Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Estándares jurídicos vinculados a la igualdad de género y a los derechos de las mujeres en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: desarrollo y aplicación






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“Acceso a la información, violencia contra las mujeres y la administración de justicia en las Américas”. Informe de la CIDH.


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 20 de noviembre del 2015 publicó el informe “Acceso a la información, violencia contra las mujeres y la administración de justicia en las Américas”. El informe procura ofrecer una primera aproximación a los desafíos que enfrentan las mujeres en las Américas para tener un acceso adecuado a la información controlada por el Estado en materia de violencia y discriminación. Asimismo, busca sistematizar los estándares internacionales que se han desarrollado en el Sistema Interamericano sobre esta materia e identificar las buenas prácticas en la región respecto de la aplicación y cumplimiento de dichos estándares.
El derecho de acceso a la información se encuentra estrechamente vinculado con la realización de otros derechos humanos, y en ese sentido, puede entenderse que la inobservancia de las obligaciones de respeto y garantía del derecho acceso a la información para las mujeres puede ocasionar diversas vulneraciones a sus derechos a vivir libres de violencia y discriminación.
La CIDH ha observado que aún en aquellos Estados que cuentan con mecanismos institucionalizados para la recopilación, procesamiento y producción de información sobre violencia contra las mujeres, muchas veces la difusión de dicha información resulta insuficiente. Del mismo modo, la CIDH ha notado que en la región existe una falta de coordinación generalizada entre los diversos sistemas de recopilación y producción de información que coexisten en los Estados, por ejemplo, los registros de las oficinas de asistencia jurídica gratuita, los datos recopilados por los observatorios de violencia o discriminación y los mecanismos de estadísticas judiciales.
En relación con los principales desafíos en materia del acceso a la información pública sobre discriminación y violencia, la CIDH ha constatado en diversas oportunidades la existencia de deficiencias en la disponibilidad, calidad e integridad de la información pública sobre violencia y discriminación contra las mujeres, tales como la falta de recopilación de información completa sobre todas las formas de violencia y discriminación en los diversos órganos del Estado, la falta de producción de estadísticas integrales a partir de esa información y la desagregación de la información estadística según factores como el sexo, raza, etnia, edad, condición social, orientación sexual, identidad de género y discapacidad, y otros criterios que permitan apreciar la incidencia real de la violencia y la discriminación en grupos específicos de mujeres. La importancia de la recopilación de datos y la producción de estadísticas ha sido destacada en el Sistema Interamericano y en el Sistema de Naciones Unidas como el mecanismo fundamental para el diseño y evaluación de las políticas públicas y programas de prevención, atención y protección frente a la violencia y la discriminación.
Otro desafío prioritario en esta materia guarda relación con la implementación efectiva de los estándares internacionales sobre acceso a la información en el ámbito nacional. Al respecto, la CIDH ha constatado que si bien la gran mayoría de los países de la región cuentan con normativa constitucional y/o legal en tal sentido, no se cuenta con información concreta acerca de la implementación material de dicha normativa y su efectividad, de manera que es desafiante evaluar el nivel de cumplimiento de las obligaciones estatales en esta materia.
Por otra parte, el acceso a la información en el ámbito de la administración de justicia es un área de especial interés para la CIDH, en la cual se presenta una serie de desafíos relacionados la garantía del acceso a la información en su dimensión de derecho facilitador del acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia y discriminación. En este contexto, la CIDH destaca como desafíos prioritarios el asegurar a las mujeres y sus familiares el acceso a la información sobre sus casos pendientes de violencia o discriminación, la disponibilidad de servicios adecuados y suficientes de asistencia jurídica gratuita y el acceso a intérpretes e información en lenguas diversas para las mujeres que no hablan en idioma oficial del Estado, entre otros.
La CIDH subraya la importancia de contar con información pública respecto del funcionamiento de la administración de justicia, incluyendo datos acerca del número de arrestos, procesamientos, condenas, órdenes de protección y sentencias dictadas; el tiempo de resolución de los casos; la composición de género de los sistemas de justicia; los presupuestos asignados a la actividad judicial; y los mecanismos internos de rendición de cuentas.

