Resumen: Al inicio de este siglo XXI hablar de la existencia del Derecho al Ocio no debiera ser algo sorprendente puesto que, este derecho, es una conquista social reconocida en numerosas e importantes declaraciones de organismos internacionales.






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títuloResumen: Al inicio de este siglo XXI hablar de la existencia del Derecho al Ocio no debiera ser algo sorprendente puesto que, este derecho, es una conquista social reconocida en numerosas e importantes declaraciones de organismos internacionales.
fecha de publicación18.03.2017
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tipoResumen
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El Derecho al Turismo Cultural de las personas con discapacidad


Dra. Yolanda Lázaro Fernández

Dra. Isabel Rubio Florido
Resumen:

Al inicio de este siglo XXI hablar de la existencia del Derecho al Ocio no debiera ser algo sorprendente puesto que, este derecho, es una conquista social reconocida en numerosas e importantes declaraciones de organismos internacionales. En estos inicios del siglo XXI, el Ocio está siendo reconocido cada vez más como un elemento de la calidad de vida de las sociedades y de los individuos. Incluso puede decirse que se ha producido un reconocimiento institucional de este fenómeno, y los poderes públicos están implicados en cuestiones económicas y políticas, gestión de equipamientos, servicios, publicidad, etc., de los diferentes entornos de ocio (cultura, deporte, turismo y recreación).

Se parte de la defensa y reivindicación del Derecho al Ocio ya que éste es un derecho reconocido dentro de la Tercera Generación de Derechos Humanos y como tales son atributos innatos al ser humano, es decir, que nacen con él y que son inseparables de su condición de persona. Partiendo de estas ideas, no sería necesario justificar el derecho al disfrute del turismo y del turismo cultural por parte de las personas con discapacidad, pero la realidad demuestra que esto no siempre es así, puesto que este derecho no siempre está garantizado para todos los ciudadanos.

Esta comunicación, que pretende ser una aproximación al concepto de Derecho al Ocio, hará un acercamiento al concepto de Derecho y su evolución, donde se incluye la aparición del Ocio como un derecho humano. Continúa acercándose a los organismos internacionales que han trabajado el Derecho al Ocio, desde sus diferentes ámbitos, centrándose fundamentalmente en la Cultura y el Turismo, para finalmente aproximarse a esta realidad en el contexto del Estado Español. Es decir, presentará un breve análisis de la normativa turística internacional y estatal desde la perspectiva de la persona con discapacidad, intentando mostrar en qué grado o medida la normativa internacional y estatal en el ámbito del turismo ha tenido en cuenta los condicionantes, demandas y necesidades del turista con cualquier tipo de discapacidad.

Palabras claves: Ocio, Derecho, Discapacidad, Turismo, Cultura
The Right to Cultural Tourism for people with disabilities

Dra. Yolanda Lázaro Fernández

Dra. Isabel Rubio Florido
Summary

At the beginning of this century speak of the existence of the right to leisure should not be anything surprising since this law is a social achievement recognized in many important international declarations. As we begin the twenty-first century, Leisure is being increasingly recognized as an element of the quality of life of societies and individuals. It can even be said that there was an institutional recognition of this phenomenon, and public authorities are involved in economic and political issues, facilities management, services, advertising, etc.., The different environments of leisure (culture, sport, tourism and recreation).

It is part of the defense and vindication of the right to leisure as it is enshrined within the Third Generation of Human Rights and as such are innate attributes of the human, that is, born with it and are inseparable from their condition of person. Based on these ideas, it would be necessary to justify the right to the tourism and cultural tourism by people with disabilities, but the reality is that this is not always so, since this right is not always guaranteed for all citizens.

