Propiedad accionaria / venta de acciones / banco de colombia enajenación / propiedad de los trabajadores normatividad






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PROPIEDAD ACCIONARIA / VENTA DE ACCIONES / BANCO DE COLOMBIA - Enajenación / PROPIEDAD DE LOS TRABAJADORES - Normatividad
Toda restricción que se pretenda establecer para el acceso a la propiedad de los trabajadores, de las organizaciones solidarias y de trabajadores, cuando el Estado enajene su participación en una entidad, desconoce la voluntad del constituyente plasmada en el artículo 60 el cual es cabal desarrollo del principio fundamental estatuido en el artículo 1 ibídem, de que Colombia es un Estado Social de Derecho. La transgresión del artículo 60 de la Constitución Política puede predicarse en relación con los siguientes artículos del Decreto No. 2049 de 1993: 4. En cuanto a conformar dos lotes de acciones y derechos materia de venta restringió al lote No. 1 el acceso a la propiedad de los trabajadores, pensionados y entidades relacionadas en el artículo 5 ibídem: 10, numerales 1, 2, 4, y 5, en cuanto el límite de acciones por adquirir depende del porcentaje destinado para la venta a que alude el artículo 4 además que el pago de contado no constituye una condición especial: el artículo 13, en cuanto al regular la adjudicación para las acciones del lote uno depende necesariamente del porcentaje de acciones a adquirir a que se contrae el artículo 4 y de las condiciones de venta señaladas en el artículo 10, y el artículo 15, en cuanto al regular el procedimiento de venta de las acciones y derechos del lote dos también depende del porcentaje previsto en el artículo 4, como saldo de las acciones del lote uno que, como se ha visto desatiende la preferencia que postula el mandato también cabe predicar la violación del artículo 60 de la Carta Política por parte del artículo 1 del Decreto 2208 de 4 de noviembre de 1993, en cuanto la garantía para los préstamos que otorgan los establecimientos bancarios depende del número de acciones adquiridas que, como ya se dijo, esté restringido desconociendo el mandato de aquél.
SENTENCIA DE INEXEQUIBILIDAD - Efectos / SENTENCIAS DE NULIDAD - Efectos

A pesar de que la citada sentencia de inexequibilidad se profirió con posterioridad a la expedición de los decretos acusados y cuando ya estos habían producido sus efectos, tal circunstancia no impide que esta corporación frente a un evidente quebranto por parte de los mismos del artículo 60 de la Carta Política pueda hacer efectivo el imperio jerárquico de la norma de normas, conforme lo postula el artículo 4 de ésta, imperio jerárquico que prima frente a cualquier norma jurídica. Esto es, que independientemente de que se hubiera expedido el decreto ley que desarrolló el precepto constitucional, como también de que hubiere sido declarado inexequible, es evidente que ante cualquier acto administrativo que restablezca restricciones para los trabajadores en el acceso a la propiedad accionaria es viable su control jurisdiccional y como consecuencia de este la declaratoria de nulidad por el quebranto o transgresión de la norma superior. Por lo demás, en cuanto a que los actos acusados hayan producido lentamente sus efectos y como consecuencia de ello se hayan consolidado situaciones jurídicas de carácter particular, tampoco revela a la Sala de hacer la declaratoria de nulidad por razones de la inconstitucionalidad de aquellos, en la medida que tal vicio frente al artículo 60 se generó a partir de su expedición y la declaratoria de nulidad se retrotrae precisamente a ese momento.
INEPTITUD DE LA DEMANDA - Inexistencia / ACCION DE NULIDAD / INTERES JURIDICO - Improcedencia
La demandante no estaba en la obligación procesal de acreditar un interés para el ejercicio de la acción, pues no se trata de la que consagra el artículo 85 del C.C.A. Por estas razones, no se configura la ineptitud de la demanda a que alude la entidad demandada.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
Consejero ponente: ERNESTO RAFAEL ARIZA MUÑOZ
Santafé de Bogotá, D. C. dieciséis (16) de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994)
EXTRACTO JURISPRUDENCIAL – NUEVA LEGISLACIÓN

