Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Estándares jurídicos vinculados a la igualdad de género y a los derechos de las mujeres en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: desarrollo y aplicación






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La decisión de la Corte Europea


La Corte europea decidió que la ley francesa contenida en el Código de Salud Pública que en el marco de una muerte digna autoriza la suspensión de tratamientos de hidratación y alimentación cuando estos constituyan tratamientos irrazonables que demuestren obstinación terapéutica no viola la Convención de Derechos Humanos, en su artículo 2 que obliga a los Estados a la protección de la vida.
El Tribunal recordó que la primera frase del artículo 2, impone al estado la obligación de no sólo a abstenerse de matar a 'intencionalmente' (obligación negativa) sino también lo obliga a tomar las medidas necesarias para la protección de personas sometidas a su jurisdicción (obligaciones positivas) (L.C.B. v. Reino Unido, 09 de junio de 1998, § 36, informes de fallos y decisiones 1998-III).
A continuación la Corte examinó primero si en este caso el Estado Francés había violado obligaciones negativas en relación con el artículo 2 de La Convención Europea de Derechos Humanos y luego investigó si había vulnerado las obligaciones positivas con respecto a la vida de los ciudadanos.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, señala que la ley francesa del 22 de abril del 2005 no vulnera las obligaciones negativas del Estado frente a la vida porque no reconoce ni la eutanasia, ni el derecho al suicidio asistido sino que acepta que detener la alimentación y la hidratación pueden ser legítima en el caso de obstinación no razonable y que ello no es matar voluntariamente (punto 118)
La Corte Europea de Derechos Humanos establece una distinción entre muerte voluntariamente impuesta y la abstención terapéutica (véanse los párrafos 119-120) subraya la importancia de esta distinción y sostiene que en el contexto de la legislación francesa, que prohíbe intencionalmente causar la muerte el Estado no viola el artículo 2 de la Convención si en circunstancias excepcionales como las del caso suspende los procesos que mantienen artificialmente la vida.
En cuanto a las obligaciones positivas el Artículo 2 impone al estado la obligación de adoptar las medidas necesarias para la protección de la vida de las personas bajo su jurisdicción. En el campo de la salud pública, estas obligaciones positivas implican la creación por el estado de un marco regulatorio que requieren los hospitales, ya sean privados o públicos, la adopción de medidas para garantizar la protección de la vida de los enfermos.
Para determinar el cumplimiento de las obligaciones positivas el Tribunal tuvo en cuenta los siguientes elementos:-la existencia en el derecho y la práctica de un marco legislativo interno cumple con los requisitos del artículo 2; -teniendo en cuenta deseos previamente expresados por el solicitante y sus familiares y la opinión de otros miembros del personal médico; -la posibilidad de un recurso judicial en caso de duda sobre la mejor decisión a tomar en beneficio del paciente También tuvo en cuenta los criterios establecidos por la " Guía sobre el proceso de toma de decisiones relacionadas con el tratamiento médico al final de la vida del Consejo de Europa”.
La Corte encuentra que no existe un consenso entre los Estados miembros del Consejo de Europa para permitir la suspensión del tratamiento que mantiene artificialmente la vida, aunque la mayoría de los Estados le permiten, las modalidades que enmarcan la discontinuación del tratamiento son variables de un estado a otro, sin embargo existe un consenso sobre el papel central de la voluntad del paciente en la decisión, independientemente del modo de expresión
En consecuencia, la Corte considera que, en esta área que toca el final de la vida, como en lo que afecta al inicio de la vida, procede conceder un margen de apreciación a los Estados, no solamente en cuanto a la posibilidad de permitir o no interrumpir el tratamiento que mantiene artificialmente la vida y sus modalidades de aplicación, sino también en cuanto a la forma de garantizar un equilibrio entre la protección del derecho a la vida del paciente y el derecho al respeto de su vida privada y autonomía personal.
Con referencia concreta a si estaban comprendidos en la suspensión de tratamientos la suspensión de la alimentación e hidratación al Tribunal de Estrasburgo recordó que “ El Consejo de Estado Francés, en su decisión del 14 de febrero de 2014, consideró, teniendo en cuenta las disposiciones de los artículos l. 1110-5 1111-4 que el legislador había tenido la intención de incluir en estos tratamientos, todos los actos tendientes a mantener artificialmente las funciones vitales del paciente y que la alimentación artificial e hidratación fueron parte de estos actos.” Las observaciones presentadas ante el Consejo de Estado respecto de amicus curiae convergen en este punto.
La sentencia creará jurisprudencia, pues es la primera vez que el alto tribunal europeo se pronuncia sobre este asunto que ha provocado en Francia un enorme debate social, ya que la mujer de Lambert, partidaria de que su esposo tenga un final de vida digno, está respaldada por cinco de sus hermanos y hermanas más un sobrino. El paciente no había dejado escritas sus voluntades. La madre de Lambert ha declarado al conocer la sentencia que "no dará su brazo a torcer" y no dejará que su hijo se muera.
Pese al aval del Tribunal de Estrasburgo a la decisión del Consejo de Estado de dejar morir de inanición a Lambert, el doctor a su cargo actualmente en el CHUS de Reims no ha estimado correcto proceder a la retirada de la nutrición e hidratación a Vincent Lambert.

