La evolucion del derecho procesal en el derecho romano por L. Carlos rosenfeld






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PROCEDIMIENTO "IN IUDICIO”
En esta segunda etapa del proceso, no van a regir las exigencias formales que caracterizan al procedimiento "in iure”.

La no presentación del demandado ante el "iudex", en el día convenido, trajo como consecuencia, al principio que se fallara a favor del actor, pero posteriormente se sentenció contra el “reus”, cuando el juez llegaba a la convicción de la razón que le asistía al actor. Como se aprecia en la etapa “apud iudicem”, el proceso puede desarrollarse en rebeldía de cualquiera de las partes, pues si no concurría el actor, se dictaba sentencia absolviendo al "reus".

Otras características fueron, la oralidad en los alegatos, la publicidad de las actuaciones, la inmediación, debido a la relación directa del iudex con los litigantes.

Generalmente comenzaba esta etapa con las "causae perorationes", es decir las exposiciones efectuadas por los "advocati", "patroni", que auxiliaban a los litigantes, desarrollando los argumentos respectivos. Al principio tuvieron libertad de tiempo, pero a partir de la Lex Lulia indiciorum privatorum, el tiempo fue restringido a una hora.

Posteriormente a estas exposiciones, se producen las pruebas ofrecidas y nacen en esta época, ciertos principios que fueron recogidos por las legislaciones positivas actuales, como ser: "el incumbit probatio qui negat" (la prueba incumbe a aquel que afirma algo, no al que niega), completado por Marciano, con este otro "... quie semper necessitas probandi incumbit illi, qui agit" (porque la necesidad de probar incumbe siempre al que demanda y por Ulpiano con el de que "reus in exceptione actor est" (el demandado en la excepción desempeña el papel de actor).

Los más frecuentes medios de prueba, la testimonial - testes   confesión de las partes, el juramento, los documentos, los dictámenes periciales y la inspección ocular. Cabe destacar entre los elementos más característicos de los medios de prueba son los siguientes: En la testimonial, En principio nadie estaba obligado a prestar testimonio en los juicios civiles, salvo aquellos que lo hubiesen sido en los negocios jurídicos solemnes como la mancipatio, quienes si se negaran a dar su testimonio en juicio caían bajo la sanción de la "intestabilitas", que los inhabilitaba para ser testigos y además para requerir testigos para sus propios negocios jurídicos, por lo que tenían restringido el "ius commercium". Merece especial referencia la prueba del juramento, que debe ser calificado de voluntario para diferenciarlo del necesario que se hizo referencia en la etapa "in iure". Si las partes se ponen de acuerdo y es efectivamente prestado, puede incluso hacer necesaria la sentencia. Los documentos ("scripta, tabulae”) que en el derecho justinianeo pudieron ser públicos o privados en la época clásica, sólo lo fueron de esta última clase. Una vez concluida la producción de las pruebas y su examen por el "iudex", éste puede adoptar una de las dos alternativas que siguen: a) prestar el juramento de "sibi non liquere", es decir que desconoce la norma jurídica aplicable al caso, atento no ser un funcionario especializado; b) dictar sentencia, condenando o absolviendo al demandado.

Pero el pleito puede también concluir sin que se llegue a dictar sentencia en los casos de perención o caducidad de la instancia, cuyo plazo varía según que el juicio sea legítimo, o bien dependiente del imperio del magistrado; en el primer supuesto según la "Lex Iulia" la perención se producía a los dieciocho meses y en el segundo a los doce meses.
SENTENCIA Y SUS EFECTOS
Normalmente esta instancia concluye con la sentencia, que podemos definirla, como la decisión del "iudex", que oralmente, sin indicar los motivos de su pronunciación, condena o absuelve al demandado.

Las condiciones que debía reunir eran las siguientes, atendiendo siempre al principio fundamental que El “iudex", no podía apartarse bajo ningún aspecto del contenido de la fórmula expedita por el pretor.