La Comisión insta a los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) a adoptar medidas encaminadas a garantizar la disponibilidad de servicios de asistencia jurídica gratuita de calidad, la capacitación de los operadores de justicia y demás funcionarios públicos que actúen en materia de violencia, y la implementación de protocolos de actuación frente a casos de violencia inminente. Igualmente, reitera su disposición para colaborar con los Estados en sus esfuerzos en la esfera de protección fundamental para el ejercicio de los derechos de las mujeres


  1. Transexuales CIDH urge a los Estados a aumentar la expectativa de vida de las personas trans en América


En el Día Internacional de la Memoria Trans, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se unió a la comunidad internacional en honor a la memoria de las personas trans que han perdido sus vidas e instó a los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a mejorar los sistemas de recolección de datos, aumentar la expectativa de vida de las personas trans a través de medidas que reduzcan su vulnerabilidad a la violencia y a la muerte y a investigar, juzgar, sancionar y reparar a las víctimas de los asesinatos cometidos contra personas trans.
A través del Registro de Violencia, la Comisión observó que el 80 por ciento de los asesinatos de mujeres trans que aparecen en el Registro tenían 35 años de edad o menos.
Esto coincide con la información de organizaciones de la sociedad civil de que el promedio de expectativa de vida de las mujeres trans en América Latina es de 35 años, lo cual refleja que muchas mueren asesinadas. A través de diversas herramientas de monitoreo, incluyendo audiencias públicas sobre el tema, la CIDH también ha recibido información sobre los tipos de violencia que afecta a los hombres trans, la cual ocurre sobre todo en la esfera privada y está relacionada con la violencia familiar, y en los sectores de salud y educación.
Asimismo, la mayoría de los Estados Miembros de la OEA no cuentan con sistemas de recolección de datos que tengan en cuenta la identidad de género de las víctimas y varios de los Estados que cuentan con estas herramientas confunden la identidad de género con la orientación sexual.
En el contexto de la obligación estatal de prevención de violaciones a derechos humanos, los procedimientos de recolección de estadísticas son necesarios para medir de manera uniforme y precisa la prevalencia, tendencias y otros aspectos de la violencia en un determinado estado o región. El análisis detallado de estas estadísticas proporciona a las autoridades la información y comprensión necesarias para diseñar políticas públicas para prevenir más actos de violencia. Más aún, la CIDH subraya que las estadísticas deben estar lo más desagregadas que sea posible, de forma tal que reflejen las tendencias de la violencia. La información desagregada se convierte en un factor clave cuando la violencia contra personas trans como el resultado de la intersección con otros motivos de discriminación, tales como la raza, etnicidad, discapacidad, edad y nacionalidad. Otros factores incluyen la situación socioeconómica, trabajo que desempeñaba, situación de privación de libertad, y situación de defensor o defensora de derechos humanos, entre otros.
Adicionalmente, la CIDH encuentra un estrecho vínculo entre exclusión, discriminación y la corta expectativa de vida de las personas trans. De acuerdo con la información recibida por la CIDH, la violencia y la discriminación contra niños, niñas y jóvenes trans inicia a temprana edad, ya que generalmente son expulsadas de sus hogares, colegios, familias y comunidades, como consecuencia de expresar sus identidades de género diversas. Como resultado, las personas trans enfrentan pobreza, exclusión social y altas tasas de inaccesibilidad a la vivienda, presionándolas a trabajar en economías informales altamente criminalizadas, como el trabajo sexual o el sexo por supervivencia. Como consecuencia, las mujeres trans son perfiladas por la policía como peligrosas, haciéndolas más vulnerables al abuso policial, a la criminalización y a ser encarceladas.
De la misma forma, la exclusión dificulta el acceso al sistema de salud y a transformaciones corporales de calidad y medicamente supervisadas -necesarias para algunas personas trans en el proceso de construcción de sus identidades-, generando complicaciones de salud e incluso la muerte. Es así que el ciclo de pobreza y exclusión en el cuál están inmersas las mujeres trans las hace más vulnerables a la muerte y a la violencia de parte de agentes estatales y no estatales.
La Comisión insta a los Estados de la OEA a recopilar datos desagregados en relación con los asesinatos de las personas trans y otras muertes tempranas de personas trans y a tomar medidas para reducir la vulnerabilidad generalizada de las personas trans a la violencia a través de medidas positivas que reduzcan la pobreza y las incluyan en el sistema educativo y en el mercado laboral formal. Asimismo, los Estados deben revisar los marcos legislativos que criminalizan y estigmatizan a las y los trabajadoras sexuales. Finalmente, los Estados deben investigar con la debida diligencia los asesinatos y otros actos de violencia contra personas trans, incluyendo la apertura de líneas de investigación que tomen en cuenta si  los asesinatos fueron cometidos por la identidad o expresión de género de la víctima; sancionar a las personas que resulten responsables y reparar a las víctimas.



