Resumen El presente trabajo tiene como objetivo analizar cuál ha sido la participación del sector privado en el sector de agua en los países latinoamericanos.






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ORGANIZACION Y REGULACION DEL SERVICIO DE AGUA EN AMERICA LATINA

BRASIL, URUGUAY, PERU, COLOMBIA, CHILE Y ARGENTINA

Regoli Roa, S.
Lic. Economía y Mag. en Administración Pública - FCE-UNL

Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo analizar cuál ha sido la participación del sector privado en el sector de agua en los países latinoamericanos. Se ha procedido a la descripción de los elementos más importantes de la organización y de la regulación de seis casos de estudio: los servicios de agua potable y saneamiento en Brasil, Uruguay, Perú, Colombia, Chile y Argentina.

Este estudio de casos forma parte de un proyecto de investigación sobre la regulación del servicio de agua potable y saneamiento en países europeos, latinoamericanos y Argentina.

La conclusión principal de este trabajo es que los casos de Brasil, Uruguay y Perú revelan la enorme resistencia de la población de algunos países latinoamericanos a la privatización de las empresas del sector de agua potable. En Argentina, donde la penetración del sector privado fue similar a la del caso chileno, varias provincias han reestatizado el servicio.

En Colombia, a pesar de algunas privatizaciones, la mayor parte de los servicios está en manos del sector público.

De los casos analizados, sólo Chile se puede citar como un caso exitoso de participación privada.

Regulación – organización –agua potable – Latinoamérica - servicio público

Abstract

This study aims to analyze the private sector participation in the water industry in the Latin American countries. We describe the most important ts of the organization of six cases: water and sanitation services in Brazil, Uruguay, Peru, Colombia, Chile ad Argentina.

These cases are part of a research project on the regulation of the water and sanitation services in Europe, Latin America and Argentina.

The main conclusion of this study is that the cases of Brazil, Uruguay and Peru reveal the enormous resistance of the population in some Latin American countries to privatization in the water industry.

In Argentina, where this process has been similar to the chilean case, the firms of many states are returning to public ownership. In Colombia, despite the privatization process, the services are generally provided by state-owned enterprises. Among these cases, only Chile can be viewed as a

succesful one.

Regulation – organization – water – Latinamerica – public utility
Introducción

América Latina cuenta con una población próxima a los 517 millones de habitantes.

Presenta una gran diversidad física, cultural y económica, así como una gran heterogeneidad en la distribución de sus recursos hídricos. América Latina se ha caracterizado por un acelerado proceso de urbanización, y cuenta con 389 millones de habitantes en áreas urbanas, de los cuales 10% aún carece de acceso al agua potable en sus hogares y 14% no posee una solución adecuada para la disposición de sus efluentes líquidos. (Pena Pereira, 2002).

Definimos saneamiento básico como un conjunto de actividades de abastecimiento de agua, colecta y disposición de aguas servidas. Estos servicios son esenciales para el bienestar físico de la poblacioon.

Las redes de agua potable y saneamiento latinoamericanas se desarrollaron fundamentalmente entre las décadas del 40 y 60, gestionadas en forma centralizada por el sector público. los logros en el aumento de la cobertura fueron importantes, pero en lo que respecta a la universalización de los servicios, eficiencia y sustentabilidad económico-financiera se alcanzaron resultados muy inferiores a aquellos de las economías desarrolladas con similares modelos de gestión.

La crisis fiscal de los 80 encontró a la región con la infraestructura incompleta y la operación de los servicios altamente dependiente del presupuesto nacional tanto para el mantenimiento como para la inversión. (Corrales, 2003).

Se inicia, entonces, una revisión del rol de los Estados, analizando distintas posibilidades de participación del sector privado en la provisión del servicio.

Este nuevo arreglo institucional produjo cambios en la conducta de los actores involucrados. La necesidad de transformación se basó en el siguiente diagnóstico: el intervencionismo político generó prácticas de gestión ineficientes y el mantenimiento de bajas tarifas no garantizó la sostenibilidad del servicio a largo plazo. Esto derivó en baja calidad y cobertura del servicio lo que provocoo mayor intervencionismo político.