This communication, which intends to approach the concept of Right to Leisure, will approach the concept of law and its evolution, which includes the emergence of leisure as a human right. Continues to approach international agencies who have worked the right to leisure, from their different areas, focusing primarily on Culture and Tourism, to finally approach this reality in the context of the Spanish State. That is, present a brief analysis of international tourism and state regulations from the perspective of the disabled person, trying to show to what degree or extent international norms and state in the field of tourism has taken into account the constraints, demands and needs the tourist with all types of disabilities.
Keywords: Leisure, Law, Disability, Tourism, Culture

El Derecho al Turismo Cultural de las personas con discapacidad


Dra. Yolanda Lázaro Fernández

Dra. Isabel Rubio Florido
Los caminos que han ido surcando las personas con discapacidad no han sido fáciles a lo largo de la historia ni lo son aún en este siglo XXI. Este colectivo ha tenido que ir conquistando uno a uno los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que otorga la Declaración de los Derechos Humanos y aún no han logrado todo aquello a lo que tienen derecho. Tal y como se apuntaba en una publicación sobre la materia “las personas con discapacidad han sido un problema humano parcialmente desconocido por el Derecho” (Álvarez y Castro, 1988) hasta no hace demasiado tiempo.

Afortunadamente, en las últimas décadas se está viviendo un cambio transcendental respecto a la forma de percibir y tratar a las personas con discapacidad. No podemos olvidar que este colectivo supone un 10 % de la población. Todo ello ha supuesto un impacto en el mundo del Derecho, siendo cada vez más extendida la utilización del término derechos humanos cuando se habla de discapacidad, puesto que la realidad muestra que este colectivo en demasiadas ocasiones no tiene acceso a determinados derechos que para otras personas son considerados básicos.
El largo recorrido hacia la conquista del Derecho al Ocio por parte de las personas con discapacidad

El Derecho es una realidad que cambia al hilo de las transformaciones sociales y, a su vez, es un factor de cambio y transformación social, puesto que el Derecho es un producto de los seres humanos en el marco de circunstancias diversas, contextos históricos, ideologías, intereses y conflictos y así debe ser entendido. El Derecho es una realidad compleja, y una de sus dimensiones es la normativa que se caracteriza, según Segura Ortega (1998), no por ser la expresión de lo que es o de lo que acontece, sino de lo que debe ser o acontecer. El Derecho establece un mínimo exigible públicamente, de ahí el que se apoya en la coerción de la pena.

En definitiva, toda conducta humana y toda actividad de los grupos y sociedades está regulada por el Derecho, que articula los derechos, deberes y obligaciones de los ciudadanos. Todas las sociedades han elaborado normas, e incluso el hombre ha sido capaz de elaborar leyes que trascienden su grupo y que son válidas para todos, como son los Derechos Humanos, cuyo principio fundamental es la idea de universalidad. Puede afirmarse que estos derechos son fundamentales para conseguir el objetivo último de la dignidad humana que es la esencia de toda persona, siendo los principios básicos de la teoría de los derechos humanos, el principio de la igualdad y la no discriminación de todos los seres humanos. No debe olvidarse que hablar de derechos humanos es aludir a una categoría jurídica de vital importancia, ese conjunto de derechos, de atributos innatos al ser humano, es decir, que nacen con él y que son inseparables de su condición de persona. Puede afirmarse que “son cualidades cuyo origen no ha de buscarse en la ley humana, sino en la propia dignidad del individuo” (De Ángel, 1993, 398).

