Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Argentina sobre derechos humanos de las mujeres






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9.2 Los fallos posteriores a la reforma Constitucional


Con el corer del tiempo el Coding Penal y el Procesal Penal fueron reformado en cuanto al Secreto Profesional, y el plenario fue muchas veces dejado de lado señalando que hay más que justa causa de revelación cuando se denuncia un hecho que precisamente da cuenta de un "delito contra la vida".

Por otra parte se afirmó que entre el derecho de la abortante y el principio del bien común en el caso, debe preponderar la obligación de denunciar porque hay justa causa de revelación, que estriba en el conocimiento de la perpetración del delito de aborto, cuya protección constitucional se alza como un interés prometido sobremanera.

En este orden de ideas se consideró que, no es posible limitar la discusión al enfrentamiento entre la madre que resulta denunciada y el profesional de la salud que habría revelado un secreto, si la atención médica se ha relacionado con el hecho de haber dado muerte a su propio hijo en gestación, con lo que ello significa desde nuestras disposiciones constitucionales y los instrumentos de derechos humanos respecto al derecho a la vida.

Por lo ante dicho después de la reforma constitucional para un sector de la jurisprudencia las pautas de la opinión mayoritaria fijada en el plenario "Frías" fueron dejadas de lado porque se juzgó que no hacían más que otorgar un carácter absoluto al secreto médico, y, consecuentemente, dejaban en la práctica en absoluta indefensión a quien carece de otra forma de tutela, a contrario de lo que la propia Constitución Nacional y los instrumentos de derechos humanos proclaman.

A mérito de lo expuesto, numerosos precedentes resolvieron que debía instruirse sumario criminal a la mujer que prefería no morir y acudir al Hospital Público, para salvar su vida, para la averiguación del hecho contemplado en el art. 193 del Código

9.3 Unificación de la Jurisprudencia en los años 2008 y 2009. Prohibición de incriminar a la mujer que para salvar su vida recurre al Hospital. Prohibición de declarar contra si mismo.25

En la actualidad hay un consenso unánime que si una mujer busca auxilio médico porque se siente herida en su organismo, a veces con verdadero peligro de muerte, lo hace desesperada, acosada por la necesidad, forzada a ello contra su propia voluntad. Su presencia ante el profesional del arte de curar, para tratar el aborto, que si bien provocó, ahora no puede controlar, en sus últimas consecuencias, implica mostrar su cuerpo, descubrirse en su más íntimo secreto, confesar su delito, preguntarse si alguien tiene el derecho de burlarla, haciendo pública su conducta, violando con su secreto, otra vez la garantía constitucional, que enunciada en el art. 18 de nuestra Ley Suprema, establece de manera indubitable que nadie está obligado a declarar contra si mismo, y no podría negarse que en tales casos, la obligación es urgida por el derecho a vivir

9.4 Efectos de la jurisprudencia imperante

Los médicos que atienden a mujeres por la existencia de las maniobras abortivas, no están obligadas a denunciarlas

Si lo hicieren la persecución del delito que de ello pudiera desprenderse no podrá prosperar, ya que la averiguación de la verdad deberá verse desplazada ante la posible afectación de los derechos de raigambre constitucional, teniendo en cuenta que el conocimiento de los hechos ha sido producto de una auto incriminación de la imputada en un estado de desesperación.-

10. Conclusión

La jurisprudencia internacional, regional, y nacional constitucional es una forma de concretizar los derechos humanos de la mujer, tanto en el caso particular que llegue a la resolución, como en la generalidad de las situaciones, ya que las buenas resoluciones son el motor que pone en marcha al aparato legislativo para que adecué sus normas en pro de un afianzamiento real de los derechos humanos de las mujeres, al tiempo que controla y obliga al Poder Ejecutivo a cumplir con los compromisos internacionales de dictar medidas positivas para promover la situación de la mujer.

1 El 25 de Noviembre de 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó la sentencia número 81 en la causa "Penal Miguel Castro Castro vs. Perú".

2 Feria- Pinta, Mónica, “La perspectiva de género por primera vez presente en la interpretación de la

Convención Americana sobre Derechos Humanos” p. 45 CEJIL – Año II- revista 3, noviembre del 2007.