Muchos paises encararon la tarea de dotar al sector de un nuevo marco legal, que dividiera los roles entre los sectores público y privado, la creación de organismos de regulación independientes y una estructura tarifaria que permitiera el sostenimiento del servicio a largo plazo.

Se pretendió generar un círculo virtuoso de calidad al incorporar al sector privado como operador de los servicios.

La transformación fue propiciada por los organismos de crédito internacional, destacándose la gran heterogeneidad en los logros alcanzados. En el primer grupo se encontraron Argentina y Chile, secundados por Bolivia, Colombia, Perú, Venezuela, Nicaragua y en menor medida por Honduras, Paraguay, Ecuador y Brasil. (Corrales, 2003)

En relación a los servicios de saneamiento básico, los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, indican que más de 92 millones de personas carecen de acceso a agua segura, y más de 128 millones no cuentan con servicio de alcantarillado adecuado. En las áreas urbanas estas cifras alcanzan los 39 millones y 54 millones de personas, respectivamente. La tabla ilustra los índices de cobertura con servicios de agua y alcantarillado en algunos países de la región. Chile se encuentra cerca de la universalización en la prestación de esos servicios. En general, a pesar de las diversidades, los índices reflejan una relativa proximidad en la cobertura urbana, aunque los déficits relativos a la población rural son todavía significativos.

América Latina - Cobertura de Saneamiento


PAISES
(Muestra)


AGUA URBANO

AGUA RURAL

ALCANT. URBANO

ALCANT. RURAL

AGUA
TOTAL


ALCANT. TOTAL

BRASIL

95

54

85

40

87

77

ARGENTINA

85

30

89

48

79

85

CHILE

99

66

98

93

94

97

VENEZUELA

88

58

75

69

84

74

PERU

87

51

90

40

77

76

COLOMBIA

98

73

98

76

91

85

GUATEMALA

97

88

90

40

92

85

MÉXICO

94

63

87

32

73

73

AMÉRICA LATINA

90

57

86

44

82

75

Fuente: Banco Mundial

Los datos presentados se refieren al porcentaje de la población total atendida por servicios provenientes de fuentes de abastecimiento de agua o, destinos finales de alcantarillado adecuados del punto de vista sanitario. Si consideramos tan sólo la población atendida por medio de redes de distribución y redes colectoras, los índices serán inferiores a los presentados (ejemplo de Brasil, donde los datos oficiales indican una cobertura de 78% de la población total con red de distribución de agua y 47% de la población total atendida con red colectora de alcantarillado). (Pena Pereira, 2002),

Brasil

Brasil concentra el 33% de la población total de América Latina, con una poblacion del orden de 170 millones de habitantes, de las cuales 138 millones vive en áreas urbanas. Brasil se encuentra entre los países con mayor necesidad de combatir la pobreza y las desigualdades sociales a pesar de contar con el segundo mayor PIB de América Latina.

El sector de saneamiento básico es uno de los principales usuarios de recursos hídricos en Brasil. Este servicio es responsable por aproximadamente 22% del total de los usos de aguas superficiales.

La prestación de los servicios básicos se halla concentrada principalmente en operadores públicos: 25 compañías estaduales de saneamiento básico, atendiendo a más de 3600 municipios y cerca de 1800 sistemas municipales autónomos, en general bajo la forma de administración directa. La participación privada en el sector es posterior a 1994, identificándose procesos de concesiones plenas o parciales, especialmente en municipios de la región sudeste. (Moreira, T., 2005),

En las últimas décadas se constataron incrementos significativos en la oferta de saneamiento básico en áreas urbanas en Brasil, lo que llevó a una elevación considerable de la cobertura de estos servicios a valores del orden del 90% .

