Resumen Ante la situación de persistencia de la crisis económica y las políticas de ajuste y austeridad, existen importantes retos para el sindicalismo, los movimientos sociales y la izquierda social y política en España. Partiendo de ese contexto






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Respuestas sociales a la crisis
Antonio Antón

Profesor honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid

antonio.anton@uam.es
Comunicación para el XI Congreso de Sociología (julio de 2013) –

Grupo 7 (Sociología del Trabajo)
Resumen
Ante la situación de persistencia de la crisis económica y las políticas de ajuste y austeridad, existen importantes retos para el sindicalismo, los movimientos sociales y la izquierda social y política en España. Partiendo de ese contexto se realiza un análisis de su experiencia reciente, con la articulación de tres huelgas generales, importantes movilizaciones sectoriales contra los recortes sociales, así como la expresión de un amplio movimiento de personas indignadas. Se tratan, específicamente, las dos dimensiones fundamentales del sindicalismo: sustantiva o influencia transformadora, y social o representativa. Se explica el significado sociopolítico de la actuación de los distintos agentes sociales y el condicionamiento de la acción sindical en la gestión de la crisis socioeconómica y el tipo de relaciones laborales. Esta nueva coyuntura requiere una reflexión de conjunto sobre las estrategias sindicales. Es otra encrucijada histórica para el sindicalismo. Por tanto, tras una evaluación crítica y rigurosa de la experiencia pasada, se analizarán sus dificultades, las tendencias actuales y las perspectivas para la acción social y sindical, y su impacto en la gestión de la crisis y el tipo de salida: regresiva o más justa y equitativa.
Palabras clave: Resistencias, diálogo social, sindicalismo, recortes sociales, huelga general

Respuestas sociales a la crisis
Introducción
Este texto explica las respuestas sindicales y ciudadanas contra los recortes sociales y la política de austeridad promovida por el Consejo Europeo y aplicada por el gobierno del PP en España. Aborda, básicamente, la situación del año 2012, desde la victoria electoral de la derecha en las elecciones generales de noviembre de 2011, y la primera parte del año 20131, aunque en las valoraciones generales se tendrá en cuenta la experiencia de todo este nuevo ciclo sociopolítico que comienza en el año 2010.

Nada más tomar posesión en diciembre, el poder ejecutivo del PP aprueba las primeras medidas de restricción presupuestarias y anuncia sus ‘reformas estructurales’, los nuevos planes de ajuste económico y medidas antisociales, todavía más duros que los del gobierno socialista anterior. El sindicalismo ha respondido con una estrategia con un doble componente: pacto y conflicto. Por un lado, de acuerdo general con las organizaciones empresariales, de enero de 2012, junto con un discurso justificativo del diálogo social. Por otro lado, se combina con una actuación de confrontación con las políticas de ajuste del Gobierno, promoviendo grandes movilizaciones globales (las huelgas generales de marzo y noviembre de 2012 y varias manifestaciones masivas) y numerosos conflictos sectoriales y locales.

Se analizan tres aspectos: 1) la política ambivalente de pacto y conflicto social; 2) las perspectivas abiertas con la erosión de la política de austeridad, y 3) el papel reivindicativo y sociopolítico del movimiento sindical.


  1. Una estrategia sindical doble: pacto y conflicto social


Es habitual en los sindicatos definir su estrategia como una combinación entre el acuerdo y la movilización, en los ámbitos de la empresa, sectoriales y locales y generales. Se interrelacionan los dos tipos básicos de acción sindical: la negociación y el conflicto sociolaboral a través de la movilización social y democrática2. Los mecanismos son dobles: por un lado, la activación de sus bases sociales, para aumentar su representatividad, su reconocimiento y su capacidad de presión ante sus interlocutores empresariales e institucionales; por otro lado, los recursos negociadores, mediadores y de participación en la negociación colectiva y las distintas instituciones. Esta doble acción sindical hace referencia a su dimensión reivindicativa, defender los intereses y conseguir mejoras para las clases trabajadoras, y su dimensión social, fortalecer su capacidad representativa y transformadora. Su objetivo global es combatir la crisis socioeconómica y sus efectos, promoviendo un cambio económico y sociopolítico hacia una democracia social avanzada, con empleo decente, derechos sociolaborales y Estado de bienestar, tal como se define en los programas de los grandes sindicatos (CCOO, 2013; UGT, 2013).