3 La Corte Regional hace mención al fallo "Prosecutor vs. Jean-Paul Akeyesu" (T Caso N° ICTR-96-4-T. Sentencia del 2 de Septiembre de 1998 del Tribunal Penal Internacional para Ruanda) en el que por primera vez a nivel internacional se asignara a la desnudez forzada el carácter de tratamiento inhumano y por el que se estableciera que la violación constituye una forma de tortura. Cabe recordar que la Comisión Interamericana había expresado en el Caso "X y Y c. Argentina" (Caso N° 10.506 del 15/10/96) que "...una inspección vaginal (...) implica una invasión en el cuerpo de la mujer". Sin embargo, en dicha oportunidad, no hizo mención de la existencia en el caso de violación sexual o violencia sexual alguna. En el caso la Corte hace una correcta aplicación de la Convención de Belem do Pará, al considerar que la violencia sexual se configura con acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento, y que además de comprender la invasión física del cuerpo humano, puede incluir actos que no involucren penetración o incluso contacto físico alguno.





4 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya había asignado a la violación el carácter de tortura en los Casos Raquel Martín de Mejía c. Perú, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Caso N° 10.970, del 01/03/96. y en el Caso Ana Beatriz y Celia González Pérez c. México, (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Caso N° 11.565, del 04/04/01.) En igual sentido la Corte Europea de Derechos Humanos, en el Caso Aydin v. Turkey (57/1996/676/866), Sentencia del 25 de septiembre de 1997, sostuvo que “la violación de una persona detenida por un agente del Estado debe considerarse como una forma especialmente grave y aberrante de tratamiento cruel, dada la facilidad con la cual el agresor puede explotar la vulnerabilidad y el debilitamiento de la resistencia de su víctima. Además, la violación deja profundas huellas psicológicas en la víctima que no pasan con el tiempo como otras formas de violencia física y mental".



5 Ver Caso Penal Miguel Castro Castro, párr. 433, ap. VIII. ap. IX. 433 ap. X.

6 La violencia que azota sud América ha sido puesta de relieve claramente en la Cumbre de Presidentes de la UNASUR celebrada en San Carlos de Bariloche Argentina 28 de agosto del 2009

7 ) El Código Civil Argentino solo permite la reclamación del daño a los legitimados directos, sin embargo se va abriendo paro una corriente jurisprudencial acepa la legitimación de los familiares indirectos para reclamar el daño moral en casos extremos

8 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala H(CNCiv)(SalaH), 16/12/2002 , Fundación Mujeres en Igualdad y otro c. Freddo S.A. , LA LEY 2003-B, 970, con nota de Eduardo Gregorini Clusellas - DT 2003-A, 364

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CNCiv., sala H, "Fundación Mujeres en Igualdad c. Freddo", 2000/09/15, LA LEY, 2001-B, 798, con nota de Germán J. Bidart Campos, DJ, 2001-1-484.

10 CFed Córdoba 200-05-23. DJ 2000-2-965, el fallo de primera instancia fue publicado en DJ 2000-I-526.

11Pacto de San José de Costa Rica.(art 4. Toda persona tiene derecho a que se respete la vida desde el momento de la concepción)

12 CSJN “Portal de Belén - Asociación Civil sin Fines de Lucro c/Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación s/ amparo.” Buenos Aires, 5 de marzo de 2002.Fallo completo puede ser consultado en www.gracielamedina.com

13 Sala Constitucional III de la Corte Suprema de la República de Chile, 30-08-01, ED 30-10-01

14 SCALA, Jorge “Notable fallo de la Corte Constitucional de Chile”, LL 30-10-01, pág. 15

15MEDINA, Graciela “excelente fallo biético que protege el derecho a la libertad sexual fijando límites y responsabilidades ( libertad de contracepción de una madre soltera mayor de 18 años)”, jurisprudencia argentina, 27/3/2002.

16 DONNA, Edgardo Alberto, Editorial Rubinzal – Culzoni, p. 1999 “ Derecho Penal – parte especial T – I . p 70.

17 Esta ley fue cuestionada por su inconstitucionalidad por la “ Fundación Mujeres por la vida, filial Córdoba. El amparo se rechazó in limine por la falta de legitimación de la Asociación Civil Mujeres por la Vida, el fallo fue confirmado en segunda instancias, y fue revocado por la CSJN quien consideró que la Asociación estaba legitimada para accionar

