Xi curso académico regional ompi/sgae sobre derecho de autor y derechos conexos para países de américa latina: “El derecho de autor y los derechos conexos en el entorno digital”






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En este punto conviene detenerse en el Proyecto de ley presentado en mayo de este año ante el Congreso Nacional (Honorable Cámara de Senadores) del Paraguay, por el cual se crearía el “Escritorio Central como entidad autárquica destinada a la recaudación, fiscalización y distribución, en común, de los derechos relativos a la comunicación pública de las obras en locales, eventos, espectáculos, por medio de radiodifusión, teledifusión o por cualquier otra modalidad”




Este Escritorio Central se constituye en ente recaudador con personería jurídica propia, pudiendo actuar en juicio a nombre propio y “en representación de las Entidades de Gestión Colectiva o Asociaciones y de los titulares de derechos a ellas vinculadas.”



El Escritorio Central, dependiente de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, organizado en la forma prevista en esta ley, no tendrá fines de lucro y será dirigido y administrado “por las mismas Entidades de Gestión Colectiva o Asociaciones que lo integren”. Entre sus funciones figurarían:
- Fiscalizar la comunicación publica de obras protegidas por la Ley Nº 1328/98 “De Derechos de Autor y Derechos Conexos”
- Recaudar la Remuneración Compensatoria
- Distribuir las sumas recaudadas entre las entidades de Gestión Colectiva
- Presentar informe de sus gestiones a la Dirección Nacional de Derecho de Autor, en la que deberá consignar monto recaudado, gastos administrativos realizados, importe distribuido entre representantes de titulares de derechos y lista de beneficiarios finales de los derechos protegidos por la presente ley con la correspondiente constancia de los importes entregados.
El Escritorio Central contará con Fiscales propios independientes a las Entidades de Gestión Colectiva y Asociaciones que lo conforman, que deberán verificar:
a) La correcta gradación de los Usuarios dentro de la clasificación tarifaria establecida en esta ley.
b) El cumplimiento efectivo y en tiempo de los pagos de las remuneraciones compensatorias por parte de los Usuarios.
Los Fiscales, que estén en conocimiento – dice el proyecto – quedan obligados a denunciar ante la autoridad correspondiente del Escritorio Central, los casos en que las Entidades de Gestión Colectiva o Asociaciones intenten recaudar las remuneraciones unilateralmente y cualquier otra irregularidad que contravenga preceptos de esta Ley.
En líneas generales, corresponde observar que el Capítulo II del Proyecto, despoja a los autores, artistas intérpretes y ejecutantes y productores de fonogramas del Paraguay – y con ellos a sus pares del extranjero a quienes representan en virtud de los acuerdos recíprocos que los unen – del derecho de disponer de sus obras, interpretaciones, ejecuciones y producciones, estableciendo un organismo estatal que obligatoriamente gestiona sus derechos.
Se trata de una solución inédita, opuesta diametralmente al sistema establecido en los países de legislación continental o románico, como así también en los de legislación anglosajona.
Las entidades de gestión colectiva son constituidas y gobernadas por los propios titulares. No corresponde al Estado gestionar derechos que son de propiedad de personas privadas; y mucho menos establecer las tarifas por el uso de las obras y prestaciones.
La redacción del Capítulo parece inspirarse en la solución encontrada en Brasil para unificar la gestión de varias sociedades de autores, creando el ECAD (Escritorio Central de Recaudación). Pero debe recordarse que en ese país se trata de un organismo privado que, si bien creado por la ley, está constituido exclusivamente por las propias entidades brasileñas de gestión del derecho de autor, como lo veremos a continuación.

