Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Sala especial del art. 61 de la lopj), de 27 marzo 2003 (rj 2003\3072)






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Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Sala especial del art. 61 de la LOPJ), de 27 marzo 2003 (RJ 2003\3072)
Jurisdicción: Sala Especial del art. 61 LOPJ

Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco José Hernando Santiago.

SALA ESPECIAL DEL ART. 61 DE LA LOPJ: Declaración de ilegalidad y disolución de partidos políticos: LO 6/2002, de 27 junio: constitucionalidad: procedimiento: derecho a una doble instancia: vulneración inexistente; órgano judicial competente: procedencia; vulneración de las garantías procesales: inexistencia; supuestos: complementar y apoyar políticamente la acción de organizaciones terroristas para la consecución de sus fines: origen, naturaleza y circunstancias de los partidos: desdoblamiento o reparto de responsablidades entre la actividad terrorista y la política: continuidad: examen; exculpar las acciones terroristas y minimización de su significado; utilizar como instrumentos de la actividad del partido símbolos, mensajes o elementos que representen o se identifiquen con el terrorismo o la violencia; vulnerar sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas; supuestos existente: ilegalidad existente; «levantamiento del velo» y abuso de derecho: aplicación de: identidad o unidad sustancial entre formaciones y reparto de funciones con banda terrorista: efectos: proyección de efectos de disolución sobre las formaciones políticas que intentaran continuar la labor. FUNDACIONES Y ASOCIACIONES: Partidos políticos: declaración de ilegalidad y disolución: proporcionalidad y necesidad de la medida: examen: derecho a constituir y participar en partidos políticos y derecho de asociación: vulneración inexistente.

El Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado, en representación del Gobierno de la Nación, formularon demanda de ilegalidad y consecuente disolución de los partidos políticos «HERRI BATASUNA (HB)», «EUSKAL HERRITARROK (EH)» y «BATASUNA» al amparo de lo previsto en la Ley Orgánica 6/2002, de 27 junio, de Partidos Políticos.La Sala Especial del art. 61 de la LOPJ del TS estima las demandas interpuestas, declara la ilegalidad de los partidos políticos demandados y su disolución, ordenando la cancelación de las inscripciones en el Registro de Partidos Políticos, así como el cese inmediato de sus actividades y apertura del proceso de liquidación patrimonial.
Texto:
En la Villa de Madrid, a veintisiete de marzo de dos mil tres.
Vistos los procesos acumulados números 6/2002 y 7/2002, seguidos a instancias de la Abogacía del Estado y del Ministerio Fiscal sobre ilegalización de Partidos Políticos, siendo partes demandadas los Partidos Políticos Herri Batasuna; Euskal Herritarrok y Batasuna, los dos primeros en situación de rebeldía y el último representado por la Procuradora doña Ana L. A. y defendido por el Letrado don Iñigo I. S.


ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO Por escrito fechado el 2 de septiembre de 2002, con entrada en este Tribunal Supremo al día siguiente, el Ministerio Fiscal formulaba, ante esta Sala Especial regulada en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (RCL 1985, 1578, 2635), demanda de disolución de los partidos políticos Herri Batasuna (HB), Euskal Herritarrok (EH) y Batasuna al amparo de lo previsto en los artículos 10 y siguientes de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio (RCL 2002, 1614), de Partidos Políticos. En dicha demanda, a la que se acompañaban los documentos en los que la expresada representación fundaba su derecho, procedía a relatar los hechos y alegar los fundamentos de Derecho que estimaba adecuados a su acción, interesando luego la apertura del procedimiento a prueba así como la práctica de cuantos medios probatorios estimaba adecuados para la justificación de sus afirmaciones fácticas. En el suplico de dicha demanda concluía el Ministerio Fiscal solicitando de la Sala: a) que declare la ilegalidad de los partidos demandados; b) que ordene la cancelación de sus respectivas inscripciones registrales en el Registro de partidos Políticos; c) que ordene también el cese inmediato de sus actividades; d) que extienda los efectos de los anteriores pronunciamientos a todo partido de nueva creación que pudiese surgir en fraude de ley o de los ya existentes y que pudiera venir a suceder en su actividad a los declarados ilegales; e) que ordene su liquidación patrimonial; f) que acuerde que la disolución surta los efectos previstos en el artículo 12.1 de la Ley Orgánica Reguladora de los Partidos Políticos, y todo ello; g) con expresa condena en costas a las partes demandadas.
