Magistrada ponente: Carmen Zuleta de Merchán






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SALA CONSTITUCIONAL

 

MagistradA Ponente: Carmen Zuleta de Merchán

 

El 12 de febrero de 2009, fue presentado ante la Secretaría de esta Sala Constitucional escrito contentivo de la acción de amparo constitucional ejercida por el abogado Alfredo Bustamante Baragaña, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 90.070, en su carácter de apoderado judicial del adolescente A.D.B.B., cuya identidad se omite de conformidad con lo señalado en el artículo 65 de la Ley Orgánica para Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, contra la decisión dictada, el 12 de agosto de 2008, por la Corte de Apelaciones, Sección Adolescentes, del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, para cuya fundamentación alegó la violación de los derechos al debido proceso, a la defensa, a la igualdad, a obtener una tutela judicial efectiva, a obtener una oportuna y adecuada respuesta, así como de los principios de “legalidad probatoria” y de confianza legítima.

El 27 de febrero de 2009, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Doctora Carmen Zuleta de Merchán, quien la asume y, con tal carácter, la suscribe.

El 7 de marzo de 2009, el abogado Alfredo Bustamante Baragaña, antes identificado, mediante diligencia informó a esta Sala que la decisión objeto del amparo no ha sido ejecutada, por lo que persistía la “…operatividad de la acción de amparo interpuesta…”.

Mediante decisión N° 569, del 15 de mayo de 2009, esta Sala admitió la acción de amparo constitucional interpuesta a favor del adolescente A.D.B.B., cuya identidad se omite de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y ordenó la notificación del Presidente de la Corte de Apelaciones, Sección Adolescentes, del Circuito Judicial Penal del Estado Lara y de la Fiscala General de la República; asimismo, se ordenó a la Corte de Apelaciones, Sección Adolescentes, del referido Circuito Judicial Penal que notificara a la ciudadana Nelly Rosa Datica, madre de la víctima. Además, se acordó la medida cautelar solicitada y en, tal sentido, se suspendieron los efectos de la sentencia adversada con el amparo, hasta tanto sea decidida la presente controversia.

El 22 de junio de 2009 y el 23 de octubre de 2009, el abogado Alfredo Bustamante Baragaña, precisó que también representaba al adolescente R.A.C.C., cuya identidad se omite igualmente de conformidad con lo señalado en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y solicitó que dicho ciudadano se tuviese como tercero interesado.

El 15 de octubre de 2009, luego de realizadas las notificaciones correspondientes, se fijó la oportunidad de la audiencia oral para el 27 de octubre de 2009.

El 27 de octubre de 2009, se constituyó la Sala para que tuviera lugar la audiencia constitucional y, luego de declararse abierto el acto, se dejó constancia de la presencia del abogado Alfredo Bustamante Baragaña, en representación del accionante en amparo y del tercero interesado; de la no presencia del ciudadano Juez Presidente de la Corte de Apelaciones, Sección Adolescentes, del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, accionada; asimismo, se dejó constancia de la no presencia de la ciudadana Nelly Rosa Datica, representante legal de la víctima, cuya identidad se omite de conformidad con lo señalado en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, “tercero coadyuvante”. Finalmente, se dejó constancia de la presencia de la abogada Mercedes Prieto en representación del Ministerio Público. En la misma oportunidad, se dictó el dispositivo del presente fallo declarando sin lugar la acción de amparo constitucional incoada.

En esta ocasión corresponde a la Sala emitir, íntegramente, su fallo sobre la presente acción de amparo, para lo cual realiza las siguientes consideraciones:

I

De la Acción de Amparo Constitucional

 

El abogado Alfredo Bustamante Baragaña fundamentó la demanda de amparo constitucional, bajo los alegatos que, a continuación, esta Sala resume:

Que la acción de amparo constitucional se interpone contra “...la decisión proferida por la Corte de Apelaciones-Sección Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado (sic) Lara en fecha 12 de Agosto de 2008, mediante la cual declaró Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la Sentencia dictada en fecha 11 de Junio de 2007 y fundamentada 28 de Junio de 2007, por la Juez (sic) de Primera Instancia en funciones de Juicio, Sección Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, mediante la cual sancionó a los adolescentes [R.A.C.C. y A.D.B.B] a cumplir con la medida de Libertad Asistida por el lapso de un (01) Año, confirmando en consecuencia la Sentencia Apelada”.

