La evolucion del derecho procesal en el derecho romano por L. Carlos rosenfeld






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LA IUDICIS POSTULATIO
Esta acción era utilizada según la ley de las XII Tablas, para la actio “familiae eciscundae”, es decir la de partición de herencia. Literalmente la acción de la iudicis postulatio signifi(acción de la ley por petición de un juez o árbitro). Las características más esenciales eran que se trataba de una acción especial y no general como la sacramenti, era necesario fundar la causa en la etapa “in iure"; con el ejercicio de esta acción no era necesario esperar el plazo de 30 días previstos en la Lex Pinari. La Ley Licinia, la extendió a la actio comuni dividundo, es decir la de división de condominio.

LA CONDICTIO
A diferencia de las anteriores que proceden de la ley de las XII tablas, esta legis actio per cond¡ctionem (acción de la ley por emplazamiento) fue introducida por la lex Sila para los créditos que tuvieron por objeto una "certa pecun¡a " (suma de dinero determinada,) y extendida para los que versaran sobre cualquier cosa cierta (certa res) por la lex Calpurnia.

Esta legis actio ofrece caracteres comunes tanto con la legis actio sacramenti, como con la legis actio per iudicis postulationem. En relación a la primera se aproxima, en cuanto no se expresa “in iure" la causa o fundamento del crédito en cuya virtud se acciona y sólo se procede a la designación del iudex después de transcurridos los treinta días de la lex Pinaria.

Con respecto a la segunda de las acciones, ofrece características similares, por su carácter de specialis, es decir, por ser sólo utilizable para el reclamo de determinados derechos y porque no lleva aparejada la imposición de una multa al litigante temerario.
LA MANUS INIECTIO
Con el examen de la legis actio per manues iniectionem" (acción de la ley por aprehensión corporal) penetramos en el estudio de las acciones llamadas ejecutivas.

En virtud de esta legis actio, se advierten claramente los vestigios de la primitiva justicia privada, al solicitar el actor, del funcionario autorización para ejercer las facultades que le competen sobre la persona del deudor, cosa que sólo puede hacer cuando su crédito conste de un modo claro y sea líquido y es en los siguientes supuestos: a) Respecto de los créditos en dinero que han sido reconocidos en una sentencia. A este caso se llamará del "iudicatus", equiparándose al del "confessus" es decir aquel que ha reconocido "in ¡ure”, la existencia de la deuda reclamada por el actor y no cumplió voluntariamente con la prestación. En estos casos se habla de "manus iniectio iudicati". b) Respecto de algunos créditos a los que leyes posteriores a las XII Tablas, quisieron rodear de un valor y fuerza ejecutiva, supuestos en que se habló de “manus iniectio pro iudicato". Tales son los casos del crédito del fiador o sponsor contra el deudor principal que dentro de los seis meses no le ha restituido lo pagado en su lugar al acreedor quien puede reclamárselo duplicado (lex Pubilia de sponsu) mediante el ejercicio de la actio depensi; el del spousor a quién siéndolo conjuntamente con otros el acreedor le exigió el pago de la deuda en una proporción mayor que la que le correspondía (lex Furia de sponsu) o el procedente de una multa impuesta por el daño causado en una cosa pública o sagrada que se reclamase por acción popular. c) Aquellos créditos para los cuales otras leyes autorizaron una manus iniectio a la calificó de pura. Así la ley Furia testamentaria la autorizó contra el que, sin estar exceptuado en ella para recibir más, hubiese recibido a título de legatario o por otra causa de muerte más de mil ases y la ley Marcia de foeneratores contra los usureros que hubiesen cobrado intereses no permitidos, para obligarlos a devolverlos mediante la aprehensión corporal.

La única manera para el deudor de liberarse de esta acción era obtener un "vindex o fiador”, que debía ser solvente  asiduo propietario de tierras o de cierta fortuna de ases  , o bien abonar la deuda. Si esto no ocurriera el pretor autoriza la prosecución de la ejecución contra su persona, pronunciando la palabra “addico", en virtud de la cual el acreedor puede conducir al deudor calificado de "addictus”, a su casa, quedando éste prisionero, sujeto con cadenas que no podían exceder de un peso de 15 libras y proporcionarle alimento que no sería inferior a una libra de harina.

