Corte Suprema de Justicia Proceso n° 31123 corte suprema de justicia sala de casación penal






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fecha de publicación25.07.2015
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República de Colombia EXEQUATUR No. 31123

ANDERSON BRYAN LEVER

Corte Suprema de Justicia





Proceso n° 31123

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL




Magistrado Ponente:

ALFREDO GOMEZ QUINTERO

Aprobado Acta No. 7

Bogotá D.C., veinte (20) de enero de dos mil diez (2010)

Decide la Corte lo pertinente en relación con la solicitud formal para ejecución de sentencia (exequatur) proferida por un tribunal de justicia de los Estados Unidos Mexicanos en contra de ANDERSON BRYAN LEVER (a. Mono).


ANTECEDENTES



El 18 de septiembre de 2001, el señor Juez Tercero del Distrito en el Estado de Guerrero (México), en el proceso penal radicado con el número 33/2000, condenó a ANDERSON BRYAN LEVER (a. Mono) a las penas de prisión de trece (13) años y nueve (9) meses y de multa de siete mil quinientos ochenta ($7, 580, 00) pesos moneda nacional, por hallarlo responsable del delito de transporte e introducción al Estado mexicano del narcótico denominado clorhidrato de cocaína. (Prueba 1, folios 2 - 48)
El Segundo Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito, Acapulco, Guerrero, confirmó el fallo el 15 de noviembre de 2001. (Prueba 2, folios 50 – 235)

ANDERSON BRYAN LEVER comenzó a purgar su condena en México y estuvo privado de la libertad desde el 3 de abril de 2000 hasta el 29 de noviembre de 2002 cuando se evadió del Centro de Readaptación Social en Acapulco, Guerrero, quedándole pendiente por purgar en prisión once (11) años, un (1) mes y cuatro (4) días según lo certificó el Agente del Ministerio Público de la Federación de México, adscrito al Juzgado Tercero del Distrito en el Estado de Guerrero, mediante oficio número 49/2008 del 19 de febrero de 2008 (Cfr. Oficio OAJ CCJ No. 1029 del 8 de enero de 2009 del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia, Folios 1 – 3 del cuaderno de la Corte).
Se fugó por un túnel que hicieron habilitando una alcantarilla del módulo de seguridad al exterior del penal”. (Anexo, prueba 5; Cfr. Fl. 252 del antecedente)
Inicialmente, la Embajada de los Estados Unidos de México solicitó la captura con fines de extradición de BRYAN LEVER, sin embargo, el Fiscal General de la Nación, mediante resolución del 17 de junio de 2008 se abstuvo de decretar la captura con fines de extradición del ciudadano BRYAN LEVER, con fundamento en el artículo 4° del Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia; no obstante, precisó que el Estado Mexicano puede remitir copia del expediente penal y pedir al Estado colombiano la ejecución de la sentencia o, en su defecto, ejercer la acción penal en Colombia con el fin de aplicar lo previsto en el artículo 4° del mencionado instrumento internacional1. (Folios 35 – 38), ello dio origen a la solicitud del exequatur que ahora define la Corte.
La petición formal para ejecución de sentencia (exequatur) fue presentada por la Embajada de México mediante nota diplomática número Col. 00002 el 2 de enero de 2009 dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores (fls. 4 – 9 del cuaderno de la Corte)
Mediante oficio número OAJ CCJ núm. 1029 del 8 de enero de 2009, el señor Ministro de Relaciones Exteriores hizo llegar a la Corte Suprema de Justicia la solicitud formulada por la Embajada de México, precisando que la normatividad aplicable al caso es el Tratado de Extradición celebrado entre las dos naciones, aprobado mediante la Ley 30 de 1930; adicionalmente es aplicable la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes.
El señor Ministro precisó que para el caso se cumple el requisito de reciprocidad diplomática, debido a que existen instrumentos internacionales mediante los cuales se garantiza que en una situación similar a la presentada con el nacional colombiano ANDERSON BRYAN LEVER, el Estado Mexicano concederá eficacia en iguales términos a la decisión judicial dictada por las autoridades colombianas.
El Tratado de Extradición celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia se encuentra vigente, fue aprobado mediante Ley 30 de 1930, canjeadas las ratificaciones en Ciudad de México el 1° de julio de 1937 y promulgado con el Decreto No. 1816 de 1937; también precisó el Ministerio que en materia de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, es aplicable al caso la Convención de las Naciones Unidas suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988 (ratificada por Colombia el 9 de mayo de 1994), Instrumento Internacional del cual también es parte los Estados Unidos Mejicanos.
Por virtud de la Convención de Viena, artículo 6 – 10:
Si la extradición solicitada con el propósito de que se cumpla una condena se deniega basándose en que la persona objeto de la solicitud es nacional de la parte requerida, ésta, si su legislación lo permite de conformidad con los requisitos de dicha legislación, previa solicitud de la Parte requirente, considerará la posibilidad de hacer cumplir la condena impuesta conforme a la legislación de la parte requirente o el resto de dicha condena que quede por pagar”.

