corporación de Investigación y Acción Social y Económica CIASE, Colombia

Auditoria Ciudadana de la Deuda, Brasil

Comisión Nacional de Enlace CNE, Costa Rica

Red Jubileo, Perú

Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CATDM), Bélgica

Norweigan Chcurch Aid, Noruega

Expertos en deuda:

Ramiro Chimurris, Uruguay

William Gaviria, Colombia

Angel Furlan, Argentina

Jorge Marchini, Argentina

Guillermo Berganza, Argentina

Konstantinos Bitsanis, Grecia

Jose I. Acunha, Venezuela

Miriam Ayala, Ecuador

…….

ANEXO 2

CARTA DE BRASÍLIA

Seminario Internacional “Alternativas de enfrentamiento a la Crisis”

Hoy, día 5 de octubre de 2011, centenas de representantes de entidades del Brasil, Argentina, Bélgica, Colombia, Venezuela, Suiza, Noruega, Grecia, Ecuador, Uruguay, Perú, Bolivia, de la Auditoria Ciudadana de la Deuda y de las redes internacionales CADTM (Comité por la Anulación de la Deuda Tercer Mundo) y Latindadd (Red Latinoamericana sobre la Deuda, Desarrollo y Derechos) se reunieron en Brasilia, en el Seminario Internacional “Alternativas de enfrentamiento a la Crisis”, para demandar:

- la modificación radical del actual sistema financiero global, que está funcionando de manera desregulada, sin ningún tipo de control democrático o popular, a pesar de que las crisis financieras sean sufridas por amplios y vulnerables segmentos sociales;

- la instalación de comisiones para auditar la deuda pública en cada país, y el fin de la emisión de deuda pública para salvar instituciones financieras en riesgo de quiebra;

- avance de la integración latinoamericana y la implementación inmediata, en toda la región, de una Nueva Arquitectura Financiera, que incluya el pleno funcionamiento del Banco del Sur;

Las organizaciones y movimientos, aquí reunidos, repudian los efectos de las políticas impuestas por los bancos y sus representantes – FMI, Unión Europea y gobiernos – sobre las poblaciones, destacándose las situación en Grecia, vidriera de una verdadera guerra entablada entre el pueblo y el sistema financiero.

Este sistema insiste en exigir desempleo masivo y la reducción, sin precedentes, de derechos y gastos sociales: congelamiento salarial, desempleo, drama de los jubilados, privatizaciones, precariedad de la salud, educación, vivienda, todo esto para garantizar el pago de una deuda repleta de ilegitimidades. Esta es una crisis que se multiplica como un virus, que viene enfermando y contaminando a la sociedad.

La crisis ofrece una oportunidad de lucha conjunta de los pueblos del Sur y del Norte contra el “sistema de la deuda”, que es la usurpación del endeudamiento público, transformándolo en un instrumento de dominación global. Además de las manifestaciones públicas puestas en evidencia por huelgas en varias partes del mundo, la demanda y la creación de comisiones de auditoría se multiplican por los países. La auditoría es un instrumento capaz de revelar y documentar la VERDAD sobre ese “sistema de deuda”, posibilitando a la sociedad el CONOCIMIENTO sobre el cómo, y al servicio de quién, tales deudas fueron contraídas. Somos conscientes que el conocimiento es uno de los principales instrumentos de los pueblos en la lucha contra su opresión.

El instrumento de auditoría fue utilizado recientemente con éxito por el Ecuador que, tomando como base la relatoría de la comisión creada para ese fin, respaldado en documentos y pruebas de ilegalidades, anuló el 70% de la deuda con bancos privados internacionales. Este proceso fue considerado como un ejemplo para el mundo por la propia ONU, donde la sociedad podría estimular la creación de una comisión de auditoría independiente.

En Brasil, la reciente Comisión Parlamentaria de Investigación de la Deuda Pública, concluida en 2010, en la Cámara de Diputados, también denunció fuertes indicios de ilegalidades – resultados dirigidos al Ministerio Público – y reconoció que la mayor parte de la deuda pública brasileña es el resultado de las altas tasas de interés, demostrando, también, la ausencia de contrapartida real de una deuda que en 2010 utilizó 45% de los recursos del Presupuesto de la Unión para el pago de los intereses y amortizaciones. Esa deuda, generada por mecanismos financieros ilegales e ilegítimos, entre los cuales hasta se utilizó la práctica de intereses sobre intereses (anatocismo), ya declarada ilícita por el Supremo Tribunal Federal (STF), debe ser urgentemente auditada.

Justamente, en el Supremo Tribunal Federal se encuentra la acción llevada a juicio por la Orden de Abogados del Brasil (OAB) – ADPF n°59/2004 – que lleva a pleito el cumplimiento del artículo 26 del Acto de las Disposiciones Transitorias de la Constitución Federal de 1988. Ese artículo determinó que el Congreso Nacional constituya una Comisión Mixta para realizar el examen analítico y pericial de los actos y hechos generadores del endeudamiento brasileño. Hoy, 5 de octubre de 2011, se cumplen, exactamente, 23 años del sistemático incumplimiento de ese dispositivo contenido en la Ley Mayor del país, proclamada para ser la “Constitución Ciudadana”. Las organizaciones presentes en el Seminario repudian esa continua violación y declaran su apoyo a la importante iniciativa de la OAB, y a las investigaciones del Ministerio Público derivadas de la CPI de la Deuda.