En su devenir histórico, los derechos humanos han recorrido su camino en tres etapas, estando actualmente en la tercera de ellas. La primera generación de derechos humanos comprendía los derechos clásicos, es decir los derechos civiles y políticos, recogidos en las constituciones nacionales, que quieren garantizar, en palabras de Pérez Luño (1995) “sobre todo la no injerencia, la no presencia del poder público en la esfera de las libertades”. Entre los derechos de primera generación quedan recogidos, entre otros, el derecho a la vida, derecho a la intimidad, inviolabilidad personal, inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, la igualdad ante la ley, el derecho a la libertad, libertad de expresión, de opinión, de pensamiento, de reunión, libertad de circulación y residencia, etc. Esta generación de derechos tenía como sujeto titular al individuo, al ciudadano como individuo, a la persona individual. La segunda generación de derechos humanos es la referida a los derechos sociales, derechos que para su cumplimiento es necesaria la actuación del Estado, es decir, un comportamiento positivo de los poderes públicos encaminado a hacer efectivo y real el disfrute de esos derechos. Según Pérez Luño (1995), se exige al poder público una actividad en términos de prestaciones y de servicios públicos. Dentro de esta segunda generación están el derecho al trabajo, a la asistencia social, la educación, vivienda, etc., y aparecen ya alusiones al ocio, aunque en la mayoría de las ocasiones se formula en contraposición al trabajo (descanso laboral, vacaciones remuneradas, etc.). Por otro lado, dentro de la categoría de derechos sociales se recogen los derechos culturales, pero sin conexión con el concepto de ocio que se maneja en esta comunicación. Respecto a la titularidad de estos derechos, ésta queda ampliada, no va a ser sólo el individuo sino la persona que desarrolla su existencia como ser social, así la titularidad es extendida a determinados tipos de agrupaciones humanas tales como sindicatos, partidos políticos, a grupos humanos como mujeres, infancia, tercera edad, personas con discapacidad, etc.

Desde hace ya unas décadas, tal y como apunta Vasak (1974, 1979) se viene hablando de la tercera generación de los derechos humanos. Entre los derechos que incluye esta nueva generación el más reconocido por la comunidad internacional ha sido el derecho al desarrollo y, en segundo lugar, el derecho a la paz. Pero también destacan derechos tales como el derecho a la comunicación, el derecho a ser diferente, el derecho al medio ambiente, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el derecho a la propiedad sobre el patrimonio común de la humanidad, el derecho a la calidad de vida, etc. Aunque específicamente los enunciados de los derechos de esta tercera generación no mencionan el ocio como tal, investigadores en ocio (véase Cuenca, 2000; San Salvador del Valle, 2000; Gorbeña, 1997) entienden que bajo los epígrafes “derecho al desarrollo” y “derecho a la calidad de vida”, el ocio es un factor clave y, por lo tanto, entienden que el Derecho al Ocio está amparado bajo el paraguas de la tercera generación de derechos humanos. Esta nueva generación lo que ha hecho ha sido ampliar la titularidad de estos derechos ya que afectan a todos los ciudadanos del mundo y tienen por tanto, una dimensión que no se circunscribe a grupos o sectores como ocurría en el caso de la generación anterior, sino que son derechos universales, donde no hay distinciones, si bien es cierto que aún queda por resolver el valor jurídico de las resoluciones de la Asamblea General de la ONU por las que se han efectuado el reconocimiento de estos nuevos derechos.

El camino hacia la igualdad para las personas con discapacidad ha sido y es un camino largo y no libre de obstáculos. Repasando la historia más reciente, tal y como apunta Madariaga (1997), se observa que en función del concepto de persona con discapacidad que estaba vigente se determinaba el tipo y características de los servicios creados para este colectivo. Así, sus necesidades se jerarquizaron produciéndose diferentes ritmos en la evolución de algunos ámbitos ya que se consideró, en un primer momento, dar respuesta a las áreas consideradas “más importantes”. Entre ellas estaban la educación, el empleo, la fiscalidad, la salud y la prevención; la protección y la previsión social, las personas con discapacidad más severamente afectadas y las familias de personas con discapacidad. Posteriormente se han ido introduciendo otras áreas como son la accesibilidad universal, el diseño para todos y la eliminación de barreras, las mujeres con discapacidad, las personas con discapacidad en el medio rural; la oportunidad digital y las distintas alternativas de ocio reivindicadas también por este colectivo.

