Convención sobre los Derechos del Niño






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Naciones Unidas

CRC/C/ESP/Q/3-4/Add. 1



Convención sobre los
Derechos del Niño


Distr.: general

2 September de 2010
Original: español

Comité de los Derechos del Niño

55.º período de sesiones

13 de septiembre a 1.º de octubre de 2010

Respuestas por escrito del Gobierno de España a la lista de cuestiones (CRC/C/ESP/Q/3-4) preparada por el Comité de los Derechos del Niño en relación con el examen de los informes periódicos tercero y cuarto de España (CRC/C/ESP/3-4)*

[Recibidas 5 de agosto de 2010]
Respuesta al párrafo 1 de la lista de cuestiones (CRC/C/ESP/Q/3-4)

1. La Constitución Española establece en su artículo 148 (párr. 1, inc. 20) que las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en materia de Asistencia Social, que incluye el ámbito de protección a la infancia.

2. El Sistema de Protección Social a la Infancia se encuentra enmarcado dentro de un Sistema General de Protección Social, si bien configurado de forma muy específica en atención a los destinatarios que son los niños y las niñas y muy especialmente a aquellos que se encuentran en mayor dificultad.

3. La cooperación entre el Ministerio y las Comunidades Autónomas se desarrolla a través de varios mecanismos de colaboración, cooperación y deliberación en materia de infancia:

a) La Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales es un órgano de encuentro y deliberación, que tiene como finalidad primordial conseguir la máxima coherencia en la determinación y aplicación de las diversas políticas sociales ejercidas por la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, mediante el intercambio de puntos de vista y el examen en común de los problemas que puedan plantearse y de las acciones proyectadas para afrontarlos y resolverlos;

b) Desde el Ministerio de Sanidad y Política Social se promueve la cooperación interautonómica a través de la Comisión Interautonómica de Directores y Directoras Generales de Infancia y las Comisiones Técnicas Interautonómicas, donde se impulsa dicha cooperación entre los órganos directivos de las Comunidades Autónomas, que son los competentes en materia de infancia;

c) En el Observatorio de la Infancia están representados tanto las instituciones con funciones en materia de infancia de la administración general del Estado, autonómica y local, como el movimiento asociativo. Es el órgano donde se debaten y analizan las diferentes cuestiones sobre la infancia, formulando propuestas respecto a la protección y defensa de los derechos;

d) En el Consejo Consultivo de Adopción Internacional —órgano consultivo— están representadas las Administraciones Públicas, Asociaciones de Familias adoptivas y Asociaciones de Adoptados, y tiene como objetivo servir de cauce para la participación y colaboración en materia de adopción internacional con las Administraciones públicas competentes de todos los sectores afectados.

Respuesta al párrafo 2 de la lista de cuestiones

4. Efectivamente el Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia (PENIA) ha contado con una evaluación final en este año 2010, que se suma a la que realizó a medio término (finales del año 2007). Para asegurar la imparcialidad en esta evaluación se ha contratado una consultora especializada y se han tenido en cuenta las aportaciones de todas las entidades integradas en el Observatorio de la Infancia y de otras instituciones implicadas en la materia.

5. A modo de resumen y valoración de los objetivos diseñados en el PENIA (2006-2009), se indica que, de forma general, en cada uno de los 11 objetivos de que consta el Plan, se ha conseguido lo que se pretendía, habiéndose identificado éste por parte de todos los actores como “el eje común y complemento de las actuaciones derivadas del nivel competencial de cada Institución”.
6. A continuación se mencionan algunos avances o logros alcanzados en función de cada objetivo propuesto:

Objetivo 1: Sobre un sistema permanente y compartido de información

7. Se han potenciado estudios o instrumentos de recogida de información sistematizada en materia de infancia y adolescencia, tanto en el ámbito de las comunidades autónomas, como en el conjunto del Estado.

8. El Observatorio de la Infancia se ha convertido en referente, como espacio de intercambio de información y buenas prácticas y experiencias, por lo que ha contribuido al incremento de la capacitación de los profesionales en este campo.

Objetivo 2: Coordinación y cooperación de las administraciones públicas y otros agentes, de ámbito nacional e internacional

9. Se ha logrado mejorar la cooperación e implicación de las comunidades autónomas en la elaboración y desarrollo de protocolos de intervención con la infancia y adolescencia en las distintas áreas de actuación.