La detención privada no podía exceder los 60 días, en cuyo transcurso el acreedor queda obligado a llevar al addictus al foro durante tres días de mercado (estos días se daban uno cada ocho días); donde proclamaba el importe del crédito, a fin de posibilitar la liberación mediante el pago por algún pariente o amigo. Si esto no ocurriera, la persona del deudor queda a merced del acreedor, quien podrá o venderlo como esclavo fuera de Roma, o darle muerte y en este caso si los acreedores fueran varios, distribuirse su cuerpo en proporción al monto de sus respectivos créditos (partis secanto).

Este primitivo rigor, fue atenuándose con el correr del tiempo y así en los supuestos que se señaló como manus iniectio, pura, se permitió al deudor obrar como su propio vindex, eliminándose los efectos de la manus iniectio, provocando un litigio en que se verificara si el ejecutante tenía o no derecho al ejercicio de la, aprehensión corporal. Con posterioridad una lex Vallia, de fecha desconocida, convierte en puras, a todas las "manus iniectiones", excepto para el caso del "iudicatus y el del fiador que ha pagado por el deudor principal. Y como última evolución la ley Poetelia Papiria del 326 a. de C. Mejoró la situación del deudor, prohibiendo que se les encadenara, vendiera o diera muerte, permitiéndose rescatar su libertad mediante el pago de la deuda con su trabajo personal, salvo los supuestos que hubieran contraído su obligación mediante el "nexum”.
LA PIGNORIS CAPO
La "legis actio per pignoris capionem", acción de la ley por toma de prenda, en virtud del cual se autoriza a los titulares de ciertos créditos a apoderarse extrajudicialmente de una cosa mueble perteneciente al deudor, aún en su ausencia y en día nefasto.

Estas características determinó que se dudara que fuera una acción de la ley pues éstas debían realizarse "apud praetoren", es decir ante el pretor "adversario praesens", o sea presente al adversario y 'fasto quoque die " es decir en día hábil. Sin perjuicio de ello, Gayo estimó que se trataba de una acción de ley, porque para la toma de la prenda debían pronunciarse determinadas palabras (certis verbis pignus capiebatur). La ley de las XII Tablas, la admitieron en interés del culto, contra el que habiendo adquirido un animal para sacrificarlo a los dioses  hostia  no pagaba el precio prometido (aes hostiarum) y contra el que no pagaba el alquiler de una caballería cuando el arrendador lo hubiese destinado a un sacrificio a los dioses.

Asimisino la "lex Censoria", autorizó esta acción en favor de los publicanos o cobradores de impuestos del Estado, contra los que debían pagarlos. Existen otros supuestos mencionados por Gayo, en que la pignoris capio, estaba autorizada por la costumbre como ser: a) El del soldado a quien no se le ha hecho efectivo el stipendium (Aes militare). b) El del equites, a quienes se adeudaba la suma asignada para la compra del caballo ("aes equestre"). c) El de los mismos caballeros o equites, por el ("aes hordearium”), es decir las sumas que les fueren debidas para adquirir el forraje de sus caballos.

La falta de datos, no nos permite conocer la consecuencia y el destino que había de darse a la cosa tomada en prenda, suponiéndose, algunas de estas tres hipótesis: a) 0 bien que el acreedor quedare como propietario, de los bienes tomados, satisfaciéndose su crédito. b) O que debiera subastarse en venta pública los objetos tomados. c) O que la prenda fuera tomada sólo como un medio de coerción indirecta contra el deudor, conservando el acreedor únicamente su posesión para forzar a aquél el pago.
EL PROCESO FORMULARIO
El estricto formalismo del sistema de las "legis actiones " por una parte, y la necesidad de ajustar todas las controversias a los rígidos esquemas preestablecidos para aquellas por la otra, determinaron, hacia fines de la República, la supresión del sistema de las acciones de la ley por términos prescriptos (per concepta verba), es decir mediante fórmulas.