Ante esta situación, el sobrino de Lambert había instado de nuevo la ejecución de la decisión del Consejo de Estado. El tribunal se ha negado a admitir la petición, considerando que “los principios de independencia profesional y moral de los médicos” constituyen un derecho del paciente, que impide que un médico pueda ser considerado un simple ejecutor de decisiones adoptadas por un colega. No es posible obligar jurídicamente a un médico a obrar en contra de su criterio profesional, imponiéndole el de otro médico.
A juicio del Tribunal, el criterio médico del Dr. Kariger, por más lícito que pueda considerarse (y así lo han hecho tanto el Consejo de Estado francés como, indirectamente, el TEDH), no genera un derecho que pueda ser oponible frente al Dr. Simon, en forma tal que éste debiera quedar vinculado por dicho criterio.
Es decir, una cosa es que la decisión del Dr. Kariger no sea contraria al derecho y otra, muy distinta, que de esa licitud se genere un derecho positivo que permita a nadie exigir jurídicamente la ejecución de esa decisión en contra del criterio médico del Dr. Simon que tiene un derecho a hacer valer su independencia profesional y moral frente a cualquier pretensión de convertirle en el mero ejecutor de las decisiones de un colega.


  1. Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Discriminación por SIDA. Violación al derecho a la educación: caso “Gonzalez Lluy y otros vs. Ecuador.” Sentencia del 1 de septiembre de 201510.



La Corte IDH dictó el 1 de septiembre de 2015 sentencia en el caso Gonzalez Lluy y otros contra Ecuador, declarando a Ecuador responsable por la violación de derechos humanos11 respecto de la niña Talía Gabriela, su madre y hermano.


  1. Los hecho del caso

El caso trata la situación vivida por Talía Gabriela González Lluy. Cuando la niña contaba con tres años de edad, fue contagiada con el virus de VIH producto de una transfusión sanguínea llevada a cabo en una clínica privada. La sangre provenía de un banco de sangre de la Cruz Roja12. Cabe destacar que en la transfusión, no se habían realizado las pruebas serológicas pertinentes. A la edad de cinco años, Talía ingresó a la escuela pública (“en el primer curso de básica”), cuando dos meses después el director del establecimiento decidió que no concurriera más, al enterarse por una profesora que la niña estaba contagiada con VIH y hasta tanto las autoridades educativas indicaran qué hacer o cómo solucionar el problema (sic).

Su madre inició un amparo constitucional por privación del derecho a la educación, solicitando el reintegro a la escuela de su pequeña hija. El Tribunal competente declaró inadmisible dicho recurso, manifestando que la niña podía recibir instrucción a distancia y en forma particular; como así también que existían intereses encontrados (el derecho a la educación de la niña frente al derecho del grupo estudiantil, priorizándose los derechos sociales o colectivos, como el derecho a la vida por sobre el derecho a la educación).

La familia inició distintas acciones civiles y penales. La acción penal prescribió y el proceso civil no prosperó debido al criterio sostenido por la 1 Sala de la Corte Suprema de Justicia, por el cual no podía demandarse indemnización de daños y perjuicios civil derivado de una infracción penal, mientras no existiera una sentencia penal condenatoria ejecutoriada.


