Al margen un sello que dice: Gobierno de Jalisco. Poder Ejecutivo. Secretaría General de Gobierno. Estados Unidos Mexicanos






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Al margen un sello que dice: Gobierno de Jalisco. Poder Ejecutivo. Secretaría General de Gobierno. Estados Unidos Mexicanos.
Emilio González Márquez, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco, a los habitantes del mismo hago saber, que por conducto de la Secretaría del H. Congreso de esta Entidad Federativa, se me ha comunicado el siguiente decreto
NÚMERO 22221/LVIII/08.- EL CONGRESO DEL ESTADO DECRETA:
Se expide la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del estado de Jalisco y sus Municipios y se reforman los artículos 3°., 31, primer párrafo y 61, fracción XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco; 37, fracción III y 79 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco; 10, 15, 23, 182, 191, 202, 203, 204, 207, 212, 216, 220, 221, 223, 224, 226, 227, 228, 229, 233, 234, 235, 236-Bis y 240 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco; 8 del Código Fiscal del Estado de Jalisco; 146, fracción XVIII y 151 del Código Penal del Estado de Jalisco; 342 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Jalisco; y, 11, 12, 13, 39, 40 y 41 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Jalisco.
ARTÍCULO PRIMERO. Se expide la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del estado de Jalisco y sus Municipios, para quedar como sigue:
TÍTULO PRIMERO

Disposiciones Generales
Capítulo Único
Artículo 1°. La presente ley es de orden público y tiene por objeto:
I. Regular la revisión, examen y auditoría pública de las cuentas públicas que formulen los poderes del Estado, los organismos públicos autónomos, los municipios, los organismos públicos descentralizados estatales y municipales, empresas de participación estatal o municipal, fideicomisos públicos estatales y municipales y el Tribunal de Arbitraje y Escalafón; o cualquier persona física o jurídica que reciba fondos públicos;
II. Establecer las autoridades competentes en materia de fiscalización superior y auditoría pública y la concurrencia y coordinación entre ellas;
III. Establecer el procedimiento para la designación del Titular de la Auditoría Superior del Estado y su organización general y funcionamiento; así como garantizar su autonomía técnica y de gestión;
IV. Determinar los daños al erario o patrimonio público correspondiente a la hacienda pública estatal o municipal o al patrimonio de los entes públicos estatales o municipales y el fincamiento de responsabilidades en la que incurran los sujetos auditables y fiscalizables de los entes públicos estatales y municipales a que se refiere esta ley;
V. Establecer los procedimientos de fiscalización superior de los actos públicos y auditoría pública para la revisión de las cuentas públicas y los estados financieros en el caso de las entidades privadas obligadas por esta ley, así como para la aprobación, rechazo o devolución de los informes finales presentados por la Auditoría Superior del Estado;
VI. Establecer las infracciones y sanciones de los sujetos auditables y fiscalizables cuando no observen lo dispuesto por esta ley y las demás disposiciones legales aplicables; e
VII. Instituir los medios de defensa correspondientes.
Artículo 2°. Son principios rectores de la fiscalización superior, la profesionalización, honestidad, anualidad, posterioridad, definitividad, confiabilidad, legalidad, certeza, independencia, objetividad e imparcialidad; así como la planeación democrática y para el desarrollo, la proporcionalidad y orientación estratégica de los recursos públicos.
Para la Auditoría Pública del Estado son principios rectores en el ejercicio del presupuesto de la Auditoría Superior del Estado, la transparencia, racionalidad, austeridad, eficacia, eficiencia, economía, disciplina presupuestal y el profesionalismo.
Los sujetos obligados, al cumplir con las disposiciones de esta ley, en la administración y ejercicio de los recursos públicos, además de los anteriores criterios, deberá aplicar los criterios de control y rendición de cuentas.
