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fecha de publicación28.07.2015
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FORMULA DENUNCIA.-



Señor Juez:

Marta B. Carraro, argentina, domiciliada realmente en calle Avellaneda nº 698 de la localidad de Adrogué, Partido de Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires y constituyendo domicilio en calle Lavalle 1388, casillero 1.207 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, DNI nº 11.357.011, de profesión abogada, como mejor proceda a V.S. digo

Objeto
En los términos del art. 174 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación vengo a formular denuncia contra la señora Cristina Fernández de Kirchner, domiciliada en calle Villate y Maipú, Olivos, Pdo. de Vte. López, Provincia de Buenos Aires (Residencia presidencial); contra el señor Miguel Núñez, con domicilio laboral en Balcarce 50, ciudad Autónomas de Buenos Aires y Carlos Bettini con domicilio en Pedro de Valdivia n° 21, Madrid, Embajada argentina en España. La primera en orden al delito de violación de los deberes de funcionario público en calidad de autora y a los otros dos en orden al mismo ilícito en calidad de partícipes necesarios (arts. 248 y 45 del Código Penal)

El Hecho



Como es sabido, entre el domingo 22 y el viernes 27 de julio la señora Cristina Fernández (Kirchner es el apellido de casada y el que usará en las boletas electorales de los próximos comicios nacionales del 28 de octubre) realizó una visita oficial a España, donde fue recibida por los Reyes, Don Juan Carlos y Doña Sofía, por el Presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el líder de la oposición (del PP) Mariano Rajoy, entre otros. Que la visita fue oficial no cabe duda, ya que fue acompañada por el Canciller Jorge Taiana, por el “vocero” presidencial Miguel Núñez y allí escoltada en todo momento por el embajador argentino en España Carlos Bettini (quien preparó, desde hacía muchas semanas, su agenda de visitas). Desde otro punto de vista, tampoco se puede negar el carácter oficial de la comitiva que acompañó a la senadora ya que ésta oficialmente rindió homenaje a las víctimas del acto terrorista del 11 de marzo de 2004 en la estación de Atocha. Por último, viajó en una aeronave pública argentina y en la conferencia que brindó ante empresarios de la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) se refirió a actuales políticas de Estado y no sólo a sus proyectos como futura presidente.

Ahora bien, en su gira, la señora Cristina Fernández de Kichner brindó reportajes a medios españoles (diario El País, por ejemplo) y norteamericanos (CNN en español), pero excluyó expresamente y de manera deliberada a la prensa argentina. Es decir, que discriminó por razones de nacionalidad el acceso a la información que los periodistas argentinos intentaban alcanzar para beneficio de la población de nuestro país.

Prueba



Se acompañan los siguientes recortes periodísticos que hicieron alusión a la circunstancia antes mencionada:

a) del diario La Nación del 28 de julio de 2007, nota de la autoría de la corresponsal en Madrid, Silvia Pisani, titulado El pecado de ser “prensa argentina”

b) nota extraída de Internet del sitio www.mundocomplejo.com.ar
Se solicita que, en los términos del art. 232 del C.P.P.N., se oficie al canal de TV “América Televión” para que envíe el tape del programa Tres Poderes emitido el 5 de agosto del corriente y durante el cual el reconocido periodista rosarino Reynaldo Sietecase (enviado especialmente por ese Canal a cubrir la visita de la Primera Dama a España), da cuenta de lo narrado y expone además las opiniones que gestaron esa actitud de la señora Cristina Fernández de Kichner entre los periodistas españoles.

Se solicita también se oficie al Canal de cable “26” para que remita la grabación del programa La Clave emitido el domingo 26 de agosto, nada más que en la parte en que el periodista Mariano Grondona entrevista a la señora Pilar Rahole.

