Prevención de daños en la adolescencia






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PREVENCIÓN DE DAÑOS EN LA ADOLESCENCIA

CONSUMO DE DROGAS Y DERECHO A LA SALUD

Carlos Gabriel Del Mazo

La Humanidad le debe a los niños lo mejor que tiene para ofrecer”1

1. INTRODUCCIÓN

2. MARCO JURÍDICO

3. ADOLESCENCIA Y CONSUMO DE DROGAS

3.1. La Adolescencia desde la perspectiva biopsicosocial

3.2. La Adolescencia desde la perspectiva jurídica

3.3. Drogas. Concepto y clasificación

3.4. Relación entre los Adolescentes y las Drogas

3.5. Drogas de mayor consumo y daños que provocan

3.6. Factores de riesgo

4. EL DERECHO A LA SALUD

4.1. Concepto y contenido

4.2. Encuadre Constitucional

4.3. Tratados Internacionales con Jerarquía Constitucional

4.4. Normativa infraconstitucional

4.5. Jurisprudencia

5. PREVENCIÓN

5.1. Concepto

5.2. Modalidades

5.3. Niveles

5.4. Estrategias

5.5. Agentes de Prevención

6. LA FAMILIA, LOS PADRES Y LA PREVENCIÓN

6.1. Aspectos Generales

6.2. Derechos y obligaciones de los padres

6.3. Actuación en materia de prevención

6.4 Jurisprudencia

7. LA COMUNIDAD Y LA PREVENCIÓN

7.1. Aspectos Generales

7.2. El papel de la Escuela

7.3. Jurisprudencia

8. EL ESTADO Y LA PREVENCIÓN

8.1. Aspectos Generales

8.2. Obligaciones del Estado

8.3. Actuación en materia de prevención

8.4. Jurisprudencia

9. MECANISMOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO

9.1. Aspectos Generales

9.2. Tutela sustancial inhibitoria

9.3. Amparo y procesos urgentes

9.4. Medidas autosatisfactivas

9.5. Tutela anticipada o sentencia anticipatoria

9.6. Jurisprudencia

10. CONCLUSIONES

1. INTODUCCION

En materia de daños, el derecho se ha ocupado principalmente del resarcimiento a las víctimas más que de la prevención, pero el aumento exponencial de las situaciones dañosas y una visión más amplia respecto de la protección y promoción de los derechos humanos, obligan a volver la mirada sobre el tema de la prevención.

No basta con resarcir a las víctimas; es necesario trabajar para que los daños no se produzcan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 y 43 de la Constitución Nacional.

El aumento de los niveles de dañosidad se da en todos los ámbitos y tiene como origen múltiples factores, pero existen problemáticas que generan un mayor riesgo potencial (como el consumo de drogas) y también grupos especialmente vulnerables a sufrir daños o a provocarlos a partir de la utilización de estas sustancias (como los niños y adolescentes).

En este trabajo nos proponemos abordar con un enfoque preventivo, el tema del consumo de drogas y su vinculación con los adolescentes y el derecho a la salud. Para ello, comenzaremos por delimitar el marco teórico sobre el cual habremos de trabajar y realizar un breve recorrido por los aspectos más generales del tema. Luego, analizaremos lo que se refiere al derecho a la salud, la responsabilidad que en la materia tienen los distintos agentes de prevención (familia, comunidad y Estado) y las herramientas para la adecuada protección de los derechos en juego.

Se advertirá que en este trabajo conviven entremezclados con el análisis eminentemente jurídico algunos aspectos vinculados a la medicina o la psicología. Ello no es casual sino que responde a la convicción de que no es posible un abordaje de estas problemáticas si no es con un enfoque interdisciplinario2. De hecho, se utiliza el término adolescentes -que como veremos, atraviesa diferentes categorías jurídicas- justamente por su significación más allá de lo jurídico, aunque limitaremos nuestro análisis a aquel grupo que nuestro Código Civil denomina menores impúberes.

2. MARCO JURÍDICO

Como adelantamos, nos parece conveniente comenzar planteando el marco jurídico desde el cual debe iniciarse el análisis de una problemática que incluye distintos derechos en juego y que además tiene dimensiones individuales y sociales.