1 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay solicitaron una Opinión Consultiva sobre la niñez migrante a fin de que el Tribunal precise cuáles son las obligaciones de los Estados en esta temática, http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/resumen_seriea_21_esp.pdf Fecha de consulta 18/11/2015

2 Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Discriminación por SIDA. Violación al derecho a la educación: caso “Gonzalez Lluy y yotros vs. Ecuador”. Sentencia del 1 de septiembre de 2015

3 Independencia Judicial. Libertad de expresión de los jueces. Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso “Lopez Lone y otros vs. Honduras”. Sentencia del 5 de octubre de 2015

4 Corte Interamericana de Derechos Humanos: caso “Veliz Franco y otros vs. Guatemala

5 En el año 2015 ciento de miles de personas huyen del horror de la guerra civil en Siria que se inició en 2011. Ello ha sido presentado como una crisis migratoria sin precedentes en las fronteras de Europa, que se extiende a todo el mundo.

6 Desde hace 17 años venimos estudiando el tema y con anterioridad hemos abordado el tema de la eutanasia en otros trabajos: - MEDINA, Graciela y LEAL IBARRA, Javier "DERECHO A UNA MUERTE DIGNA" J.A. 1997-I-925.- MEDINA, Graciela, Informe de Derecho comparado, sobre jurisprudencia de muerte digna en Sección de Jurisprudencia y Legislación Extranjera, “Revista de Derecho Privado y Comunitario 19, ed. Rubinzal y Culzoni, p. 441 y 2003-I. “Comentario a la Ley Holandesa de Eutanasia” Revista de Derecho Privado y comunitario, 2001 –3 MEDINA, Graciela, SENRA, Laura y “ Aspectos legales de la Eutanasia” Revista Encrucijada, UBA N 34 y MEDINA, Graciela,RODRIGUEZ, Hugo “ El reconocimiento del testamento vital o voluntades anticipadas por via judicial “ Revista de Derecho de Familia 2006-I-211. Además hemos dirigido el Suplemento Especial de la revista Muerte Digna, La Ley Mayo 201

7 Affaire Lambert et autres c- France, Europear Court of Human Rights (requeté N 46043/14 Strasbourg 5de Junio del 20015

8 Art. 2 Derecho a la vida 1. El derecho de toda persona a la vida está protegido por la ley.Nadie podrá ser privado de su vida intencionadamente, salvo en ejecución de una condena que imponga la pena capital dictada por un Tribunal al reo de un delito para el que la ley establece esa pena. 2. La muerte no se considerará como infligida en infracción del presente artículo cuando se produzca como consecuencia de un

recurso a la fuerza que sea absolutamente necesario: a) en defensa de una persona contra una agresión ilegítima ; b) para detener a una persona conforme a derecho o para impedir la evasión de un preso o detenido legalmente ; c) para reprimir, de acuerdo con la ley, una revuelta o insurrección.

9 El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH; también denominado Tribunal de Estrasburgo y Corte Europea de Derechos Humanos) es la máxima autoridad judicial para la garantía de los derechos humanos y libertades fundamentales en toda Europa. Se trata de un tribunal internacional ante el que cualquier persona que considere haber sido víctima de una violación de sus derechos reconocidos por el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales o cualquiera de sus Protocolos adicionales, mientras se encontraba legalmente bajo la jurisdicción de un Estado miembro del Consejo de Europa, y que haya agotado sin éxito los recursos judiciales disponibles en ese Estado, puede presentar una denuncia contra dicho Estado por violación del Convenio

10 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_298_esp.pdf

Fecha de consulta: 28/9/2015

11 Derecho a la vida, integridad personal, derecho a la educación, garantías judiciales.

12 Por una ley vigente en 1998 en Ecuador, la Cruz Roja, tenía competencia exclusiva para administrar bancos de sangre.

13 Debido a la discriminación sufrida por la condición de persona con VIH, debieron trasladarse de un lugar a otro, siendo impedida la familia de tener acceso a una vivienda digna.

14 Voto del Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot.

15 Sentencia, párrafo 290.

16 Respecto de la madre y hermano de Talía Gabriela, se consideró vulnerado el derecho a la integridad personal.

17 Que incluya suministro de material de estudio y medios de mantención.

18 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

19 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_302_esp.pdf

Fecha de consulta: 17/11/2015.

20 Durante la manifestación se produjo una estampida humana, sufriendo fracturas en su pierna, hecho que fue divulgado por medios periodísticos.

21 Juez especial contra la violencia doméstica.

22 Cabe mencionar que la destitución se haría efectiva a partir de la toma de posesión por el sustituto.

23 Corte IDH, Tribunal Interamericano.

24 Resulta interesante los argumentos de la Corte:

“…
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