En atención a la existencia de instrumentos internacionales vinculantes para los dos Estados, mediante los cuales se garantiza un trato recíproco en el tema del exequatur, el señor Ministro expresó que SE CUMPLEN todos los requisitos legales y si la honorable Corte así lo considera… “es conveniente… que se ejecute en Colombia la sentencia proferida por la justicia mexicana, condenando a la pena privativa de la libertad al nacional colombiano ANDERSON BRYAN LEVER”.
Por consiguiente, la garantía de reciprocidad se satisface con el Estado requirente, en virtud del tratado de extradición vigente y de la suscripción multilateral (entre ellos los Estados de Colombia y México) de la convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes.

HECHOS
El señor Lic. Juan Miguel Alcántara Soria, Sub Procurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, de la República de México, D.F., narró los hechos en el oficio número SJAI / 1433 / 2008 del 3 de diciembre de 2008, de la siguiente manera:

El 30 de marzo de 2000 a las 7:30 horas, en aguas mexicanas del Océano Pacífico, cerca de Acapulco, Guerrero, elementos de la Armada de México, realizaron una inspección a una embarcación sin nombre, de nacionalidad colombiana, tripulada por Cirilo Bustillo Dixon, quien se encontraba al mando de dicha embarcación, así como por ANDERSON BRYAN LEVER (a. Mono), y Wilbert Henry Martínez Taylor (a. Sapo).
En el interior de la embarcación se localizaron entre otras cosas 105 costales de yute, los cuales cada uno contenía 20 envoltorios de material sintético, color blanco, de forma rectangular, con polvo blanco en su interior y un peso total neto de 2 091, 38 kilogramos, de los cuales dio fe el agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la fiscalía Especializada para la atención de delitos contra la Salud de la Procuraduría General de la República.
El 31 de marzo de 2000, mediante dictamen químico realizado por perito adscrito a la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República se determinó que el polvo blanco contenido en los 105 costales de yute, corresponde a clorhidrato de cocaína.
Lo anterior, se robustece con la declaración ministerial del 30 de marzo de 2000, de Cirilo Bustillo Dixon, quien manifestó que el 24 de marzo de 2000, abordó la embarcación de referencia, en compañía de dos tripulantes más de nombres “Wilbert Henry Martínez Taylor (a. Sapo) y ANDERSON BRYAN LEVER (a. Mono), asimismo, señaló que con anterioridad se pusieron de acuerdo para transportar los 105 costales de cocaína de Colombia al Pacífico de México.
Wilbert Henry Martínez, agregó que el dueño de la droga es una persona que conoce como el “Cachaco”, de nacionalidad colombiana, que un amigo de nombre “Héctor” se lo presentó, y en virtud de que necesitaba dinero y sólo tendría que transportar la cocaína por el Pacífico de México a una determinada posición geográfica en alta mar, aceptó llevar a cabo el traslado de la droga, para lo cual le entregó diversas cartas de navegación que contenían las coordenadas geográficas de latitud y longitud, una vez que llegara a México tenía que entregar la embarcación con la droga a una persona identificada como “Pacho”.
También indicó que por ese transporte de droga el “Cachaco” le pagó como adelanto la cantidad de US$10 000 (Diez mil dólares americanos) y en cuanto regresara de entregar la droga le pagaría US$40 000 (Cuarenta mil dólares americanos), Asimismo, manifestó que se mantuvo en comunicación con gente que ayudaba al dueño de la droga mediante dos radios que llevaban a bordo, y estando varados, una embarcación de la Armada de México los detuvo para hacer una inspección a la nave, en la cual detectaron los costales de cocaína, motivo por el cual los detuvieron.
El 30 de marzo de 2000, Gilberto Henry Martínez Taylor, (a. Sapo) declaró que el 24 de marzo de 2000, él y ANDERSON BRYAN LEVER (a. Mono) fueron a ver al “Cachaco”, quien posteriormente los trasladó a la embarcación de referencia, se pusieron de acuerdo en la forma en que iban a transportar la droga por el Pacífico de México y les indicó que el capitán de la nave sería Cirilo Bustillo Dixon.
Así también refiere que por transportar la droga, el “Cachaco” le pagó por adelantado la cantidad de US$ 1 500 (Mil quinientos dólares americanos) y en cuanto regresara de entregar la droga le pagaría US$ 3 500 (Tres mil quinientos dólares americanos). Manifestó que navegaron por varios días pero una nave de la Armada de México, los detuvo para una inspección y les aseguró la droga que transportaban.
Por su parte, ANDERSON BRYAN LEVER (a. Mono) en su declaración del 30 de marzo de 2000, manifestó que el “Cachaco” le entregó a él y a Guillermo Henry Martínez Taylor (a. Sapo) la nave de referencia, además les instruyó que Cirilo Bustillo Dixon, sería el capitán de dicha embarcación. Dicha nave la tenía que entregar a un sujeto del cual no sabe su nombre pero no fue posible hacerlo debido a que la Armada de México los detuvo.

