Derecho Constitucional Unidad 19 – Atribuciones del Poder ejecutivo Las atribuciones del Poder Ejecutivo






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Derecho Constitucional

Unidad 19

Derecho Constitucional

Unidad 19 – Atribuciones del Poder ejecutivo




Las atribuciones del Poder Ejecutivo



El Presidente de la Nación ejerce 4 jefaturas:

  1. Jefe de Estado

  2. Jefe de Gobierno

  3. Jefe de la administración general del país

  4. Jefe de las Fuerzas Armadas


Art. 99.- El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones:

1. Es el jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país.
La jefatura de Estado y de gobierno

El inciso 1 del artículo 99 de la constitución dispone que el presidente es el jefe supremo de la Nación. La jefatura de estado implica la potestad de representar al estado interna y externamente, como una unidad. Es una jefatura exclusiva, del poder ejecutivo, por lo tanto no compartida con ningún otro poder. De allí la denominación de primer mandatario.

En nuestro sistema institucional, en la jefatura de gobierno resalta el carácter unipersonal del poder ejecutivo, indicando que en el ámbito de ese poder del estado su autoridad está por encima de la de cualquier otro órgano o autoridad. El inciso 1 del art. 99 de la Constitución Nacional expresa que el presidente de la Nación es el jefe de gobierno. La referencia a esa jefatura fue incorporada por la reforma constitucional de 1994.

La necesidad de incorporar esta nueva jefatura debe buscársela en el reforzamiento de su supremacía con motivo de la creación de la Jefatura de Gabinete de Ministros. La norma constitucional pretendió, así, aventar cualquier tipo de duda, manteniendo indemne el carácter unipersonal del poder ejecutivo.
La responsabilidad de la administración pública

La Constitución nacional le atribuye al presidente la calidad de responsable político de la administración general del país. Ello es consecuencia de la creación de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la cual se le ha atribuido la facultad de ejercer la administración general del país.

El presidente sigue desempeñando la jefatura de la Administración pública, pero en ella han sido diferenciados dos aspectos: a) la titularidad, que sigue a cargo del presidente de la República; y b) su ejercicio que es derivado por la reforma al jefe de gabinete de ministros.

Que el presidente de la república ejerce la jefatura de la Administración pública significa que es la autoridad superior o cabeza de toda la actividad administrativa que se desarrolla en el ámbito del poder ejecutivo y por medio de cualquiera de los órganos que de el dependen.
La jefatura de las Fuerzas Armadas

La constitución dispone que el presidente es comandante en jefe de todas las fuerzas armadas de la Nación. El término comandante se refiere a quien ejerce el mando superior de la fuerza militar; y el vocablo jefe a quien es cabeza de ella.

El comandante en jefe es la autoridad superior que manda a las fuerzas armadas administrativa y militarmente en ejercicio de un poder constitucional y el presidente ejerce la facultad disciplinaria, administrativa y jerárquica sobre todos los grados y jerarquías de las fuerzas armadas. Estas atribuciones son ejercidas tanto en tiempo de paz como en caso de guerra. El presidente puede ejercer directamente esta potestad o puede hacerlo por delegación, como por lo general ocurre.
Los poderes militares

El presidente de la República, en ejercicio de la jefatura militar tiene atribuciones de organización y disposición de las fuerzas armadas y poderes de guerra.

Las primeras están conferidas por el inciso 14 del art. 99 según el cual el poder ejecutivo dispone de las fuerzas armadas, y corre con su organización y distribución según las necesidades de la Nación. Estas facultades deben ser ejercidas en armonía con la disposición que atribuye al Congreso de la Nación fijar las fuerzas armadas en tiempo de paz y guerra y dictar las normas para su organización y gobierno (art. 75 inc. 27).

Es el órgano legislativo, en consecuencia, quien prioritariamente debe determinar el número de efectivos de cada una de las fuerzas armadas de la Nación, pero le corresponde al presidente ordenar sus modalidades operativas , para lo cual puede disponer el establecimiento, supresión o traslado de unidades, su movilización dentro del territorio del país, etc.

Respecto de los poderes de guerra, el inciso 15 del art. 99 expresa que el presidente declara la guerra y ordena represalias con autorización y aprobación del Congreso. La iniciativa le corresponde al presidente, como comandante en jefe supremo del estado; y la función de control la ejerce el Congreso, al cual incumbe autorizar al poder ejecutivo para declarar la guerra o hacer la paz (art. 75 inc. 25).

El presidente de la Nación además, según art. 99 inc. 13 provee los empleos militares de la Nación con acuerdo del senado, en la concesión de los empleos o grados de oficiales superiores de las fuerzas armadas; y por si solo al campo de batalla.

El poder reglamentario


La Constitución no reserva al presidente la potestad reglamentaria de modo exclusivo, también los restantes poderes: poder legislativo “cada cámara hará su reglamento” art. 66; y el art. 113 establece “la corte suprema dictará su reglamento”.

Los reglamentos son normas jurídicas, emanadas de los poderes públicos del estado, en ejercicio de sus atribuciones propias del órgano emisor; no requieren del procedimiento de formación y sanción de las leyes. Son dictados en general por el Ejecutivo y tienen alcance general.

