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COMISIÓN EUROPEA

Rue de la Loi/Wetstraat 170

B-1049 Bruxelles

Belgique

DENUNCIA DE LA FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE CCOO CONTRA EL GOBIERNO DE ESPAÑA



  1. Apellidos y nombre del denunciante : Francisco José García Suárez, Secretario General de la Federación de Enseñanza de CCOO, en su representación.




  1. Representado por : Carmen Perona Mata, Letrada del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.




  1. Nacionalidad : española.




  1. Dirección: Plaza Cristino Martos, 4 - 4ª planta – 28015 Madrid (España).




  1. Teléfono : 91 540 07 72.




  1. Correo electrónico : cperona@fe.ccoo.es.




  1. Fax: 91 548 03 20.




  1. Ámbito de la actividad: el Estado español, en el ámbito educativo, tanto en territorio español como en el extranjero.




  1. Estado miembro u organismo público que, en opinión del denunciante, haya incumplido el Derecho comunitario: el Gobierno de España y, especialmente, el Ministro de Educación.


10. Exposición precisa de los hechos alegados.

A la fecha de esa denuncia se encuentra en trámite de aprobación en el Parlamento español la próxima Ley Orgánica de Educación. Entendiendo que la misma vulnera el derecho comunitario, ante la imposibilidad de los ciudadanos españoles de poder acudir a los tribunales ordinarios para recurrirla, y en prevención de esta vulneración clara del derecho comunitario, en virtud de las competencias de esta Comisión, denunciamos los siguientes hechos:

Enseñanza diferenciada por sexos
El artículo de la Ley en cuestión señala:
Artículo 84.3.

3. En ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. No constituye discriminación la admisión de alumnos o la organización de la enseñanza diferenciadas por sexos, siempre que la enseñanza que impartan se desarrolle conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO el 14 de diciembre de 1960. En ningún caso la elección de la enseñanza diferenciada por sexos podrá implicar para las familias, alumnos y centros correspondientes un trato menos favorable ni una desventaja a la hora de suscribir conciertos con las Administraciones educativas o en cualquier otro aspecto.
Entendemos que en este precepto se vulneran los artículos 14 de la Constitución Española (en adelante CE) y 14 del Tratado de la Unión Europea (en adelante TUE). Cabe señalar que la prohibición de discriminación alguna contenida tanto en el art. 14 de la CE como en el mismo art. 14 del TUE suponen la interdicción de diferencias de trato basadas en la distinción por sexo de los alumnos, recogiéndose esta desigualdad de trato, igualmente, en el artículo 1.4 del Tratado de Lisboa y Directiva 2000/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de julio de 2006. La Directiva 2000/43/CE sobre igualdad de trato independientemente del origen racial o étnico de las personas, tanto en el ámbito del empleo y la ocupación, como en la protección social, los beneficios sociales, la educación y el acceso a bienes y servicios, incluida la vivienda, y la Directiva 2000/78/CE, que prohíbe la discriminación por motivos de religión o creencias, edad, discapacidad u orientación sexual en el ámbito del empleo y la ocupación, son, hasta el momento, los dos instrumentos más importantes para combatir la discriminación.
Este precepto se basa en el art. 2 de la Convención de la UNESCO de 1961:
El artículo 2 de la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza de 1960, señala:
En el caso de que el Estado las admita, las situaciones siguientes no serán consideradas como constitutivas de discriminación en el sentido del artículo 1 de la presente Convención:
a. La creación o el mantenimiento de sistemas o establecimientos de enseñanza separados para los alumnos de sexo masculino y para los de sexo femenino, siempre que esos sistemas o establecimientos ofrezcan facilidades equivalentes de acceso a la enseñanza, dispongan de un personal docente igualmente calificado, así como de locales escolares y de un equipo de igual calidad y permitan seguir los mismos programas de estudio o programas equivalentes;
Estamos hablando de un texto preconstitucional. El Estado español, al aprobar su Constitución en 1978, y tener un artículo específico como es el art. 14 que prohíbe y sanciona todo tipo de discriminación, ha derogado o inadmitido la firma de 1960. Después de más de 50 años de progreso y en una sociedad democrática, plural y no sexista, el Ministro de Educación no puede aludir a una norma preconstitucional y realizada en un estado dictatorial. Por otra parte, esta Convención dejó de tener validez jurídica para los centros docentes sostenidos con fondos públicos una vez que la Ley Orgánica 2/2006 introdujo como criterio de no discriminación, en el art. 84 que regula el proceso de admisión de alumnos, el relativo al sexo, imponiendo definitivamente en esos centros el criterio de la coeducación.
Es más, la fuerza normativa de la Constitución impone la derogatoria de todo texto normativo que la contradice (lo cual afecta a la vigencia de estas disposiciones).
El artículo 14 de nuestra Carta Magna consagra el principio de igualdad y no discriminación, al establecer dentro del Título I, derechos y deberes fundamentales, capítulo segundo, de los derechos y libertades :
Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Como es sabido, la Constitución Española fue publicada en el BOE nº 311.1 de 29 de diciembre de 1978. Desde ese momento, ha surtido efecto la cláusula derogatoria que contiene respecto a todo el ordenamiento preconstitucional que se opone a la Norma Fundamental. Dicha cláusula establece:
“DISPOSICIÓN DEROGATORIA 1. Queda derogada la Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política, así como, en tanto en cuanto no estuvieran ya derogadas por la anteriormente mencionada Ley, la de Principios del Movimiento de 17 de mayo de 1958, el Fuero de los Españoles de 17 de julio de 1945, el de Trabajo de 9 de marzo de 1938, La Ley Constitutiva de las Cortes de 17 de julio de 1942, la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 26 de julio de 1947, todas ellas modificadas por la Ley Orgánica del Estado de 10 de enero de 1967 y en los mismos términos esta última y la de Referéndum Nacional de 22 de octubre de 1945.