La universalización requiere hacer frente a una demanda no atendida que proviene principalmente de los estratos sociales de más bajos ingresos que habitan la periferia de las grandes ciudades, de los municipios pequeños y, especialmente, del área rural. Esta demanda alcanza los 9.9 millones de domicilios brasileños, que no cuentan con los servicios de abastecimiento de agua por redes públicas, y cerca de 23.6 millones que no están conectados a las redes colectoras de alcantarillado. Si se consideran los pozos sépticos como solución adecuada, el déficit en los servicios de alcantarillado en Brasil baja a 16.9 millones de domicilios.

Una característica importante del déficit en los servicios de saneamiento en Brasil es que éste está relacionado con la concurrencia de dos factores: dispersión poblacional en pequeños municipios y, concentración poblacional en pocos municipios grandes. La accesibilidad de los servicios es muy variable en función del tamaño de las ciudades.

Es imperiosa la necesidad de diseñar políticas específicas para el financiamiento de inversiones así como para la operación eficiente de los servicios en los municipios pequeños que concentra los niveles de ingreso más bajos y una menor capacidad para pagar por los servicios. También se trata del grupo de municipios en los que la ausencia de economías de escala hace que los costos unitarios de la implementación y operación de los servicios sean más elevados.

Prestación de Servicios

Las competencias constitucionales referentes a la regulación (organización y prestación de servicios de saneamiento) recaen sobre los municipios; en contraste con aquellas referentes a los servicios de energía eléctrica y de telecomunicaciones, las que recaen sobre la Unión.

Los servicios de saneamiento son prestados bajo régimen de concesión por 25 empresas estaduales, Compañías Estaduales de Saneamiento Básico (CESBs), creadas en la década del 70 por los servicios municipales y también por empresas privadas que recibieron concesiones para la prestación de dichos servicios.

Las CESBs prestan servicios de abastecimiento de agua a 70% de los municipios del país. Abastecen aproximadamente 95.1 millones de personas (77% de la población urbana abastecida). La presencia de esas empresas en la prestación de servicios de alcantarillado es menor, apenas 13% de los municipios, en las capitales y en las ciudades más grandes de cada estado.

Las empresas municipales, autárquicas en la mayoría de los casos, son responsables por la prestación de dichos servicios en los demás municipios brasileños. En relación a los servicios de alcantarillado, el nivel de prestación de servicios por empresas municipales es elevado y proporcionalmente mayor que el de las CESBs. La presencia del sector privado es aún incipiente, se limita a aproximadamente a 40 concesiones municipales, plenas o parciales, las que se concentran principalmente en la región Sudeste y en ciudades medianas.

Aspectos Institucionales del Sector Saneamiento en Brasil

El sector de saneamiento tiene su espacio compartido en el ámbito del Gobierno Federal, entre la Secretaría Especial de Desarrollo Urbano de la Presidencia, la Caja Económica Federal (institución financiera), el Ministerio de Salud, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y, más recientemente, la Agencia Nacional de Aguas (ANA).

Mientras el sector de saneamiento busca un marco regulador y la definición de una Política Nacional, el sector de recursos hídricos en Brasil ya ha avanzado con la creación de instrumentos modernos e innovadores como la Ley Federal nº 9.433/97, que instituyó la Política Nacional de Recursos Hídricos y el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos.

La Agencia Nacional de Aguas (ANA) se creo en el año 2000, con autonomía administrativa y financiera, tiene por objetivo disciplinar la utilización de los ríos, de modo de controlar la contaminación y el desperdicio, con miras a asegurar la disponibilidad del agua a las generaciones futuras. En ese contexto, ANA influye en el sector de saneamiento siendo, al mismo tiempo, un usuario de los recursos hídricos.

Las propuestas tendientes a la institución de un marco regulador para el sector, aún no han sido acogidas por el Congreso Nacional. Esto se debe, especialmente, a la disputa jurídica y política en torno de la titularidad de la atribución por los servicios de saneamiento en las áreas metropolitanas de interés común.
Uruguay

En el período del presidente Batle, se verifica un aumento sustancial de la intervención estatal, con la estatización de los principales servicios públicos en manos extranjeras, entre ellos el servicio de agua y saneamiento, el que pasó a ser monopólico. Hubo un gran consenso debido a que los servicios privados eran caros e ineficientes.