El presidente de la Nación según el art. 99 inc. 2 expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de alterar su espíritu con excepciones reglamentarias.

Los distintos tipos de reglamentos son:

1) De ejecución: son los que contemplan la ley y permiten su mejor aplicación, hay algunas leyes que no necesitan ser reglamentadas.

2) Autónomos: son los que dicta el Poder Ejecutivo en caso de problemas en la legislación que dificultan la tarea del estado y tienen vigencia hasta tanto se dicte la ley. Configuran típicos reglamentos autónomos los que originan la administración pública, regulan el recurso jerárquico.

3) Delegados: aquellos que emite el Poder Ejecutivo en virtud de una autorización previa del Poder Legislativo, conferida en la ley.

4) De necesidad y urgencia: son las normas jurídicas que dicta el Poder Ejecutivo, asumiendo facultades que le corresponden al Legislativo, y que le son transitoriamente arrebatadas a éste, para solucionar situaciones de emergencia. Estas medidas de excepción son, por lo general, sometidas a revisión legislativa.

Facultades co - legislativas


El poder ejecutivo tiene reconocidas en la Constitución Nacional importantes atribuciones legislativas, que básicamente son las siguientes:

1) presenta proyectos de ley ante las cámaras (art. 77)

2) promulga las leyes y las hace publicar (art. 99 inc. 3)

3) ejerce el derecho de veto respecto de los proyectos de leyes que sanciona el congreso, y puede promulgarlas parcialmente, en este último caso, cumpliendo las condiciones establecidas (arts. 78, 80 y 83).

4) dicta decretos de necesidad y urgencia (art. 99 inc. 3 y 4)

5) realiza la apertura de las sesiones ordinarias del congreso de la nación (art. 99 inc. 8)

6) prorroga las sesiones ordinarias del congreso y lo convoca a sesiones extraordinarias (art. 99 inc. 9)

Además puede convocar a consulta popular no vinculante y de voto facultativo (art. 49) aunque ello no implique necesariamente una función legislativa.

La atribución de indultar y conmutar penas


El art. 99 inc. 5 le otorga al presidente de la Nación la facultad de indultar o conmutar las penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal previo informe del tribunal correspondiente excepto en los casos de acusación por la Cámara de Diputados.

La doctrina coincide en señalar, en forma mayoritaria, que el indulto importa el perdón de la pena, cuya consecuencia jurídica es la cesación de los efectos de la sentencia condenatoria, en cuanto a la aplicación de la pena impuesta por ella al delincuente, pero sin afectar la existencia del delito, de la sentencia ni de la pena.

La conmutación, a diferencia del indulto, consiste en el cambio de la pena impuesta en una decisión judicial condenatoria por otra pena menor.

La facultad presidencial de indultar o conmutar no implica el ejercicio de facultades judiciales, sino que constituye un acto político.

Nombramiento de funcionarios


Los nombramientos con acuerdo del Senado

El presidente de la Nación según el art. 99 inc. 4 nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública convocada al efecto.

Nombra los demás jueces de los tribunales federales inferiores en base a una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública, en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos.

Un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo, será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de eso magistrados, una vez que cumplan la edad de setenta y cinco años. Todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada o mayor se harán por cinco años, y podrán ser repetidos indefinidamente, por el mismo trámite.

El presidente de la Nación según el art. 99 inc. 7 nombra y remueve a los embajadores, ministros plenipotenciarios y encargados de negocios con acuerdo del Senado.

El presidente de la Nación según el art. 99 inc. 13 provee los empleos militares de la Nación, con acuerdo del senado, en la concesión de los empleos o grados de oficiales superiores de las fuerzas armadas.
Los nombramientos sin acuerdo del Senado

El presidente de la Nación, según el art. 99 inc. 7 nombra y remueve al jefe de gabinete de ministros y a los demás ministros de despacho, los oficiales de su secretaría, los agentes consulares y los empleados cuyo nombramiento no este reglado de otra forma por está Constitución.

El presidente de la Nación además, según art. 99 inc. 13 provee los empleos militares de la Nación y concede grados militares en el campo de batalla.
Los nombramientos en comisión

Los nombramientos en comisión son aquellos que provienen de designaciones provisorias efectuadas por el poder ejecutivo, en épocas de receso parlamentario, para cubrir vacantes de empleos que requieren el acuerdo del senado y cuya cobertura no admite demoras. Al tener carácter precario, tales nombramientos están sujetos a la condición de su posterior convalidación por el senado.

El presidente de la Nación, según el art. 99 inc. 19 puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran dentro de su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al final de la próxima legislatura.

Relaciones exteriores


Prevé el art. 99 CN

11. Concluye y firma tratados, concordatos y otras negociaciones requeridas para el mantenimiento de buenas relaciones con las organizaciones internacionales y las naciones extranjeras, recibe sus ministros y admite sus cónsules.
Recordemos que en la celebración de tratados con otros Estado se dan los siguientes pasos:

  1. Celebración y negociación: a cargo del P.E.

  2. Aprobación del tratado: Congreso

  3. Ratificación internacional P.E.




    • Ver anexo “Relaciones exteriores – Derecho internacional” (al finalizar Unidad 20)




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