En la ciudad de San Salvador de Jujuy, capital de la Provincia de Jujuy, República Argentina, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil once






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En la ciudad de San Salvador de Jujuy, capital de la Provincia de Jujuy, República Argentina, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil once, reunidas las integrantes de la Sala Segunda del Tribunal de Familia, Dras. Mirta Beatriz Chagra, Alicia Silvia Guzmán y María Cristina Molina Lobo, por habilitación, analizaron el Expte. Nº B-205.466/09, caratulado: “Solicitud de declaración de Inhabilidad. C., M. R.; C. C., F.; C. C., M. A. por C. L., G. F."; tras lo cual,

CONSIDERANDO:

I.- Se inaugura la presente etapa en virtud de la Reclamación ante el Cuerpo deducida por la Dra. Nivea del Valle Adera, apoderada de la Sra. M. R. C. C., en contra de la sentencia dictada por Presidencia de trámite, de fecha 27 de junio de 2011, y su aclaratoria de fecha 07 de septiembre de 2011, en cuanto declara que el Sr. G. F. C. L., en el pleno ejercicio de su personalidad jurídica, deberá tomar toda decisión que comprometa su patrimonio por actos de disposición de bienes inmuebles y muebles registrables, con el apoyo de su abogado Dr. Martín D. Jorge.-

Se agravia la recurrente por cuanto -dice- “de las pruebas obrantes en autos, de los dictámenes de funcionarios de este Poder Judicial, los médicos y socio-ambientales, emitidos surge claramente la arbitrariedad del fallo dictado que demuestran el estado de inhabilidad del Dr. C. L., atento que no puede manifestar su voluntad, ni tomar decisiones respecto de su persona ni bienes…”. Agrega que “…la resolución impugnada viola el art. 152 bis del C. C., que determina el concepto de capacidad que tiene que ver con la total posibilidad de interpretar, conocer, tener conciencia, si el insano no puede hablar, empieza a repetir palabras, cómo puede medirse su habilidad…”. También porque se denegaron pedidos de prueba puntualmente solicitados por su parte, lo que conculca los derechos de defensa, igualdad y contradicción; porque se designa curador de hecho al apoderado del Dr. C., siendo una persona ajena al grupo familiar legitimado para decidir cuestiones netamente patrimoniales que encierran derechos exclusivos y excluyentes de la sociedad conyugal; y, finalmente, porque pretender que la Ley 26.378 deja sin efecto normativas claras del Cód. Civil, art. 152 bis, conduce a la clara violación de esta normativa. Todo, conforme los fundamentos expresados a fs. 680/682, los que doy por reproducidos para ser breve. Solicita se revoque la resolución apelada, declarando la inhabilidad conforme lo peticionado en la demanda y se ordene la producción de la prueba requerida por su parte. Hace reserva del Caso Federal.-

Sustanciado el recurso, a fs. 688/692 el Dr. Martín Durbal Jorge contesta traslado, solicitando el rechazo del mismo, con costas. Para ello, afirma, entre otras consideraciones, que el remedio tentado resulta una mera discrepancia con lo resuelto pues, al aplicar la ley se elimina toda posibilidad de que el fallo peque por contradictorio, o que su resultado contenga un grave vicio de legitimidad. Sostiene la inexistencia de agravios por parte de la recurrente, por cuanto el supuesto perjuicio económico que la sentencia le ocasiona al actor, da por cierto que su mandante venderá todos sus bienes. Igualmente, afirma, de todas las opiniones profesionales vertidas en la causa y en relación al estado de salud del Dr. C. L., en ninguna se afirma de manera categórica que el mismo no puede dirigir su persona y administrar sus bienes, informes estos sobre los que se apoya la sentencia recurrida. También, agrega, se adoptaron todos los recaudos formales y procesales en salvaguarda de las garantías que se dicen violentadas, teniendo el actor la oportunidad procesal de hacer valer su derecho y ejercer sus defensas, por lo que no existió indefensión alguna de su parte.-