Y así observamos que el juez sólo puede condenar al demandado o bien absolverlo y nunca al actor pues en la fórmula el magistrado le ordena que condene o absuelva al "reus". En el caso de “Plus petitio", es decir cuando se reclama una cantidad superior a la acreditada en la etapa "apud iudicem”, como por ejemplo 500 ases, cuando en realidad sólo se deben 450 (plus petitio re), el juez deberá absolver al demandado y la consecuencia es tanto más grave si se recuerda que por aplicación del efecto extintivo de la: “litis contestatio", el actor que ha sido vencido en el litigio no podrá renovarlo rectificando el error de su demanda: bis de eadem re ne sis actio". Algo semejante ocurre en esta época en los casos de "plus petitio tempore" (cuando se reclama antes del vencimiento del plazo de la obligación), del “plus petitio loco” (si se reclama en lugar distinto al convenido) o del “plus petitio causa" (si se reclaman las dos pretensiones habiéndose estipulado una u otra).

Además el juez debe situarse al resolver la cuestión, o sea al dictar sentencia, en el momento de la expedición de la fórmula, condenando o absolviendo, según que el derecho recamado existiera o no al concretarse la "litis contestatio". Consecuencia de ello, es si el demandado paga en la etapa "apud iudicem", él dictará sentencia en contra del "reus", porque se remitirá a las relaciones entre las partes al momento de la "litis contestatio", regla que descartaron los juristas respecto de las acciones de “buena fe”.

Y como última característica durante la vigencia del procedimiento "per formulae”, la condena es siempre pecuniaria, cualquiera fuere la naturaleza del derecho reclamado (actio inrem o in personam).
EJECUCION DE SENTENCIA
En el proceso formulario subsiste la ejecución personal, habiendo sido reemplazada la "manus iniectio", por la "actio iudicati", sin perjuicio de que paralelamente comenzó a funcionar una acción que se dirigía sobre los bienes del deudor, denominada "bonarum venditio",

La "actio iudicati " es la acción personal, contra la cual puede el "reus", dando caución oponer la “revocatio in duplum", invocando en su favor hechos o circunstancias liberatorias, como ser, que la sentencia es nula en razón de que el juez era incompetente o no respetó las reglas prescriptas, corriendo el riesgo de que si su pretensión es rechazada en el nuevo proceso, tendrá que pagar el doble de la suma a que se le condenó por ser la "actio iudicati" de aquellas en que la condena "crescit in duplum adversus infitiantem", es decir que se duplica contra el que niega sin fundamento.

Sin perjuicio, a partir de la época de Augusto, dispuso el deudor una acción para sustraerse a los efectos de la actio iudicati, que fue la "bonorum cessio " o cesión de bienes, autorizada por la "lex Iulia iudiciaria", en virtud de la cual cesaba toda ejecución sobre su persona si abandonaba a los acreedores todo cuanto poseía.

La "bonarum venditio" fue introducida en fecha incierta, pero el pretor Rutilio Rufo en el año 118 a.C. fue el primero en autorizarlo en su Edicto. Esta acción es imitación de la que en derecho público utilizaba la "civitas" contra los deudores del "aerarium", conocida corno "bonorum sectio”.

El pretor Rutilio Rufo la aplicó, en primer término, contra el deudor que ratare de sustraerse a la ejecución personal, huyendo u ocultándose para impedir que se lo condujera ante el magistrado y éste decretaría su "add¡ct¡o". Posteriormente se lo habría extendido al deudor que hiciera la ", bonorum cessio”, a favor de los acreedores y, por último, a todos los "¡ud¡cati".

Pueden distinguirse en la "bonorum venditio" tres etapas: 1) Una preliminar en la cual el pretor a petición de cualquier acreedor o bien del deudor, concede a éstos la posesión de bienes del deudor a fin de que se adopten las medidas necesarias para su guarda y conservación (“missio in bona rei servandae causa”). Asimismo, procederá a nombrar a uno de los acreedores, o a un extraño, para que actúe como “curator bonorum", es decir administrador provisional de los bienes. Igualmente se publican anuncios –“proscriptiones bonorum"  haciendo saber la ejecución, invitando a participar a los demás acreedores, quienes constituían una "masa", semejante a la que se forma en el procedimiento contemporáneo de la

“quiebra". II) En una segunda etapa se procede a la venta del patrimonio del deudor o "bonorum venditio". Transcurrido el plazo de treinta días, cuando se trate de bienes del deudor, o de quince, cuando el mismo ha fallecido, éste es declarado “fraudator", es decir fallido, convocando al pretor a los acreedores, para que de entre ellos designen un "magister bonorum", especie le síndico. Este hará un inventario de los bienes y de las deudas del fallido redactando las "leges venditionis", especie de pliego de condiciones de venta, que luego de aprobadas por el pretor, se fijan en lugares públicos hasta el día de la subasta.