  1. Decisión de la Corte IDH

La Corte consideró que confluyeron distintos factores de vulnerabilidad y discriminación, tales como la condición de niña, mujer, situación de pobreza y persona con VIH. La familia de Talía Gabriela Gonzalez Lluy se vió expuesta a diferentes situaciones de discriminación y aislamiento13.
Es importante destacar que por primera vez, se introdujo el concepto de “interseccionalidad de la discriminación “.14 Al respecto, el Alto Tribunal señaló que : “…La discriminación que vivió Talía no sólo fue ocasionada por múltiples factores, sino que derivó en una forma específica de discriminación que resultó de la intersección de dichos factores, es decir, si alguno de dichos factores no hubiese existido, la discriminación habría tenido una naturaleza diferente…”15.
La Corte IDH declaró que se vulneraron el derecho a la vida, integridad personal, derecho a la educación y garantías judiciales respecto del proceso penal.16 En la sentencia también se aborda de manera integral el derecho a la educación y el derecho a la salud y de qué manera ha impactado en la vida de Talía la situación de pobreza en el acceso a la educación y salud.

Con respecto al derecho a la vida e integridad personal, la Corte hizo hincapié en el deber del Estado de supervisión y fiscalización del servicio de salud (incluso en el ámbito privado).
Con relación al derecho a la educación, el Tribunal recordó que se encuentra contenido en el art. 13 del Protocolo de San Salvador, teniendo competencia para decidir en casos contenciosos según art. 19 del Protocolo.
La Corte puso el acento en consideraciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre el derecho a la educación, recordando que la educación es un derecho humano intrínseco y un medio indispensable de realizar otros derechos humanos. Así también señaló que para garantizar el derecho a la educación debe velarse para que en todos los niveles educativos se cumpla con cuatro características esenciales: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Con relación a las personas que conviven con VIH/SIDA, la Corte señala que son tres las obligaciones inherentes al derecho a la educación: el derecho a disponer de información oportuna y libre de prejuicios sobre VIH/SIDA; prohibición de impedir el acceso a los centros educativos a personas con VIH/SIDA y el derecho a una educación que promueva su inclusión y no discriminación en el entorno social.
En consecuencia, en virtud de tales violaciones, la Corte ordenó:

  • Que el Estado de Ecuador brinde gratuitamente tratamiento médico y psicológico a Talía Gabriela, incluyendo suministro de medicamentos.

  • Realización de un acto público de reconocimiento de la responsabilidad internacional.

  • Otorgar a la niña Talía Gabriela Gonzalez Lluy de una beca 17(universitaria y de posgrado) sin condicionamiento a la obtención de calificaciones para ser acreedora de beca por excelencia.

  • Entrega de una vivienda digna.

  • Capacitación a funcionarios de salud sobre mejores prácticas y derechos de pacientes con VIH.

  • Pago de indemnizaciones.

Los Jueces Humberto Sierra Porto, Alberto Pérez Pérez y Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot emitieron votos concurrentes en el presente caso. Al voto del juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot se adhirieron los jueces Roberto F. Caldas y Manuel E. Ventura Robles.

Resulta interesante el voto del Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, por cuanto sostiene que es el primer caso en la historia de la Corte IDH en el que se declara la violación de una norma prevista en el “Protocolo de San Salvador”18.


  1. Independencia Judicial. Libertad de expresión de los jueces. Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso “Lopez Lone y otros vs. Honduras”. Sentencia del 5 de octubre de 201519.


La Corte IDH dictó el 5/10/2015 una sentencia por la que declaró que el Estado de la República de Honduras era responsable de la violación de los siguientes derechos: libertad de expresión, derecho de reunión, derechos políticos, derecho de asociación, garantías judiciales, protección judicial, derecho a permanecer en el cargo en condiciones de igualdad y el principio de legalidad. Ello, en el marco de los procesos disciplinarios realizados contra los jueces: Adán Guillermo Lopez Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha, Ramón Enrique Barrios Maldonado y la jueza Tirza del Carmen Flores Lanza.

Los mismos fueron destituídos y tres de ellos separados del Poder Judicial.

Los procesos disciplinarios fueron iniciados por conductas de las víctimas en defensa de la democracia y Estado de Derechos, en el contexto del golpe de Estado ocurrido en Honduras en 2009.

Este caso resulta interesante por las consideraciones del Tribunal Interamericano en torno a la defensa de la democracia, a la libertad de expresión, de reunión, y de valores que hacen a un Estado de Derecho, haciendo hincapié en la independencia del poder judicial y la actuación como ciudadanos integrantes de una sociedad, libre y democrática.