SEGUNDO Por escrito fechado el 2 de septiembre de 2002 y también, como en el anterior caso, con entrada en el Registro General de este Tribunal Supremo el 3 siguiente, el Abogado del Estado, en representación del Gobierno de la Nación Española y en cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Ministros adoptado el 30 de agosto de 2002 conforme a mandato expreso del Congreso de los Diputados, formuló demanda para «la declaración de ilegalidad de los partidos políticos» Herri Batasuna (HB), Euskal Herritarrok (EH) y Batasuna y para «su consecuente disolución». En su escrito de demanda el Abogado del Estado procedía a su vez a relatar los hechos y alegar los fundamentos de Derecho que estimó adecuados a su acción, interesando después la apertura del procedimiento a prueba y la práctica de aquellos medios probatorios que estimó eran conducentes a la justificación de los hechos afirmados. En el suplico de su escrito de demanda expresaba literalmente dicha representación: «Que, teniendo por presentado este escrito con los documentos, medios e instrumentos que se acompañan y sus copias, se sirva admitir todo ello y tener por interpuesta demanda en solicitud de declaración de ilegalidad de los partidos políticos Batasuna, Herri Batasuna y Euskal Herritarrok, y, tras la tramitación prevista en la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio (RCL 2002, 1614), se dicte Sentencia por la que se declare la ilegalidad de los tres partidos mencionados y se acuerde su disolución, con los efectos previstos en la citada Ley Orgánica».
TERCERO Por dos providencias, fechadas ambas el 5 de septiembre de 2002, tuvo esta Sala por formuladas las demandas del Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal que más arriba se expresan, en solicitud de ilegalización y disolución de los partidos aludidos, las cuales, respectivamente, dieron lugar a la incoación de los autos jurisdiccionales números 6/2002 y 7/2002. En dichas providencias, además de tener por formuladas las demandas, se acordaba el emplazamiento de los partidos demandados para su formal comparecencia en plazo de ocho días, ordenando al efecto, para su debido cumplimiento, el libramiento de exhortos a los Juzgados Decanos de los de Primera Instancia de Bilbao, San Sebastián y Pamplona. Las providencias aludidas informaban además a las partes de los Magistrados que, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial (RCL 1985, 1578, 2635), habían de formar la Sala que había de enjuiciar la causa y los Ponentes designados en cada uno de los procedimientos.
Una vez producidos los emplazamientos, con el resultado e incidencias que son de ver en autos, la Sala, en otras dos providencias de fecha común de 13 de septiembre de 2002 acordó oír a las demandantes para alegaciones con respecto a lo actuado hasta ese momento. Una vez evacuados por éstas los respectivos traslados dictó nuevas providencias, el 18 de septiembre de 2002, en las que, tras declarar que los emplazamientos realizados a los demandados debían entenderse efectuados correctamente, según lo establecido para ellos en la Ley de Enjuiciamiento Civil (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892), pese a todo, «para que en ningún caso pudiera producirse ningún género de indefensión o vulneración de los principios de contradicción y defensa», ordenaba efectuar emplazamientos edictales complementarios a través del Boletín Oficial del Estado y los Boletines Oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de la Comunidad Foral de Navarra.
En dos escritos, de fecha común de 8 de octubre de 2002, con entrada en este Tribunal al día siguiente, la Procuradora de los Tribunales doña Ana L. A. comparecía en representación del partido político demandado, Batasuna, en ambos procedimientos jurisdiccionales 6/2002 y 7/2002.
Por sendos Autos también de fecha común de 28 de octubre de 2002 el Tribunal, vista la incomparecencia de los otros dos partidos demandados Herri Batasuna y Euskal Herritarrok no obstante su formal emplazamiento en las formas más arriba descritas, acordó declararlos en rebeldía y, en consecuencia, no llevar a cabo desde aquel momento notificación adicional de ninguna clase a los mismos, salvo la finalizadora del presente procedimiento.
