Acción de tutela del ciudadano Jaime Humberto Uscátegui, contra el Tribunal Superior, Sala de Decisión Penal, y contra la Sala de Casación Penal de la Corte






descargar 0.58 Mb.
títuloAcción de tutela del ciudadano Jaime Humberto Uscátegui, contra el Tribunal Superior, Sala de Decisión Penal, y contra la Sala de Casación Penal de la Corte
página1/15
fecha de publicación22.06.2015
tamaño0.58 Mb.
tipoDocumentos
ley.exam-10.com > Derecho > Documentos
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Honorables Magistrados:

Consejo de Estado.

La ciudad.

Ref.: Acción de tutela del ciudadano Jaime Humberto Uscátegui, contra el Tribunal Superior, Sala de Decisión Penal, y contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, por haberse dictado sentencia en un proceso donde había ocurrido la prescripción de la acción.

Edgar Saavedra Rojas, identificado profesionalmente con la Tarjeta Nro. 4.523 del Consejo Superior de la Judicatura y C.C Nro. 8.244.232 de Medellín, en mi calidad de apoderado de los intereses judiciales del ciudadano de la referencia, respetuosamente acudo ante el Honorable Consejo de Estado, para presentar acción constitucional de tutela en contra de la sentencia de casación del 5 de junio de 2014, proferida por la Honorable Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia (Anexo No. 1), por medio de la cual no se casó el fallo de 2ª instancia proferido por la Sala Penal del Tribunal de Bogotá, el 23 de noviembre de 2009, la primera decisión, con ponencia del HM. Dr. Eugenio Fernández Carlier, dejando en firme el fallo de 2ª instancia, en el que nuestro representado Jaime Humberto Uscátegui Ramirez fue condenado a la pena principal de prisión de 37 años de prisión. por la comisión de los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo sucesivo, en concurso heterogéneo con los de secuestro agravado a título de autor, ( comisión por omisión), por considerar que dicho proveído judicial está inmerso en causales específicas de procedibilidad, VÍAS DE HECHO, que hacen viable la tutela, por violación del debido proceso en uno de sus núcleos esenciales como es el hecho de haberse dictado sentencia en un proceso en el que había operado el fenómeno jurídico de la prescripción de la acción penal, habiendo perdido el Estado la potestad persecutora y sancionadora y la Corte había perdido la competencia para hacer cualquier tipo de pronunciamiento, excepto el de la prescripción de la acción penal. Consecuencialmente se afecta con la decisión el derecho de nuestro representado a la libertad personal, en razón a que desde la ocurrencia del fenómeno prescriptivo sigue privado de su libertad.
La presente acción constitucional se presenta con la búsqueda de dos objetivos, uno principal y el otro subsidiario; mediante el primero pretendemos se declare la nulidad de la sentencia de casación por haberse dictado de manera extemporánea, cuando la Corte Suprema de Justicia había perdido la competencia para dictarla, en virtud de haberse producido el fenómeno jurídico de la prescripción de la acción.
Debe advertirse que pese a que la sentencia de segunda instancia se dictó válidamente, antes de que prescribiera la acción penal, lo cierto es la que misma, no alcanzó a producir ejecutoria, puesto que recurrida en casación, la acción prescribió mientras se surtía el trámite del recurso extraordinario.

El segundo objetivo subsidiario de la presente acción constitucional se presenta como un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en razón a que si bien existe la Acción de Revisión, como un mecanismo extraordinario para la protección de los derechos de nuestro representado, lo cierto es que es una acción cuyo trámite demanda un tiempo considerable, ( El recurso extraordinario de casación se demoró en su trámite y decisión más de cuatro años y no debe olvidarse que la revisión podría demorarse más, puesto que los magistrados titulares se encuentran impedidos y tendría que ser un fallo de conjueces ), que se califica como irrazonable y no idónea para la protección de derechos fundamentales, tratándose de una persona mayor de 65 años privada de la libertad, siendo la tutela el mecanismo idóneo y transitorio –mientras se presenta la demanda de revisión y se agota su trámite- para buscar la protección temporal de los derechos de nuestro representado, encaminado a buscar la suspensión temporal de los efectos de la sentencia condenatoria de segunda instancia y del fallo de casación, mientras se presenta la demanda de revisión y se agota el trámite de la acción extraordinaria, con el fallo correspondiente.
El D. 2591 que reglamenta la acción de tutela establece que la tutela no es procedente cuando existen recursos o medios de defensa judiciales, salvo que se presente como un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable:

“ &$ARTICULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. (…) ( Lo destacado no lo es en el texto ).