La venta en pública subasta realizada por el "magister bonorum" se adjudica en bloque al mejor postor, es decir quien ofrezca el dividendo más elevado.

III) La tercera etapa es la liquidación. El "bonorum emptor", o adquirente del patrimonio del fallido, ocupa "iure praetorio", una posición análoga a la que "iure civile" tiene el heredero del difunto. Cesa toda la capacidad jurídica y patrimonial del deudor y será el "bonorum emptor”, que ejerza todos los derechos y acciones cobrando los créditos y haciendo restituir al patrimonio adquirido, lo bienes que se encuentren en poder de terceros, utilizando a tal fin las fórmulas con transposición de sujetos pretorianas.

El "magister bonorum", previa adjudicación del patrimonio del fallido a su adquirente, procede a distribuir el importe de la venta entre los acreedores, respetando el orden legal de preferencias.

Ahora bien: el fallido puede ser perseguido por los acreedores, en caso de que el patrimonio no haya alcanzado a cubrir las deudas, hipótesis en la cual se le permitió oponer el llamado beneficio de competencia   "benefitium competentiae" , en virtud del cual no se le condenaba a pagar más que "in id quod facere potest", es decir en la medida de su capacidad económica y dejándole lo indispensable para la vida.

Con el curso del tiempo se comenzó a admitirse al lado de la "bonorum venditio”, que traía aparejada la tacha de infamia, un procedimiento individual menos gravoso, que es la "bonorum distractio", que terminó por convertirse en la forma general y corriente de ejecución forzada de la sentencias en el procedimiento extraordinario.
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DEL MAGISTRADO
En su oportunidad se ha expuesto que la "actio" es el medio ordinario con que se provee a la tutela de los derechos subjetivos; sin perjuicio de lo expuesto, existen medidas extraordinarias que emanan del "imperium" de los magistrados, que consisten en resoluciones del magistrado, quien las pronuncia sin intervención alguna del "iudex", apartándose del curso corriente del proceso según el “ordo iudiciorum privatorum".

Entre ellos pueden distinguirse los "interdicta” las "stipulationes praetorias”, las “missiones in possessionem" y las "in integrum restitutiones”.
INTERDICTOS



Esta expresión no traduce en los textos romanos un concepto iniforme, sino por el contrario se la emplea en distintas acepciones. El interdicto sería todo mandato verbal del magistrado que contiene una orden de hacer ej: "restitutas", "exhibeas", o de no hacer; ej: "veto", “non facias”, "vim fieri veto", cuyo cumplimiento puede aquél imponer con los medios de coerción o indirectos de que dispone en virtud de su "imperium". Se distinguen los interdictos "exhibitorios" de los "restitutorios” y los ''prohibitorios”. Podrían ser simples o dobles, cuando sus destinatarios son uno o ambos litigantes.

Se habrían utilizado con anterioridad a la Lex Aebutia y de que a ellos se refieren ciertas alusiones de Plauto y de Cicerón.

Lo que se puede afirmar es que los interdictos fueron numerosos en una época clásica, siendo los más importantes los destinados a la tutela de la posesión, es decir interdictos posesorios.

El trámite comenzaba con la solicitud de quien reclamaba el inmediato amparo de un derecho, o de una simple situación de hecho, sin que fuera indispensable que estuviese presente, aquel contra quien habría de dirigirse la orden o que ésta fuera en día fasto.

El magistrado investigaba entonces, en forma sumaria, si estaban reunidos los recaudos para que se acordara y, en caso afirmativo, expedía el respectivo decreto que contendría la orden.
ESTIPULACIONES PRETORIANAS
Los contratos verbales que el magistrado jurisdiccional conmina a las partes a celebrar con el fin de tutela procesal, llámense "stipulationes praetorias" y que pueden consistir en asegurar la efectividad del resultado de un juicio, tal como ocurre con la "cautio ratam rem dominum habitaran”, por lo que el representante judicial del actor promete al demandado que su representado ratificará lo actuado por él, y no intentará un nuevo proceso por la misma cuestión. Proveer de acción a relaciones que carecían de ella, como el caso del dueño de un edificio que amenaza ruina a quien, a petición del vecino, se obliga aprestarle la "cautio damni infecti”, es decir la promesa verbal de que indemnizará el daño causado, se éste llega a producirse. Asegurar la nueva presentación de las partes en juicio, tal como ocurre con la "cautio vadimonium sisti”, impuesta por el magistrado al demandado, cuando se posterga una audiencia, para proseguir el proceso en una nueva audiencia.