Que [e]n fecha 25 de Enero del año 2006, la ciudadana [N.R.D]..., actuando en representación de su hija adolescente [H.Y.D]..., acude ante la Fiscalía Décima Novena del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Lara e interpone una denuncia en contra de los adolescentes [R.A.C.C., A.D.B.B. y V.P.]..., por hechos lascivos ocurridos, según su decir, el día 12 de Enero de 2006. En esa misma fecha, la ciudadana Fiscal auxiliar Décimo Noveno del Ministerio Público..., ordena al Jefe del Departamento de Medicina Forense del Estado Lara, ordena (sic) practicar examen Médico Legal Físico, Ginecológico, Ano Rectal a la adolescente [H.Y.D]”.

Que [e]l día 26 de Enero de 2006 (14 días después de la presunta ocurrencia de los hechos) el Dr. Franco García Valecillos... procede a examinar a la citada adolescente dictaminando lo siguiente: Examen Físico: Contusión esquimótica en vías de resolución en muslos, pies, cuello y miembros. Ginecológico: Genitales externos de aspecto y configuración normal, rasurados. Himen anatómicamente intacto, sin traumatismo. Ano Rectal: Sin lesiones. Conclusiones: Estado General: Satisfactorio. Tiempo de Curación: Debió haber curado en NUEVE días. Asistencia Médica: No. Trastornos de Función: No. Cicatrices Visibles: No. Debe volver: No”.

Que [p]osteriormente en fecha 15 de febrero de 2006, comparece ante la mencionada fiscalia (sic) la adolescente [H.Y.D] debidamente acompañado (sic) de su representante legal y madre ciudadana [N.R.D.] y procede a formular la correspondiente denuncia en contra de los adolescentes [R.A.C.C., A.D.B.B. y V.P] y en fecha 13 de febrero del 2006, la citada fiscalia (sic) procede a imputar a los señalados adolescentes por la presunta comisión de ACTOS LASCIVOS, previstos y sancionados en el Artículo 376 del Código Penal”.

Que [s]eguidamente, en fecha 30 de mayo del año 2006, las ciudadanas CAROLINA SIERRA NAVARRO Y ALEJANDRA OLIVARES HIDALGO, actuando en su carácter de fiscal y fiscal auxiliar Decimonovena del Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, formulan acusación formal en contra de los adolescentes [R.A.C.C. y A.D.B.B.]...”.

Que [d]entro de la oportunidad procesal correspondiente, prevista en el Articulo (sic) 571 de la Ley Orgánica Para La Protección Del Niño y Adolescente..., el abogado Alí Sánchez Montilla; actuando en su condición de defensor del imputado [A.D.B.B], presento (sic) escrito de alegatos de defensa”.

Que [i]gualmente los defensores del adolescente [R.A.C.C.], abogados Carlos Rangel y Sorelys Bujana, dentro de la oportunidad procesal correspondiente, opusieron excepciones al escrito acusatorio presentado por la vindicta publica (sic), con fundamento en el Articulo (sic) 28 Ordinal Cuarto Literal C del C.O.P.P., fundamentándose entre otras cosas, [en] que existía una contradicción entre los hechos narrados por la madre de la adolescente [N.R.D] con relación a la declaración contenida en la denuncia de la adolescente [H.Y.D.], lo cual comprueba el falso testimonio de la declaración de la madre, por cuanto en ningún momento su hija quien era la presunta victima (sic) expresó o señaló los mismos hechos que los expuestos por su madre”.