Nuestro representado está privado actualmente de la libertad desde el mes de noviembre de 2009 -pero en total lleva más de once ( 11 ) años detenido si se tiene en cuenta que la primera medida de aseguramiento data del 20 de mayo de 1999 -.
No obstante que la acción penal estaba prescrita al momento en que se profirió la sentencia de casación, - verificándose el fenómeno de la prescripción el 11 de agosto de 2013 -, es decir, que la sentencia de casación se dictó más de nueve ( 9 ) meses después de haber operado el fenómeno de la prescripción, por lo tanto, el trámite y fallo de la acción de revisión, se erige como un término excesivo e irrazonable, para una persona que lleva más de una década en detención preventiva y más de un año privado de la libertad desde que operó el fenómeno de la prescripción de la acción; en tan dramáticas circunstancias no puede exigírsele a nuestro representado, que espere el trámite de la acción extraordinaria, y más cuando actualmente se ve afectado en su libertad personal por un proveído judicial que contraría normas de derecho sustancial, tal y como se demostrará a continuación.
Comedidamente, de manera subsidiaria, solicitamos se ordene la suspensión temporal de los efectos de la sentencia condenatoria de segunda instancia y de la sentencia de casación del 5 de junio de 2014, con ponencia del H. M. Dr. Eugenio Fernández Carlier, mientras se presenta, tramita y falla la acción extraordinaria de revisión.

CAPÍTULO I. LA PRESENTE ACCIÓN CONSTITUCIONAL FUE PRESENTADA ANTE LA HONORABLE SALA CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, JUEZ NATURAL PARA CONOCER DE LA PRESENTE TUTELA, CORPORACIÓN JUDICIAL QUE RECHAZÓ SU TRÁMITE.-


1.- La tutela que hoy invocamos ante su digno despacho, fue presentada en mi calidad de apoderado judicial el día 26 de agosto de 2014 (Anexo No. 2.), ante la Sala Civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en búsqueda de la protección del debido proceso por haberse proferido el fallo de casación cuando ya se había producido la prescripción de la acción penal y por violación al derecho a la libertad personal, específicamente el proferido en sede de casación por la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia del 05 de junio de 2014 por medio del cual se profirió sentencia de casación penal.
2.- La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia rechazó la demanda de tutela mediante proveído judicial del 28 de agosto de 2014 (Anexo No. 3) (dos días después de presentada la demanda) y no otorgó respuesta de fondo a nuestros argumentos, por tratarse del estudio de una providencia judicial proferida por la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por lo que consideró que dichos fallos judiciales son inmodificables por provenir del más alto tribunal de la justicia ordinaria.
Nos permitimos citar los argumentos del auto que denegó el trámite de nuestra tutela, con ponencia HM. Dr. Fernando Giraldo Gutierrez:

“1.- La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro del juicio seguido a Jaime Humberto Uscategui Ramírez por los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo sucesivo, en concurso heterogéneo con los de secuestro agravado a título de autor, el 5 de junio de 2014, no casó la sentencia del Tribunal de Bogotá, que lo condenó a la pena de treinta y siete (37) de prisión.
En esas condiciones, se advierte que esta tutela no puede ser aceptada, ya que tal determinación tuvo como efecto asegurar la resolución de instancia contra las censuras que en este escenario se esgrimen, incluido el tema de la prescripción de la acción penal (fls. 38 a 47), con lo que se trata de revivir una cuestión definida en todos sus estadios, comprendido el del órgano límite y de cierre de la jurisdicción ordinaria que tiene la Corte Suprema de Justicia por disposición constitucional, lo que, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Sala, “impide que sus decisiones puedan ser objeto de nueva revisión o examen por ella misma o por otras autoridades, puesto que en tal condición no existe otro organismo que pueda disputarle los pronunciamientos que haga dentro de su propio ámbito” (CSJ ATC, 30 Jun. 2011, rad, 01355-00, reiterado CSJ ATC, 30 May. 2014, rad, 01171-00 y 30 de Jun. 2014, rad. 1514).
2.- En consecuencia, sea cual fuere la razón que se aduzca, es un imposible lógico y jurídico aceptar nuevas oportunidades defensivas, ni siquiera mediante la custodia residual, mucho más si se tiene en cuenta que la competencia funcional de la “Corte” determina su exclusividad en lo que atañe a la casación, por cuanto el constituyente confió esa labor especializada únicamente al juez colegiado tenido como cúspide de la jurisdicción.
3.- Dicha realidad conduce, por tanto, a la necesidad de dar alcance a tal precedente y no admitir ni tramitar el asunto ni remitirlo a revisión al Tribunal Constitucional, ya que no se está definiendo de fondo la salvaguarda.” (Resaltado propio)