Fundamento



La discriminación, en cualquiera de sus formas revela una clara conculcación de los más elementales derechos humanos (los de la llamada primera generación). Una de las discriminaciones más envilecedoras es aquella que se ejerce sobre un grupo nacional1. El hecho denunciado demuestra que ha existido una clara discriminación por el carácter nacional (por ser argentinos) de los periodistas que intentaban conseguir información para su país. El repudio a este tipo de discriminación se patentiza en las siguientes normas (que tienen jerarquía constitucional): art. 2. 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU, Resolución 217 A del 10 de diciembre de 1948); art. II de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (aprobada por la 9ª Conferencia Internacional Americana, Bogotá 1948); art. 5 1 y 2, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU, resolución 2200 A de 16 de diciembre de 1966, entrada en vigencia el 23 de marzo de 1976, incorporado a la legislación nacional por ley 23.313); artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (o Pacto de San José de Costa Rica del 22 de noviembre de 1969, incorporado a nuestra legislación el 2 de febrero de 1984). Creo que es útil destacar este último texto: “Artículo 1.- Obligación de respetar los derechos 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.

La trascripción de este artículo (que tiene para la Argentina jerarquía constitucional) es a los efectos de anticiparme a una posible objeción con respecto a mi denuncia. He dicho que hubo discriminación por cuestiones nacionales ya que no se permitió la entrada o permanencia de periodistas argentinos. La posible objeción estaría dada por la demostración de que sí hubo periodistas argentinos rodeando a la señora Cristina F. de K. Sin embargo, éstos eran periodistas que cumplían órdenes del Estado argentino (Agencia TELAM, por ejemplo); lo cierto es que no se permitió que ejercieran su profesión a un grupo de periodistas, o bien por el sólo hecho de ser argentinos, o bien por sus presuntas ideas políticas sobre el accionar del gobierno. Lejos de ser esto un atenuante a la flagrante violación de derechos humanos, entiendo que constituye una agravante. Se supone que vivimos en una Democracia, por tanto no es legítimo, ni legal, ni constitucional, el hecho de excluir premeditadamente la presencia de periodistas de nuestro país (que no sean los pagados por el Gobierno).

Tampoco me extenderé en la cuestión que atañe al cometido periodístico en sí. Tanto la libertad de prensa como la libertad de requerir información, son parte eminente de los Derechos Humanos básicos que este Gobierno se jacta en haber defendido (¿sólo los atrozmente vulnerados en la década del 70?). Veamos: el art. 13 1 de la Convención Americana (Pacto de San José) dice: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro proceso de su elección” Esta norma se muestra de acuerdo con lo establecido por el art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. Con casi la misma redacción se refiere al tema el art. 19 2 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos.

Sin desear dar lecciones elementales de Derecho Constitucional, es necesario recordar aquí que el art. 1º de nuestra C.N. establece que “La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, según lo establece la presente Constitución”. El carácter de “representativo” y “federal” (sobre lo mucho que podría decirse acerca del gobierno del marido de la aquí denunciada) no interesan en el presente planteo. Pero sí es de esencial importancia el concepto de “”republicana”. A este respecto citaré sólo a una autora (por toda la inmensa bibliografía concordante sobre el tema), la Dra. María Angélica Gelli, quien expresa: “La república clásica se define como un sistema político de división y control del poder. Las otras notas que la caracterizan son: la publicidad de los actos de gobierno, la responsabilidad de los funcionarios, la periodicidad de los cargos electivos y la igualdad de todos ante la ley”2. La misma autora señala que “La norma revela (…) la necesidad de que la opinión pública del país sea anoticiada de ello, para que conociendo pueda controlar los actos de gobierno a través del voto, las peticiones y las eventuales acciones judiciales. También el art. 33 –sobre derechos implícitos- proporciona fundamento suficiente a la obligación de dar a publicidad todos los actos de gobierno dado que, esa norma, reconoce los derechos que emanan de la soberanía del pueblo (…) A partir de ese principio y sus múltiples aplicaciones, debe interpretarse restrictivamente y como excepción cualquier límite que tenga por objeto restringir el acceso de los habitantes de la República a los actos de gobierno, producidos por cualquiera de los tres poderes del Estado3 Estos conceptos, repito, son enseñados y compartidos por todos los que exponen sobre Derecho Político, aquí y en el extranjero. De toda esa vasta doctrina, de inútil reproducción ahora, quiero destacar, sin embargo, la de un preclaro constitucionalista fallecido hace tres años. Me refiero a Germán José Bidart Campos, quien, en su no demasiado difundida obra El Poder, señala: “Es corriente incluir entre los rasgos de la forma republicana de gobierno, el de la publicidad de los actos del poder. Que ello sea así no quita importancia al problema en otras formas distintas de la republicana. Casi nos atreveríamos a formular la idea de que la publicidad es un requisito de la justicia: el ocultismo y el sigilo del poder no son justos; si el poder va dirigido a los hombres, la sociedad debe tomar conocimiento y noticia de qué se hace desde el poder y cómo se hace.