La democratización desemboca, según los términos del artículo 306 acusado, en la reserva "... de un mínimo del 15% de las acciones o bonos obligatoriamente convertibles en acciones, que serán objeto de la venta, el cual deberá ofrecer entre los trabajadores activos y pensionados de la entidad, fondos de empleados, fondos mutuos de inversión de empleados, fondos de cesantías y pensiones, cooperativas y otras organizaciones solidarias o de trabajadores"; y a título de "condiciones especiales" se establece por la norma que las acciones se ofrecerán a precio fijo, que es el precio mínimo establecido por el Consejo de Ministros.
El artículo 311 del mismo decreto, por su parte, reitera la reserva del 15% de las acciones oficiales para los fines consignados por el artículo 306, pero hace aplicable sobre el excedente el "derecho de preferencia que consagra el Código de Comercio (art. 407), cuando ocurra el hecho de que la participación privada en el capítulo social es igual o superior al 10% del capital suscrito y pagado, de manera que los accionistas tendrán la opción de adquirir del paquete de acciones oficiales, una cantidad proporcional a las que poseían en la fecha en que se aprobó el programa de enajenación o colocación de las acciones.
Al consagrar el artículo 306 del Decreto 663 de 1993, un reducto de acciones a las cuales pueden acceder los beneficiarios de los procesos de privatización de organismos del Estado según el art. 60 de la C. P., se está desconociendo el propósito constitucional implícito en la noción de "democratizar" la propiedad accionaría, porque reducen de antemano las opciones a que tienen derecho, restringiéndolas a una cifra inmodificable, cerrada y sin ninguna racionalidad que la justifique. No se sabe por qué ni cómo se llegó al 15% y no a otro volumen accionarlo, cuando el propósito constitucional, que se infiere del inciso 2o. del artículo 60 de la Carta, es que a los beneficiarios de la democratización se refiera en la oferta de venta, otorgándoles con tal fin, la primera opción de adquirir el volumen accionarlo correspondiente; es obvio, que de antemano se ha debido definir en el respectivo programa, las "condiciones especiales", a que alude la norma constitucional, las cuales tienen que ver esencialmente con las condiciones particulares de financiación de las operaciones de adquisición de las acciones, sin cuyo señalamiento la voluntad del Constituyente sería letra muerta.
En otros términos, cuando el Estado decida enajenar su propiedad accionaría en una empresa con participación económica oficial, está obligado, al elaborar el respectivo programa de enajenación, a ofrecer, en primer término, el paquete accionarlo que se proponga vender a los trabajadores de la respectiva empresa y a las organizaciones solidarias y de trabajadores, bajo unas condiciones especiales, previamente diseñadas que muevan la voluntad de los destinatarios de la oferta y faciliten la negociación, sin que ello implique que posteriormente otros interesados, diferentes a los mencionados, queden excluidos de la posibilidad de acceder a la adquisición de las acciones, pero obviamente, bajo condiciones diferentes especialmente establecidas para ellos. De esta manera, se interpreta fielmente el mandato constitucional del inciso 2o. del art. 60, porque se permite a los sujetos destinatarios de dicha disposición, tener una amplia opción para que sus posibilidades económicas puedan adquirir todo o parte de las acciones objeto de la enajenación.
Precisa la Sala, que la reserva del mínimo del 15% de las acciones o bonos obligatoriamente convertibles en acciones, a que alude el inciso 3o. del art. 306 acusado, no se opone a la posibilidad de que se reserve en el respectivo programa de enajenación de acciones un porcentaje superior. No obstante, la norma es inconstitucional, por violación del inciso 2o. del art. 60 de la Carta, ya que el restante porcentaje del paquete accionarlo escaparía a la opción de compra preferencial que tienen los trabajadores y las organizaciones solidarias y de trabajadores.
A juicio de la Corte, la norma del inciso 4o. de art. 306, no configura unidad normativa con lo dispuesto por el inciso 3o. de dicho artículo, que se declarará inexequible; por lo tanto, ha de entenderse que "las personas" a que alude aquel precepto son los trabajadores activos y pensionados de la entidad, fondos de empleados, fondos mutuos de inversión de empleados, fondos de cesantías y pensiones, cooperativas, sindicatos y otras organizaciones solidarias o de trabajadores.