Artículo 3°. Para efectos de la presente ley, se entenderá por:
I. Auditoría pública: la facultad soberana, inalienable e imprescriptible del Congreso del Estado, de revisar y examinar las cuentas públicas y los estados financieros de los entes y las entidades a que se refiere la fracción VII de este artículo, incluyendo el informe de avance de gestión financiera, para lo cual el Congreso del Estado se apoya en la Auditoría Superior;
II. La Auditoría Superior: la Auditoría Superior del Estado de Jalisco a que se refiere el artículo 35-Bis de la Constitución Política del Estado de Jalisco;
III. Baja de documentos: la cancelación, destrucción, regreso, descatalogación o supresión fundada y motivadamente de cualquier documento o información en el archivo o resguardo de la Auditoría Superior, que hace al documento o información carente de valor probatorio para efectos de fiscalización y auditoría pública, sin responsabilidad para la entidad titular del archivo;
IV. Carátula de las cuentas públicas o los estados financieros: el resumen ejecutivo de los ingresos y egresos o activos y pasivos, existencias, deuda pública, cuentas en administración, movimientos a la plantilla del personal, cuyo formato y lineamientos es determinado por la Auditoría Superior;
V. La Comisión: la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado; encargada de la coordinación y evaluación del desempeño de la Auditoría Superior;
VI. Cuenta pública: el informe que los organismos públicos a que se refiere el artículo 1 de esta ley, rinden sobre su gestión financiera, a efecto de comprobar que la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos o activos y pasivos estatales y municipales, durante un ejercicio fiscal comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año, se ejercieron en los términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables, conforme a los criterios y con base en los programas aprobados;
VII. Entidades fiscalizables y auditables: los poderes del estado, los organismos públicos constitucionalmente autónomos, los gobiernos municipales o consejos municipales, las dependencias, los organismos públicos descentralizados estatales, entre ellos la Universidad de Guadalajara, los organismos públicos descentralizados municipales; así como los órganos jurisdiccionales que determinen las leyes, los integrantes de los consejos técnicos de fideicomisos; y las demás personas de derecho público y privado o análogas, cuando hayan recibido por cualquier título, recursos públicos estatales o municipales;
VIII. Estados financieros: el informe que las persona física o jurídica que reciba fondos públicos que se refiere el artículo 1 de esta ley, rinden sobre su gestión financiera, el balance general, estado de origen y aplicación de recursos, estado de ingresos y egresos, pasivos y activos y el estado de variaciones en el patrimonio, a efecto de comprobar que la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos o activos y pasivos estatales y municipales, durante un ejercicio fiscal comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año, o en su caso, los ejercicios parciales en cuanto a su anualidad, se ejercieron en los términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables, conforme a los criterios y con base en los programas aprobados;
IX. Fiscalización superior: la facultad soberana, inalienable e imprescriptible del Congreso del Estado como órgano de representación popular, motivada y fundamentada en los principios constitucionales de soberanía popular, división de poderes y el carácter representativo de éstos, que sustentan la función del control político, consistente en el riguroso ejercicio de verificación y aprobación del desempeño de los órganos, dependencias y entidades públicas conforme a los principios señalados en el artículo 2 de esta ley.
Lo señalado en el párrafo anterior, mediante el ejercicio integral de análisis y evaluación del diseño de los planes y programas, política públicas, de los dictámenes de cuenta pública, verificación de avance programático, los informes solicitados, la glosa del informe del Poder Ejecutivo y las comparecencias de los servidores públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, las investigaciones de sus actividades y con el apoyo del sistema de evaluación del desempeño de la gestión pública. Además de comprender la auditoría pública y los dictámenes de revisión de gasto y cuenta pública de la Auditoría Superior del Estado, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 35-Bis de la Constitución Política del Estado de Jalisco y señalado en la presente ley, así como de los ayuntamientos, órganos y fideicomisos municipales aprobados por el Poder Legislativo.
Con el fin de permitir, proponer y autorizar que el ejercicio de los poderes públicos, su personal, recursos técnicos, materiales y financieros se orienten al desarrollo y beneficio de la comunidad jalisciense, que en caso contrario se finquen las responsabilidades legales que correspondan;
X. Gestión financiera: la actividad de las entidades auditables respecto de la administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos o activos y pasivos, los fondos y, en general, de los recursos públicos que éstos utilicen para la ejecución de los objetivos contenidos en los programas estatales y municipales aprobados en el periodo que corresponde a una cuenta pública; sujeta a auditoría pública posterior del Congreso del Estado a través de la Auditoría Superior, a fin de verificar que dicha gestión se ajusta a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicable, así como la fiscalización del Congreso a través de la Asamblea y las comisiones legislativas para verificar el grado de cumplimiento de los objetivos de los planes y programas aprobados, de conformidad con la Ley de Planeación del estado de Jalisco y sus Municipios;
XI. Informe de avances de gestión financiera: el informe que, como parte integrante de la cuenta pública, rinden las entidades auditadas a la Auditoría Superior del Estado, sobre los avances físicos y financieros en forma simultánea o posterior a la conclusión de los procesos correspondientes, los ingresos y egresos, el manejo, la custodia y la aplicación de sus fondos y recursos, así como el grado de cumplimiento de los objetivos contenidos en dichos programas;
XII. Informe final de auditoría: el informe que rinde la Auditoría Superior al Congreso del Estado sobre la revisión de la cuenta pública y los estados financieros consistente en el cierre definitivo de la auditoría del ejercicio fiscal que corresponda y que contiene los datos a que se refiere esta ley;
XIII. Informes complementarios: aquellos que, en cualquier momento, en uso de sus facultades y de conformidad con las disposiciones legales aplicables en la materia; solicite la Auditoría Superior a las entidades auditables y fiscalizables;
XIV. Planes y Programas: los elaborados de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Planeación del Estado de Jalisco y sus Municipios;
XV. Proceso concluido: aquél que las entidades auditables reporten como tal en el informe de avance de gestión financiera, con base en los informes de gasto devengado conforme a la estructura programática autorizada;
XVI. Sistema de evaluación del desempeño: conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y proyectos;
XVII. Sujetos auditables y fiscalizables: los servidores públicos de las entidades auditables y fiscalizables que ejerzan recursos públicos y, en general, cualquier entidad, persona física o jurídica, pública o privada, que haya recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos estatales o municipales, y los federales que le competa revisar la Auditoría Superior, así como recursos federales mediante convenio con la Auditoría Superior de la Federación;
XVIII. Reglamento Interno: el Reglamento Interno de la Auditoría Superior; y
XIX. La Unidad: la Unidad de Vigilancia, el órgano técnico de la Comisión para la evaluación del desempeño de la Auditoría Superior y práctica de su auditoría de los estados financieros.