Adicionalmente señaló que aproximadamente un año antes de que se realizaran los hechos, se reunieron con el “Cachaco” para ponerse de acuerdo y transportar la droga que les fue asegurada; y que el “Cachaco” le pagó como adelanto para transportar la droga, la cantidad de US$ 3000 (Tres mil dólares americanos) y que en cuanto regresara de entregar la droga le daría US$ 2000 (dos mil dólares americanos)”. (Oficio remisorio, anexo al expediente)

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA:
Con la solicitud elevada por la vía diplomática se acompañó, debidamente apostillada y en idioma castellano, la siguiente documentación:
1. Copia autenticada de la sentencia definitiva del 18 de septiembre de 2001, proferida por el Juez Tercero del Distrito en el Estado de Guerrero (México) contra ANDERSON BRYAN LEVER (a. Mono) (Anexo prueba 1, folios 2 - 48)
2. Copia autenticada de la sentencia de segunda instancia del 15 de noviembre de 2001, proferida por el Segundo Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito dentro del Toca Penal de Apelación número 334-2001 (sic.), mediante la que confirmó el fallo de primera instancia (Anexo prueba 2, folios 49 – 235).
3. Copia autenticada de las normas penales que consagran la conducta punible en el Código Federal de Procedimientos Penales de la República de México (Anexo prueba 3, folios 237 – 240) y de la norma que establece que la pena se extingue, con todos sus efectos, por el cumplimiento de la pena impuesta (Artículo 116, folio 246 del antecedente).
4. Copia de la fotografía de ANDERSON BRYAN LEVER (Anexo prueba número 5, folio 251)
La anterior documentación fue certificada por el Director General de Extradiciones y Asistencia Jurídica de la Sub Procuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República de México, D.F; certificada a su vez por la señora Sonia del Carmen Álvarez Cisneros Subdirectora de Formalización y Control de la Dirección de Coordinación Política el 2 de diciembre de 2008 y certificada, también, por el Delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores el 8 de diciembre siguiente (Folio 255).

Mediante la Nota Diplomática Número Col. 00002, la Embajada de Méjico en Bogotá, realizó la petición formal para la ejecución de la sentencia del ciudadano colombiano ANDERSON BRYAN LEVER al Gobierno de Colombia, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y de conformidad con lo establecido en el artículo 7, fracción II, del Tratado de Extradición suscrito entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia (Cfr. folios 4 – 8 del cuaderno de la Corte).
5. Mediante auto del pasado cuatro (4) de noviembre de dos mil nueve (2009), la Sala se abstuvo de decidir sobre la ejecución de la sentencia extranjera (exequatur) porque la documentación que fundamentó la petición era incompleta y no permitía legalizar la sentencia proferida por el Tribunal de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos2. Esto se dijo:
3. Se requirió al Ministro de Relaciones Exteriores con la finalidad de que a través de su homólogo…,la autoridad judicial correspondiente aportara la cartilla decadactilar original (para efectos del respectivo cotejo dactiloscópico con los que reposan en la Registraduría Nacional del Estado civil), con el fin de verificar la plena identidad y conjurar problemas de homonimia que puedan presentarse al momento de la captura con fines de ejecución de la sentencia3. (Num. 4 del auto del 3 de febrero de 2009)
4. Con fundamento en el tratado de extradición y en el Código de Procedimiento Penal Colombiano, la Sala ofició al Ministro de Relaciones Exteriores con la finalidad de que a través de su homólogo…la autoridad judicial correspondiente suministre constancia de que la sentencia se encuentra en firme y de que la acción penal contra ANDERSON BRYAN LEVER no se encuentra prescrita de conformidad con las leyes mexicanas. (num. 5 del auto del 3 de febrero de 2009, conc. Artículo 516 num. 2 de la Ley 906 de 2004)…”. (Folios 48 – 66).

6. Mediante oficio número DAJI. E. 2631 del 24 de noviembre anterior, la Directora de Asuntos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores remitió a la Corte las Notas Diplomáticas números Col-03514 y Col-03548 del 19 y del 24 de noviembre de 2009, procedentes de la Embajada de México, mediante las cuales allegó la siguiente documentación en carpeta anexa:


    1. Oficio SRS/266/2009 del 15 de octubre de 2009, el cual se acompaña de fotografía, ficha sinaléptica y huellas dactilares originales del requerido.

    2. Oficio SRS/268/2009 del 16 de octubre de 2009, por el cual se constata que la pena privativa de libertad decretada en contra de ANDERSON BRYAN LEVER, se encuentra en firme y es ejecutable, restándole por cumplir 11 años, un mes y cuatro días.




    1. Informe del 17 de octubre de 2009, por el cual el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales y Amparo en el Estado de Guerrero, por el cual da testimonio de que la pena decretada en contra del inculpado, ha causado estado, se encuentra vigente y pendiente de ejecutar.