C) Sociedad única o pluralidad de sociedades
Entre las conclusiones del completo estudio coordinado por la OMPI, sobre la creación y funcionamiento de organizaciones de administración colectiva, cuya versión actualizada a cargo de Mihály Ficsor ha sido publicada recientemente, se consagra que, por regla general, debería existir una sola organización en cada categoría de derechos en un mismo país. Los casos de México y Chile, ejemplificados más arriba, constituyen modelos de tal principio. La existencia en un Estado de varias entidades en el mismo campo puede reducir, o hasta eliminar, las ventajas de la gestión colectiva de los derechos, tanto en perjuicio de los titulares como de los usuarios de las obras o prestaciones.
Existen empero en América dos casos de coexistencia en un territorio nacional de varias sociedades de autores dedicadas a gestionar las mismas categorías de obras. El primero es Estados Unidos, donde tres organizaciones gestionan derechos de ejecución musical: ASCAP, BMI y SESAC.
El otro caso, Brasil, es más singular, pues si bien la diversidad de sociedades es mayor – en Informe publicado por la OMPI se registran once sociedades de gestión de derechos de ejecución pública – la ley de derecho de autor brasileña las obliga a crear una Oficina Central, o “Escritório” para recaudar y distribuir los derechos. Esa oficina es el ECAD, Escritório Central de Arrecadacao e Distribucao, que empezó a funcionar en 1977, a través del cual las sociedades de ejecución pública ejercen un monopolio de derecho, siendo en la práctica la única entidad que, en el género de la ejecución pública, gestiona colectivamente derechos en el Brasil en nombre de todas las sociedades.

D) Entidades que gestionan derechos en más de un territorio
Hemos encontrado tres casos que ilustran esta situación; dos de ellos son sociedades de autores que , por acuerdo de los administrados o mandato especial, gestionan derechos fuera de su territorio nacional; el tercero se trata de un organismo creado especialmente para cubrir la gestión colectiva en varios países que por sus características en cuanto a tamaño, vínculos políticos y comerciales, así como la inexistencia hasta el momento de una gestión regular, justificaban ensayar tal sistema.
Los casos son:
a) APRA (Australasian Performing Rights Association)
Cubre en su gestión los territorios de Australia, Nueva Zelanda, Kiribati, Nauru, Papua Nueva Guinea, Ross, Samoa Occ., Tuvalu, y las Islas Ashmore, Cartier, Christmas, Heard, Macquarie, McDonald, Nioué, Norfolk, Cocos, Fidji, Salomon y Tokelaou. (Información de 1997);

b) ACAM, en Costa Rica, en su carácter de Agente Local de LATINAUTOR, gestiona por mandato de esta Organización derechos de reproducción mecánica en todo el territorio de Centroamérica; y


c) El Sistema Regional para la Administración de la Gestión Colectiva en el Caribe o CCL (Caribbean Copyright Link) Se trata de un proyecto promovido por la OMPI y auspiciado por los Gobiernos de los países del Caribe anglófono o West Indies, con sede en Trinidad y Tobago, donde se ha instalado la Secretaría General del CCL. Por el momento son miembros Trinidad y Tobago, Barbados, Jamaica y Saint Lucia. La instrumentación técnica del sistema surgió de un proyecto de cooperación OMPI/SGAE, correspondiendo a la sociedad española desarrollar un SGS (Sistema de Gestión de Sociedades) adaptado especialmente para el caso.

E) Entidades que gestionan Derechos de ejecución, Derechos de reproducción mecánica o ambos
Los derechos de reproducción mecánica - comúnmente llamados “fonomecánicos” - provienen del derecho que tiene el autor a autorizar la reproducción de su obra en forma de grabaciones (fonogramas o fijaciones audiovisuales) producidas “mecánicamente”. El más característico y de mayor importancia económica de estos derechos es el que tienen los autores y compositores de obras musicales respecto a la grabación sonora de tales obras.
Algunas sociedades o entidades no se ocupan de gestionar “derechos fonomecánicos” – los cuales quedan generalmente en manos de los editores – dedicándose solamente a los derechos de ejecución pública. Tales son los casos s de SACEM en Francia o PRS en el Reino Unido, o como lo fueron hasta hace poco tiempo la mayoría de las sociedades latinoamericanas. Hoy se mantienen en esa situación sociedades como APA de Paraguay y SAYCE de Ecuador, que no gestionan tales derechos.