  1. En tanto en cuanto pudiera conservar alguna vigencia, se considera definitivamente derogada la Ley de 25 de octubre de 1839, en lo que pudiera afectar a las provincias de Ávala, Guipúzca y Vizcaya.

En los mismos términos se considera definitivamente derogada la Ley de 21 de julio de 1876.

  1. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Constitución.


De este modo, con la aprobación de la CE se produjo una derogación explícita y específica de varias disposiciones que fueron citadas por su título, fecha y número, concretamente, con respecto de todas y cada una de las Leyes Fundamentales del Estado Franquista, que resultaron individualmente derogadas en su totalidad, “con el fin de asegurar la desaparición del marco de Derecho público del régimen anterior como resultado de la aparición del nuevo sistema democrático”.
Pero también fueron derogadas en razón de la segunda disposición, en forma expresa y determinada, las leyes derivadas del final de las guerras carlistas, con el propósito de eliminar cualquier duda sobre su posible persistencia en el ordenamiento.

Ahora bien, en lo que toca a la derogación expresa con carácter genérico prevista en el párrafo 3° de la disposición aludida, las normas que son incompatibles frente a la nueva Constitución son sancionadas con la pérdida de su vigencia o vigor.
Así, en aplicación de esta disposición, el conflicto normativo entre las normas preconstitucionales y la Constitución Española de 1978 es un problema de derogatoria y no un juicio de validez, por lo que su contenido deja de estar vigente y, por lo tanto, es inaplicable.
Debemos referir el carácter normativo (inmediato y directo) de la Constitución Española, según ha sido plasmado por su artículo 9.1, en cuya virtud: “Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”. Así, es claro que esta vinculación no sólo afecta a los particulares, sino también a los poderes públicos en el mayor sentido o grado máximo, o como se ha sostenido en el constitucionalismo norteamericano (higher, superior obligation) y, luego, por los alemanes (stärkere bindung, gesteigerte Verpflichtungsfkraft des Grundgesetzes).
En el supuesto del sistema de justicia constitucional español, el reconocimiento del carácter normativo autónomo de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, debemos referir, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 10.2 de la Constitución Española de 1978, en cuya razón:

“Artículo 10:

  1. (...)

  2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.



Aunque del contenido de esta disposición, el Tribunal Constitucional Español reiteradamente ha señalado que los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos no tienen un valor normativo autónomo (semejante al que poseen las normas constitucionales) ni constituyen parámetro de constitucionalidad (sino que ostentan un mero carácter interpretativo de los derechos fundamentales), en reiteradas ocasiones han servido para “configurar el contenido y el alcance de los derechos”, o bien “los perfiles exactos de su contenido”, con lo que es innegable su relevancia en la interpretación de los derechos aludidos, así como la falta de claridad en el tratamiento de este tema por ese Tribunal.
Pese a ello, el Tribunal Constitucional Español ha insistido en que “la interpretación a que alude el citado art. 10.2 del texto constitucional no convierte a tales tratados y acuerdos internacionales en canon autónomo de validez de las normas y los actos de los poderes públicos desde la perspectiva de los derechos fundamentales”.


