Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Estándares jurídicos vinculados a la igualdad de género y a los derechos de las mujeres en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: desarrollo y aplicación






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Decisión de la Corte IDH

La Corte23 determinó que los hechos ocurridos en Honduras (en julio de 2009) constituyeron un hecho ilícito internacional.
Los procesos disciplinarios sufridos por las víctimas durante esa situación de ilegitimidad, fueron a raíz de conductas y acciones ejercidas contra el golpe de estado y en defensa de la democracia.
La Corte Interamericana en ese sentido, pone el acento en la importancia de la democracia representativa, que es uno de los pilares fundamentales del sistema del que la Convención Americana de D.H. forma parte. Por ello, considera que esas acciones atribuidas a los jueces destituídos constituyen además de un ejercicio de un derecho, el cumplimiento del deber de defender la democracia.

El Tribunal Interamericano señaló que:

  • Existe una interrelación entre los derechos políticos, libertad de expresión, derecho de reunión, libertad de asociación, en relación con la obligación de respetar y garantizar los derechos y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno.

  • Los derechos arriba mencionados en conjunto, hacen posible el juego democrático, por lo que deben gozar de máxima protección.

  • El derecho a defender la democracia, implica la efectivización del derecho a participar en asuntos públicos y comprende además, el ejercicio de otros derechos (libertad de expresión, de reunión).24

  • Los derechos deben ser protegidos y garantizados para todas las personas sin discriminación, admitiéndose solo restricciones compatibles con la Convención.

  • Pueden existir restricciones de derechos para los jueces en ejercicio de la administración de justicia, (acorde con la CADH), con la finalidad de proteger la independencia e imparcialidad en el ejercicio de justicia. Pero esas restricciones son de interpretación restrictiva, de modo que un juez como ciudadano, como parte integrante de la sociedad, ante una situación de gravedad, de crisis democrática, puede ejercer el derecho de expresarse. Esa participación tiene por objetivo, la defensa del orden democrático. Admitir lo contrario, implicaría un efecto intimidante y constituir una limitación de sus derechos.

  • La Corte consideró que los procesos disciplinarios contra los jueces en esta causa, constituyeron una violación de los derechos de libertad de expresión, d. políticos y de asociación25.

  • El respeto de las garantías judiciales implica respetar la independencia judicial.

  • La separación del cargo de un juez implica el derecho subjetivo del juez, de que dicha separación se funde en causales permitidas.

  • La afectación arbitraria de la permanencia de jueces en su cargo, vulnera el derecho a la independencia judicial (art. 8.1 CADH) y el derecho de acceso y permanencia en condiciones de igualdad a un cargo público (art. 23.1 CADH).

  • Constituye un atentado contra la independencia judicial y afecta el orden democrático la destitución arbitraria de los jueces en cuestión (más aún, si no tienen sanciones disciplinarias previas y son jueces de carrera).

  • Según los estándares señalados ut supra, la Corte concluyó que los procesos disciplinarios no estaban establecidos legalmente; el Consejo de Carrera Judicial era incompetente, carecía de independencia y no garantizó la imparcialidad y la CS no ofrecía garantías objetivas de imparcialidad.

  • Se vulneró el principio de legalidad. La Corte consideró que la remoción, destitución de un cargo, es una medida restrictiva y deben ser previsibles (expresas y claras en la norma).


Reparaciones

La Corte concluyó que:

  • La sentencia es per se una forma de reparación

  • Ordenó al Estado la reincorporación de los jueces Lopez Lone, Flores Lanza y Chévez de la Rocha en cargos similares y con misma remuneración y beneficios. De no ser posible, se deberá pagar la cantidad fijada en la sentencia.

  • Publicar la sentencia y resumen oficial.

  • Pago de indemnización.




  1. Mujer Niños perspectiva de género Corte Interamericana de Derechos Humanos: caso “Veliz Franco y otros vs. Guatemala”26.


La Corte IDH dictó el 19 de mayo de 2014 sentencia en el caso “Veliz Franco y otro vs. Guatemala.
La Corte declaró que Guatemala vulneró en perjuicio de la niña María Isabel Veliz Franco (de 15 años de edad) los siguientes derechos y garantías: derechos del niño(art. 19 CADH); deber de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos a la vida e integridad personal (arts. 4.1 y 5.1 CADH); derecho a la no discriminación (art. 1.1 CADH); obligación de actuar con debida diligencia para prevenir e investigar la violencia contra la mujer (art. 7.b CEDAW); garantías judiciales (art. 8 CADH); protección judicial (art. 25 CADH); igualdad ante la ley (art. 24). Asimismo se violó la Convención de Belém do Pará, respecto de la madre de VF, sus hermanos y abuelos.
La sentencia resulta interesante, por cuanto pone el acento en la necesidad de actuar con una perspectiva de género tanto en las investigaciones, en pro de la búsqueda de la verdad para lograr la sanción de los responsables, como en la prevención, El fallo destaca que se requiere de una mayor intensidad en la protección de los derechos humanos de las niñas. Esto habida cuenta de que la vulnerabilidad consustancial a la niñez puede verse enmarcada y potenciada debido a la condición de ser mujer.27 Las niñas son “particularmente vulnerables”. Se requiere en consecuencia una actitud de parte del Estado comprometida en su rol de garante de los derechos de los niños, niñas, las mujeres, de los sujetos vulnerables.