Existen sociedades que, por el contrario, se dedican únicamente a la gestión de derechos fonomecánicos. En América Latina debe incluirse dentro de esta categoría a ADDAF, de Brasil, (Asociación Defensora de Derechos Autorales Fonomecánicos) sociedad de autores independiente, nacida para ese fin específico.
En otros países se han creado organizaciones o entidades dedicadas exclusivamente a la administración de los “derechos de reproducción mecánica”, como sucede con AUSTRO-MECHANA en Austria, SDRM en Francia, MCPS en el Reino Unido, NCB para los Países Nórdicos y AMRA en los Estados Unidos, sociedades que administran al mismo tiempo los derechos de los autores y de los editores de obras musicales. En los Estados Unidos funciona notoriamente en este género la Harry Fox Agency, que es un agente de editores musicales.
Las organizaciones administradoras de derechos de reproducción mecánica se agruparon en una Oficina Internacional, conocida bajo la sigla francesa BIEM (Bureau International pour la Edition Mécanique), fundada en 1929, que actúa como órgano centralizador de negociación de regalías con la industria fonográfica. Existe un contrato básico entre el BIEM y la IFPI, que se revisa periódicamente y se pone en práctica por medio de contratos individuales celebrados entre las sociedades nacionales miembros del BIEM y cada productor fonográfico.
Finalmente, existen sociedades que, además de los derechos de ejecución pública, también gestionan los llamados “fonomecánicos”, como GEMA (Alemania) o SUISA (Confederación Suiza), en Europa, o como SGAE, SADAIC, SACM, SCD y AGADU en Iberoamérica.

Un fenómeno reciente, en este último género, lo constituyen ciertas sociedades latinoamericanas que no gestionaban originariamente tales derechos, pero pasaron a hacerlo al convertirse en Agentes Locales de LATINAUTOR, precisamente para ocuparse – entre otras cosas – de los “derechos fonomecánicos” que a esa Organización le fueron encomendados gestionar por aquellas de sus sociedades miembros que los detentan (ADDAF, AGADU, SACM, SACVEN, SADAIC, SCD y SGAE)

Son hoy Agentes Locales de LATINAUTOR para sus respectivos territorios, ADDAF (Brasil), APDAYC (Perú), SAYCO (Colombia), SACVEN (Venezuela) y SOBODAYCOM (Bolivia); en tanto ACAM (Costa Rica) lo es para toda Centroamérica.

F) Sociedades de autores y de editores
El gran precursor de los Cursos Regionales sobre Derecho de Autor en América Latina, Prof. Ulrich Uchtenhagen, ha abundado con sapiencia en la importancia cultural del editor, sosteniendo que en todos los ámbitos, ya sea musical, literario o audiovisual, nuestra vida cultural sufriría un empobrecimiento sin límites sin la actuación de los editores, porque faltaría quien tomara a su cargo el riesgo de la producción y la difusión.
El editor halla su derecho a la existencia en la vacilación de los autores de no querer ocuparse ellos mismos de la difusión de sus obras. Gracias a los editores el público dispone de una amplia oferta de obras literarias y artísticas. Sin el poder empresarial y el espíritu emprendedor de los editores, la mayoría de las obras nunca llegaría al conocimiento del público, son las palabras del gran maestro helvético.
Ello se da notablemente en el campo de la música, donde más del 90% de las obras que constan en las planillas, tanto de ejecución pública como de emisión, de las sociedades de gestión, han llegado al público gracias a los editores musicales.
Esto es válido no solamente con respecto a la música contemporánea. En el imperio clásico de los sonidos el porcentaje de las obras editadas es probablemente aún más elevado. Las obras de Haydn – nos dice Uchtenhagen – que no se imprimieron en vida del gran compositor, se quedaron largos decenios en un archivo cualquiera, cubriéndose de polvo, hasta que algún día fueron descubiertas por un musicólogo y ofrecidas a un editor para salvarlas del olvido. La Pasión según San Mateo, de Juan Sebastián Bach, no habría permanecido todo un siglo en el olvido si en aquel entonces un editor se hubiera esforzado por su divulgación.
Lo dicho por Uchtenhagen encuentra plena aplicación en el continente europeo, donde la convivencia de autores y editores se ve reflejada en la admisión de los editores como miembros de las sociedades autorales, representando a los autores que les han cedido sus derechos. Así sucede, a vía de ejemplo, en las dos grandes sociedades que han copatrocinado los Cursos Regionales para América Latina con la OMPI, SUISA y SGAE.
Este auspicioso fenómeno no se ha dado plenamente en América Latina, donde la relación autor-editor se enmarca en una historia de disputas, desencuentros y desconfianza mutua que ha provocado un verdadero cisma entre ambos sectores.