Que [e]n fecha 13 de octubre del 2006, se realiza la audiencia preliminar, mediante la cual el Tribunal de Control Sección de Responsabilidad Penal del Adolescente admite la acusación presentada por el Ministerio Público, ordenando la apertura del Juicio Oral y Privado en contra de los adolescentes antes identificados, admitiendo las pruebas ofrecidas por el Ministerio Publico (sic), por la defensa del adolescente [R.A.C.C.], no admitiendo la del experto Maria (sic) Auxiliadora Moreno, admitiendo los testigos de la defensa del otro imputado [A.D.B.B.].

Que [e]n fecha 30 de octubre del 2006 los abogados Carlos Rangel y Sorelys Bujana, defensores privados del imputado [R.A.C.C.], reiteran la promoción de la prueba declarada inadmisible, de conformidad con el Articulo (sic) 586 de la L.O.P.N.A., consistente en la declaración del experto Doctora Maria (sic) Auxiliadora Moreno, e igualmente promueven la declaración de la ciudadana [I.C.]..., madre del imputado [R.C.]”.

Que [e]l día 10 de noviembre del año 2006, la juez (sic) de juicio sección adolescente, en virtud de que el informe medico (sic) forense practicado por el experto Dr. Francisco Gracia Valecillo (sic), en fecha 26 de enero del 2006 presenta serias dudas en cuanto al tiempo de curación, ya que como manifiesta la defensa el hecho se produjo el 12 de enero del 2006, y el examen se practico (sic) el día 26 de enero del 2006, habían transcurrido 14 días para el momento del examen, sin que se explicara en el informe por que (sic) estaban presentes las lesiones, si de acuerdo a dicho informe debieron de curar en 9 días, es por lo que el tribunal consideró que es admisible la promoción de la testimonial de un nuevo experto, para que explique el aspecto dudoso del informe medico (sic) forense de fecha 26 de enero del 2006, practicado en esa misma fecha a la ciudadana [H.Y.D]”.

Que [e]n fecha 16 de mayo del 2007, se celebro (sic) el juicio oral y privado, en el cual la representante del Ministerio Público expuso los fundamentos jurídicos y fácticos de su acusación. La defensa técnica, entre otras cosas, expuso que dentro de los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público se encuentra el dudoso informe medico (sic) forense y en virtud de ello se solicitó que se notificara a un nuevo medico (sic) forense, para que explicara cual (sic) es la evolución de una contusión esquimotica (sic), así como que estudie el informe medico (sic) realizado a la victima (sic). Igualmente se señaló, que la declaración de la madre de la victima (sic), no puede ser tomada como un elemento esencial para la demostración del delito, por cuanto es un testigo referencial.  Así mismo, rindió testimonial la madre de la victima (sic) [N.R.D.] e igualmente la victima (sic) adolescente [H.Y.D.], suspendiéndose la continuación del juicio oral y privado para el día 23 de mayo del 2007, oficiándose al Jefe de Medicatura Forense del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, a objeto de que designaran a un experto distinto a la doctora Maria (sic) Auxiliadora Moreno”.

Que “...la declaración efectuada por la victima (sic) [H.Y.D.] es contradictoria, por cuanto señala en su exposición, que ‘...Me agarraron violentamente por todo el cuerpo, y yo trataba de gritar para que soltaran o pedir auxilio y me tapaban la boca...’ y más adelante expone ‘...hasta que mi mama (sic) llama el ascensor, por que (sic) escuchaba mi voz gritando...’ lo que evidencia una contradicción, no observada por el Tribunal de Juicio, por cuanto si a la victima (sic) le taparon la boca para que no gritara ¿como (sic) es posible que su madre, oyera sus gritos fuera del ascensor y sin saber esta en que piso se encontraba el mismo?. Por otra parte, esta declaración difiere y es contradictoria con las realizadas por la propia victima (sic), en fechas 15 de Febrero de 2006 (folio 15), realizada ante la Fiscalía XIX del Ministerio Publico (sic) y 13 de Octubre de 2006 (folio 180) ante el Juez de Control..., tal y como lo señaló en la audiencia del 16 de Mayo de 2007, lo cual constituye un nuevo hecho, no aportado por la Fiscal del Ministerio Público, parte acusadora, en su escrito de acusación y que debió ser objeto de una ampliación de la acusación para ejercer el debido contradictorio para desvirtuarlo”.