El Ministerio de Relaciones Exteriores certificó que la documentación que soporta la petición se remitió, vía diplomática, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7° del Tratado de extradición entre las dos naciones (Folios 1 – 3 del cuaderno de la Corte), de donde se infiere la autenticidad de la documentación que soporta la solicitud.
COMPETENCIA
La Sala es competente para pronunciarse sobre la solicitud de exequatur elevada por la Embajada de México mediante la Nota Diplomática Número Col-00002 del 2 de enero de 2009, relacionada con la condena al ciudadano colombiano ANDERSON BRYAN LEVER, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 515, 516 y 517 del C. de P.P. L. 906 de 2004 que atribuyen a la Corte Suprema de Justicia decidir si la sentencia proferida por las autoridades de otro país contra extranjeros o ciudadanos colombianos puede ser ejecutada en Colombia.

TIPICIDAD
La conducta de transportar e introducir al Estado de México una sustancia narcótica (clorhidrato de cocaína), es un delito que atenta contra el interés jurídico de la Salud Pública, y se encuentra tipificada en los artículos 194, fracciones I y II y en el artículo 193, párrafos primero y segundo del Código Penal Federal, vigente en la época que sucedieron los hechos, y sancionada con pena de prisión de diez (10) a veinticinco (25) años. (Cfr. Oficio número SJAI / 1433 / 2008, de la Sub Procuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías, Dirección General de Extradiciones y Asistencia Jurídica, México, D.F., 3 de diciembre de 2008).
El mismo comportamiento se encuentra previsto en la legislación de la República de Colombia, en el Título XIII DE LOS DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA, Capítulo II, DEL TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES Y OTRAS INFRACCIONES, artículo 376 “Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes”, de la Ley 599 de 2000, con una pena de 8 a 20 años (modificada por la Ley 890 de 2004) que incrementó las penas en la tercera parte respecto del mínimo y en la mitad respecto del máximo, a partir del 1 de enero de 2005.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
La Corte ya ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre la ejecución de sentencias proferidas en otro país (exequatur), señalando que la temática a resolver comprende varios aspectos, entre ellos: i) el manejo de las relaciones exteriores, ii) la aprobación de los tratados internacionales que suscriba Colombia, iii) los principios que orientan dichas relaciones, iv) las previsiones concretas sobre la posibilidad de extraditar a sus nacionales y v) las garantías que deben ser respetadas en todo trámite que cumplan sus autoridades4.
En cuanto al manejo y dirección de las relaciones internacionales y principios que las orientan, la Constitución Política de 1991 prevé en sus artículos 9,189-2, 224 y 226 que las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios de derecho internacional aceptados por Colombia, que su dirección está encomendada al Presidente de la República, por intermedio de los funcionarios adscritos al Cuerpo Diplomático y al Ministerio de Relaciones Exteriores, y como Estado Parte de los diversos tratados y convenios que Colombia suscriba con otros Estados estará vinculado en la medida en que éstos sean aprobados por el Congreso, además de expresar como principios reguladores de la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas, la equidad, la reciprocidad y la conveniencia nacional.
Igualmente, debe ser acatado, según el caso, el mandato que preveía el artículo 35 de la Carta Política al prohibir hasta la promulgación del Acto Legislativo No. 01 de 1997 la extradición de colombianos por nacimiento por hechos anteriores al 16 de diciembre de 1997, por delitos políticos o de opinión aún cuando se trate de extranjeros, prohibición que se mantiene para el caso de delitos políticos.
También resulta imperativa la observancia del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Carta Política, respecto del cual la Sala ha señalado que el exequatur comprende tanto un procedimiento administrativo como otro de carácter judicial:
El primero corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores, ante el cual se formula y se tramita la solicitud y, el segundo, del resorte de la Corte Suprema de Justicia en cuanto debe emitir un pronunciamiento judicial de naturaleza obligatoria, definitiva y preclusiva para el Gobierno Nacional, para el afectado con el fallo, como también para el Estado requirente, que quedará vinculado con la decisión favorable o desfavorable sobre el pedido de ejecución del fallo proferido en el país solicitante.
1. Los tratados internacionales
La posibilidad de ejecutar sentencias emitidas por autoridades judiciales extranjeras constituye una excepción al principio de soberanía de los Estados, en desarrollo del cual sólo tienen vigencia las leyes nacionales y por ende, las sentencias proferidas por sus jueces.
En consecuencia, la aplicabilidad de las proferidas por autoridades extranjeras debe ser el producto del acuerdo de los Estados expresados en tratados o convenios que hayan sido aprobados por el Congreso, de los cuales necesariamente debe hacer parte el principio de reciprocidad, esto es, que en el Estado requirente, igualmente, tengan vigencia las decisiones de los jueces colombianos, respecto de cuya existencia y vigencia el competente para señalarla es el Ministerio de Relaciones, órgano del ejecutivo que tiene a su cargo la representación del Estado en el ámbito externo. En consecuencia, de acreditarse la vigencia del tratado, serán sus disposiciones las que se acaten en el respectivo trámite.