No obstante, con la crisis económica y de empleo y la aplicación generalizada de políticas regresivas de austeridad, con fuertes recortes sociolaborales, las dinámicas precedentes han cambiado. Han producido nuevos desequilibrios en las relaciones laborales y la capacidad contractual de los sindicatos. Afectan a sus estrategias, en particular a las combinaciones de esos dos tipos de acción sindical: la negociación y la movilización, el acuerdo y el conflicto, el pacto social o la huelga general. Al mismo tiempo, hay que integrar los distintos objetivos y prioridades: a corto y medio plazo, de carácter laboral y sociopolítico, o bien, el interés del conjunto de las clases trabajadoras, de determinados segmentos de la población y de la estructura sindical y los distintos movimientos sociales y representantes políticos.

Por tanto, el problema no viene de la existencia de esos dos componentes –negociación y movilización-, siempre presentes, sino del énfasis en cada uno de ellos y su interrelación, según cada ámbito y contexto. Así, aparte de revisar la retórica sindical más o menos ambigua de la necesaria combinación de ambos, se trata de precisar el peso de cada aspecto en cada momento y el contenido, el sentido y el apoyo social de cada actuación. Aquí el análisis se centra en los hechos más relevantes y de conjunto del movimiento sindical para señalar sus consecuencias y explicar a qué intereses o dinámicas obedecen y qué relación tienen con las estrategias o los programas y objetivos generales.

El sentido de las estrategias colectivas

Conviene aludir a los cambios en los equilibrios de las fuerzas sociales en presencia para precisar el alcance y significado de las estrategias colectivas. El concepto ‘resistencias’ sociales o colectivas se adecúa a la nueva realidad y los caminos inmediatos a recorrer. Por un lado, el diálogo social es poco operativo. El contenido de los grandes acuerdos generales alcanzados últimamente (pensiones -2011- y negociación colectiva -2010 y 2012-) es, cuando menos, problemático y han tenido dificultades para su legitimidad social. Por otro lado, las protestas colectivas no suelen conseguir mejoras materiales inmediatas, aunque son freno al empeoramiento impuesto y generan la deslegitimación de sus gestores, para promover el cambio de políticas e instituciones. Constituyen un impacto sociopolítico fundamental que permite erosionar esa política, modularla y crear las condiciones para su transformación sustantiva. Es un resultado también inmediato y práctico, sobre todo sociopolítico, de cambio cultural y de mentalidades, de solidaridad en las relaciones interpersonales y conformación de tejido asociativo de base. Pero esa dimensión social, muy real, es más difícil de evaluar al no cristalizar en reformas inmediatas. La dinámica es diferente a la de los periodos de expansión económica, avance del Estado de bienestar, desarrollo institucional democrático o incremento progresivo de los derechos civiles y sociales, con procesos de mejoras materiales y políticas para el conjunto de la sociedad.

En el análisis de la protesta social, en la acción de los movimientos sociales, incluido el sindicalismo, hay que combinar su dimensión social o expresiva y su dimensión reivindicativa o sustantiva. Ambas están interrelacionadas, son transformadoras y ofrecen resultados concretos e inmediatos, pero la primera es, sobre todo, en el ámbito de la conciencia social y la constitución de fuerzas sociales, y la segunda en la mejora de condiciones o derechos de la gente (Antón, 2006).

Por tanto, el sindicalismo y las fuerzas progresistas están en un ciclo ‘defensivo’. Su principal función es impedir retrocesos en las condiciones y los derechos sociales y democráticos de la ciudadanía. No obstante, esa posición no necesariamente es defender el statu quo, sino que es imprescindible completarla con un proyecto social y democrático, de transformación progresista. En ese sentido, sí que hay alternativas (Antón, 2009; Arias y Costas, 2011; Navarro et al., 2011 y 2012; Ramoneda, 2012; Stiglitz, 2012; Torres, 2011).