A fs. 726/730, la Dra. Susana María Traillou de Cardozo, Directora del Departamento de Asistencia Jurídico Social, contesta la vista conferida y solicita el rechazo del recurso tentado por las razones de hecho y derecho allí expuestas, y que, en prieta síntesis, dicen de la nueva normativa aplicable en temas de discapacidad, con referencia a los informes médicos obrantes en la causa, en los que se sustenta la sentencia recurrida.-

En su dictamen (fs. 738/740), la Sra. Defensora de Menores e Incapaces, Dra. Gladis Meriles de Cardozo, se pronuncia por la confirmación del fallo impugnado en tanto, afirma, dentro del nuevo marco normativo, doctrinario y jurisprudencial, en el mismo se respeta el derecho a la autodeterminación, a la personalidad jurídica y a la capacidad jurídica de obrar del Dr. G. C. L..-

II.- La reclamación deducida no puede tener andamiaje favorable toda vez que “la tacha de arbitrariedad requiere que se invoque y demuestre la existencia de vicios de grave entidad en el fallo cuya revisión se persigue, y esos vicios de gravedad deben consistir en razonamientos groseramente ilógicos o contradictorios, apartamiento palmario de las circunstancias del proceso, omisión de considerar hechos y pruebas decisivas o carencia absoluta de fundamentación”. (L.A. nº 40, fº 775/776, nº 277). Extremos éstos que no se aprecian en el decisorio recurrido el que, con sujeción a las conclusiones y aclaraciones de la Junta Médica designada en autos, y la normativa supranacional y nacional aplicable al caso, no hace lugar a la declaración de inhabilitación del Sr. G. F. C. L., en los términos del art. 152 bis, inc. 2º, CCivil; sin perjuicio de lo cual, adopta las medidas de apoyo y salvaguardia acordes con la modalidad de abordaje establecido en el Capítulo V de la ley 26657.-

Es que, en el proceso de insania cabe diferenciar entre el dictamen que admite la enfermedad de aquel que se pronuncia por la sanidad mental. Si, según el dictamen, el denunciado está sano, el juez se debe ajustar a él. Es decir que, en esta hipótesis, la conclusión pericial tiene fuerza vinculante para el magistrado y es inaceptable que se pueda apartar de ella, dado que importaría desconocer la función que la ley asigna a la peritación médica. (MARTINEZ ALVAREZ, en FALCON, Enrique M., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y leyes complementarias, t. IV, p. 159). Resulta de toda lógica que si no es posible declarar la demencia antes de haber sido verificada médicamente la enfermedad mental (art. 142, Cód. Civ.), mucho menos se lo podría hacer cuando médicos especialistas, designados precisamente a tal fin, concluyen por la salud mental del denunciado. “Declarar insana a una persona con un dictamen médico que establece su sanidad mental, sería lo mismo que hacerlo sin dictamen médico, pues en ambos casos se violaría la garantía esencial para el denunciado que ha consagrado el art. 142, Cód. Civil”, (CNCiv., sala F, 29-11-79, “M., M.”, L. L. 1980-A-1154, E. D. 87-211. Ct. en LEGUISAMON, Héctor E., Derecho Procesal Civil, Tomo II, p. 692).-

Conforme ello, siendo que para los supuestos comprendidos en los incs. 1º y 2º del art. 152 bis, CCivil, se aplican “en lo pertinente” las reglas del proceso de declaración de demencia y de rehabilitación, resultando asimismo esencial la realización de una peritación médica (cfr. CNCiv., sala F, 27-11-79 “M., M.”, L. L. 1980-A-1154, E. D. 87-211. ct.), el informe pericial en el que se fundamenta el decisorio recurrido, no refiere en forma terminante un estado patológico en la persona del Sr. G. F. C. L., que haga viable su inhabilitación, aún cuando tenga alguna de sus facultades disminuidas merced al ACV sufrido, y ello le ocasione determinadas dificultades en su vida personal, profesional o de relación.-