Que [p]osteriormente el día 23 de mayo del 2007, se llevo (sic) acabo (sic) la continuación del juicio oral y privado, compareciendo el experto Franco García Valecillo, los testigos Maria (sic) Auxiliadora Martos de López, Carlos Ramón Cartagena, Regulo (sic) Alexander Salas Ribas, Daniel Alejandro López Martos, continuándose en fecha 31 de mayo del 2007 con el juicio oral y privado en el cual rindieron declaraciones los testigos José Javier Espinoza Luzardo, Kira Moreno Chirinos, acordándose suspender el correspondiente juicio para el día 6 de junio del 2007, fecha esta en la cual comparecieron los expertos (sic) José Mota Bravo especialista adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas desde hace 22 años, e igualmente rindieron declaraciones los acusados [A.D.B.B. y R.A.C.C.], acordándose suspender el juicio oral y privado para el día 11 de junio del 2007”.

Que [c]on relación a la testimonial rendida en la audiencia por el Dr. Franco García Valecillo,  la ciudadana Juez (sic) de Juicio lamentablemente extrae solo parte de la declaración, cuestión que no fue dilucidada por la Corte de Apelaciones, no obstante haberse realizado el respectivo señalamiento de la contradicción [en la misma]”.

Que [c]on relación a la testimonial por el Medico (sic) Forense JOSE (sic) MOTA, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, con gran conocimiento en la materia dado el tiempo en que se encuentra laborando en el servicio de medicatura forense de Barquisimeto, acudió a los fines de aclarar al Tribunal las dudas que se tenían en relación a términos médicos (vías de resolución, equimosis entre otros) contenida en la experticia medico (sic) legal realizada por el Dr. Franco Valecillos, (Lesiones en vías de resolución), por cuanto la defensa solicito (sic) que fuese un nuevo experto lo cual consideró pertinente el Tribunal. Sobre el particular el experto dictaminó lo siguiente: ‘...Que la equimosis es una lesión que afecta la piel y es producida por lesiones contundentes. Que la mitología empleada para determinar la fecha es el interrogatorio y luego la visión de la lesión. Que como se habla de equimosis, se habla de ciertas características. Que las lesiones debieron haber curado en 09 días, de acuerdo a lo asentado en el informe, el cual no fue suscrito por su persona y que no puede opinar sobre eso por que (sic) no lo suscribió. Que cuando a su persona le llega un caso de una equimosis el método empleado es determinar cuando ocurrió la lesión, en que circunstancia ocurrió, en que lugar fueron los hechos, si la persona tuviera patología previa o concausa de la lesión; si hay dolor en la lesión. Que observó que hay una equimosis en resolución, significando que están curando o por curar. Que debe haber sido un agente contundente para la lesión, y siempre el objeto es contundente, que puede ser una piedra, un palo, etc. Que hay equimosis que de acuerdo a la ubicación, uno puede inferir las circunstancias. Siendo que se trata de una presunta violación y que suelen ocurrir lesiones en áreas erógenas que pueden ocasionar lesiones con contundentes, como succión; en que frecuentemente ocurre en mamas, cuello, y en la parte interna. Que cuando se hace un examen, se debe determinar la ubicación de la lesión. Que en el examen no se describen en forma determinada la ubicación de las lesiones, sino en forma general. Que el termino (sic) ‘debió haber curado’, implica que no se tiene la fecha exacta de curación pero sí aproximada, de casos que han ocurrido en casos anteriores, y por las características observadas, se hace la inferencia, y no se puede decir curo (sic)”.

