A competencia: Asuntos entre Estados, demandas individuales, opiniones consultivas






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Tema 35. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos

TEMA 35º

EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS

(Esquema)
I. EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS. CONSTITUCIÓN

1. El TEDH

A) Antecedentes

B) El CEDH de 1950

a) Catálogo de derechos

b) El sistema inicial de control jurisdiccional: Comisión y TEDH

C) El control jurisdiccional tras el Protocolo nº 11

- Circunstancias impulsoras del cambio

- Novedades introducidas por el Protocolo 11

2. Constitución y composición del TEDH

A) Constitución: Recreación institucional, permanencia, exclusividad

B) Composición: Miembros; elección; duración mandato; inamovilidad

C) Estructura y organización

a) Pleno

b) Órganos jurisdiccionales: a’) Comités; b’) Salas; c’) Gran Sala

c) Órganos auxiliares

3. El proceso ante el TEDH: Presupuestos y requisitos procesales

A) Competencia: Asuntos entre Estados, demandas individuales, opiniones consultivas

B) Legitimación

a) Activa

b) Pasiva

c) Intervención de terceros

C) Postulación

4. Procedimiento

a) Demanda: admisibilidad, forma y contenido

b) Trámite de admisión

c) Tramitación posterior: Examen contradictorio, posible arreglo amistoso, vista

d) Sentencia: Contenido, supuestos de remisión a la Gran Sala, firmeza
II. EFICACIA DE SUS SENTENCIAS

“Cosa juzgada” y “cosa interpretada”

A) Eficacia de la sentencia respecto del Estado demandado: Ejecución

a) Fuerza obligatoria de la sentencia. El art. 46 CEDH y el control de la ejecución por el Comité de Ministros

b) Las peculiaridades de la ejecución. No corresponde al Tribunal; sentencia declarativa; efectividad conforme al derecho interno; doctrina del TC: fuerza ejecutiva; misión de los poderes públicos; necesidad de un cauce procesal

B) La llamada eficacia “erga omnes” de la sentencia respecto de los demás Estados Parte del Convenio

- “Ius commune” europeo sobre derechos fundamentales

- Aceptación convencional; el art. 10.2 CE
III. ESPECIAL CONSIDERACIÓN DE LA DOCRINA DERIVADA DE SUS SENTENCIAS EN EL ÁMBITO DEL PROCESO PENAL

A) Derecho a un proceso equitativo

a) Violación global del derecho a acceder al proceso

b) Multiplicidad de infracciones

c) Infracción de principios básicos no especificados como derechos (igualdad de las partes, ilegalidad de las pruebas)

B) Derecho a que a causa sea vista en un plazo razonable.

- Criterios para la fijación del plazo razonable; día inicial y final; obligación de los Estados; satisfacción equitativa

C) Derecho a un tribunal independiente e imparcial

- Noción de imparcialidad: subjetiva, objetiva

- Supuestos de quiebra de imparcialidad objetiva

D) Derechos que posibilitan el ejercicio de la defensa en un juicio justo

a) Información de la acusación: momento, lengua, contenido

b) Preparación de la defensa: comunicación, examen autos

c) Autodefensa y defensa técnica: regulación por el dº interno

d) Defensa gratuita: letrado de oficio y defensa adecuada

e) Presencia física del acusado en el juicio: renunciabilidad

E) La actividad probatoria propia del juicio justo

a) Igualdad de las partes

b) Práctica contradictoria en el juicio y excepciones: naturaleza de la instrucción; imposible reproducción; contradicción

c) Licitud de las pruebas

IV. NOCIONES SOBRE EL TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL

A) Origen

B) Características

Independiente, permanente, universal, personalidad internacional

Jurisdicción subsidiaria, obligatoria, sobre personas

C) Competencia

- Genocidio, lesa humanidad; crímenes de guerra, agresión

D) Composición

Tribunal: Presidencia, 3 Secciones (Cuestiones Preliminares, de Primera Instancia y de Apelación); nombramiento.- Secretaría.- Fiscalía

E) Procedimiento

a) Fase de investigación: iniciación; control jurisdiccional

b) Audiencia previa

c) Fase de enjuiciamiento

d) Medios de impugnación: apelación; revisión

e) Ejecución de la sentencia
EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos: constitución. La eficacia de sus sentencias. Especial consideración de la doctrina derivada de sus sentencias en el ámbito del proceso penal. Nociones sobre el Tribunal Penal Internacional.

I. EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS: CONSTITUCIÓN

1. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos

A)Antecedentes

Después de la Segunda Guerra Mundial, en atención a los gravísimos acontecimientos que la precedieron, a los que se produjeron durante su transcurso, y en consideración también a la bipolarización de fuerzas que surgió al fin de la guerra entre dos superpotencias extraeuropeas, se desarrolló con gran vigor en el ámbito de Europa la idea de la necesidad de una unión política entre los pueblos que la integran. La Conferencia de la Haya de 1948 sentaría las bases para la firma en Londres, el 5 de mayo del año siguiente, del Estatuto del Consejo de Europa, germen de la pretendida unidad. En el preámbulo de este Estatuto, los Estados firmantes declaraban su adhesión a “los valores espirituales y morales que son patrimonio común de sus pueblos”, reconociéndolos como “la verdadera fuente de la libertad individual, la libertad política y el imperio del derecho, principios sobre los cuales se fundamenta toda democracia verdadera”. Y con base en ellos la actuación del Consejo se convirtió en el marco de referencia para la defensa de las libertades democráticas y de los derechos humanos en el ámbito europeo.

B) El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1950

Para el logro de esa finalidad y tomando como referencia la Declaración Universal de Derechos Humanos, se redactó y aprobó el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que fue firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 y entró en vigor entre los primeros Estados miembros el 3 de septiembre de 1953. España firmó el Convenio el mismo día en que tuvo lugar su admisión en el Consejo de Europa, el 24 de noviembre de 1977, y lo ratificó por instrumento de 4 de octubre de 1979.

a) Catálogo de derechos

La firma del Convenio constituye una exigencia política para la admisión de un Estado como miembro del Consejo de Europa, y en él se proclaman como derechos civiles y políticos básicos: El derecho a la vida (art. 2), a no ser sometido a tortura, ni a penas o tratos inhumanos o degradantes (art. 3), ni a esclavitud o servidumbre (art. 4), el derecho a la libertad y a la seguridad (art. 5), un proceso equitativo, dentro de un plazo razonable, con un tribunal independiente e imparcial y a la presunción de inocencia (art. 6), a no ser penado sin una ley previa (art. 7), al respeto a la vida privada y familiar y a la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia (art. 8), a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (art. 9), a la libertad de expresión, de opinión y de información (art. 10), a la libertad de reunión, de asociación y de fundación y afiliación a sindicatos (art. 11), a contraer matrimonio y fundar una familia (art. 12), a un recurso efectivo ante una instancia nacional cuando se hayan violado los derechos y libertades reconocidos en el Convenio (art. 13), a no ser discriminado por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación (art. 14).

Este catálogo de derechos se amplió posteriormente mediante Protocolos adicionales con los que se ha pretendido lograr una mayor concordancia entre el contenido del Convenio y el del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Así: El Protocolo adicional nº 1, suscrito en 1952 y ratificado por España en 2 de noviembre de 1990, añadió el derecho a no ser privado de la propiedad sino por causa de utilidad pública y en las condiciones previstas en la ley (art. 1); el derecho a la instrucción, con respeto al derecho de los padres a asegurarla de conformidad con sus convicciones (art. 2); y la obligación de los Estados de organizar periódicamente elecciones libres con escrutinio secreto (art. 3). El Protocolo adicional nº 6, del año 1983, ratificado por España en 20 de diciembre de 1984, establece la abolición de la pena de muerte. El Protocolo adicional nº 4, firmado en 1963, prohibe la privación de libertad por incumplimiento de obligaciones contractuales (art. 1); reconoce a toda persona que se encuentre legalmente en el territorio de un Estado, el derecho a la libre circulación y a fijar libremente su residencia (art.2); y prohibe la expulsión de nacionales, que se niegue a un nacional la entrada en su país (art. 3) y la expulsión colectiva de extranjeros (art. 4). El Protocolo adicional nº 7, de 1984, prohibe la expulsión arbitraria de extranjeros (art.1); reconoce el derecho al recurso contra una condena penal (art. 2); el derecho a obtener una indemnización del Estado cuando se declare la existencia de un error judicial (art. 3); y la igualdad jurídica de los esposos en derechos y responsabilidades de carácter civil (art. 5).