  1. Los hecho del casos


El 17 de diciembre de 2001 la Sra. Rosa E. Franco Sandoval, madre de María Isabel Veliz Franco, radicó la denuncia ante la policía local, de la desaparición de su hija, MIVF de 15 años de edad, quien se había dirigido a su trabajo el día anterior, y no había regresado28.
Al día siguiente (18/12/2001) se encontró el cadáver de la niña VF, la madre se enteró del hallazgo de un cuerpo, por medios televisivos, concurrió a la morgue a fin de verificar si se trataba de su hija, y comprobó dicha circunstancia.
La causa de muerte de la niña fue: trauma de cráneo producido por arma blanca).

Es dable mencionar que la investigación de los hechos continúa abierta, no existiendo identificación de presuntos responsables.

Se destaca en la sentencia, que la investigación estuvo rodeada de varias irregularidades en torno a: la realización de pericias, aseguramiento de la zona de hallazgo del cuerpo, inspección ocular, cadena de custodia de las pruebas, recolección de evidencias, necropsia.
El Estado reconoció fallas y demoras en la investigación, no realizando durante largos períodos de tiempo actividades orientadas a la investigación.

Asimismo, la Corte expresó que las autoridades omitieron realizar pruebas para determinar la violencia sexual o fueron realizadas tardíamente.
Por otro lado, en algunos informes, se hizo alusión al modo de vestir de la niña VF, como también sobre su vida social y nocturna, creencias religiosas y falta de preocupación o vigilancia de la familia.
Resulta importante señalar el contexto en el que se produjo este suceso, caracterizado por un aumento de violencia homicida contra las mujeres en Guatemala. Esto pone en evidencia la mayor diligencia por parte del Estado en averiguar el paradero de la niña al momento de recibir la denuncia y la posterior investigación teniendo en cuenta el contexto de violencia e inseguridad en el que se encontraba Guatemala, agravando la vulnerabilidad de las niñas y mujeres.
El Tribunal hace alusión a que si bien existen algunas medidas para luchar contra la discriminación contra las mujeres por parte del Estado,Guatemala presenta un alto índice de impunidad en crímenes contra las personas de seño femenino.


  1. La sentencia de la CIDH.

Identificamos los siguientes puntos:

  • Mayor intensidad del deber de garantizar los derechos humanos con relación a las niñas.

  • Importancia y consideración del contexto de violencia contra las mujeres en el que se encontraba Guatemala en el momento del hecho.

  • El punto anterior, se vincula con la omisión del Estado de realizar las acciones de búsqueda necesarias para dar con el paradero de la niña VF.

  • El Estado es responsable de garantizar los derechos a la vida, integridad personal (derechos del niño), la no discriminación, la igualdad y la obligación de prevenir la violencia contra las mujeres.

  • El homicidio de la niña VF es un homicidio por razones de género.

  • Como consecuencia de lo anterior, se debe investigar el caso ordenando todas las medidas y pericias pertinentes, tendientes a verificar si hubo violencia sexual, un móvil sexual. Debe investigarse si más allá de la muerte de la víctima, hubo otras afecciones a la integridad corporal.

  • Aplicación de una perspectiva de género en todo análisis e investigación.

  • Constituye un elemento facilitador de la impunidad y violencia, la ineficacia judicial, como así también importa en sí misma, una discriminación de la mujer en el acceso a la justicia.


La Corte concluyó que no se actuó con debida diligencia, sumado al incumplimiento de la no discriminación agravada por declaraciones que denotaron la existencia de prejuicios y estereotipos sobre el rol social de la mujer, por parte de funcionarios a cargo de la investigación29.
Puntualmente la sentencia expresa que “…213. En el presente caso, los estereotipos de género tuvieron una influencia negativa en la investigación del caso, en la medida en que trasladaron la culpa de lo acontecido a la víctima y a sus familiares, cerrando otras líneas posibles de investigación sobre las circunstancias del caso e identificación de los autores. Al respecto, la Corte ya ha tenido ocasión de señalar que la creación y uso de estereotipos se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer…”30. Ello resulta muy importante y es necesario que en toda investigación se evite, trasladar la culpa a la víctima por la forma de vestir o a la familia por ser mas o menos liberal, ya que nada justifica la muerte ni la violencia de género.
Se verificó también la existencia de sufrimiento de la madre de la niña VF, motivado por la falta de prevención y de actuación diligente e impunidad de los hechos. Todo ello dentro de un marco de falta de respeto y tratos despectivos por parte de agentes estatales.
Sobre las reparaciones

La Corte estableció continuar con las investigaciones, sancionar a los responsables, publicar la sentencia en diarios nacionales y en sitios web oficiales, disculpas públicas, plan de fortalecimiento del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, implementar el funcionamiento de organismos especializados en cuestiones de género y violencia, cursos de capacitación desde una perspectiva de género para la justicia y fuerzas de seguridad, atención médica y psicológica para la madre de la niña VF y pago de indemnizaciones.