Que “...en fecha 06 de junio de 2007, el Tribunal de Juicio Sección Adolescente de Barquisimeto en oficio N° 985, ordena la comparecencia de la Lic. María Leonor Cortes, quien fue la psicóloga del equipo multidisciplinario que practico (sic) los exámenes psicológicos de los adolescentes incluyendo el informe psicológico de la victima (sic) [H.Y.D.]...”.

Que “...según se evidencia del contenido del informe elaborado..., el mismo no guarda relación con los hechos debatidos y menos aún, no se evidencia ningún elemento de culpabilidad de mi defendido, toda vez que el mismo no está dirigido a la demostración de la ocurrencia de los hechos y menos aún a establecer la responsabilidad de mi patrocinado en el hecho que se le imputa”.

Que “...consta en los folios 609 al 612, informes emanados de la Unidad de Pediatría Social del Hospital Universitario Dr. Agustín Zubillaga, suscritos por la Dra. Adda Rivero Algarra, Jefe de la Unidad de Pediatría Social y de la Dra. Maria (sic) Alejandra Dorantes, Jefe del Departamento de Recurso Humanos del Hospital Dr. Antonio Maria (sic) Pineda, los cuales indican que la ciudadana MARIA (sic) LEONOR CORTES, no pertenece a la nómina de ese Centro Asistencial, que fue el requerido para que nombrase el experto Psicólogo que debía realizar el estudio Social, por lo cual se genera serias dudas de quien realmente es esa persona la que realizó los seudos informes sociales. No obstante lo anteriormente señalado, la ciudadana Juez de Juicio, valoró dicho informe, en perjuicio de mi defendido y la Corte de Apelaciones no hizo pronunciamiento alguno sobre este hecho, no obstante constituir uno de los hechos en que se fundamentó la Quinta Denuncia del Recurso de Apelación, con lo cual se trastocó la legalidad de la obtención del medio probatorio, incurriendo en una flagrante y grosera violación del debido proceso, derecho a la defensa y seguridad jurídica”.

Que “...del contenido de la testimonial rendida por cada uno de los declarantes, se desprende un hecho cierto y concordante como lo es que los acusados tienen buena conducta y en especial el hecho certero [de] que estaban jugando futbolito a las 9:30 p.m, que tanto la victima (sic) como su madre señalan que esa es la hora en que supuestamente ocurrieron los hechos. Sin embargo, tal hecho relevante fue omitido totalmente tanto por el Juez de Juicio como por la Corte de Apelaciones, no obstante constituir uno de los hechos en que se fundamentó la Quinta Denuncia del Recurso de Apelación, al no darle valoración a ninguna testimonial bajo la premisa de que eran testigos referenciales, no así a la declaración de la madre de la victima (sic), con lo cual se vulneró, una vez mas (sic), el debido proceso y derecho de la defensa de mi defendido, al quebrantar los sagrados principios de igualdad, imparcialidad, transparencia y equilibrio procesal que deben aplicar los administradores de justicia dentro de un proceso, y con mayor razón aun dentro del proceso penal, en las cuales rige el principio de presunción de inocencia, contraviniendo el pacifico (sic) criterio sostenido por la Sala de Casación Penal en el sentido de que, cuando se trate de testimoniales, el tribunal de juicio no debe limitarse a desechar los testimonios de las personas referidas, aun cuando tengan parentesco o amistad con alguna de las partes dentro del proceso, debiendo analizar el contenido de los mismos y además, señalar en que coincidieron parcialmente y en que concordaban con otros elementos de prueba”.