En orden al extracto precedentemente citado, la Corte Suprema de Justicia - Sala Civil, negó el trámite de nuestra acción de tutela, pero, además de ello, no ordenó la remisión del proceso a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión como era su deber, constituyéndose dicha actuación en una verdadera denegación de acceso a la administración de justicia y en un abierto y desconcertante desconocimiento a la jurisprudencia de la Corte Constitucional que es de efectos erga omnes, actuación que erige su actuar como constitutiva de la posible conducta de prevaricato.
Principios como la seguridad jurídica de las decisiones judiciales no pueden oponerse como argumento válido para evitar el control constitucional de una decisión judicial mediante la acción de tutela, en razón a que los jueces en su condición de seres humanos, emotivos y falibles, no están exentos de incurrir en errores involuntarios y aún voluntarios, pero al fin y al cabo errores, que en un momento dado pueden perjudicar sensiblemente los derechos fundamentales de los ciudadanos.
La Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia como tribunal accionado en sede de tutela, aún a pesar de ostentar la condición de máxima autoridad de la justicia ordinaria y Tribunal de cierre jurisdiccional, sus fallos y decisiones no están exentos del control constitucional de la acción de tutela.
Lo anterior lo afirmamos porque tenemos la firme convicción y así ha sido contemplado por la Corte constitucional en uso de su facultad discrecional de revisión de los fallos de tutela –potestad emanada de la Carta Política-, que los fallos expedidos por la Corte Suprema de Justicia no están excluidos del control constitucional que brinda la acción de tutela, porque en su condición de jueces y por ende autoridades públicas, aún a pesar de ostentar el más encumbrado peldaño como Tribunal de cierre de la jurisdicción ordinaria, no están excluidos de incurrir en errores, razón por la cual, ostentando su posición, no pueden burlar el control constitucional que un afectado en sus derechos fundamentales invoque.
En el fallo de tutela radicado T-642 de 2005, expedido por la Honorable Corte Constitucional, respecto al tema de la posibilidad de invocar la acción constitucional de tutela (Art. 86 1 CN.) en contra de las providencias judiciales emitidas por la Corte Suprema de Justicia dijo lo siguiente:

4. Análisis sobre la legitimación para interponer esta acción de tutela, la competencia del Consejo Superior de la Judicatura –Sala Jurisdiccional Disciplinaria- para pronunciarse sobre ella, y sobre la existencia o inexistencia de vía de hecho en que habría incurrido según el actor la Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Penal- al proferir la Sentencia de 21 de julio de 2004 en proceso seguido contra él.
4.1. De lo anteriormente expuesto, queda claro para la Corte que si el ciudadano ( xxxx ) CONSIDERÓ VULNERADOS POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN LA SENTENCIA PROFERIDA EL 21 DE JULIO DE 2004 ALGUNOS DERECHOS FUNDAMENTALES, TENÍA UNA LEGITIMACIÓN INDISCUTIBLE COMO PRESUNTAMENTE AGRAVIADO POR ESE FALLO PARA ACUDIR ANTE LA JURISDICCIÓN DEL ESTADO EN PROCURA DE PROTECCIÓN A TALES DERECHOS, LO CUAL NO PUEDE SER OBJETO DE NINGUNA CENSURA PUES PRECISAMENTE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LE OTORGA EL DERECHO A INTERPONER LA ACCIÓN DE TUTELA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 86 DE LA CARTA, SIN QUE PUEDA SER OBJETO DE REPROCHE ALGUNO POR HABERLO EJERCIDO.
4.2. DE LA MISMA MANERA, SI EJERCIDA POR EL MENCIONADO CIUDADANO LA ACCIÓN DE TUTELA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA –SALA DE CASACIÓN CIVIL-, ÉSTA MEDIANTE PROVIDENCIA DE 29 DE OCTUBRE DE 2004 LA INADMITIÓ PARA SU TRÁMITE BAJO LA CONSIDERACIÓN SEGÚN LA CUAL NO PODÍA SER OBJETO DE TAL ACCIÓN UNA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA DE CASACIÓN PENAL DE ESA CORPORACIÓN, EL ACTOR NO PODÍA SER PRIVADO DEL DERECHO CONSTITUCIONALMENTE GARANTIZADO A IMPETRAR ANTE AUTORIDAD JUDICIAL LA PROTECCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES QUE ÉL CONSIDERA LE FUERON VULNERADOS, PUES, COMO SE DIJO POR LA CORTE CONSTITUCIONAL EN AUTO DE 3 DE FEBRERO DE 2004, “SI LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA (ART. 86), EL DECRETO 2591 DE 1991 (ART. 1º), Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 1382 DE 2000, ESTABLECEN QUE LA TUTELA PROCEDE CONTRA CUALQUIER AUTORIDAD PÚBLICA Y NO SOLO EN CONTRA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, Y ASÍ LO HAN REITERADO LA CORTE CONSTITUCIONAL EN SUS SENTENCIAS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES POR VÍA DE HECHO Y EL CONSEJO DE ESTADO EN LA SENTENCIA ANTERIORMENTE CITADA, ES EVIDENTE QUE LO RESUELTO POR LAS DIFERENTES SALAS DE CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA AL NO ADMITIR A TRÁMITE LAS ACCIONES DE TUTELA QUE INTERPONEN LAS PERSONAS CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL PROFERIDA POR UNA SALA DE DICHA CORPORACIÓN, LES VULNERA SU DERECHO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (C.N., ART. 229) Y A OBTENER LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA DE SUS DERECHOS FUNDAMENTALES, DE CONFORMIDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES (CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS, ART. 25), Y LAS OPINIONES CONSULTIVAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (OC-11/90, OC-16/99)”. EN TAL VIRTUD, SE DIJO ENTONCES POR LA CORTE CONSTITUCIONAL EN EL AUTO CITADO QUE: “EN ESTOS CASOS ENTONCES, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 37 DEL DECRETO 2591 DE 1991, QUE DISPONE QUE SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LA ACCIÓN DE TUTELA, A PREVENCIÓN, LOS JUECES O TRIBUNALES CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE OCURRIERE LA VIOLACIÓN O LA AMENAZA QUE MOTIVAREN LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD, Y CON EL FIN DE QUE LAS PERSONAS LOGREN QUE SE PUEDA DISPONER LO PERTINENTE EN RELACIÓN CON LA REVISIÓN DE DICHAS ACCIONES DE TUTELA,
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Añadir el documento a tu blog o sitio web