  1. Observación General nro.19: Sobre el gasto público y los derechos del niño. (art. 4)31.


El 11 de junio de 2015 el Comité de los Derechos del Niño elaboró la Observación General nro. 19 con el objeto de analizar la relación del art. 4 de la Convención con el gasto público.
Cabe aclarar que la versión que aquí se comenta, es un proyecto (versión no definitiva). Este comentario tiene como finalidad, adelantar algunas consideraciones del Comité sobre la temática aludida.
Resulta de interés la relación del gasto público con la realización de los derechos del niño, especialmente respecto de aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Identificamos los siguientes puntos de la Observación General:

  • Impacto del gasto público sobre los derechos del niño.

  • Los Estados deben tomar las medidas necesarias para la promoción, respeto y realización de los derechos reconocidos en la Convención en relación con el gasto público.

  • La realización de los derechos del niño debe ser una prioridad en el gasto público. Esto contribuye a generar un impacto positivo en el crecimiento económico futuro, desarrollo sostenible y cohesión social.

  • El objetivo de la Obs. Gral. consiste en mejorar la comprensión de las obligaciones derivadas de la Convención en relación con el gasto público (GP).

  • Importancia de la formulación del presupuesto (en el marco de un proceso transparente, sensible y responsable), en la realización de los derechos del niño.

  • Análisis del art. 4 CDN distinguiendo una obligación general y regla específica.

  • El artículo 4 de la Convención dispone que: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional.” En el análisis de esta norma se pone el acento en la obligación legal para los Estados miembros con relación al GP y su responsabilidad de garantizar los derechos del niño.

  • El GP es considerado como una de las medidas que el Estado debe tomar para la efectividad de los derechos del niño.

  • Se reconocen cuatro etapas en el proceso presupuestario(planificación, promulgar, ejecutar y seguimiento). El presupuesto debe tener como prioridad los derechos del niño.

  • El Estado debe abstenerse de obstaculizar o interferir en los derechos del niño y tomar medidas activas para su realización.

  • El GP debe ser transparente, informado y debe monitorearse de manera continua su impacto en los derechos del niño.

  • Importancia de los principios generales de la CDN y su relación con el GP: no discriminación, interés superior del niño, derecho a la vida, supervivencia y desarrollo y derecho a ser oído.

  • El Comité reconoce los principios de suficiencia, eficacia, eficiencia y equidad con relación al GP.

  • El Comité formula recomendaciones en torno a la confección y ejecución del presupuesto y su relación con los derechos del niño (auditoria, información, evaluación, análisis del impacto del presupuesto en los derechos del niño, presentación de cuentas, capacitación).




  1. Comité de Derechos del Niño. Día de Debate General sobre los Derechos de todos los niños, en el contexto de la migración internacional32.


El 28 de septiembre de 2012, tuvo lugar durante la 61° sesión del Comité de los Derechos del Niño en Ginebra, el Día de Debate General (DDG), sobre los derechos de todos los niños en el contexto de la migración internacional.
La problemática de la situación de los migrantes cobra en la actualidad una importancia que lleva a los Estados y la comunidad jurídica internacional, a replantear acciones e intervenciones, desde un enfoque de derechos humanos.
Durante el DDG, se trataron diversas aristas de la problemática de la migración internacional, focalizando la atención sobre:(i) los niños como sujetos de derechos (no como víctimas) vulnerables; (ii)los niños con discapacidad;(iii) los niños no acompañados; (iii)las causas de la migración (multiplicidad de causas: búsqueda de mejores oportunidades económicas, salir de la pobreza, la discriminación);(iv) la importancia de la evaluación e intervenciones atendiendo al interés superior del niño y(v) el derecho a la no discriminación, entre otros puntos.
Cabe señalar, que el Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los migrantes, condenó la criminalización de los migrantes irregulares, destacando el impacto que esto tiene en el acceso a los servicios. Enfatizó que los niños tienen derechos independientemente de su condición individual. En cuanto a la importancia de las políticas de inmigración, señaló que las mismas nunca deben aplicarse a expensas del disfrute de los derechos del niño y del interés superior del niño.
Habida cuenta que los niños en el contexto de la migración internacional, (especialmente, la inmigración irregular) enfrentan continuas violaciones en sus derechos (acceso a la vivienda, salud, discriminación), se insta a que prevalezca el interés superior del niño en las políticas, programas y prácticas, incorporando un enfoque de derechos del niño en las intervenciones.
En el transcurso del DDG se destacó la importancia de atender a una adecuada prestación de la educación, salud, ocio para los niños en este contexto (de migración internacional); atendiendo a la mayor vulnerabilidad de los niños, combatiendo la explotación económica, el abuso policial, la estigmatización, la falta de acceso a servicios básicos.
Esto lleva a una necesaria coordinación de sistemas entre los distintos actores (estatales y no estatales) para evitar esos actos abusivos y explotaciones.
También se abordó la protección y promoción del derecho del niño a ser oído. El derecho a emitir su opinión, que sea tenida en cuenta y a no ser discriminado constituye uno de los pilares básicos de la noción de sujeto de derechos (arts. 2, 3 CDN).
Aspectos importantes planteados en el DDG
Podemos resaltar otros aspectos planteados en el DDG, mencionando los siguientes:

a) Todos los niños en cuanto sujeto de derechos involucrados en situaciones de migración internacional tiene el derecho al disfrute y goce de sus derechos, sin discriminación (étnica, género, con o sin documentación).

b) Necesidad de incorporar los Derechos del niño en los procesos y leyes de migración (referidos a procedimientos, evaluaciones). El niño debe ser considerado como un sujeto autónomo de derechos.

c) Referencias a buenas prácticas y políticas del Estado (acceso a educación y salud, prestación de servicios adaptados a edad, género y cultura, medidas sobre tutela de los niños).

d) Se identificó como un problema las constantes brechas en la comunicación entre los distintos actores en las fronteras, lo que llevó a la conclusión de la necesidad de elaborar un protocolo de coordinación y actuación, observando normas del debido proceso.

e) Necesidad de que la recopilación de datos e información sea fidedigna.

f) Incluir la protección a todos los niños, sin importar la edad, tomándose medidas para evitar la discriminación (asegurando la enseñanza de idiomas adicionales, o soporte intercultural para que no queden excluidos los niños migrantes).

g) Medidas para los niños con discapacidad, evitando que se obstaculicen las solicitudes con motivo en la discapacidad; garantizar el acceso a los servicios de salud.

h) Garantizar el derecho a la vida familiar, a mantener la unidad familiar, sin recurrir a medidas privativas de libertad. Los Estados tienen la responsabilidad de fortalecer la cohesión social y familiar.

i) Especial atención en materia de salud (tratamiento del trauma durante el proceso de migración y post traumática).

j) Necesidad de aplicar métodos multidisciplinarios para determinar la edad (especialmente en niños de 16 a 18 años). Se propone la utilización de métodos no invasivos antes que aplicar pruebas radiológicas. En caso de duda, siempre deberá valer la presunción a favor del niño.

k) En el caso de niños de padres indocumentados, resulta fundamental arbitrar las medidas pertinentes para acceder a la documentación, registro, regularizando su situación.
Recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño

El Comité, a fin de sensibilizar y crear conciencia sobre los derechos de los niños en el contexto de la migración internacional, efectuó las siguientes recomendaciones:

1) Considerar al niño como un sujeto de derechos, cualquiera sea la condición en que se encuentre.

2) Realizar un abordaje interdisciplinario y holístico de la situación de los niños en el contexto migratorio.

3) Protección y promoción del derecho a la no discriminación: todos los niños tienen derecho al disfrute y ejercicio de sus derechos.

4) Los Estados deben garantizar los derechos previstos en la CDN

5) Adoptar leyes integrales con enfoque de derechos humanos que garanticen los derechos de los niños afectados en el contexto de migración internacional, para el pleno goce y disfrute de los mismos.

6) Emitir directrices para garantizar buenas prácticas.

7) Evaluar el impacto de la migración, políticas y programas sobre los derechos de los niños y su bienestar.

8) Fortalecer los vínculos entre las políticas de desarrollo, políticas de migración y derechos del niño.

9) Mejorar los sistemas de recolección y recopilación de datos sobre las condiciones y el impacto de la migración en los niños.

10) Recabar la opinión de los niños migrantes y sus familias, especialmente teniendo en cuenta sus opiniones para la formulación de políticas públicas y programas.

11) Instar a los Estados a proporcionar iguales normas de protección a todos los niños, (especialmente a los mayores de 16 años) y sin importar su estatus migratorio.

12) Implementar un sistema de seguimiento y medidas de transición para los niños cuando lleguen a los 18 años de edad (que abandonan el contexto de cuidado) a fin de brindar un espacio de transición para obtener, alcanzar la educación e integración en el mercado laboral.

13) Los Estados deben tomar las medidas necesarias para evitar la discriminación, incluyendo a los niños con discapacidades o niños con padres con discapacidades y que los Estados se abstengan de tener en cuenta la discapacidad como motivo de denegación de una solicitud de inmigración.

14) Los Estados deberán efectuar las evaluaciones e intervenciones teniendo en cuenta el interés superior del niño.