Como sucede en cualquier Estado de Derecho moderno, todos los ciudadanos incluso el Estado mismo deben estar sometidos al derecho, es decir, todos deben actuar dentro de los márgenes que las leyes les otorgan y cumpliendo las obligaciones que ellas les imponen. Además, lo que caracteriza un Estado de Derecho es que existan normas que sean supremas, lo cual implica a su vez mayor seguridad jurídica; esta radica justamente en la previsibilidad de las conductas de gobernados y gobernantes. Por ello la Constitución Nacional tiene un papel fundamental como garante del Estado de Derecho y como principio de organización a partir de un conjunto de premisas que permiten la convivencia3.

Entre los derechos involucrados en la problemática que vamos a abordar podemos mencionar el derecho a la vida, a la integridad física y a la salud; el derecho de los hijos a poder estar con sus padres y de éstos a poder estar con sus hijos; la responsabilidad de las distintas instituciones de la comunidad y particularmente del Estado en la promoción de los derechos humanos y, particularmente, del derecho a la salud.

Debemos reconocer que en las últimas décadas se ha avanzado bastante en esta materia, sobre todo a partir de la Reforma Constitucional llevada a cabo en el año 1994, que implicó un cambio sustancial en el reconocimiento de los derechos humanos y en la incorporación a nuestro sistema legal de normas operativas para hacerlos efectivos.

Los nuevos derechos y garantías que incorporó implicaron algo más que el reconocimiento de formas diversas de igualdad y diversidad social o una mayor protección de facultades personales o colectivas; evidenciaron perfiles diferentes de la persona, del Estado, de los factores de poder económico y de las relaciones entabladas entre todos ellos4. El catálogo de derechos declarados y de garantías, se ha ampliado apuntando al valor de la solidaridad5. En cuanto al perfil del Estado, se advierte un rol más activo en la construcción de lo que podríamos llamar un “Estado Social de Derecho”, como pude vislumbrarse en las incorporaciones de los incisos 19 y 23 del artículo 75 de la Constitución Nacional a los que luego nos referiremos.

Particularmente, otorgó jerarquía constitucional a diez instrumentos internacionales de Derechos Humanos -dos declaraciones y ocho tratados-6. Además dispuso que otros tratados y convenciones sobre derechos humanos, podrían adquirir la misma jerarquía constitucional, mediante un procedimiento especial del Congreso Nacional7.

Entre estos tratados, adquiere particular relevancia para este trabajo la Convención sobre los Derechos del Niño que ya había sido aprobada mediante la ley 23.849 (22/10/1990). Como señala Weinberg, es un tratado de derechos humanos fundamental en el recorrido de estos derechos en el camino de su reconocimiento por el Derecho Internacional y los Derechos internos. Nos indica que el niño es sujeto activo de los mismos derechos humanos que todas las personas con la peculiaridad situacional de su vida, de su entorno, de sus necesitades8.

Por otra parte, en el capítulo II de la Primera Parte del texto constitucional (arts. 36 a 43) se han incorporado normas de suma importancia en esta materia, especialmente en lo que hace al reconocimiento de los derechos de tercera generación, como el derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano (art. 41) y el derecho de usuarios y consumidores a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la defensa de la competencia y al control de los monopolios (art. 42); y a que el Estado provea a la defensa de todos estos derechos.

Un aspecto esencial si se piensa en prevención es contar con herramientas adecuadas para la protección de los derechos comprometidos. Desde esta perspectiva, la inclusión a la Norma Fundamental de la figura del amparo, en sus diversas formas, ha sido de una importancia capital. Además, en este artículo 43 se amplia la nómina de legitimados para interponer un amparo e incorporó expresamente a su ámbito de protección los derechos de incidencia colectiva. Para la tutela de estos derechos que tienen por objeto bienes colectivos –como veremos luego sucede con el derecho a la salud-, reconoce la legitimación del Defensor de Pueblo de la Nación, las asociaciones que concentran el interés colectivo y el propio afectado.