Puede decirse que la única sociedad donde, desde su creación, operó una integración pacífica entre autores y editores, tal vez por la preeminencia de éstos, fue en la UBC de Brasil, convivencia que hoy se ha transferido a ABRAMUS.

No obstante ello, dos experiencias merecen destacarse, si bien una puede decirse que está aún en ciernes. La primera ocurre en SAYCO (Colombia), donde desde hace cinco años existe un proceso de integración, aceptándose mediante un acuerdo con ACODEM (Asociación Colombiana de Editores Musicales) que dos puestos en la Comisión Directiva fueran ocupados por representantes de los editores. Previamente, siempre en Colombia, se había creado una sociedad de gestión colectiva integrada únicamente por editores musicales, SONATA, que no prosperó y cedió paso al proyecto de integración de los editores en SAYCO.
El otro caso a destacar es la solicitud de los editores musicales que operan en Costa Rica y Centroamérica de incorporarse a ACAM, que se encuentra a consideración de esta sociedad.
A título informativo, en Brasil existe la Asociación Brasileña de Editores de Música, ABEM, con sede en Sao Paulo, la cual no forma parte del ECAD por no tratarse de una entidad de gestión, sino de carácter gremial.

G) Sociedades de gestión de obras de arte plásticas o visuales
Este tipo de gestión está vinculado al “droit de suite”, derecho consagrado en el párrafo 1) del Artículo 14ter del Convenio de Berna, por el cual los autores de obras de arte originales podrán obtener una participación en las ventas posteriores a la primera cesión de la obra por el autor. Este derecho lo deja Berna librado a la legislación nacional, por lo que no todos los países latinoamericanos lo otorgan, como es el caso de la Argentina.
Hoy la actuación de las entidades de gestión que nuclean a los artistas plásticos - en realidad deberían denominarse “autores plásticos” - excede la mera administración del “droit de suite”.
Una vez más ha sido Europa la pionera en este género de sociedades, siendo las más notorias BILD-KUNST en Alemania, SPADEM en Francia, HUNGART en Hungría y nuestra conocida VEGAP (Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos) de España.
Esta última, en coordinación con la CISAC - particularmente con su Delegación Regional para América Latina - ha llevado adelante una importante labor de cooperación y promoción en nuestra región, donde a su inspiración nacieron sociedades como APSAV (Asociación Peruana de Artistas Visuales) y AUTORARTE en Venezuela, ambas autorizadas a funcionar en 1999. Previamente existían en Chile CREAIMAGEN (Sociedad de Gestión de los Creadores de Imagen Fija), que funciona desde 1997, SOMAAP en México, desde 1998. Siguieron luego ADAVIS en Cuba, desde el 2002, y AUTVIS en Brasil. En proceso de incorporación se encuentran ARTEGESTIÓN en Ecuador y SCAV en Colombia. En el caso de APEU, asociación gremial de los “pintores y escultores” del Uruguay, pero representativa de todos los géneros de las artes plásticas en el país, la entidad firmó un acuerdo con AGADU por el cual ésta, en tanto sociedad “general”, se hace cargo de la recaudación de derechos que correspondan por el “droit de suite” como por reproducción reprográfica.
Estas asociaciones se han reunido en CLAVIS, Centro Latinoamericano de Artistas Visuales, con sede en México.
En Informe publicado por la OMPI, figura en Bolivia la Sociedad Boliviana de Artistas Plásticos, de cuyo funcionamiento no se tiene mayor información. No existe en cambio asociación de artistas plásticos en Paraguay, país que sin embargo tiene consagrado en su legislación el “droit de suite”.