15) Proporcionar toda la información en materia migratoria necesaria para la realización y garantía de los derechos de los niños.

16) Reforzar las medidas para garantizar el derecho a la identidad (inscripción de nacimiento, etc), conceder ciudadanía, etc.

17) Los niños no pueden ser penalizados o sujetos a medidas punitivas debido a la situación migratoria de sus padres.

18) Los Estados deben tomar medidas tendientes a proteger contra todo tipo de violencia hacia los niños en el contexto de migración internacional.

19) Respetar el derecho a la vida familiar y que no sean separados los niños de sus padres.

20) Garantizar el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales de los migrantes (independientemente de su estatus migratorio).

21) Garantizar y aplicar medidas para un efectivo acceso al Derecho a la salud.


  1. Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-21/14 del 19 de agosto de 2014. Solicitada por la República Argentina, la República Federativa de Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay

El 7 de julio de 2011 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay solicitaron una Opinión Consultiva sobre la niñez migrante a fin de que el Tribunal precise cuáles son las obligaciones de los Estados en esta temática, las medidas posibles a adoptar con relación a los niños y niñas en su condición de migrantes o la de sus padres, a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos33, Declaración Americana de derechos y deberes del hombre y la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura.
Cabe señalar que el art. 64 de la CADH expresamente dispone que “…1. Los Estados miembros de la Organización podrán consultar a la Corte acerca de la interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos. Asimismo, podrán consultarla, en lo que les compete, los órganos enumerados en el capítulo X de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires.
2. La Corte, a solicitud de un Estado miembro de la Organización, podrá darle opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los mencionados instrumentos internacionales…”

Es dable mencionar que “… la función consultiva constituye “un servicio que la Corte está en capacidad de prestar a todos los integrantes del sistema interamericano, con el propósito de coadyuvar al cumplimiento de sus compromisos internacionales” sobre derechos humanos…”34.
El tema de la condición y situación migratoria no es ajeno a los organismos internacionales, adquiriendo hoy una actualidad que nos enfrenta con crudas realidades, requiriendo en el abordaje de la situación de los migrantes un enfoque de derechos humanos. Ello implica una mirada e intervención poniendo en valor la dignidad, igualdad y no discriminación.

Con respecto a la niñez, existen dos documentos interesantes que encaran dicha temática: la Observación General nro.6 del 2005 sobre el “Trato de los menores no acompañados y separados de su familia fuera de su país de origen”35 y el Día de Debate General sobre “El derecho de todos los niños en el contexto de la migración internacional” (2012).36
Objeto de la Consulta

La consulta formulada por los Estados solicitantes, se centró en los siguientes temas37:

  • Procedimientos adecuados para identificar riesgos para los derechos de los niños, las necesidades de protección internacional y medidas a adoptar.

  • Garantías de debido proceso que deben regir respecto de los niños migrantes.

  • El principio de última ratio de la detención como medida cautelar en el marco de procedimientos migratorios (niños acompañados o no acompañados o separados de sus padres).

  • Características de las medidas alternativas adecuadas de protección de niños.

  • Condiciones de alojamiento de los niños migrantes

  • Alcance del principio de no devolución.

  • Alcance de un potencial asilo y medidas en el caso de la deportación de uno o ambos padres por su condición migratoria.

La Corte emitió la OC el 19 de agosto de 2014, precisando las obligaciones de los Estados respecto de los niños y niñas migrantes y de sus padres, siendo fundamental que se tome en consideración dicha condición migratoria a la hora de diseñar, adoptar o ejecutar políticas públicas.
Consideraciones Generales

La migración internacional es un fenómeno complejo que puede involucrar a dos o más Estados, entre países de origen, de tránsito y destino, esto es respecto de migrantes, solicitudes de asilo y refugiados.

Las causas que motivan la migración son variadas, entre las que podemos citar:

  • Búsqueda de oportunidades económicas, educativas.

  • Mejor calidad de vida.

  • Existencia de conflictos bélicos, crimen organizado.

  • Cambios en el medio ambiente; desastres naturales.

  • Por seguridad.

  • Violación masiva de derechos humanos.

  • Pobreza extrema, abuso sexual, explotación.


Todo ello denota precisamente una complejidad que requiere de una mirada global e integrada, para responder a las necesidades y requerimientos de protección.

La Corte precisa qué se entiende por protección internacional: “…Por protección internacional se entiende aquella que ofrece un Estado a una persona extranjera debido a que sus derechos humanos se ven amenazados o vulnerados en su país de nacionalidad o residencia habitual, y en el cual no pudo obtener la protección debida por no ser accesible, disponible y/o efectiva…”.38
También aclara el Tribunal que la expresión protección internacional comprende: a) la protección recibida por personas solicitantes de asilo y refugiadas, con fundamento en convenios internacionales o legislación interna, en la definición ampliada de la Declaración de Cartagena; b) protección de cualquier extranjero con base en las obligaciones internacionales de derechos humanos, especialmente el principio de no devolución y otras formas de protección humanitarias; c) y la protección recibida por personas apátridas.