  1. Los hecho del caso. Contexto político.


Realizaremos una breve referencia al contexto político en el que se sucedieron los hechos.
El entonces presidente Zelaya Rosales, entre los meses de marzo a mayo de 2009 dictó unos decretos ejecutivos con la finalidad de convocar a una consulta popular y encuesta de opinión nacional sobre la posibilidad de instalar una cuarta urna en las elecciones de noviembre de 2009, para decidir sobre la convocatoria a una asamblea nacional constituyente que aprobara una nueva constitución política.
Por orden judicial se suspendió la consulta popular; no obstante lo cual, Zelaya impulsó la misma. Esto generó reacciones entre el Tribunal Supremo Electoral (que declaró ilegal la encuesta) y el presidente Zelaya.
En junio de 2009 efectivos del ejército privaron de su libertad a Zelaya, conduciéndolo a Costa Rica. Se tuvo conocimiento posteriormente que la captura fue requerida por el Fiscal General a la CS por presuntos delitos de abuso de autoridad, usurpación de funciones en perjuicio de la administración pública y el Estado de Honduras.
El 28/6/2009 el Congreso Nacional dió lectura a una “supuesta carta de renuncia” de Zelaya, nombrando al Presidente del Congreso, Presidente constitucional. La CS calificó esos hechos como una sucesión constitucional.
Estos hechos fueron calificados como “golpe de estado” y condenados por la OEA y la ONU, tomándose medidas en cuanto a la participación de Honduras en el seno de la OEA.

Posteriormente se celebraron acuerdos de reconciliación y consolidación, convocándose a elecciones en noviembre de 2009, resultando electo el sr. Porfirio Lobos.
Luego del golpe de Estado, las víctimas de este caso, realizaron distintas actuaciones a favor de la democracia y el Estado de Derecho. Se iniciaron procesos disciplinarios como consecuencia de ello.
Cabe destacar que las víctimas eran miembros de la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) la cual se manifestó en contra del golpe de Estado y a favor del Estado de derecho.

Con respecto al proceso disciplinario, la legislación hondureña preveía dos procesos:

a) el establecido por la Constitución (la CS debía nombrar y remover a los jueces a propuesta del Consejo de Carrera Judicial).

b) el establecido por la Ley de Carrera Judicial.

En este caso el proceso se hizo a propuesta de la Dirección de Administración de Personal, actuando el Consejo de Carrera Judicial como órgano de impugnación (no como órgano consultivo.).
Sobre los procesos disciplinarios

A continuación señalaremos los hechos que motivaron las medidas disciplinarias respecto de cada juez en este caso.
A.G. Lopez Lone: Por recomendación de la Dirección de Administración de Personal, la CS destituyó al juez Lopez Lone, por haber participado en una manifestación política en espera del regreso del presidente Zelaya.20

La CS lo destituye por incumplimiento y violación de deberes, incompatibilidades y conductas establecidas en la Ley de Carrera Judicial. La parte efectuó un reclamo que fue rechazado.
T.d.C. Flores Lanza: Por recomendación de la Dirección de Adminstración de Personal, la CS destituye a la jueza Flores Lanza, por haber presentado denuncia penal ante la Fiscalía General contra miembros de las Fuerzas Armadas, por interponer un amparo a favor del Presidente Zelaya y en contra del jefe del Estado Mayor conjunto. La CS destituye a la jueza, por las acciones que ejerció (procuración, presentación de amparo, denuncia). Efectuó un reclamo ante el Consejo de Carrera Judicial que fue rechazado.
L.A. Chévez de la Rocha21: En ocasión de observar la marcha contra el golpe de Estado, fue detenido y posteriormente liberado. Con motivo de una investigación que se realizó, prestaron declaración funcionarios judiciales que declararon haber sufrido faltas de respeto por parte de Chévez y ser incitados por el mismo a protestar en la marcha contra el golpe de estado

La CS destituyó al juez, por recomendación de la Dirección de Administración de Personal. Chévez presentó un reclamo y la restitución al cargo. El Consejo hizo lugar al reclamo pero rechazó el pedido de restitución, ya que consideró probado que al sr. Chévez lo “avergonzaba pertenecer al poder judicial y que trabajaba por necesidad”, sumado además que ya fue sustituído en el cargo por otra persona.

El Consejo resolvió indemnizar al sr. Chévez.
R.E. Barrios Maldonado: A raíz de un artículo donde figura como autor Barrios Maldonado en un diario, donde se afirma la existencia de un golpe de estado, se realiza una investigación, que culminó con la destitución por la CS del juez, por atentar contra la dignidad del Poder Judicial, por haber participado en una conferencia en la que se censuró la actuación de la CS22.

Efectuado el reclamo por Barrios Maldonado para ser reintegrado en sus funciones, el Consejo de Carrera judicial deja sin efecto la destitución y lo mantiene en el cargo.

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