Ahora bien, el objeto de interés de esta comunicación es solamente una esfera concreta de la vida de las personas con discapacidad, el ocio. Históricamente ha sido definido, según San Salvador del Valle (2000) por tres variables fundamentales: el ocio como tiempo libre; el ocio como actividad y consumo; y el ocio como experiencia subjetiva; que son tres formas complementarias y no excluyentes de entender este importante fenómeno.

Esta comunicación parte y defiende un concepto de ocio entendido como una experiencia humana integral y un derecho humano fundamental para todas las personas. Cuenca (2003) señala que la experiencia de ocio es una experiencia humana libre, satisfactoria y con un fin en sí misma, lo que significa ser voluntaria y separada de la necesidad, entendida como necesidad primaria. Otro rasgo diferencial de la experiencia de ocio es la satisfacción personal que proporciona, es decir vivenciarla está relacionado con experiencias de carácter afectivo y emocional. Neulinger apunta que el ocio es un estado mental de carácter subjetivo señalando dos criterios básicos a la hora de definirlo: la libertad percibida (sensación de que lo que uno hace está bajo el control de uno mismo) y la motivación intrínseca (fuerza interna que dirige la conducta hacia un determinado objetivo) como razones para llevar a cabo la actividad.

La historia ha mostrado como los derechos humanos nacen de la respuesta a situaciones anteriores, en las que determinadas necesidades humanas eran ignoradas, negadas o perseguidas. Así, los nuevos derechos humanos lo que pretenden es dar respuesta a determinadas necesidades del mundo actual en el que vivimos. Y el ocio, en este momento, ocupa un lugar importante en el desarrollo personal y comunitario lo que hace que sea actualmente objeto de interés desde múltiples perspectivas y disciplinas.

El Derecho al Ocio de las personas con discapacidad ha sido dentro de los derechos por los que el colectivo ha tenido que luchar, uno de los últimos en reclamar su atención, como se ha apuntado en páginas anteriores, aunque debe señalarse que actualmente bajo el modelo social es cada vez más fuerte la reivindicación por hacer este derecho efectivo.

Algunos ámbitos del ocio: Cultura y Turismo

El antropólogo francés, Claude Lévi-Strauss, fue el principal divulgador de la noción de cultura como un concepto no jerárquico, que se encuentra desarrollado de manera diversa en todas las sociedades. En el marco de la Conferencia Internacional de la UNESCO sobre Políticas Culturales (1983), se adoptó por unanimidad una definición de cultura incorporada en la llamada Declaración de México donde se afirmaba que

“en un sentido amplio, la cultura puede ser considerada como un conjunto de signos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias”.

Como apunta Hervé Carrier (1992) está definición tiene dos ventajas fundamentales. Por un lado, ha sido aceptada por un conjunto de gobiernos, miembros de la UNESCO y representantes de todas las tendencias ideológicas. Por otro, se basa en elementos normativos y éticos, está abierta tanto a los valores materiales como a los espirituales y señala explícitamente los derechos humanos, la libertad y la responsabilidad. Esta definición aclara las dimensiones propiamente humanas de progreso a nivel personal y social puesto que permite conocer las relaciones dialécticas que se establecen entre el individuo y su comunidad.

Actualmente, la reflexión sobre la cultura se ha convertido en uno de los objetos centrales de las ciencias humanas, su conocimiento resulta imprescindible para analizar, comprender o actuar sobre las realidades sociales. Es decir, ya sea para guiar los estudios o para orientar la acción. En este contexto, la relación entre la cultura y el derecho presentan problemas nuevos, que permiten estudiar la contribución normativa del Estado en el plano del derecho a la cultura recomendado por los distintos organismos internacionales.