“Alguien dirá que normalmente el poder se hace visible y ostensible, que la gente se entera de sus decisiones, que los medios de información y comunicación ponen a la luz sus decisiones. Eso no basta. El poder no debe actuar en un círculo cerrado e impenetrable, no debe esconderse, no ha de ponerse de espaldas a la sociedad, no ha de valerse del secreto. La sociedad tiene pleno derecho a conocer lo que el poder hace y omite, a informarse, a participar, a comunicarse con el poder. La falta de publicidad se vuelve urticante, sobre todo cuando sobre todo cuando deja sensación de una intención malsana de esconder. Y deja la impresión de que se tiende a eludir el control, la crítica, el disenso. En definitiva, cuando no hay publicidad, se presume que algo se trampea a la sociedad, o que se la trata con desdén (…)

“Si se valora positivamente la publicidad de los actos del poder, y si se estima que la sociedad debe tener noticia de ellos; que debe gozar de acceso a la información; que debe estar en aptitud y condición de controlar al poder, que debe estar en condiciones de optar por el consenso y el disenso, es fácil decir que el secreto y la sigilosidad del poder han de reputarse como caracteres disvaliosos.

“Que la persona humana titularice un derecho al secreto para resguardar en silencio su intimidad y su privacidad, es ético, es justo, es signo de libertad, es exigencia del respeto a su dignidad. El poder no tiene tales prerrogativas, porque no dispone de ninguna intimidad a preservar (…) frente a la sociedad no hay reserva que quepa cubrir con el secreto o el silencio, con la clandestinidad, con la desinformación, con el retaceo o la omisión de publicidad, y menos con datos inexactos, parciales o infieles. Si el poder estatal es poder de la “res-pública”, tiene que hacer públicos sus actos, para que, quienes comparten la cosa pública estén en situación capaz de asumir las actitudes y comportamientos que la libertad y el pluralismo facilitan y requieren”4

Después de más de cuatro años de gobierno es sencillo determinar que el actual Presidente rehuye de manera constante y pertinaz el contacto con la prensa (obligación incumplida que tiene con la sociedad) y ha manifestado que él no la necesita (a la prensa) ya que él tiene un contacto directo con el pueblo. Espero que los ejemplos que ahora daré no sean tergiversados o confundidos. Señalaré algunos datos históricos que remedan ese “contacto directo” entre el detentador del poder y la sociedad, de infausto recuerdo mundial. No estoy comparando al señor Kirchner con Hitler ni Mussolini, simplemente quiero destacar que grandes totalitarismos, a veces, han tratado de ser emulados por tristes personajes menores de la historia.