Entre 1995 y 2004, ciertos cambios indicaban un movimiento más o menos favorable a la desmonopolización y a la promoción de asociaciones público - privadas en el sector.

El modelo económico tuvo un tono más liberal desde mediados de los sesenta pero fue a partir de la década del noventa que se intenta avanzar en las reformas liberalizadoras. En 1990 se propuso una Ley de privatización de las principales empresas del Estado. En 1992, un referéndum derogó esta Ley .

Desde esa fecha se procuró poner en marcha modalidades alternativas a la venta de las empresas. Las mismas fueron perdiendo el carácter de entes estatales pasando a ser gestionadas a partir de criterios directrices basados en la administración de empresas privadas.

Un cambio estratégico fue la identificación de áreas deficitarias en la gestión pública, lo que posibilitó la contratación de empresas privadas, muchas de éstas conformadas por ex trabajadores de las empresas, avanzándose a una gestión terciarizada de áreas importantes de las mismas.

A partir de la segunda presidencia de Sanguinetti (1995-2000) se abrió la posibilidad de privatizar el sector. El argumento utilizado fue la no disponibilidad del capital necesario para invertir en el saneamiento de la ciudad de Maldonado, donde se encuentra el conocido balneario Punta del Este. La modalidad de participación del sector privado adoptó la forma de un contrato/ concesión a través del cual el agente construiría las instalaciones y asumiría la responsabilidad de la operación y el mantenimiento del sistema, por un plazo al término del cual las instalaciones pasarían a manos del Estado.

El gobierno accedió a un préstamo del Banco Mundial a cambio de que se diera continuidad a las concesiones en el suministro de agua y saneamiento en distintas zonas del país. A mediados del 2002, se firmó una carta de intención con el FMI en la que Uruguay se comprometía a reducir los controles sobre el sector, con el fin de facilitar el ingreso de inversores privados, para el sistema de agua y también para la construcción y operación de plantas de tratamiento de aguas residuales. (Santos, 2004).

La primera de estas concesiones se aprobó en 1998 beneficiando a Aguas de la Costa, un consorcio formado por Aguas de Barcelona (subsidiaria de Suez Lyonnaise des Eaux) en calidad de operador y dos empresas uruguayas. En el año 2000, se otorgó una segunda concesión a la empresa Uragua, subsidiaria de Aguas de Bilbao, por 30 años atendiendo al Departamento Maldonado con una población de 120 mil residentes y 600 mil turistas en el verano.

Los resultados de estas concesiones fueron tarifas excesivas, varias veces superiores a la empresa estatal, niveles de contaminación del agua superiores a los admisibles, no cumplimiento de las metas de inversión acordadas en el contrato y muy baja calidad del agua. (Prieto, 2005)

En 2002, OSE, la responsable de la regulación del servicio recomendó a la población hervir el agua para consumo ya que no podía ser considerada potable. En 2003 ante el peso de la evidencia el gobierno anunció la salida ordenada de la empresa, pero la empresa siguió operando.

Estos hechos dieron lugar a la conformación de la Comisión Nacional de Defensa del Agua y de la Vida. A fines del 2003 se convocó a un plebiscito de reforma constitucional y en 2004 la Reforma estableció a partir de una enmienda constitucional que “ El servicio público de saneamiento y de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales”. Además expresa que el mismo debe hacerse anteponiendo razones de orden social a las razones económicas.

Actualmente, el sistema de abastecimiento de agua más importante desde el punto de vista cuantitativo es el de Montevideo y su área metropolitana seguido por la ciudad de Punta del Este (600 mil turistas en verano). La empresa estatal Obras Sanitarias del Estado viene implementando programas nacionales que le han permitido alcanzar una cobertura del 98% en agua potable, una de las mayores coberturas en Latinoamérica. (OSE, 2007)
Perú

La gestión de los recursos hídricos en el Perú presenta un alto nivel de desarticulacion de las entidades que los usan y regulan.

Las empresas prestadoras de los servicios de agua potable y saneamiento no participan de la gestión de las cuencas hidrográficas (Noriega Torero, 2000)

El sector de agua potable y el saneamiento ha sufrido grandes cambios desde la década del 70.