H) Entidades de gestión de derechos de reproducción reprográfica
Agrupadas a partir de 1988 en IFRRO (Federación Internacional de Organizaciones de Derechos Reprográficos), estas sociedades cobraron gran impulso principalmente en los países nórdicos, donde surgieron KOPIOSTO en Finlandia y KOPINOR en Noruega, entre otras, mientras que en los Estados Unidos se creaba el Copyright Clearance Center (CCC), y en España CEDRO.
En América Latina se conocen la Asociación Brasileña de Derechos Reprográficos (ABDR) primera sociedad de este tipo en nuestro continente; el Centro Mexicano de Protección y Fomento a los Derechos de Autor (CEMPRO), que funciona desde 1998; mientras que CEDER en Colombia fue autorizada en el 2000. También en esa época aparecieron CADRA en la Argentina y SADEL en Chile. En el Uruguay se acaba de aprobar el funcionamiento de AUTOR (Asociación Uruguaya para el Tratamiento de obras reprográficas); están previstas AEDRA en Ecuador y APDRA en Panamá, al tiempo que se preparan sociedades similares en Costa Rica y Paraguay.
En este campo de los derechos reprográficos ha tenido un rol importante de difusión y concientización, como también de apoyo, el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, CERLALC, donde se puede recabar mayor información al respecto.



  1. Entidades de gestión colectiva de Derechos Conexos o Afines


El derecho a remuneración o el derecho exclusivo de los artistas intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas, respecto de la radiodifusión y la comunicación al público de sus ejecuciones grabadas en fonogramas o de sus fonogramas, respectivamente, es de naturaleza similar, desde el punto de vista práctico, a la de los llamados “derechos de ejecución” de los autores y compositores de música, por lo cual se deduce que este derecho también puede ejercerse únicamente por un sistema adecuado de administración colectiva.

En la mayoría de los países en que se reconoce tal derecho, los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas han creado organizaciones conjuntas de gestión colectiva, de lo cual son ejemplo en América Latina SOCINPRO, en Brasil (si bien últimamente ha cambiado su denominación por Sociedad Brasileña de Administración y Protección de Derechos Intelectuales, para darle un sesgo autoral que hasta entonces no tenía); y ACINPRO en Colombia.

Existen además, obviamente, entidades dedicadas en exclusividad a uno u otro de estos tipos de derechos conexos, como sucede en la Argentina con AADI, Asociación Argentina de Intérpretes, y con CAPIF, la Cámara Argentina de Productores de la Industria Fonográfica; o en Uruguay, donde como vimos funcionan SUDEI de intérpretes y la CUD para los productores. Lo mismo sucede en Bolivia, donde coexisten ABAIEM, para los Artistas Intérpretes y Ejecutantes de Música, y ASBOPROFON para los productores; en Perú sucede lo mismo con ANAIE y UNIMPRO o en Brasil con la Asociación de Intérpretes y Músicos, ASSIM o la Asociación Brasileña de Productores de Discos (Fonogramas), la ABPD. En Paraguay, el campo de la gestión de los derechos afines se ha completado al crearse AIE-Paraguay, que vino a acompañar a la SGP de productores de fonogramas.

La diversidad de sociedades existente en Brasil permite además encontrar el caso inusual de sociedades mixtas de derechos de autor y conexos. Tal es el ejemplo que ofrecen ABRAC, Asociación Brasileña de Autores, Compositores, Intérpretes y Músicos, como también ANACIM, Asociación Nacional de Autores, Compositores e Intérpretes de Música, ambas miembros de ECAD.
La forma como estas entidades han organizado sus sistemas de recaudación, nos lleva a un nuevo criterio de clasificación