La auditoría de la deuda es urgente, pues el Brasil, también, enfrenta una seria crisis de endeudamiento, aunque no lo aparente. El actual modelo económico aplicado en el país privilegia el pago de la deuda al mismo tiempo que aplica todas las medidas recomendadas por el FMI en Europa. Están en marcha en el Brasil el recorte de R$ 50 billones del Presupuesto Federal; el congelamiento de salarios de trabajadores públicos, propuesto por el Proyecto de Ley Complementaria 549/2009 y, ya implementado en la práctica por la negativa del gobierno de negociar con varias categorías; la privatización del régimen jubilatorio de esos trabajadores (Proyecto de Ley 1992/2007); la privatización de los hospitales universitarios (Proyecto de Ley 1749/2011); la restricción de recursos para inversiones en áreas esenciales como salud, educación, vivienda, asistencia, saneamiento, etc.

Los participantes del Seminario declaran su apoyo a la recomposición de los haberes jubilatorios, como así, también, a la campaña para destinar 10% del PBI para la educación y demás reivindicaciones que llevan a rescatar los derechos sociales.

Repudiamos la intención anunciada de que Brasil podrá destinar recursos para “ayudar” a la Unión Europea (UE) a “combatir” la crisis, contando con el aporte de más reservas internacionales brasileñas para el FMI, UE u otro instrumento similar. Sabemos que eventuales medidas de esa naturaleza no se convertirán en ayuda a los pueblos; la historia reciente muestra que los beneficiarios, de hecho, serán las organizaciones financieras, que continuarán, así, asegurando niveles extorsivos de lucro. Tal medida no combate la crisis, sino que la profundiza, visto que los paquetes de “ayuda” imponen recesiones, desempleo y reducción de los gastos sociales.

Súmese a esto, que los recursos que Brasil, eventualmente, pueda destinar a tales paquetes nefastos son obtenidos por medio de más “deuda interna”, sobre la cual inciden las más altas tasas de interés del mundo. Esta es la peor manera posible de “combatir” la crisis, pues hace a la población brasileña pagar caro para financiar programas que sacrifican, todavía más, a la población europea.

Otra aplicación de las reservas brasileñas es la compra de títulos del Tesoro de los EEUU, que no rinden casi nada y, además, financian las políticas estadounidenses, como el salvataje de bancos fallidos y las guerras.

Todos estos puntos muestran la necesidad de una nueva arquitectura financiera internacional, cuya lógica no sea que los pueblos de los países periféricos financien los imperios. Esa nueva arquitectura financiera pasa por la efectiva creación del Banco del Sur, orientado a inversiones en proyectos que atiendan las necesidades de los pueblos y, no los intereses de las grandes empresas transnacionales.

Esta institución debe ser controlada, por lo tanto, por organismos representativos de la sociedad civil, dedicados a la defensa de los derechos humanos fundamentales, de los intereses colectivos, de la sustentabilidad ambiental y de la autonomía de los pueblos. Solamente con esa integración democrática será posible escapar de las cadenas impuestas por el estado capitalista, sujeto a las determinaciones dictadas por “los mercados”, sabidamente incompatibles con el desarrollo social.

En este sentido, las organizaciones y movimientos presentes rechazan todo instrumento de dominación de los pueblos al servicio de las grandes empresas transnacionales y, proclaman:

- NO, al proyecto de Ruta Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, en Bolivia, que cuenta con el financiamiento del BNDES de Brasil. Esta ruta que atraviesa el Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) generará destrucción ecológica y afectará la vida y la cultura de los pueblos indígenas. Nos solidarizamos con los pronunciamientos de las redes Latindadd y otras contra este proyecto;

- NO, a la actuación del CIADI (Centro Internacional de Resolución de controversias relativas a Inversiones), cuyas decisiones favorecen a las transnacionales en detrimento de los pueblos. Los países de América Latina se deben retirar de este organismo y avanzar en la implementación de una Nueva Arquitectura Financiera Internacional;

- NO, a la promoción de proyectos que aumentan la deuda ecológica, la difusión de un modelo agrícola basado en el monocultivo y los agrotóxicos – que envenenan el ambiente – en tanto los campesinos/as permanecen abandonados/as, sin una reforma agraria integral;

- NO, a la presencia de tropas brasileñas en Haití, que sirven para mantener un modelo neoliberal de explotación de la clase trabajadora;

Ante todo lo expuesto, las organizaciones y movimientos, aquí reunidos, reivindican:

- la suspensión inmediata de los programas neoliberales impuestos por el FMI, la Unión Europea y los gobiernos a los pueblos europeos y, la suspensión del pago de las deudas contraídas para salvar al sector financiero y sustentar el lucro de grandes empresas;

- una nueva arquitectura financiera internacional, que no privilegie al sector financiero del Norte, sino al conjunto de los pueblos que depende de inversiones públicas capaces de desarrollar políticas de empleo y salarios dignos y de producir servicios satisfactorios, en áreas como salud y educación;

- la completa auditoría de las deudas del Sur y del Norte, que dará a los pueblos una importante herramienta para derrotar este verdadero “sistema de la deuda”, el que promueve la apropiación de las riquezas globales y el sometimiento de enormes sectores poblacionales del planeta en beneficio de una elite capitalista, empresarial y financiera. Para tal fin, las organizaciones internacionales presentes elaborarán un manual de auditorías de la deuda, direccionado tanto a especialistas como a los movimientos sociales;

- la democratización de las decisiones de política económica para el enfrentamiento a la crisis, expresada en sus facetas alimentaria, ambiental, financiera y social, será posible, solamente, a partir del amplio conocimiento de los factores de poder que impiden el pleno acceso a los derechos consagrados en los diversos ordenes constitucionales y en el derecho internacional.

Brasilia, 5 de octubre de 2011

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