Estos dos últimos Protocolos no han sido, hasta la fecha, ratificados por España.

b) El sistema inicial de control jurisdiccional de los derechos fundamentales proclamados por el Convenio

Para asegurar la efectividad de los derechos y libertades proclamados en el Convenio se estableció un sistema de control jurisdiccional que garantizase su aplicación y observancia por parte de los Estados miembros. Ese control se atribuyó inicialmente a dos órganos: la Comisión Europea de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, sin perjuicio de las funciones que sobre esa misma materia correspondían al Comité de Ministros y de las de información que competían al Secretario General del Consejo de Europa.

a’) La Comisión, compuesta por un número de miembros igual al de Estados signatarios del Convenio, era el órgano que decidía acerca de la admisibilidad de las demandas en las que se denunciaba la violación por el Estado demandado de los derechos reconocidos en el Convenio. Si la demanda se admitía (eran causas de inadmisión: que fuera anónima, idéntica a otra examinada con anterioridad, incompatible con las disposiciones del Convenio, manifiestamente infundada o abusiva), se realizaba un examen contradictorio de la demanda con los representantes de las partes y, si procediese, una investigación en la que tenían el deber de colaborar los Estados. Una vez determinados los hechos, la Comisión se ponía a disposición de las partes a fin de lograr un arreglo amistoso, que debía estar inspirado en todo caso en el respeto a los derechos humanos, y si el mismo no se lograba, redactaba un informe que se transmitía al Comité de Ministros y a los Estados interesados. Si en un período de tres meses, a partir de dicha remisión, el asunto no era deferido al Tribunal, el Comité de Ministros decidía si hubo o no violación, fijando el plazo dentro del cual el Estado afectado debía adoptar las medidas necesarias.

b’) El Tribunal conocía de todos los asuntos relativos a la presunta violación del Convenio por un Estado que le sometieran a su decisión la Comisión o los Estados miembros. Los particulares no estaban legitimados para promover directamente un procedimiento ante él, y la Comisión sólo podía hacerlo, si no se lograba el arreglo amistoso entre las partes, dentro del plazo de tres meses siguientes al traslado de su informe al Comité de Ministros y a los Estados interesados.

C) El mecanismo jurisdiccional de protección de los derechos reconocidos en el Convenio tras el Protocolo nº 11, firmado en Estrasburgo, de 11 de mayo de 1994.

La natural evolución en la aplicación del sistema instituido en 1950, puso de relieve la necesidad de acomodar el mecanismo original a la realidad actual, atendidos los cambios de todo tipo experimentados desde aquella fecha.

1) De un lado se advirtió un considerable aumento de las demandas individuales de protección; 2) De otro, los Estados miembros fueron aceptando sin reticencias la jurisdicción del Tribunal, retirando paulatinamente las reservas y declaraciones individuales que inicialmente habían formulado; 3) La realidad demostró que la mayor parte de los casos eran resueltos por el Tribunal y no por el Comité de Ministros; y 4) Tras los acontecimientos que tuvieron lugar en los países del Este a partir de 1989, se produjo un aumento constante del número de Estados miembros del Consejo, que aceptaban el Convenio y confiaban en la tutela que ofrecía para la protección de los derechos y libertades fundamentales reconocidos en él.