En lo 70 y 80 las empresas eran de propiedad del Estado, y la responsabilidad del suministro de agua estaba centralizada en el Ministerio de Obras Públicas.

En 1980 se creó el SENAPA, Servicio Nacional de Agua Potable y Alcantarillado.

El sistema quedó integrado por un organismo central que adquirió la responsabilidad del sector y proporcionó apoyo técnico, financiero, capacitación e investigación.

Los organismos regionales en forma de compañías subsidiarias gozaban de autonomía administrativa en tanto que las unidades operativas dependían directamente de la oficina central. El sistema contaba con 11 compañías subsidiarias y 14 unidades operativas.

A fines de los 80, se registran algunos cambios relacionados a dos politicas contradictorias.

La política de Alan García fue la descentralización hacia las municipalidades, cuyos consejos están integrados por los alcaldes provinciales y distritales.

En el período 1985-1990 las tarifas cayeron en términos reales y la calidad del servicio bajó, disminuyó la presión y hubo racionamiento especialmente en Lima y Cuzco. Las inversiones cayeron tanto que se comprometió la capacidad de las compañías para atender nuevos usuarios.

La política general de Fujiori fue de reforma estructural, fomentó la participación privada en las inversiones en infraestructura y la administración de las compañías de agua mediante la privatización.

En ese marco se avanzó en la preparación de la mayor participación del capital privado en el sector, en particular la privatización de SEDAPAL. Sin embargo, a pesar de haberse realizado el llamado a licitación y de haber obtenido un crédito del Banco Mundial, su privatización fue pospuesta primero por seis meses y luego indefinidamente ya que disminuyó el apoyo político para su traspaso a manos privadas quedando finalmente en manos del gobierno.

El Banco Mundial ha financiado a SEDAPAL, la que está ejecutando el programa de inversión al que se comprometió con este organismo. El Banco Interamericano de Desarrollo ha financiado a las compañías municipales, sin embargo gran parte de las inversiones se financia con fondos provenientes del impuesto a las nóminas salariales .(Spiller,2000)

A pesar de la frustrada privatización, las empresas públicas de agua pasaron a funcionar como sociedades anónimas, y de contar con apoyo financiero a través de fondos de inversión al financiamiento mediante tarifas en función de un modelo de autosostenimiento.

Las tarifas de agua fueron ajustadas a partir de 1990, como parte de las políticas encaminadas a la restauración del equilibrio financiero de las compañías.

La inversión aumentó pero en forma despareja. SEDAPAL, SEDAPIURA y SEDAQOSQO, las principales compañías, se hallan en una fase de expansión.

La regulación de las empresas de agua está a cargo de la Superintendencia de Servicios de Saneamiento, la SUNASS. Esta conduce el sistema tarifario y organiza la supervisión en función del planeamiento de largo plazo.

El PRONAP, Programa Nacional de Agua Potable guía la planificación estratégica en el sector. Fue creado, originalmente con el fin de solicitar créditos internacionales y a partir de 1996 dirige el Programa de Apoyo al Sector de Saneamiento Básico que promueve la reorganización legal del sector, el sostenimiento financiero de las compañías y la creación de un banco de proyectos para la expansión de estos servicios.

En la práctica, las funciones asignadas a estos dos organismos se solapan y surgen incompatibilidades.

Desde el 2000 a la fecha, se ha puesto énfasis en la participación del sector privado, la compatibilización de políticas públicas y normas con las instituciones financieras internacionales, el uso de los recursos provenientes de prestamos externos y del tesoro público para incentivar la participación privada. El proceso se ha caracterizado por la falta de transparencia en las decisiones y la exclusión de mecanismos efectivos de consulta y participación ciudadana.