10. Asimismo, las políticas locales en favor de la infancia han tenido un notable desarrollo durante los últimos años, impulsadas en cooperación con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Objetivo 3: Apoyo a las familias

11. Se ha avanzado en la consolidación de políticas de apoyo a la familia, a través de un mejor conocimiento de las necesidades de las familias desde una amplia diversidad en su composición, habiéndose desarrollado legislación sobre estos aspectos que favorecen el papel de la familia para el desarrollo infantil y adolescente.

Objetivo 4: Sensibilización social sobre derechos de la infancia y la adolescencia

12. Desde el Ministerio de Sanidad y Política Social y las Comunidades Autónomas, se han promovido diversas actuaciones de sensibilización de los derechos de la infancia, habiendo un consenso formal sobre la promoción de la Convención y la aplicación de esos derechos, tanto en el seno de la sociedad en general, como en colectivos profesionales, especialmente entre Fiscales de Menores y Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado, así como entre el movimiento asociativo.

Objetivo 5: Protección de la infancia en medios de comunicación y tecnologías de la información y la comunicación

13. Se ha potenciado el trabajo dirigido al consenso entre la sociedad y el resto de actores, con especial incidencia en el sector audiovisual y de la tecnología de la información, que se ha materializado en la aprobación de la Ley General de Comunicación Audiovisual de mayo de 2010, que ha favorecido a que muchas de las medidas contenidas en este objetivo puedan ser sostenibles y evaluables. También se ha conseguido que el sector privado de las telecomunicaciones se involucre en la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia.

Objetivo 6: Protección a la infancia

14. El PENIA ha tratado de favorecer la homogeneidad respecto a la forma de aplicar la protección de los menores en todo el territorio nacional, a través del intercambio de iniciativas, experiencias y planes a este respecto, así como la elaboración de protocolos y establecimiento de principios básicos de calidad en la intervención. Muchos de estos trabajos se han elaborado en el seno del Observatorio de la Infancia.

Objetivo 7: Menores en conflicto social

15. También en este tema se ha avanzado y se han conseguido mejoras notables en legislación, protocolos y sistemas de gestión de la calidad, concretamente en el sistema preventivo y de rehabilitación. Es decir, se ha generado infraestructura desde los distintos actores y parece que hay consenso sobre la importancia de abordar estas actuaciones en pro del bienestar de los menores y también, de la sociedad en general.

Objetivo 8: Educación infantil y adolescente

16. La Ley Orgánica de Educación (LOE) aprobada en mayo de 2006 y el marco normativo de referencia en igualdad, accesibilidad e interculturalidad que favorece la adaptación del sistema educativo a la diversidad y la integralidad de la educación, son los elementos más destacados de la infraestructura en relación a los logros de este objetivo, para los cuales también se han movilizado recursos diversos desde las distintas Administraciones.

Objetivo 9: Salud infantil y adolescente

17. Se ha favorecido e impulsado la importancia de este objetivo, con la elaboración de planes y estrategias para la consecución de medidas. También existen estructuras de participación e intercambio institucional como la Alianza Europea sobre Seguridad Infantil o la red de Escuelas para la Salud en Europa 2008-2009 (SHE Network).

Objetivo 10: Calidad de vida infantil y adolescente

18. Con el desarrollo de las medidas de este objetivo se han introducido aspectos de normalización que favorecen la calidad de vida de la infancia, posibilitando su enfoque integral, más allá de la protección, hacia una extensa concepción de los derechos de la infancia.

19. Se ha diseñado un sistema de indicadores sobre infancia en el ámbito local, como herramienta útil que permitirá conocer el impacto de este objetivo en el ámbito local.

Objetivo 11: Participación infantil

20. Se ha ampliado el consenso sobre la necesidad de dar a niños, niñas y adolescentes un mayor protagonismo como ciudadanos en los aspectos que les afectan, potenciando todas aquellas actuaciones y medidas que favorecen este cambio en la percepción de la infancia y sus consecuencias.

21. Aunque sea preciso un mayor esfuerzo de todos los actores implicados, especialmente, de las Administraciones en todos sus niveles, conviene resaltar el impacto del Programa financiado desde el año 2001 al Comité español del UNICEF “Ciudades Amigas de la Infancia”, cuyo objetivo es la implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño en el ámbito local, propiciando la creación de espacios de opinión sobre temas del entorno del niño, niña y adolescente, teniendo en cuenta sus necesidades y haciendo un seguimiento de los compromisos políticos en el ámbito local.