Radicación número: 2781
Actor: GRACIELA GONZALEZ RIBON
Demandado: GOBIERNO NACIONAL


Referencia: ACCION DE NULIDAD


La ciudadana y abogada GRACIELA GONZALEZ RIBON, obrando en su propio nombre y en ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 237, numeral 2o. de la Constitución Política, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la nulidad de los artículos 4o., 8o., en sus numerales lo. y 2o., 10, en sus numerales 1o., 2o. 4o. y 5o., 11, 13 y 15 del Decreto No. 2049 de 11 de octubre de 1993, el artículo lo. del Decreto No. 2208 de 4 de noviembre de 1993 y los artículos 1o. al 14 del Decreto No. 2290 de 17 de noviembre de 1993, expedidos por el Gobierno Nacional.
I - .CAUSA PETENDI
En apoyo de sus pretensiones la demandante adujo, en esencia, los siguientes cargos de violación:
lo): El artículo 4o. del Decreto No. 2049 de 1993 viola el artículo 60 de la Constitución Política al señalar un cupo máximo de 17% de la propiedad accionaria que posee el Estado en el Banco de Colombia, para que la adquieran los trabajadores activos y pensionados de la entidad, fondos de empleados, fondos de cesantías y pensiones, cooperativas y otras organizaciones solidarias o de trabajadores, en el proceso de privatización. Le impiden acceder a más del 17% de la propiedad accionaria.
La Corte Constitucional se pronunció sobre el particular al declarar inexequible el artículo 306 y las normas concordantes del Decreto - Ley No. 663 de 1993.
2o): El artículo 8o. numerales 1o. y 2o del mismo decreto, por cuanto disponen el mismo precio para las acciones del lote uno y las del lote dos, consagrando condiciones de igualdad en el precio, que además no corresponden a la realidad patrimonial del Banco, para los trabajadores del Banco, sus pensionados y las organizaciones solidarias y de trabajadores como para los demás inversionistas que hacen parte del lote dos.
El precio de la oferta constituye una clara violación a la obligación constitucional del Estado de ofrecer condiciones especiales para que los empleados y organizaciones solidarias y de trabajadores accedan a dicha propiedad accionaria.
La Corte Constitucional al declarar inexequible el artículo 306 y las normas concordantes del Decreto - Ley No. 663 de 1993 expresó en comunicado entregado a la prensa el 4 de febrero 1994: "cuando el Estado decida enajenar su participación en una empresa con participación económica oficial, está obligado a elaborar el respectivo programa de enajenación, a ofrecer, en primer lugar, el paquete accionarlo que se pretende vender a trabajadores de la respectiva empresa y a las organizaciones solidarias y de trabajadores, bajo unas condiciones especiales previamente diseñadas, que muevan la voluntad de los destinatarios de la oferta y faciliten la negociación..." Prosigue el comunicado: "de esta manera se interpreta fielmente el mandato de la Constitución que permite a los sujetos destinatarios de dicha disposición, tener una amplia opción para que, según sus posibilidades económicas, puedan adquirir todo o parte de las acciones objeto de la enajenación".