Y esto fue por obra de una "lex Aebutia " de fecha incierta, pero anterior al 123 a. C. primero y de las “leges Iulia Iudiciariae" (17 a.C.) después, que se instauró el sistema del procedimiento formulario, admitiendo como facultativo por la primera de las leyes y obligatorio por las leyes Iuliae. Gayo nos informa que únicamente se conservan las acciones de la ley en dos casos: para el daño amenazante "damnum infectum", y si se trata de un juicio ante el tribunal de los "centumviros ".

En el procedimiento formulario, que va a regir desde el siglo 1 a. de C. Hasta el siglo Y a. de hasta fines del III y comienzos del IV d.C., la instancia continúa dividida en los dos estadios; "in iure" y "apud iudicem”.

El procedimiento "in iure", se inicia con la "in ius vocatio", es decir, con la citación ante el magistrado del demandado, que debía hacerse, por el propio demandante, dondequiera que encontrase a su contrario. Este podía substraerse a la citación ofreciendo un "vindex o garante”, que se responsabilizare por él; en caso contrario su resistencia fue considerada por el pretor como un delito, castigado por una multa que podía perseguirse por medio de una "actio poenalis in factum". Sin perjuicio de ello, el actor podía solicitar la "m¡ssio in bona" y la venta de los bienes del ausente o que se oculta.

Además, existe una nueva formalidad, que es la llamada "editio actionis extra iudicium", consistiendo en el acto del demandante por el cual hace conocer al accionado la fórmula que se propone solicitar contra él.

El principio que el proceso no puede constituirse sin la presencia de ambas partes, subsiste debiendo asegurar su comparencia mediante el "vadimonium promittere", para otro día, que es el comienzo del pleito. En dichos días, las partes exponen sus pretensiones libremente, sin el empleo de términos solemnes, tendientes a lograr que el pretor expida una fórmula escrita que invista al juez.

Lo corriente es que el pretor expida la fórmula, pero pudiese ocurrir excepcionalmente, que el magistrado se rehusare al otorgamiento de la misma, considerando que la pretensión del accionante es contrario a la equidad y a la nueva conciencia social de la época. En estos supuestos se habla de una “denegatio actionis" o “denegatio indicium”.

Antes de la expedición de la fórmula, podía tener lugar las llamadas "interrogationes in iure”, en virtud de la cual el actor solicitaba informaciones a la contraparte sobre situaciones de hecho que interesaran parta la prosecución del proceso. Otras veces, se admitía que el actor pudiese poner al demandado en la alternativa de pagar el importe del crédito controvertido, o jurar que este no existía, hablándose de “deferre insiuramdum", o sea diferir el juramento. Era el llamado juramento “necessarium", llamándolo también "iuriurandum in iure". Si el demandado presentaba el iuriurandum in iure, sobre la existencia de la deuda, el pretor lo declaraba vencedor; si por el contrario se rehusaba a prestarlo, sin referirlo al actor, su negativo produce los mismos efectos que la “confessio”. Si refería el juramento al actor y éste no lo prestaba, era, era el demandado quien resultaba vencedor. La propuesta y aceptación de la fórmula, constituye la litis contestatio, que podemos definirla, como el acto en virtud del cual las partes someten el conflicto al fallo de un árbitro o jurado, conforme al texto de la fórmula. Esto produce los siguientes efectos: a) Un efecto consuntivo, en virtud del cual se opera una consumición procesal de la relación jurídica, que no podrá ser nuevamente invocada y el demandado quedará obligado, no por la primitiva obligación que se considera extinguida, sino por la sumisión voluntaria al juicio, operándose un cambio de la causa debendi.

La "litis contestatio", extingue la acción, que no podrá ser intentada nuevamente por el principio "bis de eadem re ne sit actio" (que no haya por segunda vez acción por un mismo asunto).

Este efecto extintivo se puede producir ipso iure, aún en el caso que la parte afectada no haga la inserción en la fórmula de la exceptio re¡ in indicium deductae, en estas acciones a) Que se tratase de un "indicium legitimum", o sea fundado en la ley. b) Que la acción fuera "in personam", es decir relativa a un derecho de crédito; c) Que la fórmula estuviese concebida no "in factum" sino "in ius”, o sea que el derecho de crédito estuviera reconocido por el "ius civile ". En los demás casos, se operaba por medio de la “exceptio". Es llamativo que el efecto extintivo de la litis contestatio, al quedar entablada la litis, cuando en el derecho contemporáneo la autoridad de "cosa juzgada", se produce al momento de quedar firme la sentencia que se la tiene por verdad legal, derivado del principio "rex iudicata, pro veritare habetur".

