Santiago, veinticinco de junio de dos mil doce






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Santiago, veinticinco de junio de dos mil doce.

VISTOS:

Por sentencia de primera instancia pronunciada el 10 de diciembre de 2009, escrita de fojas 2.728 a 2.816 de estos antecedentes, se condenó a Clenardo Figueroa Cifuentes como autor del delito de secuestro calificado cometido en la persona del desaparecido Eduardo Enrique González Galeno, ocurrido el 14 de septiembre de 1973, a sufrir la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos e inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, más el pago de las costas de la causa. En seguida se condenó a Gamaliel Soto Segura, como cómplice del mismo delito, a la pena de tres años de presidio menor en su grado medio, suspensión de cargo y oficio público durante el tiempo de la condena más el pago de las costas de la causa. En lo civil, se acogió la excepción de incompetencia absoluta opuesta por el Consejo de Defensa del Estado en lo principal de su contestación de fojas 2.533, respecto de la demanda de indemnización de perjuicios deducida por la querellante Nelly González Galeno.

Impugnada esta decisión por la vía de los recursos de casación en la forma y apelación, una Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, por sentencia de 19 de agosto de 2011, a fojas 3.054, desestimó el primero de tales arbitrios y confirmó el fallo, con declaración que Gamaliel Soto Segura queda condenado a la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos e inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, como autor del delito de secuestro calificado y, en lo civil, revocó el indicado fallo, declarando que la excepción de incompetencia absoluta del tribunal queda rechazada, como asimismo las restantes excepciones de fondo propuestas por el Fisco de Chile; en consecuencia, acogió la demanda entablada en el primer otrosí de fojas 2.448 por la querellante, Nelly González Galeno, condenando al Fisco de Chile al pago de la suma de cincuenta millones de pesos ($50.000.000.-), como resarcimiento del daño moral causado, con los intereses que indica el fallo, sin costas.

Contra el anterior pronunciamiento, a fojas 3.065, doña Irma Soto Rodríguez, Abogado Procuradora Fiscal de Santiago, por el Consejo de Defensa del Estado, y la defensa del sentenciado Soto Segura, a fojas 4.000, dedujeron sendos recursos de casación en la forma y en el fondo.

A fojas 4.084, se ordenó traer los autos en relación para el conocimiento del recurso de casación en la forma de fojas 3.065 y casación en la forma y en el fondo deducidos a fojas 4.000. Respecto del recurso de casación en el fondo intentado por la representante del Consejo de Defensa del Estado, su conocimiento y decisión quedó diferida hasta que se fallen los recursos admitidos a tramitación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en lo principal del libelo de fojas 3.064, por el Fisco de Chile, se entabló recurso de casación en la forma sustentado en la causal sexta del artículo 541 del Código de Procedimiento Penal, en conexión con los artículos 541, inciso final, del mismo cuerpo normativo, y 768 N° 1 del Código de Procedimiento Civil, es decir, en haber sido pronunciada la sentencia impugnada por un tribunal incompetente, en contravención con lo previsto en el artículo 10 del código aludido.

Plantea que el conocimiento de la acción civil intentada en el proceso contra el Fisco correspondía de manera exclusiva a los tribunales con jurisdicción civil, dado que la última gran reforma que afectó al Código de Procedimiento Penal, originada en la Ley N° 18.857, de diciembre de 1989 -que modificó el citado artículo 10-, limitó la acción civil en el juicio penal en cuanto a su amplitud y extensión, tema discutido desde hacía tiempo en orden a eliminar de ese proceso elementos distorsionadores de la función primordial del juez de establecer el hecho punible y la participación en él de quienes lo causaron o se aprovecharon de sus efectos.

Explica que el artículo 59 del nuevo Código Procesal Penal permite a la víctima intentar la acción para perseguir responsabilidades civiles derivadas del hecho punible sólo respecto del imputado, en circunstancias que los restantes perjudicados y terceros civilmente responsables deben discutir sus pretensiones civiles ante el tribunal de idéntica naturaleza que correspondiere; mismo criterio que exige el actual Código de Justicia Militar a propósito del procedimiento de tiempo de paz.

Sostiene que de acuerdo al tenor del artículo 10 del Código de Procedimiento Penal, para la procedencia de la acción civil en el juicio criminal es menester que se funde en los perjuicios patrimoniales causados directa e inmediatamente por las propias conductas de los procesados o que sean consecuencias próximas o directas de ellas, y que el juzgamiento de la pretensión civil del actor no se extienda a extremos ajenos a las conductas que constituyen el hecho punible. Es decir, el juez en lo penal no tiene competencia para conocer de acciones civiles indemnizatorias o reparatorias que procedan de hechos distintos de los propios que causaron la tipicidad.

En la especie, destaca que la demandante imputa responsabilidad al Fisco sobre la base de lo dispuesto en el artículo 38 de la Constitución Política de la República, y artículos 4° y 44 de la Ley N° 18.575, disposiciones que según la actora establecerían una supuesta responsabilidad imprescriptible y objetiva del Estado; es decir, se le atribuye responsabilidad de derecho constitucional y administrativo, pero no penal.