Señala la Corte que se hace efectiva la protección internacional al admitir a un potencial solicitante de asilo en un país seguro, garantizando el derecho de buscar y recibir asilo y el respeto del principio de no devolución hasta lograr una solución duradera.

Se hace hincapié en la obligación de los Estados de construir sus políticas migratorias en un marco de respeto de los derechos humanos.
Sobre las obligaciones generales y principios rectores

La OC se centra en tres disposiciones de la CADH que considera vitales:

  1. Art. 1.1: el deber estatal de respeto y garantías de los derechos humanos de toda persona que se encuentre sujeta a la jurisdicción del Estado. Esto implica un tratamiento sin discriminación.

  2. Art. 2: Cada Estado debe adecuar su derecho interno a las disposiciones de la Convención, para garantizar los derechos allí reconocidos.

  3. Art. 19: obligación de los Estados de adoptar las medidas de protección a favor de los niños y niñas en virtud de su condición de tal.

La Corte pone el acento también en un enfoque de derechos humanos con una perspectiva transversal en materia de derechos del niño, al formular políticas migratorias.

Son considerados fundamentales por otro lado, los cuatro principios rectores según la Convención de los derechos del niño: el principio de no discriminación (art. 2); el interés superior del niño (art. 3); el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo (art. 6) y el derecho a ser oído del niño y a emitir su opinión en todo proceso que lo involucre (art.12). Estos principios son el eje central sobre el que se realizan los demás derechos.
Sobre procedimientos para identificar necesidades de protección internacional de niñas y niños migrantes y, en su caso, adoptar medidas de protección especial.

La Corte destaca que todo niño tiene derecho a buscar y recibir asilo. Es un derecho humano individual (en el marco del Sistema Interamericano). Esto incluye al refugiado, debiendo realizarse un análisis integral y transversal de la normativa internacional.

Se debe tomar en cuenta una definición más incluyente en la región para otorgar protección de refugiado, habida cuenta de las distintas causas que motivan el traslado o desplazamiento de las personas.
La Corte apunta a diferenciar las personas que migran en búsqueda de mejores oportunidades, de los que requieren protección internacional, para brindar el tratamiento adecuado, rodeando de todas las garantías al mismo.
Por eso, resulta fundamental el establecimiento de procedimientos de identificación de las necesidades de protección, que es una obligación positiva de los Estados. El no instituir dichos procedimientos, constituiría una falta de debida diligencia.
Es importante en el procedimiento la identificación del niño o niña (hace a su identidad) como también la evaluación del caso, con garantías, teniendo en cuenta el tratamiento acorde a la condición de niño o niña; determinación de la edad (en caso de duda, se considera niño o niña); si está o no acompañado o separado de sus padres; nacionalidad; motivo de salida del país; vulnerabilidad. En todo proceso e intervención se deberá tener en cuenta el interés superior del niño como criterio rector.
Sobre las garantías de debido proceso aplicables en procesos migratorios que involucran a niñas y niños

El acceso a la justicia es un derecho que debe ser protegido y garantizado, ya que es un derecho que hace a la realización de los demás derechos humanos reconocidos al niño.

En cuanto al debido proceso respecto de los niños y niñas, la Corte precisa que deben garantizarse:

  • Derecho a ser notificado de la existencia de un procedimiento.

  • Que los procesos migratorios sean llevados por funcionarios especializados.

  • Derecho a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta (art. 12 CDN).

  • Derecho a asistencia letrada gratuita

  • Derecho a un intérprete o traductor gratuito.

  • Derecho a la asistencia y comunicación consular.

  • Designación de un tutor (en el caso de niños no acompañados o separados de sus padres).

  • Que la decisión que se tome se funda en el Interés superior del niño.

  • Derecho a recurrir con efecto suspensivo.

  • Plazo razonable.


Sobre el principio de no privación de libertad de niñas o niños por su situación migratoria irregular.

La Corte estimó que el principio de última ratio de la privación de libertad de niñas y niños no constituye un parámetro operativo en el ámbito sometido a consulta, esto es, a los procedimientos migratorios.

Se debe considerar que la infracción de la ley migratoria no puede tener las mismas consecuencias que las derivadas de la comisión de un delito.

Frente a este tipo de casos, se deben disponer de medidas alternativas menos lesivas y proteger prioritariamente y de modo integral los derechos de los niños y niñas.
Sobre las características de las medidas prioritarias de protección integral de los derechos de niñas y niños migrantes y garantías para su aplicación.