Finalmente, el art. 75 inc. 23 incorporó dos medidas de singular importancia para extender la amplitud de los derechos constitucionales y que son centrales desde la perspectiva de la prevención de los daños, la facultad del Congreso de legislar y promover medidas de acción positiva y la de dictar un régimen de seguridad social especial9.

También desde la perspectiva de la prevención debemos apuntar que si bien la regla según la cual el que daña injustamente repara posee inequívoca vigencia, es prioritaria la de “no dañar”. Justamente, como el artículo 19 de la Constitución Nacional prevé que las acciones privadas que no ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a terceros, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la voluntad de los magistrados, contrariamente las que sí ofendan o perjudiquen, lo estarán. A ello debemos agregar que en el diseño del referido artículo 43, queda claro que esta acción “expedita y rápida de amparo”, puede interponerse también cuando los derechos y garantías reconocidos por la Constitución, un tratado o una ley sean amenazados.

En cuanto a las normas dictadas por el Congreso Nacional y vinculadas a la problemática que nos ocupa, vale la pena destacar la Ley 22.278 (28/8/1980) Régimen Penal de la Minoridad; la Ley 22.373 (13/1/1981) que crea el Consejo Federal de Salud; la Ley 22.914 (6/12/1982) de internación en establecimientos de salud mental10; la Ley 23.661 (20/1/1989) que crea el Seguro de Salud y toda una serie de leyes y decretos dictados con posterioridad tendientes a la protección del derecho a la salud, entre ellas las leyes 24.455 y 24.754; la ley 24.240 (13/10/1993) de Protección y Defensa de los Consumidores; la ley 23.737 (10/10/1989) Régimen Penal de Estupefacientes, y sus modificatorias; la Ley 26.061 (2005) de Protección Integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

También se han dictado numerosas leyes locales vinculadas a la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, entre las que podemos mencionar: Buenos Aires (ley 13.298), Chubut (ley 4.347), Córdoba (ley 9.053), Corrientes (ley 2.728), Jujuy (ley 5.288), Mendoza (ley 6.354), Misiones (ley 3820), Neuquén (ley 2.302), Río Negro (ley 4.109), Salta (ley 7.039), San Juan (ley 7.338), Tierra del Fuego (ley 521) y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ley 114), entre otras11.

3. ADOLESCENCIA Y CONSUMO DE DROGAS

3.1. La Adolescencia desde la perspectiva biosicosocial

Podemos definir la adolescencia desde distintos puntos de vista, según desde dónde se proponga su abordaje, pero sin duda constituye un momento muy especial del ciclo vital del ser humano, que comienza siendo un hecho biológico (crecimiento del cuerpo y comienzo del funcionamiento de las hormonas sexuales), pero a su vez, está inmerso en un proceso psicosocial que varía según las culturas y los momentos históricos12.

Constituye esencialmente un proceso de cambio y, por tal razón, de transición. Los cambios biológicos marcan el inicio de la adolescencia, pero ésta no se reduce a ellos, sino que se caracteriza además por significativas transformaciones psicológicas y sociales. En este camino experimentará cambios físicos -incluyendo su conducta sexual-, intelectuales, emocionales y sociales. Se modificará su relación con sí mismo, con sus padres y demás integrantes de la familia, con sus compañeros, con el sexo opuesto y con el mundo en general.

Puede ser considerada una encrucijada fundamental en la vida de un sujeto, entre el niño que debe dejar y el aún no adulto, en un interjuego de nuevas identificaciones para ‘ser’ y el intento -y sus dificultades ligadas a la pérdida-, por despojarse de aquellas que lo marcaron desde el deseo parental, en procura para sí de un lugar propio, diferencial13

Tanto para el adolescente como para la familia, es el momento de la vida en que se presentan más problemas nuevos y con menos tiempo para resolverlos. Esta referencia al tiempo no implica que sea un período corto, sino muy intenso. De hecho, si lo pensamos sólo en términos temporales, en la actualidad implica más de una década en la vida de una persona y continúa ampliándose, tanto por la anticipación de su inicio como por la prolongación de su final14.