Con el transcurso del tiempo se ha ido imponiendo en los individuos y en los Estados la convicción de la necesidad de un sistema de orden público europeo, consolidándose progresivamente la que ha dado en llamarse dimensión constitucional del Convenio, frente a su inicial carácter convencional, con el decidido propósito de lograr la efectiva protección de los derechos humanos que el mismo proclama en el ámbito territorial de los Estados miembros del Consejo de Europa; y ello exigía acomodar a las circunstancias actuales aquel inicial mecanismo de control. Con tal objeto, el día 11 de mayo de 1994, los Ministros Plenipotenciarios de dichos Estados, firmaron en Estrasburgo el Protocolo número 11 al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, por medio del cual se reestructura el mecanismo de control establecido por dicho Convenio con el fin de mantener y reforzar la eficacia de la protección de tales Derechos y Libertades. Este Protocolo número 11, que entró en vigor el 1 de noviembre de 1998, dio nueva redacción al Título II del Convenio (arts. 19 al 51), estableciendo un nuevo régimen caracterizado por lo siguiente:

1) Se suprime la Comisión y se instituye como único órgano de control jurisdiccional un nuevo Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo (art. 19).

2) El Tribunal será el único órgano competente para decidir si ha habido o no violación de los derechos reconocidos en el Convenio.

3) La competencia del Comité de Ministros se limitará exclusivamente a vigilar la ejecución de las sentencias dictadas por el Tribunal.

4) El Tribunal tendrá carácter permanente y su jurisdicción será obligatoria, tanto si se trata de demandas interestatales como de demandas deducidas por particulares;

5) Se reconoce la legitimación activa de cualquier persona física, organización no gubernamental o grupo de particulares que se considere víctima de una violación, para que, una vez agotados los recursos internos que ofrezca el ordenamiento jurídico del Estado de que se trate, puedan deducir su demanda contra el mismo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (art. 34).
2. Constitución y composición

A) Constitución

El art. 19 del Convenio, en su redacción actual, se refiere a la “Institución del Tribunal”, disponiendo que “Con el fin de asegurar el respeto de los compromisos que resultan para las Altas Partes Contratantes del presente Convenio y sus Protocolos, se instituye un Tribunal Europeo de Derechos Humanos -que- Funcionará de manera permanente”. Aunque es, ciertamente, continuador en sus funciones del creado en 1950, se ha producido una “recreación institucional”, ya que el nuevo Tribunal, con sede también en Estrasburgo, no es el producto de la fusión del antiguo Tribunal con la Comisión que se extingue, ni el resultado de una mera adaptación o reforma del anterior, sino fruto de una decisión política que ha dado lugar aun nuevo órgano jurisdiccional internacional caracterizado, precisamente como tal, por las notas de exclusividad y de permanencia.

B) Composición

a) Miembros: El Tribunal está compuesto por un número de Jueces igual al de los Estados miembros (art. 20) que formarán parte del mismo a título individual y no como representantes de dichos Estados (art. 21.2), no pudiendo ejercer durante su mandato ninguna actividad que sea incompatible con las exigencias de independencia, imparcialidad o disponibilidad necesarias para una actividad ejercida a tiempo completo (art. 21.3).

b) Elección: Los Jueces serán elegidos por la Asamblea Parlamentaria del Consejo, por mayoría absoluta de votos, de una lista que presentará cada uno de los Estado proponiendo el nombre de tres candidatos. Los candidatos propuestos deberán gozar de la más alta consideración moral y reunir las condiciones requeridas para el ejercicio de altas funciones judiciales o ser jurisconsultos de reconocida competencia. (arts. 21.2 y 22).

c) Duración del mandato: La duración del mandato de cada Juez será de seis años, con posibilidad de reelección, debiendo renovarse los componentes del Tribunal, por mitad, cada tres años. A tal fin, de los componentes designados en la primera elección, la mitad de ellos, determinada por sorteo, deberá cesar al cabo de tres años. Además de por la finalización del mandato, los Jueces cesarán en sus funciones cuando alcancen la edad de setenta años.

d) Inamovilidad: Durante el desempeño de sus funciones sólo podrán ser relevados si los demás Jueces deciden, por mayoría de dos tercios, que aquél de quien se trate ha dejado de reunir las condiciones requeridas para serlo (arts. 23 y 24).