En tal sentido, debe recordarse que el régimen de la inhabilitación judicial normado en el art. 152 bis protege a las personas que se encuentran afectadas por diversos tipos de deficiencias morales, psíquicas o de conducta, pero no físicas, que inciden sobre el discernimiento, “colocándolas en situación de inferioridad para la gestión de su patrimonio, y en el caso especial de los pródigos, su finalidad es la protección de la familia de éstos”. (Belluscio, Augusto C. (dir.) – Zannoni, Eduardo A. (coord..), Código Civil y leyes complementarias. Comentado, anotado y concordado, Astrea, p. 583).-

Avanzando sobre la materia que nos ocupa, el Tribunal de Familia de Mar del Plata Nº 1 (6/5/2009, B., L., cit. en Derecho de Familia, Revista Interdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia – 2010-I, AbeledoPerrot, p. 89), sostuvo: “Son inconstitucionales los arts. 152 bis y 468, CCiv., por contravenir preceptos constitucionales de personalidad jurídica, reconocimiento de la capacidad jurídica, principio constitucional pro debilis, pro homine, igualdad ante la ley, principio de legalidad, contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. El art. 152 bis, CCiv., flexibilizó el régimen de incapacidad y resultó adecuado a las circunstancias jurídicas, económicas y políticas imperantes en 1869, pero no reconoce a la persona como fin, en su singularidad, con el conjunto de derechos humanos de los que es titular y que el Estado constituyó en obligación de resultado a partir de la ratificación de los tratados y convenciones internacionales en la reforma constitucional de 1994, habiéndose modificado en la actualidad el criterio de incapacidades a partir de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, por lo que el art. 152 bis, CCiv., deviene inconstitucional e inaplicable... Todo ser humano por el hecho de serlo es titular de derechos fundamentales que la sociedad no puede arrebatarle lícitamente, por ello no es posible aplicar el ordenamiento dispuesto en el Código Civil respecto del proceso de incapacidad relativa dentro del marco del juicio de inhabilitación; el titular de personalidad jurídica tiene capacidad jurídica para el ejercicio de sus derechos, debiendo determinarse un régimen de apoyo acorde con los principios constitucionales y a la luz de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad...”.-

El agravio de la recurrente sustentado en la errónea aplicación que el fallo impugnado hace de la normativa vigente, desatiende la manda contenida en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que nos obliga a reinterpretar la legislación argentina, desde el cambio de paradigma. Establece como regla general el sistema de apoyo en la toma de decisiones en reemplazo del régimen de sustitución de la voluntad.-

La nueva ley de salud mental, cuya sanción tiene fecha 25/11/2010 y su promulgación 2/12/2010 (BO del 3/12/2010), impone nuevas prácticas, trae derecho ubicado en los tratados de derechos humanos y estándares internacionales de intervención en salud mental, que son ahora derecho vinculante.-

Al decir de María Graciela Iglesias, refiere a la identidad, dignidad, no discriminación, capacidad, debido proceso, garantía y protagonismo de la persona, en cualquier intervención jurídico-sanitaria que se pretenda sobre ella.-

“Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica”. Este derecho está reconocido por la Declaración Universal de Derecho Humanos (DUDH), en su artículo 6, por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) en su artículo 16, y por la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), artículo 3. Estas normas se encuentran formuladas de modo operativo, es decir, resultan de aplicación directa y automática de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (CDPD), artículo 12.-

Resulta vital el reconocimiento de la personalidad jurídica, puesto que ello lleva a considerar el derecho de las personas con discapacidad intelectual o psicosocial: a) a defender su capacidad civil; b) a eliminar el proceso de interdicción y generar dispositivos legales intermedios hasta la modificación del Código Civil.-

El juez está obligado a la aplicación de la norma más favorable a la persona humana. Esta norma se encuentra en los tratados y convenciones de derechos humanos que conforman el bloque de orden público internacional del artículo 75, inc. 22, de la Constitución Nacional Argentina.-