Cuando no exista tratado, éste puede ser suplido por las normas del Código de Procedimiento Penal, de acuerdo con lo señalado por el numeral 4° del artículo 516, siempre que se haga ofrecimiento de reciprocidad en casos similares y se acrediten los términos en que está prevista en el sistema jurídico del Estado requirente.
2. Trámite
De conformidad con lo hasta ahora señalado, se colige que el procedimiento a través del cual se define la admisibilidad de la ejecución de las sentencias proferidas por autoridades extranjeras es fijado por la ley, quedando claro que las exigencias serán las determinadas por el Tratado, o supletoriamente por el Código de Procedimiento Penal.
Respecto a la ejecución de las sentencias penales proferidas por autoridades extranjeras, la Corte Constitucional ha precisado que la autorización que emite la Corte Suprema de Justicia debe enmarcarse dentro de la filosofía señalada por la Carta Política sobre la cooperación de los países en la lucha contra el delito y de la vigencia del orden interno a favor de todas las personas, en cuanto establece los derechos fundamentales con carácter de inderogables5, así como el acatamiento del debido proceso que vincula por igual a todas las autoridades del Estado, lo que posibilita la aplicación de la institución del exequatur.
3. Trámite ante el Ministerio De Relaciones Exteriores
Según lo previsto por el artículo 515 del C. de P.P., la solicitud de ejecución en Colombia de sentencias proferidas por autoridades de otros países debe ser propuesta por vía diplomática, es decir, elevada por legación diplomática del Estado requirente ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, que como ya se dijo es el órgano de la Rama Ejecutiva encargado de dirigir y representar al Estado en las relaciones con otros sujetos de derecho internacional, al que corresponde definir la normatividad que regula el asunto, esto es, señalar si existe convenio o tratado entre los dos Estados sobre el particular y verificar que la documentación aportada reúna las exigencias previstas por las normas que regulen el caso, estando facultado incluso para pedir que sea complementada.
Si la citada revisión resulta satisfactoria y en tal virtud el Gobierno decide, en cumplimiento de los compromisos de orden externo e interno, dar trámite a la petición del Gobierno Extranjero, evaluará, entonces, la conveniencia nacional que la solicitud tenga para los fines del Estado, según lo establece artículo 226 de la Constitución Nacional; luego, enviará la solicitud ante la Corte Suprema de Justicia, certificando en forma detallada el cumplimiento de cada uno de los requisitos que le corresponde verificar, así como la normatividad que orienta el caso.
En relación con las facultades de la Corte en el trámite del exequatur, se ha puntualizado que la Sala podrá de manera oficiosa verificar los requisitos aún no acreditados, como por ejemplo, i) establecer si la persona afectada con el fallo es nacional colombiano, ii) la existencia de actuación procesal en nuestro país por los hechos que ameritaron la condena, iii) la decisión y carácter de la misma, iv) la correspondencia de la sanción con la pena establecida por la legislación nacional y, de manera especial, v) que la sentencia no se oponga a la Constitución ni a las leyes colombianas6.
En desarrollo de la facultad que la ley le atribuye a la Corte Suprema de Justicia como máxima autoridad judicial, para que decida respecto a la viabilidad de ejecutar fallos penales, su evaluación se expresará de considerarlo jurídicamente procedente, en una providencia que SE EQUIPARA A UN FALLO JUDICIAL y no a un concepto, como ocurre en el caso de la extradición; por lo tanto, la decisión que profiere la Corte en materia de exequatur es obligatoria, definitiva, preclusiva, con igual carácter al de toda sentencia proferida por un juez del territorio nacional, lo que significa que debe ser acatada tanto por el Gobierno Nacional como por el afectado, agotándose así el trámite.
De ser aceptada la legalización de la sentencia, la Sala Penal de la Corte ordenará la ejecución del fallo, remitiendo la decisión a los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Distrito Judicial a que corresponda el asunto, con el propósito de que ejerzan su función como si se tratara de una sentencia proferida por un juez colombiano.
Cumplidas las exigencias que han sido puntualizadas, la Corte adquiere plena competencia para pronunciarse sobre la posibilidad de ejecutar la sentencia proferida por las autoridades extranjeras, cuando quiera que se halle de conformidad con los preceptos de carácter internacional o de acuerdo con las normas nacionales, siempre que se haya ofrecido reciprocidad en la materia.
Finalmente, cabe señalar que la Corte no cumple una función de instancia que le permita revisar la justicia del fallo, pues, su labor se circunscribe a verificar que la sentencia y la solicitud se hayan realizado en los términos referidos por los tratados o convenios internacionales o la ley colombiana, con acatamiento del debido proceso y del respeto de los derechos fundamentales.
EL CASO CONCRETO
Para resolver la petición de la ejecución de la sentencia proferida por las autoridades judiciales de los Estados Unidos Mexicanos, la Sala examinará los siguientes temas:

1. Identidad del procesado
En virtud del poder oficioso para acreditar los requisitos legales con el fin de legalizar la sentencia proferida por el Tribunal de Justicia del Estado requirente, se verificó la identidad de ANDERSON BRYAN LEVER:
Se libró comunicación al señor Registrador Nacional del Estado Civil quien remitió copia digitalizada de la tarjeta decadactilar perteneciente al cupo numérico 18 004 494 expedido en San Andrés Islas, con fecha 16 de enero de 1995, a nombre de ANDERSON BRYAN LEVER, nacido el 4 de agosto de 1976 en San Andrés Islas. (Cfr. oficio número 02358 del 4 de febrero de 2009, fl. 22; oficio DNI – CGA – 00179, folios 27 y 28).
En la nota diplomática que materializó la solicitud de exequatur se identificó al sentenciado de la siguiente manera:

Nombre: ANDERSON BRYAN LEVER (a. Mono)

Nacionalidad: Colombiana

Originario: San Andrés Isla, Departamento de Colombia

Fecha de nacimiento: 4 de agosto de 1976

Edad: 32 años”.

El país que solicita el exequatur anexó en fotocopia autenticada, tanto de la fotografía como el documento en el que se registraron las huellas dactilares del sentenciado. (Folios 251 – 254); en el mismo sentido, en las Notas Diplomáticas números Col-03514 y Col-03548 del 19 y del 24 de noviembre de 2009 procedentes de la Embajada de México se hizo llegar la copia original de las huellas dactilares, sobre las que se pidió al C.T.I. de la Fiscalía realizar un cotejo con la cartilla dactilar que reposa en el registro civil.
El cuadernillo de anexos donde se registraron las huellas originales del procesado por parte de las autoridades judiciales mexicanas se devolverá a dichas autoridades por requerimiento expreso, no obstante, por la Secretaría de la Sala mediante auto del 1° de diciembre de 2009, se dispuso fotocopiar el antecedente (Cfr. folios 74 – 81 del cuaderno de la Corte).
En la sentencia de primera instancia, el señor juez extranjero lo individualizó de la siguiente manera:
“…nació el cuatro de agosto de mil novecientos setenta y seis, originario y vecino de San Andrés Isla, Departamento de Colombia, con domicilio en Barrio la Loma de dicha Isla, ser de veinticuatro años de edad, estado civil unión libre, que no pertenece a grupo étnico o indígena, que si habla y entiende el idioma castellano, con instrucción hasta quinto año de primaria, de ocupación pescador, con sueldo de ciento cincuenta mil pesos colombianos, equivalente a cien dólares cada quince días, con el cual sostiene a dos personas y sufraga sus gastos personales, y para datos estadísticos, agrega que ocasionalmente consume bebidas embriagantes, no es afecto a drogas o enervantes, ni al tabaco comercial, hijo de Carlos Bryan Archvol y Vierca (Sic.) Lever Duque (Finados)”. (Sentencia de primera instancia, fol. 2; folio 89 ib.)

Con esos datos, la Sala verifica que el señor ANDERSON BRYAN LEVER es ciudadano colombiano, que se identifica con la cédula de ciudadanía número 18 004 494 de San Andrés – Islas, nacido el 4 de agosto de 1976 en San Andrés, Islas, hijo de Carlos Bryan Archbold y de Bierca Lever Duke, datos que, en general, coinciden con la individualización que ofreció el país solicitante.
El cotejo dactiloscópico entre las huellas originales remitidas por la Secretaría de Seguridad Pública y protección Civil de Chilpancingo (México) (Folios 3 y 4 cuaderno anexo devuelto al país requirente, ib. folios 78, 79 y 79v. del cuaderno de la Corte), con los antecedentes que reposan en la Registraduría Nacional del Estado Civil (Cfr. folio 27 del cuaderno de la Corte), en aras de establecer la uniprocedencia.
Según el resultado del informe de cotejo lofoscópico del 9 de diciembre de 2009, se estableció “que las impresiones dactilares que obran en reverso del documento con huellas dactilares a nombre de BRYAN LEVER ANDERSON, procedente de Acapulco, GRO. A 03 de Abril del 2000, SE IDENTIFICAN con las impresiones dactilares que obran en el informe de consulta AFIS a nombre de BRYAN LEVER ANDERSON , c.c. No. 18 004 494, de San Andrés, expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil”. (Folios 85 – 89 del cuaderno de la Corte).
Por lo anterior, la identidad del procesado cuenta con plena acreditación.