Teniendo presente la regla general de la libertad del niño y niña mientras se resuelve la situación migratoria, la Corte sostuvo que ante la mayor vulnerabilidad que implica una situación migratoria irregular, los Estados deben tomar todas las medidas tendientes a la protección integral de los niños.
Ello bajo un enfoque de derechos humanos y conforme el interés superior del niño.
Sobre las condiciones básicas de los espacios de alojamiento de niñas y niños migrantes y las obligaciones estatales correspondientes a la custodia por razones migratorias.

En cuanto a los lugares de alojamiento de niños y niñas migrantes, los mismos deben ser adecuados a tal fin, recalcando la Corte la necesidad de separar a las personas migrantes, de aquellas condenadas por delitos.

Otro principio vital a tener en cuenta, es el de la unión familiar y en los casos de niños y niñas separados o no acompañados por sus padres, deben ser alojados separados de los adultos.

Los lugares de alojamiento deben reunir las condiciones adecuadas y los niños deben estar bajo un régimen propio de un ambiente no privativo de la libertad.
Sobre las garantías de debido proceso ante medidas que impliquen restricciones o privaciones de la libertad personal de niñas y niños por razones migratorias.

La privación de la libertad es una medida excepcional. No obstante ello, la Corte fijó pautas para tener en cuenta sobre el debido proceso.

El Tribunal consideró las siguientes garantías: “… (i) legalidad de la; privación de libertad; (ii) prohibición de detenciones o encarcelamientos arbitrarios; (iii) derecho a ser informado de los motivos del arresto o detención en un idioma que comprenda; (iv) derecho a ser llevado, sin demora, ante un juez u otro funcionario competente; (v) derecho a notificar a un familiar, tutor o representante legal y a comunicarse con el exterior y, en particular, con los organismos internacionales especializados; (vi) derecho a la información y acceso efectivo a la asistencia consular; (vii) derecho a la asistencia jurídica a través de un representante legal y, en caso de niñas y niños no acompañados o separados, a que se nombre un tutor; y (viii) derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención…”39.
Principio de no devolución (non-refoulement)

Este principio, constituye la piedra angular de la protección internacional de las personas refugiadas y de las solicitantes de asilo40.

Es un principio que permite dotar de eficacia al derecho a buscar y recibir asilo, siendo considerado también como un derecho autónomo establecido en la Convención y una obligación derivada de la prohibición de la tortura y otras normas de derechos humanos y, en particular, de la protección de la niñez.
El primer instrumento internacional en codificarlo, fue la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. El art. 33.1 dispone que el principio de no devolución es una medida efectiva para garantizar el ejercicio del derecho a buscar y recibir asilo que bajo dicho tratado asume la modalidad específica del estatuto del refugiado.41
La Convención Americana establece en el art. 22.8 la prohibición de expulsión o devolución de cualquier “extranjero” a “otro país, sea o no de origen” -es decir, a su país de nacionalidad o, en caso de una persona apátrida, al de residencia habitual o bien a un tercer Estado en el cual “su derecho a la vida o a la libertad” estén en “riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas”.
La prohibición de devolver, expulsar, remover, deportar, transferir a un niño o niñas cuando su vida, su seguridad, libertad está en riesgo, se vincula también con otras normas de derechos humanos, otorgándole un plus o protección adicional.

Tratándose de niños y niñas, debe aplicarse un enfoque de derechos humanos con una perspectiva de género y edad, con aplicación de la Convención de los derechos del niño (corpus juris en materia de niñez y adolescencia), donde el interés superior del niño debe estar presente en toda decisión que los vincule.42
Sobre los procedimientos para garantizar el derecho de las niñas y niños a buscar y recibir asilo.

La Corte expresó que los procedimientos en este tipo de casos deben ser justos y eficientes, debiendo los Estados diseñar y poner en marcha lo necesario para garantizar los derechos de los niños y niñas en cuestión.

A tal efecto, se debe considerar: no obstaculizar el ingreso al país; tramitar en forma prioritaria las solicitudes de asilo de niños y niñas; personal especializado para determinar el estado de salud; evitar revictimizaciones en el registro y entrevistas; disponer de un lugar apropiado de estadía ; emitir un documento de identidad para evitar la devolución ; designación de tutor en caso que los niños estén solos (no acompañados o separados de sus padres); proceder a la reunificación familiar. Deben adoptarse todas las medidas que contemplen el interés superior del niño.
Sobre el derecho a la vida familiar de las niñas y los niños en el marco de procedimientos de expulsión o deportación de sus progenitores por motivos migratorios

En este punto, se debe contemplar en toda decisión administrativa o judicial, el interés superior del niño, como la aplicación articulada de los derechos a la protección de la familia y a la protección contra injerencias arbitrarias o abusivas en la vida de la familia.43

Frente a la decisión acerca de la separación familiar por causa de la expulsión por la condición migratoria de los padres, se debe analizar de manera cuidadosa, ponderando los intereses en juego. En los supuestos en que la niña o niño tiene derecho a la nacionalidad del país del cual uno o ambos padres pueden ser expulsados o bien cumple con las condiciones legales para residir en forma permanente allí, los Estados no pueden expulsar a uno o ambos progenitores por infracciones migratorias de carácter administrativo, pues se sacrifica de forma irrazonable o desmedida el derecho a la vida familiar del niño/a.44


  1. ONU Mujeres Monitoreo de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas en la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030: oportunidades y retos para América Latina y el Caribe45.