Una aproximación global al fenómeno del turismo actual requiere una doble perspectiva de análisis. Por un lado, merece considerar el turismo como uno de los principales sectores económicos y una de las mayores fuentes de ingresos del Estado e incluso de la Unión Europea. Por otro lado, cabe destacar que el turismo se ha convertido en una de las actividades de ocio más extendidas en la sociedad post-industrial. Por lo tanto, el turismo ha de considerarse como un fenómeno complejo e interdisciplinar, que no solamente tiene un gran peso económico sino también una importancia humanística fundamental que responde a la necesidad expresada en la Declaración de Manila de utilizar el tiempo de vacaciones de manera más enriquecedora y provechosa en los planos cultural, material, educativo y espiritual. Se observa, por tanto, que como todo fenómeno social, el turismo es un reflejo de la sociedad en la que se desarrolla.

Algunas conclusiones…

Sólo en los últimos años, y no en todas las organizaciones internacionales, se detecta cierta sensibilidad, en la normativa de ocio, hacia las personas con discapacidad. La esfera cultural es posiblemente la más insensible y también, la que más problemas plantea en cuanto a la accesibilidad a ciertos ámbitos, como es el patrimonio cultural para las personas con discapacidades físicas o el teatro y los medios de comunicación de masas para las personas con discapacidades sensoriales. Organizaciones como la UNESCO y el Consejo de Europa, a pesar de defender la democracia cultural, han olvidado a este colectivo.

Respecto al turismo, la Organización Mundial del Turismo ha dado ciertos pasos pero aún queda mucho por hacer. La acepción turismo social restringe la experiencia turística de las personas con discapacidad y la distingue innecesariamente de la del resto de los ciudadanos. La importante vertiente económica del turismo limita la intervención de los poderes públicos aunque no debiera mermar su autoridad para legislar exigiendo una plena accesibilidad a este sector.

En relación al Estado Español puede afirmarse que casi todas las CC.AA. del Estado Español, al hablar de accesibilidad recogen los equipamientos de ocio (locales de espectáculos, salas de conferencias, estadios deportivos, alojamientos turísticos y otros análogos) indicando la reserva de espacios y las medidas que garanticen la accesibilidad. Algunas CC.AA., avanzan más haciendo referencia a las medidas acústicas para las actividades culturales como es el caso de Canarias. Es especialmente reseñable Castilla y León, con un artículo dedicado en exclusiva a la cultura y el ocio, donde se apunta la existencia y el deber de contar con publicaciones en Braille, que tras acuerdos con el propio colectivo se consideren interesantes para ellos.

Una cuestión especialmente relevante en el tema del ocio para este colectivo es aquello que tiene que ver con los edificios históricos. Aparece un escenario donde estas normas, que pretenden garantizar la accesibilidad a todos los ciudadanos, restringen claramente el acceso de las personas con discapacidad a determinados equipamientos de ocio, específicamente los definidos como de “valor histórico-artístico”. Así, el ámbito de la cultura, puede decirse, que queda seriamente limitado, incluso puede decirse que esta restricción queda protegida por las leyes, en todas las CC.AA. a excepción de la Comunidad Autónoma del País Vasco, donde la ley vasca de accesibilidad dice que “se contemplará la paulatina adaptación del patrimonio histórico-artístico a los criterios de accesibilidad marcados”, y la Comunidad Autónoma de Valencia que dice que los inmuebles o edificios declarados de interés cultural o de valor histórico-artístico “se adecuarán en la medida que sea posible”, para las personas con discapacidad.

En relación al turismo, las CC.AA. más turísticas, Baleares y Canarias, son las que más han especificado en sus leyes de accesibilidad aspectos relativos a este ámbito del ocio, recogiendo unos criterios de disposición de unidades de alojamiento accesibles. Aunque se observa en dichos criterios que la proporción de adaptación exigida se sitúa en un 2%, mientras que la población con discapacidad se sitúa en el Estado español en torno al 9%. Respecto a la inclusión comunicativa y el turismo son dos CC.AA., Canarias y País Vasco quienes plantean acciones concretas para que ésta sea efectiva. En el caso canario se dice que “en los edificios de nueva planta del equipamiento colectivo, o aquellos en remodelación, reforma o rehabilitación, al menos en las partes afectadas por las obras, se tomarán las medidas que ayuden a conseguir la eliminación de las barreras de comunicación, tanto para personas sin ningún resto auditivo, como para aquéllas con resto, portadoras o no de audífonos” y en el caso vasco “en los alojamientos turísticos se dispondrá, en una por cada diez plazas o fracción, de las ayudas técnicas necesarias para que personas con dificultades en la comunicación ocupen un alojamiento de forma autónoma”.