Las normas que reconocen derechos de las personas con discapacidad mental refieren primordialmente al respeto a la autonomía del sujeto, a su autodeterminación y autorresponsabilidad, el respeto a su decisión y el apoyo para la toma de decisiones.-

La ley 26657 da un corte a la visión sesgada de la enfermedad como único supuesto de abordaje y tratamiento de la persona con sufrimiento mental, con un enfoque ajustado al principio pro homine de derechos humanos, garantizando su pleno goce. La salud mental se reconoce en la ley como un proceso determinado por la historia individual de cada sufriente, desde factores socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos, dentro de una trama social que deberá construir la participación de la persona como titular de derechos humanos en pleno ejercicio.-

La presunción de capacidad es el punto de partida de cada actuación. La concepción de protección se ve filosóficamente modificada a partir de la visibilización de la persona. Trae la CDPD la noción de que la discapacidad radica en el entorno y no en la persona; es decir, el reflejo de la discapacidad dentro del fenómeno social.-

El reconocimiento de la personalidad jurídica significa para el sujeto ubicarse, posicionarse ante la ley. Por ello, capacidad jurídica incluye capacidad de obrar. Conlleva también el concepto de capacidad jurídica universal, el que se debe fortalecer con el diseño de estrategias que posibiliten la personalidad y la capacidad de ejercicio. Es por ello la necesidad de implementación de los apoyos que, en la modificación legislativa de los Estados, modificaría también el abordaje judicial. La legitimidad, la igualdad, la dignidad y la honra de las personas se traducirán en el ejercicio pleno de su personalidad y capacidad jurídica, sin que obste su condición de discapacidad. (“Poder Decirlo Todo: Hombre, Persona y Ley 26657”, Derecho de Familia – Revista Interdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia, Tomo 51, p. 103, Ed. Abeledo Perrot).-

Finalmente, merece puntualizarse que aún en el régimen del art. 152 bis CCiv., el asistido ejerce personalmente sus derechos, solo que la voluntad para el otorgamiento de un acto jurídico relevante se integra con la de su asistente, quien expresa su asentimiento para la realización del acto; esto es, la asistencia da lugar a una actividad compleja cuyo elemento voluntario está integrado por la voluntad del titular de los derechos ejercidos, completada por la voluntad de la persona que desempeña la función de contralor. Mientras, en el sistema que propone la CDPD, la incorporación de las medidas de apoyo y salvaguardia importan colocar el sostén para compensar ciertas dificultades que el devenir de la vida le plantea a un sujeto. Con ello quiere significarse que tanto en uno como en otro de los sistemas, la posibilidad de perjuicio económico -de lo que se agravia la recurrente-, es de ninguna relevancia toda vez que la conveniencia o inconveniencia del acto de disposición o administración relevante estará “supervisado” o “apoyado” o “controlado” por quien designa el juez en mérito a la confianza prodigada por el asistido.-

Por todo ello, voto por el rechazo del recurso tentado en autos, con costas, proponiendo se regulen los honorarios de los letrados intervinientes en conformidad con lo dispuesto en el art. 11º de la ley 1687 y Ac. Nº 16/11 STJ.-

Las Dras. Silvia Alicia Guzmán y María Cristina Molina Lobo adhirieron al voto que antecede.-

Por lo que, la Sala Segunda del Tribunal de Familia,

RESUELVE:

I.- Rechazar la reclamación ante el Cuerpo deducida por la Dra. Nivea del Valle Adera a fs. 680/682, con costas, regulando los honorarios profesionales de los Dres. Martín Durbal Jorge y Nivea del Valle Adera, en las sumas de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 250,=), y PESOS CIENTO SESENTA Y SEIS c/66 ($ 166,66), respectivamente, mas IVA si correspondiere, conforme art. 11º de la ley 1687 y Ac. Nº 16/11 STJ).-

II.- Registrar, agregar copia en autos y notificar por cédula.-

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