Dadas las tendencias del balance fiscal del país y la experiencia de administrar compañías estatales, se juzga necesario promover la inversión privada a fin de ampliar la escasa cobertura.
Colombia
Hacia mediados de 1980, convivían en Colombia tres formas de prestación de los servicios de agua y saneamiento:

Las empresas públicas municipales, que prestaban el servicio en las ciudades grandes e intermedias; el INSFOPAL, una entidad dependiente del gobierno central que proveía los servicios en la mayoría de los municipios medianos y chicos y las dependencias municipales que lo prestaban directamente en algunas localidades menores.

Desde 1985, esta organización se ha modificado y el marco legal e institucional experimentó cambios sustanciales.

Estos cambios estructurales se caracterizaron por la descentralización administrativa y por el diseño de un marco legal e institucional orientado a la participación del sector privado..

En 1987, se liquidó la INSFOPAL y el Programa de Saneamiento Básico Rural, trasladando a los municipios la responsabilidad de la prestación. Esto implicó la puesta en marcha de un proceso de adaptación institucional y de capacitación

Esto tuvo un gran impacto en los municipios medianos y chicos. En los municipios grandes el impacto fue menor porque ya existían municipalidades prestadoras del servicio.

La Constitución de 1991 reafirmaba la descentralización y dejaba en manos del Estado la regulación y el planeamiento. Asimismo, introdujo una serie de principios constitucionales como el de la libre competencia, el de provisión eficiente de los servicios públicos y el de solidaridad, entendiendo por tal un sistema tarifario que favorezca a los grupos de menores ingresos.

Esto fue complementado con la leyes 60 y 142 de 1993 y 1994, respectivamente que delimitaron la distribución de competencias. Un aspecto clave de la descentralización fue la asignación de recursos a las municipalidades, transferencias que irían aumentando gradualmente hasta el 30% de los ingresos fiscales en 2001, lo que constituye el mayor proceso de descentralización de recursos y de funciones en América Latina.

Se estableció que los municipios debían gastar como mínimo el 80% de estos recursos en la provisión de servicios públicos y al menos 20% exclusivamente en el sector de agua y saneamiento.

La ley 142 tiene el objetivo explícito de promover la inversión y la gestión privada. Plantea un menú de arreglos institucionales posibles tendientes a garantizar la eficiencia en la prestación. El gobierno concentró el apoyo financiero en las municipalidades que optaron por alguno de estos arreglos.

Colombia realizó muchos progresos en relación a la ampliación de la cobertura de los servicios. Para el año 2002 el 99% de la población urbana y el 71% de la población rural tenia acceso al servicio. (Beato y Diaz, 2003)

El marco legal del sector de agua y saneamiento en Colombia se ha conformado a través de la separación de las funciones de formulación de políticas, de regulación, de supervisión y de operación de los sistemas.

La primera corresponde al gobierno a través del Ministerio de Desarrollo Económico.

La función de regulación recae en la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento que regula las tarifas y la gestión financiera, técnica y administrativa de las operaciones. Promueve la competencia entre quienes prestan los servicios o regula los monopolios naturales con el fin de asegurar la calidad y evitar el abuso de la posición dominante.

La función de supervisión recae en la Superintendencia de Servicios Públicos. Este tiene la facultad de imponer multas e incluso tomar posesión de las empresas que violen las normativas, presten servicios de baja calidad o con discontinuidad o no provean información veraz a los agentes de control. Controla asimismo que los subsidios del gobierno se orienten a los sectores de menores ingresos.

Los Consejos Regionales de Política Económica y Social articulan la política nacional y coordinan las acciones de las instituciones involucradas y las Unidades Departamentales brindan apoyo técnico a las empresas como el diseño y la construcción de los sistemas, el control de perdidas y los aspectos comerciales. Estas actividades son muy importantes en virtud de la gran descentralización, debido a la necesidad de capacitar a los nuevos agentes, sin embargo la gran cantidad de empresas dificulta la tarea.

El sector está compuesto por unas 40 empresas grandes, que en su conjunto abastecen el 70% de la población y de un número superior a 1000 empresas pequeñas que proporcionan el servicio en el medio rural.