Por escritos fechados el 9 de octubre de 2002, 16 de octubre de 2002 y 21 de octubre de 2002, la representación procesal de Batasuna, demandada en los presentes autos jurisdiccionales, formulaba incidentes de recusación (iguales en los dos procedimientos seguidos) de los Magistrados de esta Sala, Excma. Sra. Milagros Calvo Ibarlucea y Excmo. Sr. D. Angel Rodríguez García, así como de su Presidente y Ponente de esta Sentencia, Excmo. Sr. D. Francisco José Hernando Santiago. Dichas recusaciones dieron lugar a sus respectivas incoaciones, designaciones de instructores y sustitutos, evacuación de informes por el recusado en cada caso, audiencia del Ministerio Fiscal y señalamiento para deliberación y fallo, tras lo cual se dictaron sendos Autos, de fechas 3 de diciembre de 2002 (dos de ellos) y 4 de diciembre del mismo año (el tercero) en los que se desestimaban dos de los incidentes y por el contrario estimaba otro de ellos. En concreto el incidente estimado era el de la recusación del Excmo. Sr. D. Angel Rodríguez García, apartándole, por los motivos que en dicho Auto son de ver, del conocimiento del asunto.
El Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal, en escritos de la misma fecha 10 de octubre de 2002 solicitaban la acumulación de los autos jurisdiccionales seguidos, al amparo del artículo 81, párrafo segundo, de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Una vez recibidos dichos escritos petitorios, el Tribunal dictó providencia de audiencia a la única demandada personada con respecto a dicha solicitud, sin suspensión por ello de los procedimientos cuya acumulación se postulaba. La representación procesal de Batasuna se adhirió a esta pretensión por escrito de fecha 31 de octubre de 2002, dictándose por fin un Auto el 5 de noviembre de 2002 en el que acordaba dicha acumulación de procesos y, en concreto, el 7/2002 al 6/2002, más antiguo en su tramitación.
El 31 de octubre de 2002 la representación demandada formulaba un nuevo incidente de recusación, esta vez del Magistrado Excmo. Sr. D. Clemente Auger Liñán. Una vez abierto el incidente, nombrado el instructor y dado traslado al recusado para que se pronunciase sobre la concurrencia de la causa alegada, éste reconoció su existencia, por lo que en efecto quedó finalmente apartado del conocimiento del asunto.
CUARTO Por escrito de fecha 8 de noviembre de 2002, la representación procesal del partido político Batasuna, única demandada comparecida en los presentes autos jurisdiccionales, formulaba contestación a las demandas del Ministerio Fiscal y Abogado del Estado, oponiéndose a las pretensiones contenidas en ambas, acompañándola de los documentos que estimaba oportunos y solicitando en su suplico que: «teniendo por presentado este escrito, su copia y los documentos que se acompañan, se sirva admitirlo, y, en su mérito, tenga por formulada en tiempo y forma contestación a las demandas interpuestas por el Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal y por instada oposición a las pretensiones de los actores, y previa su tramitación conforme a derecho y recibimiento del pleito a prueba, dicte Sentencia por la que se acuerde la desestimación de las demandas, con imposición de las costas a los demandantes y con lo demás que en Derecho proceda».
QUINTO Interesada por todas las partes personadas la apertura del procedimiento a prueba, la Sala lo acordó en conformidad en un Auto fechado el 3 de diciembre de 2002, en el que fijaba en quince días el período de proposición de la misma y en treinta el de su práctica.
El 20 de noviembre de 2002 el Ministerio Fiscal formulaba escrito de renuncia a determinados medios probatorios, concretamente a ciertas pruebas testificales, reproduciendo luego en otro de 10 de diciembre de 2002, en esta fase de prueba, los que en su momento había propuesto en su escrito de demanda. También la Abogacía del Estado, en fecha 20 de diciembre de 2002, formulaba su escrito de petición probatoria, en el que solicitaba la práctica de determinados medios de prueba. Lo propio fue efectuado, por último, por la demandada Batasuna, que en un escrito fechado el 23 de diciembre de 2002 solicitaba del Tribunal la práctica de determinadas testificales y documentales.