Ahora bien, los romanos sintieron la necesidad de establecer esta regla, para evitar los conflictos entre los particulares y la diferencia de la oportunidad de la validez, está dado porque mientras en nuestro días, es necesario reconocer tal autoridad a la sentencia del juez por proceder de un funcionario del Estado, en la Roma clásica, sólo era tal el que actuaba en la etapa "in iure", dado que en la otro etapa “apud iudicem”, intervenía un árbitro que era un simple particular no dependiente del gobierno romano. Esa es la razón del efecto extintivo de la "litis contestatio".

B) Otro efecto es el creador, ya que la “litis contestatio”, origina para el actor un nuevo derecho, que es siempre de carácter pecuniario, consistente en una suma de dinero, en razón que las condenas de este tipo de procedimiento fueron siempre de tal carácter, no condenándose a lo realmente peticionado "ad ipsam rem”.

C) Un efecto regulativo o fijador del contenido de la fórmula, en razón que no puede alterarse en la otra etapa, aún por hechos imprevistos, como sería la necesidad de proceder a la sustitución del "¡udex" por fallecimiento. Esto no podrá hacerse en esta etapa, sino que deberán volver a la etapa “in iure”, para que se modifique la parte de la fórmula correspondiente a la “nominatio iudicis”, o sea insertando el nuevo nombre del juez.
LA FORMULA
La fórmula es el eje en torno al cual gira todo el proceso, en la cual el magistrado inviste "al iudex", mediante la indicación de la forma en que ha de cumplir el "¡ussum iud¡candi”, es decir, la orden de pronunciar su sentencia.

Existen elementos ordinarios y extraordinarios. Entre los primeros, calificados también de comunes mencionamos a la: "demostratio" o designación de los hechos, "intentio" o pretensión, en la que se menciona la síntesis del reclamo del demandante, el "codemnatio", condenación, que es la parte en la cual el Iudex absuelve o condena a la parte demandada, y la "adiudicatio" o adjudicación de bienes, que sólo figura en aquellas acciones mixtas, correspondiente a acciones divisorias (división de cosa común, partición de herencia, deslinde, etc.). Estos elementos comunes, no implica que deben figurar necesariamente en todo tipo de acciones, por ejemplo la "condemnatio", faltará en aquellas acciones "praeiudiciae” o sea cuando se intenta verificar el estado de una persona.

La fórmula comienza con el nombre del Iudex o juez que va a intervenir en la etapa pertinente. Los elementos extraordinarios son las “praescriptiones" y las "exceptiones". Aquellas, toman su nombre de “praescriber" (escribir antes), en razón que figuran a la cabeza de la fórmula, según parece después de la “dernonstratio", consistiendo en una advertencia dirigida al juez en interés del actor o del demandado.

En lo que respecta a la praescriptio pro actore, tiende a evitar los efectos consuntivos de la litis contestatio y se incluía por ejemplo, en la acción fundada en la estipulación de una suma de dinero a satisfacer en prestaciones periódicas, por años o meses, en cuyo caso, el estipulante, para exigir las cuotas vencidas y evitar el efectivo consuntivo de la litis contestatio, debía hacer incluir en la forma esta praescriptio pro actore, que sólo accionaba por cuotas exigibles ("ea res agatur cuius re¡ dies fuit”).

La praescriptio pro reo, que luego se transformara, según Gayo en las excepciones, por ejemplo sería la "praescriptio long¡ temporis", mediante cuya inclusión en la fórmula se advertía al “¡udex", de la necesidad de comprobar si había transcurrido o no el tiempo dentro del cual la acción podía ser ejercida a fin de rechazarla en caso afirmativo. Las defensas en favor de la parte demandada "exceptiones” estaban incluidas generalmente entre la "intentio" y la "condemnatio”.

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