Que “...el día 11 de junio del 2007, se celebra la continuación del juicio oral y privado y en el cual el Tribunal consideró que estaba demostrado el delito de actos lascivos y condena a los adolescentes a cumplir la sanción de libertad asistida, por el lapso de un año, de conformidad con el artículo 620 literal D de la LOPNA, decisión que fue publicada en fecha 28 de junio del 2007, y contra la cual la defensa técnica de ambos condenados formularon sendos recurso de apelación en contra de la referida decisión dictada por el Tribunal de Juicio Sección Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Lara. Dichos recursos de apelación fueron admitidos por la Corte de Apelaciones Sala Sección Penal Adolescentes mediante auto de fecha 8 de abril del año 2008. En fecha 28 de julio del 2008, se celebró la audiencia oral, de conformidad con el articulo (sic) 456 del C.O.P.P, publicándose la sentencia el día 12 de agosto del año 2008, la cual declaro (sic) sin lugar los recursos interpuestos por los abogados Sorelys Bujana y Alfredo Bustamante, en su carácter de defensores privados de los ciudadanos [R.A.C.C. y A.D.B.B], quedando confirmada la sentencia apelada, dictada por el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Juicio Sección Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Lara en fecha 11 de junio del 2007 y fundamentada en fecha 28 de junio del 2007”.

Que “...una vez constituida la Sala Única de la Corte de Apelaciones Sección Penal Adolescente (sic) en fecha 28 de Julio de 2008, audiencia esta que por cierto no fue reproducida en video grabación, ni tampoco fue dictado el dispositivo del fallo en la misma, conforme al último aparte del artículo 365 del C.O.P.P, conteniendo únicamente extractos de los dichos o exposición de las partes, esta representación judicial solicitó como punto previo¸ que esa Corte se pronunciara con relación a la legitimidad del Ministerio Público para intentar la acusación, toda vez que conforme al artículo 556 de la L.O.P.N.A., en concordancia con el artículo 664 ibidem, la acusación correspondía intentarla a los representantes de la victima (sic), por tratarse el caso de autos de hechos punibles de instancia privada y que erróneamente, tanto el Tribunal de Control como el de Juicio determinaron que se trataba de un delito de acción pública, cuyo ejercicio de la acción correspondía al Ministerio Público”.

Que [n]o obstante haber solicitado esta representación, que la Corte de Apelaciones Sección Adolescentes, se pronunciara previamente en su sentencia sobre el anterior alegato, se omitió pronunciamiento alguno al respecto, conculcándose con ello la Tutela Judicial Efectiva. Es importante recalcar, que era de suma importancia que la Corte de Apelaciones se pronunciara [sobre] si los hechos punibles denunciados (actos lascivos) se trataban de delitos de acción pública o de instancia privada, por cuanto existía una disyuntiva entre la norma especial contenida en los artículos 556 y 664 de la L.O.P.N.A y lo determinado por los Jueces de Control y de Juicio, en el sentido que se trataban de delitos de acción pública, toda vez que de ello dependía quien era el titular del ejercicio de la acción”.

Que [d]e igual manera se indico (sic) en la respectiva audiencia oral y privada que en caso de tratarse de un delito de acción pública, se trastocó desde el inicio el tramite (sic) procedimental, toda vez que, conforme al artículo 552 de la L.O.P.N.A, la Fiscalía del Ministerio Público no notifico (sic) al Juez de Control de la Apertura de la Investigación, violándose con ello el principio de legalidad de la actividad probatoria en el proceso penal”.

Que “...la Corte de Apelaciones dictaminó en su decisión que, de conformidad a lo establecido en el artículo 553 de la L.O.P.N.A., el Ministerio Público procedió a buscar los elementos de inculpación y exculpación de los adolescentes y durante este proceso no solicitando la defensa ni los adolescentes la realización de ninguna diligencia de investigación específica, donde cabe mencionar ante la sede del Ministerio Público a rendir declaración, estando los mismos en libertad plena. He aquí donde se origina la primera violación de Rango Constitucional, toda vez que por una parte se conculcó el derecho a la Tutela Judicial Efectiva al no obtener oportuna y adecuada respuesta sobre lo peticionado y por otra parte que es doctrina de vieja data de este alto Tribunal de Justicia, que la alteración de los trámites esenciales del procedimiento quebranta el concepto de orden público, cuya finalidad tiende a hacer triunfar el interés general de la Sociedad y el Estado sobre los intereses particulares del individuo, por lo que su violación acarrea la nulidad del fallo y las actuaciones procesales viciadas, todo ello en pro del mantenimiento de la seguridad jurídica y de la igualdad entre las partes que es el interés primario en todo juicio y que aun cuando las partes litigantes manifiesten su acuerdo, no es potestativo de los tribunales subvertir las reglas con que el legislador ha revestido la tramitación de los juicios, pues su estricta observancia es materia íntimamente ligada al orden publico (sic), actuando en consecuencia la Corte de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del estado Lara con evidente abuso de poder”.