Como se puede advertir, si trasladamos ésto a nuestro sistema jurídico, la adolescencia nos remite al tratamiento de situaciones muy diferentes y que, a su vez, también tienen respuestas diferentes. De ahí que adelantáramos que en este trabajo vamos a analizar puntualmente la situación de los adolescentes a los que nuestro Código Civil denomina menores adultos.

3.2 La Adolescencia desde la perspectiva jurídica

El término adolescente ha sido tradicionalmente ajeno a nuestro régimen legal que se ha limitado a distinguir entre menores y mayores de edad. Recién en la última década ha comenzado tímidamente a aparecer en distintas disposiciones merced a un cambio en la consideración respecto de los menores que, como sujetos de derechos, pasan a ser definidos más específicamente en las categorías de niños, niñas y adolescentes.

A nivel nacional, este proceso parece consolidarse a partir de la sanción de la ley 26.061 (26-10-2005) de Protección integral de niñas, niños y adolescentes donde se empieza a utilizar este término, pero sin establecer concretamente a quiénes se refiere. Casi un año después, la ley 26.150 (24-10-2006) que estableció el Programa Nacional de Salud Sexual Integral, lo utiliza en varios de sus artículos, pero también sin definir con claridad a quiénes incluye en esta categoría.

Ahora bien, debe reconocerse que con anterioridad a esa fecha, se dictaron distintas normas a nivel local que incluía a los adolescentes en su texto. Así, la ciudad de Buenos Aires al dictar su propia constitución (1º de octubre de 1996) incluyó un artículo especialmente dedicado a la situación de los niños, niñas y adolescentes (art. 39)15, que luego se trasladó a la ley 114 (3/12/1998) de Protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Contemporáneamente se dictaron también distintas leyes provinciales de protección de los niños que incluyen específicamente a los adolescentes16.

Fuera de estas normas, sólo algunos decretos a partir de 1995 -no más de quince- los mencionaba y la mayoría vinculados específicamente al tema de salud, incluido también el decreto 415/06 (18-4-2006) reglamentario de la ley 26.061.

En efecto, desde una concepción amplia del proceso vital que llamamos adolescencia, existe un régimen jurídico referido a los que son menores de edad y otro que incluye a los que ya han superado los 21 años. A su vez, en el primer caso, existen disposiciones que adoptaron criterios cronológicos diferentes, según la cuestión que se analice. Así, el criterio general desde el punto de vista del derecho civil, es distinguir entre los menores impúberes hasta los 14 años y los menores adultos desde allí hasta los 21 años. Ahora bien, a los efectos de la responsabilidad, es necesario separar los menores que no han cumplido los 10 años de los que superaron esta edad. También podemos señalar los 16 años en la mujer y los 18 en el hombre como edad mínima para contraer matrimonio (con acuerdo de los padres o del juez), así como otras disposiciones similares. Finalmente, desde el punto de vista penal, debemos considerar la distinción a los efectos de la imputabilidad entre los menores de 16 años, con respecto a los que ya han superado esta edad y todavía no cumplen 18 años y finalmente la franja que va de los 18 a los 2117.

Por si todo esto fuera poco, no debemos perder de vista que actualmente la doctrina no es uniforme respecto de si, a la luz de la Convención de los Derechos del Niño con rango constitucional luego de la última reforma constitucional, el artículo 126 del Código Civil que fija la mayoría de edad a los 21 años es o no inconstitucional, frente a dicha convención que la ubica en los 18 años18.

Sin duda, se abre paso en el mundo jurídico una posición que procura superar la categorización del menor en función de su edad cronológica y pretende encontrar nuevos parámetros de mayor justeza para determinar su incapacidad de obrar o para excepcionar la misma19.

En definitiva, si bien es importante conocer el régimen legal aplicable en cada momento a quienes no han alcanzado la mayoría de edad, nos parece que la utilización del término adolescencia nos facilita conectarnos con categorías que no son propias del derecho, pero que dan cuenta del momento evolutivo de este particular grupo etario al que se le aplica el derecho. Cuanto más y mejor logremos comprender qué le pasa a estos chicos, mayores posibilidades tendremos de formular las políticas necesarias para evitar un incremento de los conflictos familiares y de los daños dentro y fuera de la familia.
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