3o): El artículo 10, numerales 1o., 2o., 4o. y 5o. del mismo decreto No. 2049 viola el referido precepto constitucional, por cuanto establece condiciones más gravosas para los trabajadores y las organizaciones solidarias y de los trabajadores que las establecidas para los compradores que no tienen la garantía constitucional, tales como: imponer límites máximos y mínimos de compra, pago de contado, consignación del 10% en efectivo, no entrega de las acciones hasta que concluya el martillo del lote dos, condiciones que no establece para los inversionistas distintos de los favorecidos en el artículo 60, ya que para ellos las condiciones son: límite mínimos, sin restricción en el número de acciones que puedan comprar; pago de contado o a plazos; póliza de seriedad de la oferta sin consignar en efectivo el 10% de valor de la oferta; disposición inmediata de sus acciones.
4o): El artículo 11 del citado Decreto No. 2049, establece condiciones más gravosas para los trabajadores y las organizaciones solidarias y de trabajadores que las establecidas para los compradores que no tienen la garantía constitucional, tales como: negar crédito del Fogafin, que si se ofrece a los del lote dos; pago de intereses trimestre vencido, cuando el lote dos paga intereses año vencido; y una tasa de interés que aunque menor a la cobrada por el Fogafin al llamado por el decreto "lote dos" excede con creces la rentabilidad de las acciones, ya que para el año 1994 el Banco de Colombia no puede pagar dividendos.
5o): El artículo 13 del Decreto No. 2049 al limitar la oferta constituye una clara violación de la obligación constitucional del Estado de ofrecer condiciones especiales, para que los empleados y organizaciones solidarias y de trabajadores accedan a propiedad accionaría, y, por el contrario, les impide acceder a ella.
6o): El artículo 15 del decreto citado, porque al asegurar un núcleo estable de

accionistas, es precisamente lo contrario de "tomar las medidas conducentes a democratizar la titularidad de sus acciones", tal como lo establece el artículo 60 de la Constitución Política.
7o): El artículo 1o. del Decreto No. 2208 de 1993 establece condiciones más gravosas para los trabajadores y las organizaciones solidarias y de los trabajadores, que las consagradas para compradores que no tienen garantía constitucional, tales como obligar a dar garantías adicionales de la totalidad de las acciones, que no obliga a los compradores del "lote dos".
8o): El artículo 14 del Decreto No. 2290 en su numeral 1o., al limitar a los trabajadores la adquisición de acciones por más de tres veces, el patrimonio bruto declarado en 1992, niega totalmente el principio consagrado en el artículo 60 de la Constitución Política.
Contrario a este postulado, lo que el Constituyente quiso fue que a los trabajadores que no tenían capacidad económica, por tener un patrimonio limitado, el Estado le diera condiciones especiales para acceder a la propiedad accionaria.

La obligación impuesta por el numeral. 2o. del referido Decreto de pagar al fogafin el precio máximo del martillo, pone a los trabajadores a pagar el precio más alto, cuando lo que dispone la Constitución es lo contrario.
El principio que pretende imponer la norma sería sano si la oferta hecha a los trabajadores y a las organizaciones hubiera sido en condiciones especiales en cuanto al precio, plazo y facilidades de pago; pero con unas acciones pagadas de contado, con unas financiaciones obtenidas con garantía en las acciones, aumentada en un 40% en seguridades adicionales de valor conocido, con una financiación del DTF más cinco puntos pagadera trimestre vencido, que equivale a más del 28% anual, es decir, más del 7% del cálculo de la inflación y más de 6% sobre el incremento del salario mínimo, constituye una monstruosidad que sanciona a los destinatarios constitucionales del poder accionario del Estado en las empresas que pretenda enajenar, cuando por razón de la pesada carga financiera no pueden disponer de este exiguo patrimonio para pagar sus deudas o para atender sus gastos fundamentales, o cuando se desvinculen de la entidad y ya no deseen seguir siendo accionistas.
Esta norma además viola el artículo 58 de la Constitución Política, que garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores.
Igualmente viola esta norma el artículo 60 de la Carta Política, porque corresponde a la ley reglamentar la materia, y por lo tanto no puede el Ejecutivo reglamentar por medio de un decreto.
9o) Los artículos 1o. al 13 inclusive del Decreto No. 2290 de 1993, son violatorios del artículo 60 de la Carta Política, conforme al fallo que al respecto profirió la Honorable Corte Constitucional.
10): Al expedirse los decretos acusados, tampoco se tuvo en cuenta el artículo 333 de la Carta Política, ya que lejos de fortalecer las organizaciones solidarias, permitiendo su acceso preferencial al poder accionarlo del Estado y del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras en el Banco de Colombia, desconoció el establecimiento de condiciones favorables para su compra impidiendo a estas organizaciones su fortalecimiento financiero, y, de otra parte, no se evitó la concentración de la riqueza, dado que se ofreció el 83% de las acciones a inversionistas tradicionales.
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