J) Sociedades con sistemas de recaudación individual o conjunta
La regla general es que cada entidad de gestión colectiva recauda los derechos correspondientes a los repertorios nacional y extranjeros que administra.
Incluimos esta categorización para contemplar los casos en que, sea por acuerdo o por disposición legal o reglamentaria, una sociedad se hace cargo de la recaudación de los derechos que corresponden a otra o a varias de sus hermanas, sea en el campo del derecho autoral, de los conexos o de ambos.
En el campo de los derechos autorales, hemos visto ya las situaciones creadas en Brasil con el ECAD, ente recaudador y distribuidor de derechos de ejecución pública, creado por la legislación brasileña para ocuparse de las regalías de todas o las principales sociedades brasileñas; y el caso del CCL para las sociedades de los Estados del Caribe anglófono, si bien se encuentra en etapa de preparación.
Las situaciones más comunes de recaudación conjunta se dan entre sociedades de derechos de autor y de derechos conexos. En algunos casos, la recaudación común ha sido impuesta por la legislación misma, mientras en otros ha sido fruto de acuerdos entre las diversas entidades.
a) Soluciones impuestas legal o reglamentariamente:
se ubican aquí los casos de
- Bolivia, donde el Reglamento de la Ley de Derecho de Autor, aprobado por el Decreto Supremo N° 23907, de 7 de diciembre de 1994, preve en su Artículo 27, Numeral 9, que la sociedad autoral, SOBODAYCOM, junto con las entidades que nuclean a los artistas intérpretes (ABAIEM) y a los productores de fonogramas (ASBOPROFON) deberán constituir un ente recaudador común encargado de convenir y cobrar los derechos y/o remuneraciones de los derechos de representación o de ejecución pública consagrados por la Ley y el Reglamento. Dicho ente pasó a denominarse ASA, tomando la inicial de cada entidad.
- Ecuador.- La ley de Propiedad Intelectual N° 83, de 19 de mayo de 1998, contiene dos disposiciones relativas a recaudación conjunta de derechos:
Art. 111 - Se establece que si existieren dos o más sociedades de gestión colectiva por género de obra, deberá constituirse una entidad recaudadora única, a ser creada por las sociedades o, en su defecto, por la Dirección Nacional de Derechos de Autor.
Disposición Transitoria DÉCIMA PRIMERA, según la cual:
Independientemente de la recaudación de los derechos patrimoniales por la respectiva sociedad de gestión, la recaudación de los derechos económicos por comunicación pública realizado a través de cualquier medio, de obras musicales con o sin letra y dramático musicales, estará a cargo de una entidad única conformada por la Sociedad de Autores y Compositores Ecuatorianos SAYCE y la Asociación de Productores de Fonogramas del Ecuador ASOTEC, entidad única que recaudará a título de gestión colectiva.
Hasta que entre en funcionamiento la entidad única recaudadora, SAYCE continuará recaudando estos derechos.


  1. Por acuerdo entre las Sociedades intervinientes


Argentina: AADI (artistas intérpretes) y CAPIF (Cámara de Productores de la Industria Fonográfica) se unieron a los efectos de la recaudación en “AADI-CAPIF”
Colombia: La sociedad de autores SAYCO y la de intérpretes y productores ACINPRO, crearon para el cobro de derechos la organización "SAYCO-ACINPRO", ORSA.
Uruguay: Desde 1980, AGADU, la Asociación General de Autores del Uruguay, es la única entidad que recauda derechos de autor y conexos en el territorio nacional, incluyendo por mandato los que corresponden a la Sociedad de artistas intérpretes SUDEI, y a la Cámara Uruguaya del Disco CUD.

2. Casos especiales
A) Gestión Colectiva de los Derechos sobre las Obras Audiovisuales
El camino hacia una administración colectiva viable de los derechos afectados por las retransmisiones por cable de programas radiodifundidos quedó abierto cuando se funda en Ginebra, en diciembre de 1981, la Asociación para la Administración Colectiva Internacional de las Obras Audiovisuales (AGICOA). Los miembros de la Asociación son asociaciones y sociedades nacionales de productores de obras audiovisuales para la administración y/o recaudación de regalías relativas a tales obras, y la Asociación asume en lo esencial dos tareas principales: las negociaciones sobre retransmisión por cable de obras audiovisuales incluidas


en su repertorio (en cooperación con sus organizaciones nacionales afiliadas), y la distribución entre los titulares de derechos de las cantidades percibidas en su nombre por las sociedades recaudadoras nacionales competentes.
Conforme a este contrato, las empresas de transmisión por cable efectúan un pago global por la utilización del repertorio representado por las organizaciones de titulares de derechos, y estas últimas son garantes contra eventuales reclamaciones de terceros.
En lo que respecta a América Latina, por acuerdo dentro de AGICOA, tales tareas le han sido confiadas a EGEDA, de España.