A pesar de la importancia que han adquirido en las últimas épocas los museos, sólo seis CC.AA., tienen normativa al respecto. El propio concepto de lo que es un museo, ahonda en el concepto de justicia para todos los ciudadanos, pero una vez más no se encuentra referencia alguna al colectivo de personas con discapacidad a excepción de Cataluña y Madrid, que lo recogen en términos de acceso de las personas con discapacidad física al inmueble o infraestructura que alberga el museo, pero no de disfrute de su contenido.

En relación al Patrimonio, se observa que las CC.AA. lo entienden con un elemento de disfrute de todos los ciudadanos. Destaca que algunas CC.AA. hacen referencia al Patrimonio Histórico y otras al Cultural, aunque las once CC.AA. que han articulado normativa al respecto, entienden el Patrimonio como un bien para toda la población, pero de nuevo sin hacer referencia a las personas con discapacidad, a excepción de la Ley de Extremadura que señala que deberá tenerse en cuenta la accesibilidad a los inmuebles declarados Bien de Interés Cultural de uso público para todas las personas, especialmente para las personas con movilidad reducida, discapacidad física o sensorial, por tanto es la única que recoge el principio de inclusión física.

Es significativo como existe una prevalencia de la importancia del patrimonio histórico-artístico sobre la accesibilidad, ya que en un amplio número de CC.AA., la normativa sobre Patrimonio parece prevalecer sobre las cuestiones que plantea la propia normativa sobre accesibilidad. Aún en las conceptualizaciones más avanzadas que unen el Patrimonio con las nuevas tecnologías, como es el caso de la Ley cántabra, siguen perdiendo la oportunidad de hacer referencia a la necesidad de tecnologías accesibles para las personas con discapacidad.

El Estado comienza las transferencias en materia de turismo a las CC.AA. a finales de los 70 y continúa a lo largo de la década de los 80, siendo fundamentalmente en los años 90 cuando se dictan las leyes relativas al turismo. Al abordar esta normativa se aprecian dos tipos de leyes. Las que se dictan en primer lugar son las que tienen que ver con el régimen disciplinario en el sector turístico y posteriormente se aprueban las relativas al turismo de carácter general.

Son cinco las CC.AA. que han dictado normas sobre el régimen disciplinario turístico pero debe señalarse que no han incluido expresamente ninguna referencia a cuestiones relativas al colectivo de personas con discapacidad ni a actuaciones concretas que permitan el disfrute de este importante ámbito del ocio, como es el turismo, por parte de estas personas. Fundamentalmente, su articulado se refiere a la tipificación de infracciones y a los derechos de los usuarios turísticos donde se habla de la población en general.

Respecto a la normativa relativa al turismo de forma general, y los principios rectores que inspiran estas leyes destaca el intento de apuesta por el turismo como un factor de universalización de culturas, conocimiento y comprensión de los diversos pueblos, instrumento de desarrollo y enriquecimiento de la personalidad y recurso económico de gran importancia para cada una de las CC.AA. Destacan en este ámbito, los principios rectores que son totalmente diferentes a los que han aparecido en los otros ámbitos del ocio, apuntándose la importancia del intercambio entre los distintos pueblos.