De lo dicho colige que se trata de circunstancias ajenas al comportamiento de los autores y cómplices de los ilícitos que se persiguen, excediendo por ende la limitación impuesta en el artículo 10 del Código de Procedimiento Penal, incompetencia que no solo cuenta con sustento legal y doctrinario, sino que ha sido reconocida judicialmente.

Asegura que el Estado y sus órganos sólo pueden causar algún perjuicio mediante falta de servicio, que es de carácter autónomo en relación con la teoría civilista de la responsabilidad extra contractual, y cuyo sustento no se hace consistir sólo en los elementos del dolo y la culpa, sino que emerge en diferentes situaciones que la doctrina acepta como constitutivas de falta, por ejemplo cuando el servicio funciona mal, no ha funcionado o lo ha hecho tardíamente.

Aduce que en el caso en estudio se trata una acción constitucional destinada a reclamar contra la administración del Estado, se invoca una falta de servicio, los perjuicios de las víctimas serían imputables a la propia administración por el funcionamiento normal o anormal de sus servicios públicos, y se trataría una responsabilidad objetiva del Estado. De ello aparece que para resolver la acción civil deducida, el tribunal se aparta del juzgamiento de las mismas conductas que constituyen el hecho punible objeto del proceso penal, ya que la supuesta responsabilidad del Estado deberá buscarse en hechos extraños al comportamiento de autores y cómplices, por lo que se extendería a extremos distintos a los que señala el artículo 10 del Código de Procedimiento Penal.

En síntesis, asevera que el juez del crimen dictó fallo careciendo de competencia para pronunciarse sobre la acción civil, por lo que debía confirmarse el fallo de primer grado no dando lugar a la demanda contra el Fisco.

Con estos argumentos solicita se anule el pronunciamiento de alzada y se dicte otro de reemplazo que confirme el de primera instancia, con costas;

SEGUNDO: Que enseguida, la defensa del condenado Gamaliel Soto Segura interpuso recursos de casación en la forma y en el fondo.

El primero de ellos se asienta en la causal novena del artículo 541 del Código de Procedimiento Penal, esto es, no haber sido extendida la sentencia en la forma dispuesta por la ley, denunciando como infringido el artículo 500 N° 4 del mismo cuerpo normativo.

Indica que el fallo de primera instancia no se hizo cargo de sus alegaciones en que sostuvo que el elemento de prueba fundamental y directo provendría de una declaración -fojas 1018- acompañada a un parte policial que, amén de ser un mero antecedente, su contenido es inútil para formar convicción en contra de su representado, dado que el propio declarante sostiene que fue detenido un día 16 de septiembre de 1973, en circunstancias que los hechos indagados se inician con la detención de la víctima y su traslado en helicóptero desde la localidad de Cunco dos días antes, el 14 de septiembre de 1973, cuestión que el fallo no aborda.

Plantea que la sentencia tampoco se hace cargo de sus alegaciones acerca de que una eventual actuación de su representado al subir a la víctima a un helicóptero en horas de la tarde, después de consumada la detención, no es un acto propio de la complicidad.

Aclara que no está alegando en cuanto a la forma de apreciar las probanzas, sino que cuestiona que los jueces no se pronuncien acerca de que el testigo signado con el numeral 11 del considerando 8° nada pudo ver, lo que es una cuestión netamente formal.

Destaca entre la prueba el testimonio de la cónyuge de la víctima, quien declara ampliamente acerca de las circunstancias de la detención, el traslado al cuartel, su permanencia en ese lugar y su posterior conducción a un recinto de la Fach. Sólo relata que su mandante se comportó como si no los conociera, pero no dice que los haya detenido, golpeado ni subido al helicóptero. Atestigua que dentro de los carabineros que en ese momento estaban en el retén, recordó a Gamaliel Soto, a quien reconoce en una fotografía.

De ahí extrae el recurrente que su representado no participó en el acto de la detención y consumación de la privación de libertad, pues la cónyuge del ofendido lo recuerda únicamente como uno de los que estaban en el cuartel policial pero no relata que haya concurrido a su domicilio.

Más adelante extracta otros testimonios contenidos en la causa, de los que desprende que ninguno vincula a su mandante con la detención de la víctima o bien no estaban en condiciones de conocer los hechos sobre los que se expresan, reprobando que el tribunal no haya extendido sus consideraciones a estas cuestiones.

Asegura que si los sentenciadores se hubiesen hecho cargo de sus alegaciones en forma debida, debió absolverse a su representado por falta de participación y no sancionarlo como autor del delito de secuestro materia de las averiguaciones.

En la conclusión solicita se invalide el fallo de alzada y se dicte otro conforme a la ley y al mérito del proceso;

TERCERO: Que como se dijo en el motivo anterior, el mismo recurrente formalizó recurso de casación en el fondo por la causal primera del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, estimando como vulnerados los artículos 214 inciso 2° del Código de Justicia Militar, 103 y 68 inciso tercero del Código Penal.