B) Administración Colectiva de los derechos por copia privada
Los estudios realizados han demostrado más allá de toda duda razonable, que la generalizada realización de reproducciones de grabaciones sonoras en los hogares para fines privados (“grabación en el hogar”) perjudica gravemente los intereses legítimos de los autores.
Los países que han introducido una remuneración por copia privada reconocen que la misma se justifica tanto respecto de las grabaciones sonoras como de las audiovisuales. La obligación se impone a los fabricantes e importadores de los equipos de grabación y los soportes vírgenes.
La recaudación se efectúa por organizaciones especiales creadas con ese fin o por las entidades de gestión de derechos de ejecución ya existentes, las cuales a su vez las distribuyen a las organizaciones que representan a las demás categorías de titulares de derechos. Es lo que sucede en España, donde SGAE recauda los derechos por copia privada para sus asociados como también para los de AIE (Artistas Intérpretes y Ejecutantes)

En América Latina la remuneración por copia privada sólo ha sido incorporada en las legislaciones de Ecuador, país éste que ha sido el primero en aprobar y publicar tarifas por este concepto; y Paraguay, pero no existe aún experiencia en cuanto a la recaudación de este rubro.

C) Gestión colectiva on line
Días pasados, en Chile, se acaba de lanzar el primer sistema nacional de descarga de música por Internet, presentado conjuntamente por la Feria del Disco y la Sociedad Chilena de Derechos de Autor (SCD), el cual permite adquirir archivos de audio a un precio razonable. Ello convierte a Chile en el primer país de Sudamérica en experimentar con esta nueva propuesta digital.
Las descargas de música se realizarán a través del sitio oficial de la Feria del Disco, que inicialmente dispone de un catálogo digitalizado de 30 álbumes. El precio inicial por cada canción será de $580, valor que podría sufrir variaciones de acuerdo al desarrollo del negocio.
III. LA GESTIÓN COLECTIVA INTERNACIONAL
Las sociedades autorales, en tanto entidades de gestión colectiva, además de su obligación natural hacia los autores nacionales que les han cedido la responsabilidad de gestionar su repertorio, se han convertido cada vez más en un instrumento idóneo fundamental para asegurar en sus respectivos territorios la administración de las obras extranjeras y, con ello, el cumplimiento del principio del trato nacional a que obliga el Convenio de Berna como el Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC. En virtud de este principio, los Estados parte (Berna) o Miembros (OMC), deben conceder a los nacionales de los demás Miembros un trato no menos favorable que el que otorguen a sus propios nacionales con respecto a la protección de la propiedad intelectual de que se trate. Dicho de otra manera, en nuestro caso las obras extranjeras deben gozar en el territorio de cualquier Estado parte o Miembro del mismo grado de protección de que gozan las nacionales.
Sobre este último punto, el Acuerdo sobre los ADPIC, en nota especial contenida en su texto, aclara que “A los efectos de los artículos 3 (trato nacional) y 4 (trato de la nación más favorecida) la “protección” comprenderá los aspectos relativos a la existencia,adquisición, alcance, mantenimiento y observancia de los derechos de propiedad intelectual,así como los aspectos relativos al ejercicio de los derechos de propiedad intelectual de que trata específicamente este Acuerdo.”
En consecuencia, particularmente en el área de las obras musicales, la observancia estricta del trato nacional solamente puede hacerse efectiva mediante el funcionamiento correcto y transparente de las sociedades de gestión nacionales, en lo que tiene que ver con el control, la recaudación y la correcta liquidación y distribución de los derechos que corresponden por la utilización del repertorio extranjero.
Es por ello que la gestión internacional se ha convertido en una de las principales funciones de las sociedades de autores y objeto de seguimiento, en primer lugar, por parte de los Gobiernos, dadas las repercusiones que una inadecuada gestión de los repertorios extranjeros podría tener en el marco de las relaciones comerciales internacionales a través del Consejo de los ADPIC y eventualmente del Órgano de Solución de Diferencias de la OMC.