similar:

Acción de tutela del ciudadano Jaime Humberto Uscátegui, contra el Tribunal Superior, Sala de Decisión Penal, y contra la Sala de Casación Penal de la Corte iconResuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la defensa...

Acción de tutela del ciudadano Jaime Humberto Uscátegui, contra el Tribunal Superior, Sala de Decisión Penal, y contra la Sala de Casación Penal de la Corte iconAcción de tutela de Waldir Edgardo Llanos Escalante contra el Juzgado...

Acción de tutela del ciudadano Jaime Humberto Uscátegui, contra el Tribunal Superior, Sala de Decisión Penal, y contra la Sala de Casación Penal de la Corte iconA la sala de lo penal del tribunal superior de justicia de

Acción de tutela del ciudadano Jaime Humberto Uscátegui, contra el Tribunal Superior, Sala de Decisión Penal, y contra la Sala de Casación Penal de la Corte iconCorte suprema de justicia sala de casación penal

Acción de tutela del ciudadano Jaime Humberto Uscátegui, contra el Tribunal Superior, Sala de Decisión Penal, y contra la Sala de Casación Penal de la Corte iconCorte suprema de justicia sala de casación penal

Acción de tutela del ciudadano Jaime Humberto Uscátegui, contra el Tribunal Superior, Sala de Decisión Penal, y contra la Sala de Casación Penal de la Corte iconCorte suprema de justicia sala de casación penal

Acción de tutela del ciudadano Jaime Humberto Uscátegui, contra el Tribunal Superior, Sala de Decisión Penal, y contra la Sala de Casación Penal de la Corte iconCorte suprema de justicia sala de casación penal

Acción de tutela del ciudadano Jaime Humberto Uscátegui, contra el Tribunal Superior, Sala de Decisión Penal, y contra la Sala de Casación Penal de la Corte iconCorte suprema de justicia sala de casación penal

Acción de tutela del ciudadano Jaime Humberto Uscátegui, contra el Tribunal Superior, Sala de Decisión Penal, y contra la Sala de Casación Penal de la Corte iconCorte suprema de justicia sala de casación penal

Acción de tutela del ciudadano Jaime Humberto Uscátegui, contra el Tribunal Superior, Sala de Decisión Penal, y contra la Sala de Casación Penal de la Corte iconCorte suprema de justicia sala de casación penal






© 2015
contactos
ley.exam-10.com