Plantea que la decisión condenatoria es equivocada al sostener que en todos los casos del artículo 214 antes señalado la orden a que alude la disposición debe ser relativa al servicio, ya que el supuesto del inciso 2° precisamente trata de una orden diversa, pues resulta jurídicamente imposible sostener que la orden de cometer un delito sea una de aquellas materias comprendidas dentro del servicio de los militares.

Acorde a ello, si es que el subordinado comete un delito en cumplimiento de una orden notoriamente tendiente a la perpetración del ilícito y sin dar cumplimiento a la formalidad de representar la orden de acuerdo al artículo 335 del mismo Código, se debía imponer la pena inferior en grado a la asignada por la ley, pues se trata de una atenuante calificada que perentoriamente ordena la reducción de la pena.

Arguye que si Soto Segura condujo a la víctima al helicóptero, no lo hizo de propia iniciativa, sino que debió cumplir una orden, dado que el dominio del hecho lo tenían sus superiores jerárquicos.

Critica enseguida que el tribunal no haya considerado el hecho revestido de la atenuante calificada que consagra el artículo 103 del Código Penal, circunstancia que resulta ser independiente y diversa de la prescripción propiamente tal, pues se funda en lo insensato de una alta sanción por hechos ocurridos largo tiempo atrás y en la aplicación del principio humanitario del Derecho Penal.

Para efectos del castigo, considera que de haberse reconocido la atenuante del artículo 214 del Código de Justicia Militar, se habría rebajado la pena en un grado, y con la estimación, además, de la minorante del artículo 103 del Código Penal, se torna inaplicable cualquier agravante y concurrentes en cambio dos o más atenuantes muy calificadas, de modo que dando aplicación al artículo 68 del Código Penal, debe rebajarse la pena en uno, dos o tres grados al mínimo de los señalados en la ley, dado el número y la calidad de las circunstancias atenuantes. En la especie, por el tiempo transcurrido, la responsabilidad penal del encausado se encontraría extinguida, pero en consideración a la calificación del delito como de lesa humanidad, que no discute, en aras del derecho, la moral y la justicia, es dable la aplicación del máximo de la rebaja, esto es, de tres grados, y así se cumple con la exigencia de la racionalidad de la pena, todo lo cual permitiría la concesión de los beneficios de la Ley N° 18.216.

En lo petitorio, insta por la anulación del fallo a fin que se dicte sentencia de reemplazo que, con las circunstancias alegadas, lo sancione a una pena no superior a la de presidio menor en su grado mínimo, pudiendo acogerse así alguna de las medidas alternativas al castigo corporal;

CUARTO: Que en lo concerniente al recurso de casación en la forma basado en la incompetencia absoluta del tribunal, alegada por la defensa del Fisco, en la que niega la facultad del tribunal de conocer y juzgar una acción civil de la querellante, por constituir dicho litigante una parte que en lo jurídico de la pretensión invocada sería un tercero civilmente responsable, respecto del cual el artículo 10 del Código de Procedimiento Penal no otorga legitimación pasiva para soportar en esta jurisdicción la pretensión indemnizatoria demandada, es del caso señalar que el objetivo principal del juicio penal es el de conocer y juzgar una conducta que la ley considere penalmente ilícita y por ende, en los casos de existir especialidad, como lo es en lo criminal, la competencia del tribunal debe estar destinada a establecer los extremos de la persecución penal, lo cual es relativamente cierto, en cuanto a que el juzgamiento civil relacionado con el hecho ilícito acumulado al proceso penal debe entenderse como algo excepcional. Pero esta situación de excepción, sin embargo, no es óbice para acumular competencias si se dan los supuestos legales establecidos para justificar la necesidad de que se discutan en un solo juicio los aspectos civiles del delito con la cuestión penal, para lo cual la ley orgánica y procedimental lo permiten de manera clara y precisa;

QUINTO: Que en este entendido, es una regla general de competencia, el principio de extensión que se contiene en el artículo 111 del Código Orgánico de Tribunales, la cual permite una ampliación de competencia a los jueces en la tarea de decidir los conflictos de relevancia jurídica y por ello es que admite que el tribunal que es competente para conocer de un asunto, lo sea también para conocer de otras cuestiones que la norma plantea desde un punto de vista civil, como lo son los incidentes y las materias relacionadas con la reconvención o con la compensación, extensión que también opera en el juicio penal, como ocurre precisamente con los asuntos civiles o prejudiciales civiles, relacionados con el tema criminal, a los cuales la ley le entrega competencia a los tribunales de la sede penal, como lo constituyen las materias previstas en los artículos 10, 39 y 40 del Código de Procedimiento Penal, en relación a los artículos 171, 172, 173 y 174 del Código Orgánico de Tribunales, de acuerdo a la vigencia que dispuso la Ley N° 19.708, según se trate de asuntos criminales del antiguo o nuevo sistema procesal penal. De manera tal que la extensión de competencia de los jueces a cuestiones distintas de lo que constituye la causa principal es un principio plenamente vigente y además útil y necesario para la congruencia y seguridad jurídica en la contienda jurisdiccional y ayuda además como un elemento de economía procesal;
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