2. Cosa juzgada / doble incriminación
La Sala ofició a la Fiscalía General de la Nación con el fin de que certificara la existencia o no de actuación penal por los mismos hechos, en contra del procesado y que remitiera copia de la resolución en virtud de la cual el Fiscal se abstuvo de decretar la captura con fines de extradición:
Con oficio DNF 05220 del 26 de febrero de 2009, la señora Carmen Torres Malaver, Fiscal de la Dirección Nacional de Fiscalías, certificó que en los sistemas de información de la Fiscalía General de la Nación (SIJUF y SPOA) NO SE HALLÓ anotación alguna en contra del señor ANDERSON BRYAN LEVER. (Folio 33 del cuaderno de la Corte)
Sin embargo, como en la decisión del pasado 4 de noviembre, cuando la Sala se abstuvo de tramitar el exequatur ordenó EXPEDIR copia de la providencia con destino a la Fiscalía General de la Nación, para lo de su competencia (léase adelantar investigación contra BRAYAN LEVER y otras personas involucradas en los hechos), hará lo propio en esta oportunidad con el ánimo de anunciar al organismo oficial de investigación penal colombiano que LEGALIZARÁ la sentencia proferida en su contra por la autoridad judicial de los Estados Unidos de México, por lo que deberá abstenerse de iniciar investigación por los mismos hechos en relación con el procesado BRAYAN LEVER.
No obstante, la cancelación del antecedente respectivo sólo deberá cobijar al sentenciado BRAYAN LEVER, pues no se desconoce que los comportamientos referidos en la sentencia que ahora se legaliza involucran a otras personas, al parecer de nacionalidad colombiana.
3. Firmeza de la sentencia condenatoria
Por solicitud de la Corte Suprema de Justicia, la autoridad judicial del Estado de México certificó que la sentencia contra ÁNDERSON BRAYAN LEVER se halla en firme y no se encuentra prescrita de conformidad con las leyes mexicanas:
Así lo hizo mediante el Oficio SRS/268/2009 del 16 de octubre de 2009, en el que certificó que la pena privativa de libertad decretada en contra de ANDERSON BRYAN LEVER, se encuentra firme y ejecutable, restándole por cumplir 11 años, un mes y cuatro días. Firmado: EL SUBSECRETARIO DE READAPTACIÓN SOCIAL, Lic. Ángel García García (Folio 80 cuaderno de la Corte).
Según Oficio del 17 de octubre de 2009, suscrito por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales y Amparo en el Estado de Guerrero, por el cual certificó que la pena decretada en contra del inculpado, ha causado estado, y se encuentra vigente y pendiente de ejecutar:
SENTENCIA CONDENATORIA DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2001, MISMA QUE FUERA RECURRIDA POR LA DEFENSA INTERPONIENDO RECURSO DE APELACIÓN, MISMO QUE SE RESOLVIERA EL QUINCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL UNO, CON NUMERO DE TOCA PENAL 334-2001, DEL ÍNDICE DEL H. SEGUNDO TRIBUNAL UNITARIO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO DEL ESTADO DE GUERRERO, CONFIRMANDO LA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA, CAUSANDO ESTADO, PARA QUEDAR EN FIRME EL FALLO DE TRECE AÑOS NUEVE MESES DE PRISIÓN.

ACTUALMENTE NO SE ENCUENTRA CON DATO ALGUNO SOBE JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR EL SENTENCIADO”. Firmado: Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita al Juzgado Tercero de Distrito en materia de Procesos Penales y Amparo, Lic. María del Carmen Castillo Sánchez, (FL. 81 Cuaderno de la Corte).
Se satisfizo de esa manera el requerimiento del artículo 516 num. 2 de la Ley 906 de 2004, en el sentido de saber que la sentencia contra ANDERSON BRYAN LEVER se encuentra en firme, de conformidad con las disposiciones del país extranjero.
4. Devolución de documentos
En la Nota Diplomática número Col-03514 (Folios 71 y 72 cuaderno de la Corte), la Embajada de México requirió y agradeció que… “una vez que la documentación original que se acompaña a la presente nota, sea cotejada, se devuelva a la brevedad posible, ya que forman parte integral de los registros para ejecución de sentencias penales que guarda el Gobierno del Estado de Guerrero”.
La Sala atenderá la solicitud de forma favorable, y como ya seaujeton los cotejos dactilares y registros pertinentes, por la Secretaría DEVOLVERÁ la documentación clasificada como confidencial “EXP. SICAR 230-01-1/2009, remitida en la carpeta anexa de ANDERSON BRYAN LEVER” a la Embajada de México, con el fin de atender la petición del Sub Secretario de Readaptación Social Lic. Ángel García García, según oficio SRS/266/2009, y la nota diplomática Col-03514/2.
CONCLUSIÓN
Examinado el antecedente, la Sala concluye que la petición de ejecución de la sentencia satisface los requisitos del Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia. Igualmente, que es compatible con las disposiciones de la Constitución Política de Colombia y con la ley penal y de Procedimiento Penal. Por tanto:
La sentencia del Segundo Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito, Acapulco, Guerrero, el 15 de noviembre de 2001, que confirmó la sentencia condenatoria pronunciada por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero dentro del proceso penal número 33 / 2000, el 18 de septiembre de 2001 en contra de ANDERSON BRYAN LEVER (a. Mono) SERÁ INCORPORADA a la jurisdicción colombiana.
La Sala ORDENARÁ la captura inmediata del procesado para que se ejecute la condena pendiente por cumplir en un establecimiento penitenciario nacional y REMITIRÁ el expediente al reparto de los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, para que se verifique la ejecución de la condena en los términos anunciados, es decir, para que ANDERSON BRYAN LEVER (a. Mono) cumpla la condena de once (11) años, un (1) mes y cuatro (4) días de prisión, pendientes por ejecutar en los Estados Unidos Mexicanos (Conc. Artículo 38 del C. de P.P.).