“Mientras que la prensa no nazi, en las semanas que siguieron a la “toma del poder”, solía hablar simplemente del , el Völkischer Beobachter acuñó el apelativo de , sugiriendo unos nuevos vínculos pseudodemocráticos entre la gente y este “hombre del pueblo” que se había convertido ahora en su líder”5 No digo nada nuevo cuando afirmo que “totalitarismo” o “dictadura” son incompatibles con “prensa libre”. En el Tercer Reich se sancionó en octubre de 1933 una ley que se denominó “Ley de Editores” que “recortaba los poderes de los propietarios respecto a los directores de publicaciones, pero éstos eran plenamente responsables ante el gobierno. La cláusula 20 decía “los directores de periódicos tienen responsabilidad profesional y responsabilidad ante las leyes civiles y penales por el contenido intelectual de la publicación, tanto si es obra suya, como si han accedido a su publicación”. Los editores de periódicos, como Hermann Ullstein descubrieron además que los teléfonos de sus oficinas estaban pinchados, que una elevada proporción del personal eran nazis encubiertos y que necesitaban un nuevo tipo de asesor y cabildero que les ayudase en sus relaciones con las nuevas autoridades”6

Otro “ejemplo”: “Entonces decidió modificar las reglas del periodismo de manera que nadie más pudiera obtener el éxito que él había alcanzado. Cuando estaba en la oposición, había condenado la censura de los periódicos, como algo vergonzoso y peligroso, y su compromiso de conservar la libertad de prensa, recibió un apoyo unánime en el primer congreso del partido fascista; pero como dictador tomó en cuenta de que cualquiera que pudiera manipular a la prensa sería capaz de modificar la opinión pública de la noche a la mañana, y aun antes de iniciar la marcha sobre Roma ya había tomado medidas para controlar a los periódicos. Esta era la principal novedad de la revolución de Mussolini y una de las principales razones de su éxito. Su tipo de fascismo nunca pudo haber surgido con anterioridad a los días del periodismo popular; ni con toda probabilidad pudo haber ocurrido después, una vez que Italia fue más culta y la sociedad políticamente más refinada”7

La Unión Soviética también puede aportar sobrados ejemplos sobre prensa sometida. Pero dejemos Europa y concentrémonos por un instante en América Latina. Fidel Castro, además de sus maratónicos discursos populares ante muchedumbres que atestaban la Plaza de la Revolución en La Habana, tiene a su disposición el diario Granma, desde el cual, aun hoy desde su lecho de enfermo, se comunica directamente con su pueblo. Ni que hablar del bolivariano Hugo Chávez que desde su “Aló Presidente” también tiene comunicación directa con su gente. No ocurre lo mismo con el presidente Bush, quien no se ha destacado nunca por ser un virtuoso de la Democracia, sin embargo, no pudo negarse a entrevistas del periodista-estrella Bob Woodward quien echa sobre su gestión una lápida política casi ilevantable en su último libro8. En Brasil el presidente Lula Da Silva, quien, favorecido por las encuestas que aseguraba su reelección se negó a un debate público con su oponente Alckmin, obtuvo mayor diferencia (a su favor) de votos en la segunda vuelta (cuando sí participó en debate público) que cuando no lo había hecho.

La permanente negativa de la senadora Cristina Fernández de K. a participar en debates o a exponerse a conferencias de prensa revelan un clara hecho: le teme a la confrontación de ideas. Pero eso es una cuestión que dilucidarán las urnas (si la gente la acepta así o prefiere a otros candidatos), lo que no puede tolerarse es que al frente de una delegación oficial argentina se niegue a permitir en una conferencia de prensa que intervengan periodistas de nuestro país. Ello no sólo implica un acto de discriminación inexcusable, sino que pone en tela de juicio la credibilidad del país en su conjunto ante la opinión pública mundial.

La tipificación del hecho

El hecho descrito se adecua a la última parte del artículo 248 del C.P.: “no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”, Obviamente aquí nos encontramos ante el incumplimiento de un mandato constitucional que es más que una “ley” en sentido formal. Ya se ha explicado que la Constitución obligaba a la senadora Fernández a dar explicaciones al periodismo congregado en Madrid alrededor de su presencia. El no haberlo hecho constituye precisamente la omisión propia a que alude el precepto legal. En cuanto a las conductas de Bettini y Núñez, las mismas están reseñadas en las notas presentadas en el rubro “prueba”.