En este sentido, no debe olvidarse que fue una sociedad de gestión colectiva, la IMRO de Irlanda la que promovió en la OMC – a través de los carriles procedimentales de la Unión Europea – el primer caso de denuncia contra un Estado distinto del propio y no miembro de la Unión Europea – paradójicamente los Estados Unidos, el gran impulsor de trasladar la observancia de la propiedad intelectual hacia la órbita del GATT primero y la OMC después – por supuesto incumplimiento de las normas del Convenio de Berna.
El tema tuvo que ver con las exenciones al derecho de autor introducidas o intentadas introducir en numerosas legislaciones nacionales, que obliga a las entidades de gestión colectiva a montar guardia permanente para evitar excesos que atenten contra los derechos de los autores, excediendo las salvaguardias consagradas en el Convenio de Berna e incorporadas al Acuerdo sobre los ADPIC. Al decir salvaguardias nos referimos fundamentalmente a la “prueba de los tres criterios” o “regla de los tres pasos” o de las “condiciones acumulativas”, léxico este último preferido por la Prof. Delia Lipszyc (Art. 9.2 del Convenio de Berna y Art. 13 del ADPIC).
En este caso, la IMRO consideró que enmiendas introducidas a la Ley de Derecho de Autor de los Estados Unidos constituían una violación de las obligaciones de ese país con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC – particularmente las referidas a los artículos 11 y 11bis del Convenio de Berna –, que las mismas perjudicaban especialmente a las obras de sus nacionales irlandeses utilizadas en el territorio americano y que, en consecuencia, se debía recomendar a los Estados Unidos que reformaran su legislación interna en conformidad con sus obligaciones internacionales. El final de esta historia – ocurrida entre 1999 y 2000 – es por todos conocida, aún se habla de ella y no es objeto de esta presentación.1
A este respecto, la CISAC se encuentra abocada a la puesta en marcha del CIS (sigla en inglés del Sistema Común de Información), donde los viejos instrumentos siguen siendo aplicados pero adaptados al nuevo escenario. Así, la lista CAE se transforma en IPI (Información sobre las Partes Interesadas) y la WWL en WID (Works International Data), este último convertido en un Nodo de acceso de obras al sistema.
Esto nos lleva a la documentación e identificación de las obras en las redes digitales, como elemento indispensable para asegurar la vigencia de la gestión colectiva – por muchos discutida – en el nuevo escenario cibernético.

1. La Gestión Colectiva Internacional en la Era Digital: El CIS y LATINAUTOR
Como este tema específico es abordado a lo largo de este Curso, nos limitaremos a los aspectos que tienen que ver con el ámbito iberoamericano, dentro del cual se mueven las sociedades latinoamericanas, incluyendo la sociedad nacional APA.
La fantástica aceleración de las innovaciones tecnológicas operada en este final del siglo XX coloca a los profesionales de la música frente a dos realidades opuestas. Por un lado, disponen de la posibilidad de crear a través de procesos más rápidos y económicos, al tiempo que de alcanzar un público jamás soñado, sin barreras ni fronteras. Por el otro, enfrentan la amenaza que esas tecnologías representan para el derecho a disponer de su propiedad y de controlar y recibir los frutos por la utilización de su trabajo.
La aparición de las modernas técnicas digitales, que son colocadas a disposición del público en progresión geométrica, inexorables y convergentes, constituyen aún un mayor desafío, pues ellas cambiaron la forma de crear, difundir, reproducir, administrar y controlar el uso de las obras literarias y artísticas
Para atender esas exigencias las sociedades autorales han debido dotarse de una infraestructura, de la cual ya no pueden prescindir, adecuada al desempeño de sus funciones de recaudar la remuneración derivada de la utilización de las obras que administran
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