Que [p]or tanto ciudadanos Magistrados, al no pronunciarse la Corte de Apelaciones, por una parte, [sobre] si los hechos punibles denunciados (actos lascivos) se trataban de delitos de acción pública o de instancia privada, por cuanto existía una disyuntiva entre la norma especial contenida en los artículos 556 y 664 de la L.O.P.N.A y lo determinado por los Jueces de Control y de Juicio, en el sentido [de] que se trataban de delitos de acción pública, se conculcó el derecho a la Tutela Judicial Efectiva al no obtener oportuna y adecuada respuesta sobre lo peticionado y por otra que en caso de admitirse cierta la tesis planteada de que se trate de un delito de acción pública, se trastocó desde el inicio el tramite (sic) procedimental, toda vez que, conforme al artículo 552 de la L.O.P.N.A., la Fiscalía del Ministerio Público no notifico (sic) al Juez de Control de la Apertura de la Investigación, violándose con ello el principio de legalidad de la actividad probatoria en el proceso penal”.

Que la Corte de Apelaciones le cercenó a su defendido los derechos a obtener una tutela judicial efectiva y a la defensa, así como el principio a la confianza legítima al resolver la cuarta denuncia de la apelación referida a la comparación de las declaraciones de la adolescente víctima y su madre, quien es testigo referencial.

En ese sentido, alegó que “...la Corte de Apelaciones no entró a conocer al (sic) fondo de los fundamentos de la denuncia planteada, solo se limitó a establecer que la Juez (sic) de juicio realizó la valoración de las pruebas respecto a los fundamentos de hecho y derecho probados, con lo cual se configuro (sic) la violación al derecho de defensa de mi defendido de obtener una Tutela Judicial Efectiva en base a una Oportuna y adecuada respuesta a lo planteado en la referida denuncia, máxime su (sic) asumimos con absoluta responsabilidad que de una simple lectura del material probatorio se evidencia una clara contradicción en las mismas que atenta contra el derecho de defensa y debido proceso, con lo cual se desconoció una máxima del proceso penal como lo es el principio de indubio pro reo”.

Que “...ha sido criterio de esa Sala, reconocido a través de innumerables decisiones, que el problema de valoración de la prueba por parte del Juez, no es objeto de amparo, no obstante, debe señalarse que si (sic) lo es, el respeto y la vigencia del derecho que posean las partes en el proceso a una resolución jurídicamente motivada; basada y justificada en los distintos hechos que consten en autos, esto es, que se aprecie que el juicio emitido para resolver el conflicto deriva de la apreciación o desestimación de las pruebas, pero siempre luego de un análisis íntegro de estas expuesto en el mismo fallo”.

Que “...al no existir una resolución jurídicamente motivada, basada y justificada en los distintos hechos contenidos en autos, como lo es el análisis integro (sic) de lo alegado y probado en autos, y que no fue resuelto mediante el cauce ordinario por la Corte de Apelaciones Sección Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado (sic) Lara, solicitamos respetuosamente que el presente Recurso (sic) de Amparo Constitucional sea declarado CON LUGAR en la definitiva y en consecuencia anulada la decisión proferida por la mencionada Corte de Apelaciones de fecha 12 de Agosto de 2008, mediante la cual condenó a [su] representado a la Sanción de un (01) año por el delito de actos lascivos”.

 
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