Discriminación entre la enseñanza de la Religión y Valores sociales y cívicos
Los artículos que hacen alusión a este aspecto son:
Artículo 18

1. La etapa de Educación Primaria comprende seis cursos y se organiza en áreas, que tendrán un carácter global e integrador.
2. Los alumnos deben cursar las siguientes áreas del bloque de asignaturas troncales en cada uno de los cursos:
a) Ciencias de la Naturaleza.

b) Ciencias Sociales.

c) Lengua Castellana y Literatura.

d) Matemáticas.

e) Primera Lengua Extranjera.
3. Los alumnos deben cursar las siguientes áreas del bloque de asignaturas específicas en cada uno de los cursos:
a) Educación Física.

b) Religión, o Valores Sociales y Cívicos, a elección de los padres o tutores legales.

c) En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada Administración educativa y en su caso de la oferta de los centros docentes, al menos una de las siguientes áreas del bloque de asignaturas específicas:
1º) Educación Artística.

2º) Segunda Lengua Extranjera.

3º) Religión.

4º) Valores Sociales y Cívicos.
4. Los alumnos deben cursar el área Lengua Cooficial y Literatura en el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica en aquellas Comunidades Autónomas que posean dicha lengua cooficial, si bien podrán estar exentos de cursar o de ser evaluados de dicha área en las condiciones establecidas en la normativa autonómica correspondiente. El área Lengua Cooficial y Literatura recibirá un tratamiento análogo al del área Lengua Castellana y Literatura.
Además, los alumnos podrán cursar algún área más en el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, en función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada Administración educativa y en su caso de la oferta de los centros docentes, que podrán ser el área del bloque de asignaturas específicas no cursada, o áreas a determinar.
5. En el conjunto de la etapa, la acción tutorial orientará el proceso educativo individual y

colectivo del alumnado.
6. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las áreas.
El artículo 24.3 queda redactado de la siguiente manera:
3. Los alumnos deben cursar las siguientes materias del bloque de asignaturas específicas en cada uno de los cursos:
a) Educación Física.

b) Religión, o Valores Éticos, a elección de los padres o tutores legales o en su caso el alumno.

c) En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada Administración educativa y en su caso de la oferta de los centros docentes, un mínimo de una y máximo de cuatro de las siguientes materias del bloque de asignaturas específicas, que podrán ser diferentes en cada uno de los cursos:
1º) Cultura Clásica.

2º) Educación Plástica y Visual.

3º) Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial.

4º) Música.

5º) Segunda Lengua Extranjera.

6º) Tecnología.

7º) Religión.

8º) Valores Éticos.
Se prevé una asignatura llamada Valores sociales y cívicos en Educación Primaria (proyectado art. 18.3.b) y Valores éticos en cada curso de Enseñanza Secundaria Obligatoria (proyectados arts. 24.3.b y 25.4.b) en todos los casos como específica obligatoria, aunque alternativa a la asignatura de Religión. Discrimina a los alumnos que no hayan cursado Religión, toda vez que esta se da en Educación Primaria y Secundaria Obligatoria y Bachiller. Sin embargo su alternativa no se imparte en todos estos niveles, sino que son doctrinas diferentes. Ello significa que, a lo largo de toda su formación obligatoria y posobligatoria, los alumnos pueden no haber cursado esa asignatura, vulnerando el art. 14 del Tratado de la Unión Europea y normas especificadas en el apartado anterior, que en base al principio de economía procesal no reiteramos.