Competencia

La competencia de V.S. surge del art. 1° del C.P. ya que el delito denunciado tiene exclusivos efectos en el territorio de la Nación y ha sido cometido por funcionarios argentinos en el extranjero.

Explicación adicional



Para evitar trabajo extra a la SIDE o a Horacio Verbitsky (periodista que usa frecuentemente como fuente los prontuarios), me referiré brevemente a mis antecedentes y pretensiones. Con respecto a éstas últimas, el único afán que me mueve es tratar de corregir las desviaciones que el Poder de la República mantiene desde hace tantos años. Lo mío es apenas una gota de agua en el mar. En cuanto a mis antecedentes digo que fui concejal en mi pueblo (Adrogué) en 1983 (representando a la UCR como integrante de la JR). También como perteneciente a la Juventud Radical integré una Agrupación de Juventudes Políticas que me valió una visita a mi domicilio en 1976 de “Coordinación Federal”. Estoy casada desde hace más de 28 años con un abogado que fue secuestrado de su casa el 1º de marzo de 1977, conducido a un campo de detención (El Vesubio), torturado y liberado. Ambos abandonamos la UCR y militamos varios años junto a Ricardo López Murphy. Ahora estamos ilusionados con la propuesta de otra candidata que no es la sucesora presidencial. Tenemos cuatro hijos (el primero, el único varón ya se recibió de abogado y las otras tres son estudiantes universitarias –los cuatro en Universidades públicas-). Vivo en mi actual domicilio desde hace veinticuatro años. Dije que mi única pretensión era corregir a un poder que se encuentra “descarriado”. En realidad no es la única motivación. La otra y quizás la más importante, es llamar la atención a la prensa de mi país. No llamar la atención sobre mi persona, sino sobre ella misma y el cometido del periodismo en una república. Esperé algo más de un mes para que esa prensa reaccionara y formulara esta denuncia. Nadie reaccionó (¿por miedo al Poder?, ¿por complicidad con él?). Pero la verdad es que estoy harta de que la prensa (con honrosas excepciones) permanezca “haciéndose la distraída” mientras un cáncer autoritario se está carcomiendo la Nación.

Por todo lo expuesto solicito:

  1. Se dé entrada a la presente denuncia

  2. Se reciba la prueba acompañada y se recabe la solicitada

  3. Oportunamente y luego de ordenada la declaración indagatoria de la denunciada se proceda a solicitar al Senado de la Nación su desafuero pertinente

  4. Se tenga presente que por los hechos aquí denunciados también se efectuó denuncia ante el Instituto nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI)


Tener presente lo expuesto y dar traslado al Representante del Ministerio Público a fin que formule el requerimiento de Instrucción correspondiente, que
SERÁ JUSTICIA.-

1 Así lo sostiene la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial ONU, Nueva York, 13 de julio de 1967; incorporada por ley 17.722 (y desde 1994 a la Constitución Nacional a través del inc. 22 del art. 75), que expresa en su Preámbulo “…Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que toda personas tienen todos los derechos y libertades enunciados en la misma, sin distinción alguna, en particular por motivos de raza, color u origen nacional

2 Constitución de la Nación Argentina. Comentada y Concordada, La Ley, Buenos Aires, 2001, p. 19

3 Íd. ps. 22/23 (el resaltado es mío)

4 El Poder, Ediar, Buenos Aires, 1985, ps. 204/205. (el resaltado me pertenece)

5 KERSHAW Ian, El mito de Hitler. Imagen y realidad en el Tercer Reich, Paidós, Buenos Aires, 2004, p. 76.

6 BURLEIGH Michael, El Tercer Reich, Taurus, Buenos Aires, 2004, p. 241

7 MACK SMITH Denis, Mussolini, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1989, p. 102.

8 State of Denial (Estado de negación), traducido al castellano como Negar la evidencia,Grupo Editorial Norma, Colombia, 2006.

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