Añadamos que al lado de las estipulaciones pretorianas existieron también las estipulaciones judiciales, como ser la "cautio de dolo". Estas estipulaciones subsistieron en el derecho bizantino e incluso en el justianeo.
MISSIONES IN POSSESSIONEM
La autorización otorgada por el magistrado en virtud de su "imperium " a una persona para entrar en posesión de todo un patrimonio (missio in bona), o de un conjunto determinado de bienes (como un peculio o una dote), o de un bien aislado perteneciente a otra persona (missio in re), sea con el fin de asegurar su conservación (re¡ servandai causa), sea con el fin de constreñir a cumplir o una orden o cualquier otro fin, puede definirse como "missiones in possessionem”.
IN INTEGRUM RESTITUTIONES
Es la medida más audaz del magistrado, pues la restitución por entero no se limita a interpretar, completar o suplir el derecho civil, sino que lisa y llanamente va en su contra, destruyendo los efectos del rigor de sus principios.

El magistrado, en virtud de su imperium invalida, por considerar que sus efectos repugnan a la equidad, un acto válido "iure civile", ordenando que las cosas vuelvan a su anterir estado, concepto que surge de un pasaje de Paulo, (“Sent" I. 7, 1), donde se dice que "integri restitutio est redintergrandae rei vel causae actio", es decir la acción para reintegrar la cosa o el derecho perdidos.

Entre los supuestos más importantes de aplicación de esta medida extraordinaria encontramos: a) "Ob o propter errorem", es decir, los de error excusable; b) "Ob dolum ", es decir cuando el interesado ha sido objeto de un engaño; c) "Ob metum", o sea cuando ha sido víctima de violencia; d) “Ob aetatem”, es decir cuando el otorgante del negocio jurídico es un menor de veinticinco años.

Las reglas a las cuales se subordina la concesión de esta excepcional medida son que quien la solicite no haya incurrido en dolo o culpa, que la lesión sea grave, que la "restitutio" sea el "ultimum remedium", es decir que no se concede sino a falta de todo otro recurso para impedir la lesión. El término de prescripción es de un año útil en el derecho pretoriano y de cuatro continuos en el de Justiniano.
PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO
La característica esencial de este nuevo procedimiento es el triunfo definitivo de la justicia estatal o pública sobre la privada, o sea la intervención directa de un funcionario del gobierno en todo el proceso, eliminándose la bipartición que caracterizó al procedimiento antiguo y clásico, con la distinción de las etapas "in iure" y "apud iudicem".

Este procedimiento va a regir desde el advenimiento de Dioclesiano (año 284 d.C) hasta la muerte de Justiniano (565 d.C.), pero la abolición expresa y definitiva del procedimiento formulario tuvo lugar recién en una Constitución Imperial del año 342, recogida en el Código Justinianeo (II, 57, 1) .

Las características más salientes de este sistema procesal, amén de la desaparición de las dos etapas, fueron: a) La posibilidad de la celebración del litigio sin la presencia de la parte demandada, o sea en rebeldía, b) la eliminación de la "in ¡us vocatio", en la forma de citación a la contraparte por la de la “denuntiatio apud acta" "libellus conventionis"; c) la reducción de los efectos de la litis contestatio del procedimiento formulario; d) la atenuación de las graves consecuencias de la “plus petitio”, que no implica ahora la pérdida del pleito, pero en el caso de solicitarse una suma mayor, da lugar a la aplicación de sanciones penales, y en el de demandarse antes del tiempo correspondiente (“plus petitio temporis”), expone a tener que cargar con los gastos del juicio y a esperar el doble de tiempo para el nuevo juicio; e) la escritura que se va imponiendo lentamente en la mayor parte de las actuaciones judiciales como el secreto que, en general, sustituye a la publicidad característica del procedimiento formulario; f) las costas procesales, o sea los gastos de justicia, como ser los honorarios a los abogados, los oficiales del juez, son a cargo del vencido; g) la supresión de la pecuniaridad de la condena, que era característica del anterior procedimiento, ya que ahora el vencido puede ser condenado "ad ipsam rem", es decir a lo realmente peticionado; h) la duración máxima de los juicios, salvo los referentes al derecho fiscal o a las funciones públicas, no podían prolongarse por más de tres años desde la "litis contestatio”.
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