Expertos con dominio de lenguas extanjeras
Por último, la futura Ley en su Disposición adicional trigésima séptima. Expertos con dominio de lenguas extanjeras, dice :
Para cada curso escolar, las Administraciones educativas podrán excepcionalmente, mientras exista insuficiencia de personal docente con competencias lingüísticas suficientes, incorporar expertos con dominio de lenguas extranjeras, nacionales o extranjeros, como profesores en programas bilingües o plurilingües, atendiendo a las necesidades de programación de la enseñanza para el desarrollo del plurilingüismo a que se refiere la disposición final novena de esta ley orgánica. Dichos expertos deberán ser habilitados por las Administraciones educativas, que determinarán los requisitos formativos y en su caso experiencia que se consideren necesarios; en cualquier caso, los expertos deberán estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de Grado correspondiente u otro título equivalente a efectos de docencia.
Cabe señalar que la prohibición de discriminación contenida en el art. 14 CE supone la interdicción de diferencias de trato basadas en la nacionalidad y que la misma también se recoge en el art. 14 del Tratado de la Unión Europea, en relación con lo dispuesto en los números 1 y 2 del art. 39 del mismo Tratado, que establece el aseguramiento de la libre circulación de trabajadores y la abolición de toda discriminación por razón de nacionalidad entre los trabajadores de los Estados miembros con respecto al empleo, la retribución y las demás condiciones de trabajo.
Observamos cómo el profesorado de otros países puede ser contratado por la administración educativa, en condiciones totalmente diferentes al profesorado español, y ello por cuanto un docente, ya sea de carrera o interino, debe acceder a la función docente a través de los procesos selectivos pertinentes, esto es, concurso-oposición, y bajo los principios de mérito, capacidad y publicidad. Sin embargo, este profesorado no español, denominado por la Ley de otros países, accede sin proceso selectivo y sin repetar los principios de mérito, capacidad y publicidad, exigiendo de este modo un acceso totalmente diferente a la función pública docente a unos no nacionales con mayor privilegio que a los nacionales, vulnerándose claramente el principio de igualdad y no discriminación por razón de la nacionalidad del art. 14 TUE.
La regla de paridad de trato de todos los ciudadanos, extendiendo para los no comunitario el régimen de accesocselectivo propio de los comunitarios (exclusión de funciones que impliquen ejercicio de soberanía o autoridad pública en sentido estricto, de conformidad con la interpretación restrictiva definida por el TJCE y recogida por la Ley 17/1993), debía entenderse aplicable lex data a aquellos que por su situación administrativa y laboral han obtenidoola condición de “ciudadanía”, si no propiamente política, sí “civil” y “social”, que da el estatuto de residente permanente. Pues como afirma con rotundidad el art. 32 LOEXIS, esta situación administrativa “autoriza a residir en España indefinidamente y trabajar en igualdad de condiciones que los españoles”.
De este modo interpretada, podría entenderse esta norma, si no como la culminación, sí como un paso definitivo en el reciente proceso de adaptación del Derecho Español del Empleo Público a dos principios jurídicos fundamentales. Por un lado, a los compromisos internacionales, mejor supranacionales, derivados del Derecho Comunitario, inspirados en el derecho a la libertad de circulación de trabajadores, que incluye también aquellos empleos, los más, a la luz de la extensiva jurisprudencia del TJCE (ej. Sentencia 13 de noviembre de 1997, Caso Graheme y Hollanders, Asunto C-248/96).
La interdicción de diferencias de trato basadas en la nacionalidad que se recoge en el art. 14 del Tratado de la Unión Europea, en relación con lo dispuesto en los números 1 y 2 del art. 39 del mismo Tratado, que establece el aseguramiento de la libre circulación de trabajadores y la abolición de toda discriminación por razón de nacionalidad entre los trabajadores de los Estados miembros con respecto al empleo, la retribución y las demás condiciones de trabajo.
En definitiva, la sujeción a “normas de acceso al empleo público docente diferentes”, si se refiere a las disposiciones legales o convencionales aplicables al caso, debería hacerse expresamente y justificarse, identificando tales normas. Igualmente, no se han exteriorizado los motivos por los que al personal de nacionalidad española se le aplica la normativa convencional de acceso a la función pública, mientras que al de otros países se le aplica una normativa especial, sin cumplir los requisitos que marca nuestra CE y el TUE. Y si tal distinción sólo es fruto de la voluntad de la administración, que ha decidido otorgar formas de acceso al profesorado diferentes en aplicación de una distinta normativa laboral a sus trabajadores en función exclusivamente de su nacionalidad, no sería nunca la justificación de la diferencia de trato, sino que constituiría la propia diferencia de trato denunciada, a sabiendas por esta Administración educativa que está yendo contra la normativa comunitaria, la Constitución Española, la norma básica de función pública y el acceso en condiciones de igualdad, mérito y capacidad en el empleo público. Por ello entendemos que hay causa para que esta Comisión intervenga.


Por lo anterior,
Se tenga por presentado este escrito y en su virtud por formulada la denuncia por los hechos anteriormente descritos, dando a la misma el curso legal que proceda, poniéndose en contacto con el Estado español a fin de regularizar la infracción antes de que sea para los ciudadanos españoles afectados jurídicamente imposible realizar acción legal alguna, una vez que se apruebe como Ley Orgánica.

Autorizo a la Comisión a revelar mi identidad en sus gestiones ante las autoridades del Estado español.

En Madrid a 10 de septiembre de 2013.

Francisco José García Suárez

Carmen Perona Mata

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