Esta normativa tiene en consideración las situaciones de no-discriminación recogiendo estas cuestiones en su articulado. Así se dice, en todas las leyes, que en ningún caso el acceso a los establecimientos turísticos podrá ser restringido por razones de discapacidad, raza, lugar de procedencia, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social. En esta misma línea, se señala que entre los derechos de los usuarios turísticos enumerados a lo largo de las distintas normas, destaca el recibir información veraz, previa y completa sobre los bienes y servicios que se ofrecen, y tener garantizada, en el establecimiento, su seguridad, tranquilidad e intimidad personal.

Puede afirmarse que el turismo es el ámbito del ocio donde la presencia e importancia del sector privado es mayor, y eso es evidente a la vista de la importante dimensión económica de esta actividad en el Estado Español. Por esto es importante que se articule normativa respecto a los usuarios/clientes y ése es el motivo que ha permitido en ocasiones a las personas con discapacidad poder denunciar situaciones claramente discriminatorias.

Igualmente, entre el articulado que aborda la definición de infracciones están la incorrecta prestación de servicios por parte del personal encargado, así como la falta de respeto y consideración a la clientela o la prohibición del libre acceso y expulsión de los clientes cuando éstas sean injustificadas. Se apuntan todas estas cuestiones puesto que estas situaciones han sido denunciadas y experimentadas, desafortunadamente en más de una ocasión, por las personas con discapacidad.

En relación a los aspectos que favorecen la inclusión del colectivo de personas con discapacidad en estos equipamientos turísticos, las aportaciones se dirigen hacia aspectos relativos a la inclusión física aunque no todas las leyes lo explicitan a lo largo de sus textos. Destaca la ley andaluza que señala que todos los establecimientos turísticos deberán cumplir las normas vigentes sobre accesibilidad a los mismos de las personas que sufran discapacidades (art. 32). Lo mismo señalan las leyes de Castilla-la Mancha (art. 11), Castilla y León, Galicia (art. 16), y Madrid (art. 5). La C.A. de Baleares señala en su Plan de Modernización de la Oferta Turística Complementaria, que uno de los requisitos imprescindibles para que se vayan dando los distintos planes de modernización permanente es el cumplimiento de la Ley balear 3/1993, de 4 de mayo de mejora de la accesibilidad y supresión de las barreras arquitectónicas.

Parece que, poco a poco, las distintas CC.AA., aún quedando mucho por hacer, van integrando los diferentes documentos de rango internacional, en especial los de la Organización Mundial del Turismo que, a principios de los 90, hablaba y reconocía el “turismo accesible”, aunque hay que destacar que la mayor parte de las acciones señaladas por las CC.AA. se dirigen hacia intervenciones de carácter físico.
En resumen, el modelo de estado de bienestar en el que la sociedad del siglo XXI se encuentra se basa en una sociedad libre, justa y solidaria fundamentada en el principio de igualdad para todas las personas y en el respeto a un conjunto de derechos universales. Así puede afirmarse el derecho de la persona con discapacidad a la inclusión y el correlativo deber de la sociedad de asegurarla. Además se constata que el Ocio es un elemento cada vez más presente en toda la normativa. Sin embargo, ocurre que aún puede afirmarse que es un Derecho Conculcado para el colectivo objeto de esta comunicación, pues aunque es un Derecho reconocido no se garantiza ni se hace efectivo como debiera.

Un conocimiento adecuado de la normativa es indispensable para poder decidir las acciones que serían adecuadas para conseguir la no discriminación y la total equiparación de oportunidades. Contribuir al conocimiento de la realidad existente relativa al colectivo de personas con discapacidad es ayudar a mejorarla. Y ésa es la finalidad de esta comunicación, conocer la realidad existente en torno a un ámbito como es el Derecho al Ocio de las personas con discapacidad. Es importante conocer el ordenamiento, las normas para el caso que convenga, y ello es decisivo en el camino hacia la igualdad y la convivencia plural. Además las personas con discapacidad “son cada vez más conscientes de que su derecho a la igualdad y a la no discriminación es algo por lo que deben luchar y no una concesión graciable y gratuita de la sociedad en la que viven”.
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