Las privatizaciones que se destacan son la Triple A en Barranquilla, adquirida por operadores españoles, la de Cartagena, con Aguas de Barcelona, en Monteria, Tunja, Santa Maria y Maicao se realizaron procesos de vinculación de particulares a la prestación de los servicios. En Bogotá (12% de la población del país), los servicios son prestados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota sociedad por acciones de carácter oficial y en Medellín el servicio esta a cargo de la Empresas Públicas de Medellín, a la vez que en Cali es atendido por la empresa del municipio. (Mira, 2006)

En su gran mayoría , la administración municipal sigue a cargo del servicio .

La regulación de las tarifas garantiza a los operadores una tasa de retorno. La tarifa se compone por un cargo fijo que cubre los costos administrativos y de comercialización y un cargo variable que cubre los costos de inversión y operación.

Existe un sistema de subsidios cruzados, en el cual las tarifas cargadas a los consumidores del estrato cuatro deben ser suficientes para recuperar costos mientras que los consumidores de los estratos cinco y seis pagan un sobreprecio con el cual se subsidia a los primeros tres estratos.

La adecuación de la estructura tarifaria se llevó a cabo en forma gradual antes del 2004.

Chile

La modernización del sector de agua y saneamiento tuvo lugar entre 1977 y 1989 con la creación de EMOS y ESVAL como empresas estatales autónomas.

En 1989 se separan el rol productor y regulador que antes tenia el estado, con la introducción de entidades “empresarizadas” no-privadas y la creación de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, con funciones normativas, de fiscalización y sanción.

El ente es responsable de determinar las fórmulas que se utilizan para calcular las tarifas a nivel nacional, a la que están sujetos los servicios de agua potable y de alcantarillado de agua servidas. Su financiamiento proviene directamente del tesoro publico, aunque existe un proyecto de ley para que se establezca un sistema de financiación provenientes de los propios usuarios.

Se constituyeron empresas prestadoras del servicio, independientes del poder político y sujetas a un marco regulatorio. A pesar de ser empresas del estado, su estructura jurídica es similar a las del sector privado.

La existencia de una entidad “empresarizada” como prestador, claramente definida y por lo tanto fiscalizable, derivoo en un alto nivel de eficiencia. Se prefirió un estado que controle a un estado ineficiente para administrarse. Esto evitaría perdidas, generaría utilidades y la actividad se gestionaría bajo criterios comerciales de eficiencia, evitando que el sector se use con otros fines (tarifas con fines de política económica, cobertura con fines redistributivos, etc.)

La conformación de estos nuevos agentes e instituciones permitió un modelo de financiamiento de largo plazo que implicó autofinanciamiento y eficiencia debido al gradual pero importante ajuste que se aplicó a las tarifas y a la implementación de un sistema de subsidios focalizados.

A partir de 1998, la participación privada se incrementó desde el 5% hasta alcanzar el 95% en 2006. Previo al proceso de incorporación de capital privado se modificó el marco regulatorio fortaleciendo las facultades normativas, fiscalizadoras y sancionadoras. Se evitó la concentración de la propiedad en el sector y los subsidios desde empresas reguladas a no reguladas. Se perfeccionó el proceso de fijación tarifaria y los mecanismos de obtención de información.

El hecho de la exitosa evolución de las empresas sanitarias estatales durante los noventa es una de las razones de éxito del proceso de licitación privado. Se siguió la secuencia aconsejada de creación de marco regulatorio, ente de regulación y posterior privatización. Se creó y fortaleció un marco regulatorio que ya se encontraba en vigencia cuando se introdujo la participación privada. Además, la privatización significó para el Estado ingresos cercanos a los 2.400 millones de dólares.

El sector Privado posee una participación del 94.8 % y los estados Municipal y Cooperativas mantienen la propiedad de alrededor de un 5.2 % del total.

La cobertura agua potable alcanza hoy al 99.8 % de la población. La cobertura de alcantarillado al 95.2 % de la población y la cobertura de tratamiento de aguas servidas a un 81.9 %.

El Régimen de concesiones establece un plazo indefinido, es decir la libertad de transferencia de la propiedad o explotación. Se puede hablar de la “Innovación Chilena” que implica la incorporación de derechos de propiedad en este sector. Chile
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