22. El resultado de la evaluación, así como las lecciones aprendidas durante la implementación del I Plan, servirán para el diseño definitivo de un II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia que se encuentra en fase de elaboración. Para el mismo se tienen en cuenta las necesidades actuales, propuestas de las diferentes instituciones españolas y por supuesto las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño.

23. De dicha evaluación, se deducen como puntos fuertes: su metodología participativa y consensuada; su alineamiento con otros Planes de Acción de ámbito internacional; y la ejecución de las medidas formuladas en casi su totalidad.

24. Por otro lado, se comunica que, a partir de la evaluación anteriormente descrita y de las observaciones o recomendaciones resultantes de la evaluación del Comité de los Derechos del Niño se diseñará y aprobará un nuevo Plan Estratégico de Infancia y Adolescencia, 2011-2014. Este Plan contará con objetivos y medidas medibles, indicadores más ajustados a resultados en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el presupuesto propio que cada Administración pública destine en sus presupuestos a las medidas y acciones propuestas y consensuadas, todo ello previa colaboración con todos los agentes implicados.

Respuesta al párrafo 3 de la lista de cuestiones

Procedimientos dispuestos para la participación de los niños en los asuntos judiciales

25. Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor (LOPJM) vino a ampliar el derecho del menor a ser oído, dejando de ceñirlo a los procedimientos judiciales en materias relativas al Derecho de Familia, imponiendo que el menor sea oído, tanto en el ámbito familiar como en cualquier procedimiento administrativo o judicial en que esté directamente implicado y que conduzca a una decisión que afecte a su esfera personal, familiar o social.

26. El derecho a ser oído no supone que la opinión del menor tenga carácter vinculante, salvo que la ley expresamente lo prevea, pero sí que su opinión deba ser ponderada y valorada a fin de garantizar el acierto de una decisión que le afecta y que debe regirse por el superior interés del menor.

27. La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social fue recientemente reformada por LO 2/2009, de 11 diciembre, introduciéndose nuevas garantías, que en la práctica administrativa ya venían respetándose sin reconocimiento legal. En concreto, se recoge expresamente el derecho del menor a ser oído en el expediente de repatriación, así como el reconocimiento a los mayores de 16 y menores de 18 años de capacidad para actuar en el procedimiento de repatriación tanto en vía administrativa como contencioso administrativa.

28. El derecho del menor a ser oído adquiere especial relevancia, dado que el Tribunal Constitucional ha conectado aquel derecho con la tutela efectiva, por lo que su omisión vulneraría el párrafo 1 del artículo 24 de la Constitución española.

29. Específicas manifestaciones del derecho de los menores a ser oídos aparecen en leyes especiales, como serían: la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica; el artículo 159 del Código Civil (CC); o la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores (LORPM), en la que son constantes las menciones a la necesidad de oír al menor durante las distintas fases del procedimiento.

Procedimientos técnicos para preservar los derechos del menor en los asuntos judiciales

30. En los procedimientos judiciales, las comparecencias del menor se realizarán de forma adecuada a su situación y a su desarrollo evolutivo, cuidando de preservar su intimidad. Es de especial relevancia la reforma operada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) por la Ley Orgánica 8/2006, que introdujo modificaciones tendentes a evitar la victimización secundaria de los menores, posibilitando la utilización de videoconferencia u otros procedimientos técnicos.

31. Dicha modificación legislativa ha sido interpretada por la Fiscalía General del Estado a través de su Circular 3/2009, de 10 de noviembre, sobre protección de los menores víctimas y testigos, entre cuyas conclusiones destacan:

a) Las características personales y evolutivas de los menores de edad les hacen especialmente vulnerables a la victimización secundaria que puede entrañar su participación en el proceso penal, por lo que deben ser objeto de un tratamiento específico orientado a su protección;

b) Las investigaciones de presuntos abusos sexuales deben ser de la mayor calidad y siempre prioritarias. Deben evitarse las duplicidades de diligencias sobre el menor, la repetición de declaraciones de menores y las esperas en los juzgados;

c) Los Fiscales interesarán la grabación de la declaración del menor siempre que prevean que el menor no va a poder declarar en el acto del juicio oral o cuando el grado de victimización secundaria del menor pueda ser intenso. Cuando se prevea que el menor puede declarar, se realizará por videoconferencia, se utilizará un biombo, o se situará al menor en un punto desde el que no pueda ser visto por el imputado. El menor tendrá contacto visual con la persona o personas que le acompañen para prestarle apoyo.
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