C) Estructura y organización

Para el cumplimiento de su cometido el Tribunal se estructura en Comités, Salas, Gran Sala y Pleno, cuya composición y competencias son las siguientes:

a) Pleno: El Pleno del Tribunal lo integran todos sus miembros y consiste en un órgano que carece de funciones jurisdiccionales.

Su competencia es de carácter administrativo y, en particular, le corresponde: 1) Elegir, por un período de tres años, a su Presidente y a uno o dos Vicepresidentes, que serán reelegibles. 2) Constituir las Salas del Tribunal por un periodo determinado de tiempo. 3) Elegir a los Presidentes de las Salas del Tribunal. 4) Aprobar el reglamento del Tribunal. 5) Elegir al Secretario y a uno o varios Secretarios adjuntos (art. 26).

b) Órganos jurisdiccionales: Para el examen y decisión de los asuntos que se le sometan, el Tribunal actuará en Comités, en Salas o en una Gran Sala de diecisiete Jueces (art. 27).

1) Comités: Están formados por tres Jueces y su constitución se efectúa por las correspondientes Salas del Tribunal para un período de tiempo determinado. Su cometido específico es el de analizar con carácter previo los requisitos de admisibilidad de las demandas individuales, es decir, las interpuestas por particulares, no las deducidas por los Estados (arts. 27 y 28).

2) Salas: Están formadas por siete Jueces y su constitución se efectúa por el Pleno del Tribunal, designando los Jueces que habrán de integrarlas por un período de tiempo determinado. A las Salas les corresponde: 1’) Pronunciarse sobre la admisibilidad de las demandas de los Estados, así como sobre la admisibilidad de las demandas individuales cuando sobre estas últimas no se hubiere adoptado resolución de inadmisión por el respectivo Comité; 2’) Pronunciarse, cuando así proceda, sobre el fondo de dichas demandas; y 3’) Si el asunto pendiente ante una Sala planteara una cuestión grave relativa a la interpretación del Convenio o de sus Protocolos, o si la solución dada a una cuestión pudiera ser contradictoria con una sentencia dictada anteriormente por el Tribunal, la Sala podrá inhibirse en favor de la Gran Sala, mientras no haya dictado sentencia, salvo que una de las partes se oponga a ello (arts. 28, 29 y 30).

3) La Gran Sala: Compuesta por diecisiete miembros, está integrada por el Presidente del Tribunal, los Vicepresidentes, los Presidentes de las Salas y los demás Jueces designados de conformidad con el Reglamento del Tribunal. Compete a la Gran Sala: 1’) Pronunciarse sobre las demandas presentadas cuando el asunto le haya sido elevado por una Sala en virtud de la inhibición a que se refiere el art. 30, esto es, cuando el asunto pendiente ante ella planteara una cuestión grave relativa a la interpretación del Convenio o de sus Protocolos, o si la solución dada a una cuestión pudiera ser contradictoria con una sentencia dictada anteriormente por el Tribunal; 2’) Pronunciarse sobre tales demandas cuando, después de haberse dictado sentencia por una Sala, el asunto le haya sido deferido en virtud de lo dispuesto en el art. 43, es decir, cuando habiéndolo solicitado alguna de las partes así lo acuerde un colegio de cinco Jueces de la Gran Sala por entender que el asunto plantea una cuestión grave relativa a la interpretación o a la aplicación del Convenio o de sus Protocolos o una cuestión grave de carácter general; y 3’) Examinar las solicitudes de emisión de opiniones consultivas presentadas en virtud del art. 47, es decir, las solicitadas por el Comité de Ministros acerca de cuestiones jurídicas relativas a la interpretación del Convenio y de sus Protocolos (art. 31).

Estas opiniones no podrán referirse ni a las cuestiones que guarden relación con el contenido o la extensión de los derechos y libertades definidos en el Título I del Convenio y sus Protocolos, ni a las demás cuestiones de las que el Tribunal o el Comité de Ministros pudieran conocer de resultas de la presentación de un recurso previsto por el Convenio (arts. 47 y 48).

c) Órganos auxiliares

El Tribunal tendrá un Secretario que estará asistido de refrendarios. Sus funciones y la organización de su oficina serán establecidas por el reglamento del Tribunal (art. 25).
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