18 La ligadura de las trompas de Falopio tiene como fin evitar que el ovocito llegue desde el ovario hasta el útero para impedir que se produzca la fecundación en términos normales. La ligadura tubaria puede realizarse conforme a diversas técnicas, ya sea por coagulación unipolar o bipolar, consistente en la aplicación de calor para coagular el tejido a fin de colapsar la luz interna de la trompa de Falopio, en uno o dos puntos de la trompa respectivamente recurriendo a la aplicación de anillos de siliconas o clips los cuales colapsan mecánicamente la luz tubaria; o por salpingectomia parcial, es decir la escisión parcial de la estructura tubaria. Giorgi, Mariano y otros en “Esterilización” en “ La responsabilidad de los profesionales de la salud” ed. Hammurabi

19 La vasectomía consiste en la sección quirúrgica de los conductos o vasos deferentes que llevan el esperma desde los testículos hasta la uretra.

20 HOOFT, Pedro Federico, HOOFT, Irene, GIORGI, Mariano “ Esterilización “ La responsabilidad ética y jurídica de los profesionales de la salud” en prensa Ed. Hammurabi.

21 Trib. De Familia N 1 Quilmes- agosto 12 –999- LL Bs.As. 1999 p. 1373.

22 Inclusive se expidió la CSJN en el caso 'Y., G. C. c/ Nuevo Hospital El Milagro y Provincia de Salta' - CSJN - 06/06/2006 , en el cual el Tribunal había desestimado in limine la acción y la Suprema Corte revoco la decisión por considerar que el juez debió considerar las particulares circunstancias que rodean al caso, por encontrarse, en definitiva, comprometidas prerrogativas constitucionales que hacen al derecho a la salud en su más amplio sentido, entendido como el equilibrio psico-físico y emocional de una persona, el derecho a la vida, a la libre determinación, a la intimidad, al desarrollo de la persona en la máxima medida posible y a la protección integral de la familia (arts. 14 bis, 16, 19 y 75 inc. 22) de la Constitución Nacional y Tratados internacionales oportunamente invocados por la demandante). En dicho contexto no resultaba razonable ni fundado impedir la continuidad de un procedimiento cuyo objeto es lograr soluciones que se avengan con la urgencia que conlleva este tipo de pretensiones, para lo cual cabe encauzarlas por vías expeditivas-entre las cuales era razonable incluir al juicio de amparo contemplado en el artículo 43 de la Constitución Nacional y receptado en forma más amplia por el art. 87 de la Constitución de Salta-, y evitar que el rigor de las formas pueda conducir a la frustración de derechos que cuentan con especial resguardo constitucional.-

23 La provincia pionera en la materia fue la ley 3450 de Río Negro, sancionada el 10/12/2000, mediante la cual se creó el Programa Provincial de Salud Reproductiva y Sexualidad Humana, habilitándose en su art. 7 la práctica de esterilizaciones anticonceptivas en hospitales públicos y privados sin la necesidad de contar con autorización judicial previa en aquellos casos en que exista asesoramiento por parte de un equipo interdisciplinario y se verifique el consentimiento informado y por escrito del paciente.

En el año 2001, Tierra del Fuego sancionó la ley 533, mediante la cual se permite la ligadura de trompas y la vasectomía

La ley neuquina 2431 Ver Texto sobre "Incorporación a la práctica de la Medicina de los métodos contraceptivos quirúrgicos para hombres y mujeres en el marco del Programa Provincial de Salud Sexual y Reproductiva", del año 2003, reglamentada mediante decreto 76/2004, sigue los lineamientos de la ley de Río Negro. En fecha 26/11/2003 La Pampa sancionó la ley 2079 , en la cual se enumera como una de las tantas actividades específicas de salud: "...d) La realización de prácticas quirúrgicas de infertilización potencialmente reductibles, ligadura de trompa[s] de Falopio y vasectomía".La legislación chaqueña 5409 de fecha 23/6/2004 , se asemeja a la de Tierra del Fuego, permite la ligadura de trompas cuando otros métodos anticonceptivos no sean aplicables, y sólo a los fines terapéuticos Por su parte, en fecha 26/8/2004 Santa Fe se sumó a las provincias que permiten la esterilización quirúrgica al sancionar la ley 12323.

24 Aborto CNCRIM Y CORREC DE LA CAPITAL FEDERAL - EN PLENO - 26/08/1966

. Natividad Frías.

25 Causa Nro. 34.953 - "L., V. B. s/nulidad" - CNCRIM Y CORREC - Sala VI - 04/06/2008


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