En mérito de lo anterior la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE
1. INCORPORAR como parte de la jurisdicción colombiana, la sentencia de segunda instancia del 15 de noviembre de 2001, proferida por el Segundo Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito del Estado de Guerrero, con número de Toca Penal de Apelación número 334-2001 (Anexo prueba 2, folios 49 – 235), mediante la cual confirmó el fallo de primera instancia proferido por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero dentro del proceso penal número 33 / 2000, el 18 de septiembre de 2001 en contra de ANDERSON BRYAN LEVER (a. Mono), como autor responsable de un delito contra la salud pública (tráfico de estupefacientes).
2. DISPONER la captura inmediata de ANDERSON BRYAN LEVER identificado con la cédula de ciudadanía número 18 004 494 de San Andrés (Isla), para el cumplimiento en Colombia de la pena pendiente por ejecutar en México: prisión once (11) años, un (1) mes y cuatro (4) días).
3. REMITIR la actuación al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad ® que corresponda, para lo de su cargo.
4. COMUNICAR esta determinación al Señor Ministro de Relaciones Exteriores, al Ministerio Público y al señor Fiscal General de la Nación para lo de sus competencias.
5. La Secretaría de la Sala ENVIARÁ las copias del fallo a las entidades relacionadas en los artículos 462 y 463 de la ley 906 de 2004, y DEVOLVERÁ la documentación referida en el num. 4, a la Embajada de México para satisfacer la solicitud del Sub Secretario de Readaptación Social Lic. Ángel García García, según oficio SRS/266/2009, y la nota diplomática Col-03514/2.
Contra esta decisión no procede recurso alguno.

MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS


JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ
ALFREDO GÓMEZ QUINTERO AUGUSTO J. IBAÑEZ GUZMÁN


JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS YESID RAMÍREZ BASTIDAS

JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA JAVIER ZAPATA ORTÍZ


Teresa Ruiz Núñez

Secretaria


1Artículo 4°. Tampoco se concederá la extradición:

  1. Cuando la prueba de la delincuencia presentada por la parte requeriente no justificare, conforme a las leyes del lugar donde se encuentra el prófugo o acusado, su aprehensión y enjuiciamiento, en caso de que el delito se hubiese cometido allí.

  2. Cuando el individuo reclamado esté procesado o haya sido juzgado, por el mismo delito, en el país requerido.

  3. Cuando la acción penal o la pena correspondiente al delito imputado, hayan prescrito conforme a las leyes de cualquiera de los dos Estados Contratantes.

  4. Cuando el prófugo haya cumplido su condena.

  5. Cuando el individuo reclamado sea nacional del Estado requerido o naturalizado en él, a menos en este último caso que la naturalización sea posterior al delito por el cual se le reclama; pero cuando se niegue la extradición por esta causa, el Estado requerido queda obligado a juzgarlo de acuerdo con sus propias leyes, utilizando las pruebas que suministre el país requeriente y las demás que las autoridades del requerido estimen conveniente allegar”. (Cfr. folios 11 – 14 cuaderno de la Corte).

2 Para legalizar y ejecutar en el país la sentencia impuesta por un juez extranjero se hace necesario establecer si el fallo hizo tránsito de cosa juzgada material (artículo 516 num. 2 de la ley 906 de 2004), porque, de quedar pendiente por definir otro recurso ordinario o extraordinario ante la jurisdicción del Estado solicitante, no podrá ejecutarse la sentencia en Colombia, ello en salvaguarda del derecho fundamental al debido proceso que asiste a todo ciudadano.


3En los antecedentes del exequatur se anexó en fotocopia autenticada, tanto la fotografía como las huellas dactilares del sentenciado, sin embargo, se advierte que la fotocopia de la cartilla decadactilar no ofrece nitidez para hacer la comparación de huellas. (Folios 251 – 254).

4Exequátur núm.27323 del 29 de agosto de 2007, Rad. núm. 22336 del 14 de julio de 2004, Rad. 13462, del 23 de septiembre de 1997, rad. 13597 del 15 de octubre de 1997, Rad. 15326 del 23 de febrero de 1999 y Rad. núm. 18 394 del 24 de julio de 2001.

5Sentencia C-264 del 22 de junio de 1995.

6CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de casación penal, Rad. 13462 del 23 de septiembre de 1997.


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