TÍTULO SEGUNDO

Fiscalización Superior de la Gestión Pública
Capítulo Único
Artículo 4°. La Fiscalización Superior se sustenta en la medición y revisión que del desempeño alcanzado se realice a los órdenes de gobierno estatal y municipal, así como a las entidades fiscalizables, para que a través del análisis de sus esquemas de gestión financiera y de gasto, así como de sus políticas recaudatorias, de inversión y para el desarrollo social y económico, contenidas en sus programas y proyectos, se evalúe la eficiencia en la utilización de recursos públicos y la eficacia en el logro de los objetivos y las metas comprometidos en los instrumentos de planeación y programación de la actividad gubernamental.
El Poder Legislativo a través de su Asamblea y comisiones legislativas, ejerciendo sus atribuciones en materia de fiscalización superior, podrá analizar, evaluar y dar seguimiento a las acciones de gobierno, la realización de obras, la prestación de servicios públicos, en los términos de la Constitución Política del Estado y las demás leyes aplicables, para coadyuvar a la racionalidad y objetividad en la asignación del financiamiento público para el desarrollo, además de ejercer el control y la evaluación del desempeño de las entidades fiscalizables, para prevenir y corregir acciones públicas, mediante su reorientación, así como identificar oportunidades de mejora para el desarrollo y el beneficio colectivo.
En complemento al informe de avance de la gestión financiera, las entidades fiscalizables, deberán integrar un informe anual de desempeño en la gestión, el cual deberá contener, cuando menos:
a) Evidencia sobre los logros e impactos generados en función a los objetivos estratégicos propuestas para el sector específico en el mediano plazo; y
b) Las metodologías utilizadas para evaluar, recabar y analizar información con criterios explícitos de interpretación de resultados;
Este informe deberá remitirse al Congreso del Estado a más tardar el último día de enero del año siguiente.
Artículo 5°. El Poder Legislativo se coordinará con las entidades fiscalizables en el diseño del sistema de evaluación del desempeño, el cual podrán operar de manera electrónica, con el fin de que todos los entes y sujetos fiscalizados registren anualmente el grado de cumplimiento de sus metas y objetivos, de conformidad con el artículo 6°. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios.
El Congreso del Estado a través de sus comisiones legislativas, de conformidad con la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios, podrá analizar los planes y programas que les presente el titular del Poder Ejecutivo para emitir sus observaciones, las cuales, previa valoración, podrán ser aprobadas por la Asamblea, para que sean remitidas al Poder Ejecutivo.
Artículo 6°. La Asamblea del Congreso del Estado, podrá pedir y recibir los informes al Gobernador o a los presidentes de los tribunales integrantes del Poder Judicial, y sus correspondientes dependencias, sobre cualquier ramo de la administración de los asuntos de su competencia,
La Asamblea podrá citar a los titulares de las dependencias y entidades descentralizadas del Poder Ejecutivo del Estado y de los municipios, para que informen cuando se estudie un asunto concerniente a sus respectivos ramos o actividades, además de poder citarlos para que informen sobre los avances en relación con sus planes de desarrollo.
Las entidades fiscalizables que señala la ley y los sujetos fiscalizables facilitarán la información de sus oficinas, archivos, dependencias y organismos, los informes que se estimen convenientes por escrito o mediante comparecencias de los sujetos fiscalizables que requiera el Congreso del Estado, su Asamblea y comisiones legislativas y en su caso, la Auditoría Superior del Estado para el ejercicio de las atribuciones de fiscalización superior.
Si los sujetos fiscalizables no rinden los informes que se les solicitan o se rehúsan a comparecer sin causa justificada, son responsables de acuerdo a las leyes de la materia.
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