A la vista de todo ello fue dictada providencia el 27 de diciembre de 2002 en la que el Tribunal vino a resolver sobre la admisión de aquellos medios probatorios propuestos por las distintas partes que estimaba pertinentes y de utilidad para la causa, denegando los demás, así como sobre la forma en la que cada uno de los admitidos debía practicarse.
El 27 de enero de 2003 la representación de Batasuna interpuso recurso de reposición contra esta providencia, tanto por la desestimación de algunos medios probatorios por ella propuestos como por las restricciones a la publicidad del proceso que la Sala acordó, lo que dio lugar a oír a las demás partes personadas, por cinco días, para alegaciones con respecto a aquel recurso. Finalmente la Sala dictó un Auto en fecha 21 de enero de 2003 en el que lo desestimaba en su plenitud.
Los días 8, 9, 13 y 14 de enero de 2003 tuvo lugar, en audiencia pública y ante el Tribunal en pleno, la práctica de los medios de prueba solicitados por las distintas partes. Las sesiones de prueba fueron oportunamente grabadas en soporte digital y también de ellas fue levantada acta por el señor Secretario.
La representación procesal de Batasuna, en un escrito de fecha 14 de enero de 2003 solicitaba de la Sala la entrega de copia de las grabaciones de las sesiones de prueba, lo que fue denegado por una providencia de fecha 21 de enero de 2003. Contra ella fue formulado un nuevo recurso de súplica por aquella representación, que fue estimado finalmente en un Auto de 10 de febrero de 2003, en el cual se concluía acordando en efecto que dicha entrega tuviera lugar.
Una vez concluido el período probatorio, el Tribunal, en providencia de fecha 6 de febrero de 2003, dio traslado a las partes personadas para que efectuasen alegaciones, lo que fue efectuado por el Ministerio Fiscal en un escrito fechado el 10 de febrero de 2003, por la Abogacía del Estado en otro de 12 de febrero de 2003 y por Batasuna en otro de 10 de marzo de 2003. En todos aquellos escritos las representaciones personadas efectuaron un análisis del resultado de las pruebas practicadas y formularon las alegaciones que estimaron adecuadas a su interés, con el contenido que es de ver en ellos y que después será objeto de referencias individualizadas, solicitando por fin las dos primeras la plena estimación de las demandas y la tercera su desestimación y el planteamiento por la Sala de cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional con respecto a la Ley Orgánica 6/2002 (RCL 2002, 1614), Reguladora de los Partidos Políticos.
En una providencia de 11 de marzo de 2003 la Sala declaraba conclusas las actuaciones y señalaba el día 13 de ese mismo mes para el inicio de las deliberaciones. Finalmente éstas se han sucedido los días 13, 14, 15 y 17, tras lo cual se produjo la votación y fallo, habiendo sido alcanzada la unanimidad en el Tribunal.
SEXTO El Ministerio Fiscal fundamenta su demanda de ilegalización y subsiguiente disolución en los siguientes hechos y alegaciones esenciales:
«1º.-Creación de los partidos políticos demandados.
A. Que el partido político Herri Batasuna (HB) es una creación de la banda terrorista ETA (Euskadi Ta Askatasuna) y un instrumento erigido por la misma (aunque naciese como coalición electoral formada por ESB, ANV, HASI y LAIA) para aprovechar los recursos democráticos nacidos de la promulgación de la Constitución española y del cambio político habido a su consecuencia, y que se hallaba finalísticamente encaminado a desestabilizar las instituciones desde su interior y apoyar la acción terrorista de ETA. A tales efectos, dice siempre el Ministerio Fiscal, pondría a servicio de la banda ETA su infiltración institucional. Además, para mayor eficacia en el cumplimiento de su designio, no se sometería a las reglas del Estado de Derecho, no aceptaría la forma democrática, no debería dejarse «contaminar» por el Ordenamiento Jurídico o las instituciones españolas y emplearía los recursos que el sistema democrático proporciona a los demás partidos políticos para su labor, como los fondos públicos destinados a su financiación o los canales de acceso a los medios de comunicación.
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