  • Para las Naciones Unidas, retomar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, a fin de lograr con ellos lo que no se consiguió, constituye uno de los propósitos en el camino para promover la igualdad de género y el respeto y realización de los derechos humanos de las mujeres y niñas.

  • La lucha contra la pobreza, el hambre, las desigualdades, la construcción de sociedades inclusivas, se logrará con una agenda con objetivos claros, donde la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y niñas, sean herramientas fundamentales para la construcción de una verdadera cultura de derechos.

  • El respeto, garantía y realización de los derechos humanos, en un pie de igualdad y sin discriminación y con una perspectiva de género, resultan elementos vitales para lograr una efectiva inclusión y empoderamiento de sectores más vulnerables, entre los que se encuentran las mujeres y niñas. La perspectiva de género en el diseño de toda política pública, constituye un motor esencial para el desarrollo de los pueblos, que será justo, equitativo, sostenible, integral y compatible con los derechos humanos siempre y cuando las mujeres de todas las edades y las niñas, sean consideradas como verdaderos agentes de cambio de la sociedad. Una sociedad inclusiva donde todos son protagonistas: hombres, mujeres, niñas, niños varones, individuos de todas las edades, en un pié de igualdad y sin discriminación, donde se eliminen las barreras que obstaculicen el acceso a la educación, salud, justicia, a un desarrollo sostenible.

  • ONU MUJERES, teniendo en cuenta estos objetivos y metas, presentó en septiembre de 2015 el documento Monitoreo de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas en la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030: oportunidades y retos para América Latina y el Caribe.

  • Dicho documento contiene la propuesta técnica global de indicadores para monitorear la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, (ODS) en dos ámbitos: 1) empoderamiento económico de las mujeres a partir de su vinculación con el uso del tiempo y trabajo doméstico y de cuidados no remunerados; y 2) violencia contra las mujeres y niñas.46




  1. Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Estándares jurídicos vinculados a la igualdad de género y a los derechos de las mujeres en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: desarrollo y aplicación47.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el 18/11/2015 el informe Estándares jurídicos vinculados a la igualdad de género y a los derechos de las mujeres en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: desarrollo y aplicación.

Tiene como finalidad, constituirse de herramienta de aplicación por parte de los Estados miembros, con miras a la protección de los derechos de las mujeres.
La realidad del continente americano muestra un escenario donde la violencia, desigualdad social y los obstáculos en el acceso a la justicia de las mujeres todavía constituyen impedimentos para una realización plena del ejercicio y goce de los derechos humanos.

La Comisión señala que el desarrollo de estándares jurídicos en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos debe estar acompañado por actividades concretas de los Estados para su realización.

El acceso a la justicia, la garantía de un acceso de jure y de facto a recursos judiciales, son considerados esenciales para superar la discriminación y violencia contra las mujeres.

En este informe se analiza el impacto de los estándares, recomendaciones y decisiones del Sistema Interamericano en la jurisprudencia emitida por los países americanos, vinculados a la igualdad de género y violencia contra la mujer.
Podemos señalar algunos objetivos del Informe, tales como:

  • Analizar y sistematizar las sentencias judiciales que aplican de manera explícita los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en pos de la igualdad de género y derechos de las mujeres.

  • Promover el uso de los estándares jurídicos del SIDH por los Poderes Judiciales de la región.

  • Crear una herramienta para utilizar los estándares del SIDH.

  • Contribuir al desarrollo de los estándares jurídicos por parte de los órganos del SIDH.

  • La Comisión apoya a los Estados miembros de la OEA en el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos, igualdad de género y derechos de las mujeres.


La Comisión considera vital en la defensa y promoción de los derechos humanos a la administración de justicia. El rol de los Poderes Judiciales es esencial, pero también se requiere que los Estados en todas las áreas comprometan su accionar en defensa de los derechos de las mujeres.

El análisis de las sentencias constituye una herramienta valiosa orientada hacia el “empoderamiento” de la normativa internacional de derechos humanos para los Estados en todos los ámbitos.

El Informe está dividido en tres capítulos: Capítulo I sobre la Violencia contra las mujeres; Capítulo II sobre la Discriminación contra las mujeres y el Capitulo III sobre las Conclusiones.

En ellos se analizan aspectos vinculados a la violencia doméstica; relación entre discriminación y violencia; acceso a la justicia; mujeres en situación de desplazamiento; homicidio y violencia contra la mujer; trata; derechos laborales ; derechos económicos, sociales y culturales; derechos reproductivos; derechos sexuales y medios de comunicación.

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