En este ciclo la acción sindical y sociopolítica tiene un mayor componente crítico, de denuncia y rechazo a las políticas de austeridad y el déficit democrático de la gestión regresiva de la clase política. Los resultados se miden más por el freno a las medidas antisociales y autoritarias que por los avances netos conseguidos. Puede conseguir mejoras relativas respecto de los planes regresivos, y porfía en su derrota. Pero, a pesar de la masividad e intensidad de la protesta social, todavía no es capaz de impedir la aplicación del grueso de las medidas; las condiciones socioeconómicas e institucionales finales son peores respecto a las de antes de la crisis. El nivel de movilización social es insuficiente para doblegar a los poderosos adversarios y, entre los sectores más comprometidos, deja un sabor de impotencia. Los de arriba imponen el empobrecimiento y la pérdida de derechos de los de abajo (y de en medio).

Sin embargo, siempre cabe la idea de que sin resistencia y deslegitimación de esa política, el bloque de poder liberal-conservador se hubiera atrevido (o intentaría más adelante) a nuevos y más profundos procesos regresivos para la sociedad y mayor apropiación de poder y riquezas para las élites. Por tanto, la actividad cívica y la protesta social también tienen un impacto directo en las condiciones inmediatas de la gente, frenando o suavizando los planes más agresivos e impopulares. Es el grado de eficacia esperable sobre los resultados reivindicativos en una situación defensiva para la mayoría ciudadana con una gran desigualdad de poder.

Al mismo tiempo, la acción sociopolítica de la ciudadanía indignada, incluida la movilización sindical, y la reafirmación democrática de la sociedad, es la mejor forma de influir y restar credibilidad social a estas medidas. Y, sobre todo, asegura las bases alternativas para los avances o las reformas progresistas, la regeneración del sistema político y la renovación y el fortalecimiento de las izquierdas, sociales y políticas. La evaluación de la acción sociopolítica se hace más compleja y está sometida a su propia especificidad y referencias: articular un campo social progresista y democrático, con una orientación reformista fuerte, socioeconómica y de renovación política.

La acción sindical y la función de los sindicatos se legitiman por los logros sustantivos alcanzados en su doble finalidad: avances reivindicativos (o freno a los retrocesos) y capacidad representativa y transformadora. Los representantes sindicales son medios imprescindibles para defender las condiciones y demandas de sus bases sociales y de la mayoría de la sociedad. Los derechos sindicales y la representatividad y la operatividad de las estructuras de los sindicatos son instrumentos necesarios en el complejo proceso de mediación sociolaboral, que también requiere adecuados instrumentos organizativos, de información y asesoramiento. La actual ofensiva de la política de austeridad, además de imponer un retroceso en las condiciones y derechos sociolaborales de la mayoría de la sociedad, también pretende debilitar la función reivindicativa, social, representativa y dinamizadora de los sindicatos y limitar su capacidad contractual y transformadora. Defender esos derechos sindicales, reafirmar el papel del sindicalismo, se convierte en un objetivo adicional. La idea de ‘salvar al sindicato’ puede sintetizar el interés legítimo de la representación sindical. No obstante, también se corre otro peligro: priorizar la defensa del estatus de los aparatos de los grandes sindicatos, o lo que es peor intercambiar concesiones de derechos más generales de la población trabajadora para intentar garantizar su estabilidad y sus privilegios (Antón, 2010). Es cuando aparece el riesgo de la sustitución de los fines por los medios (Offe, 1988) y la disociación entre interés del sindicato (de la burocracia sindical) e intereses de sus bases sociales y la sociedad, en general.

Así, como se explicará más adelante, existen deficiencias de legitimidad social, particularmente, para determinadas actuaciones de las cúpulas sindicales que no sintonizan con sectores significativos de la ciudadanía. Por tanto, es fundamental la renovación profunda de los sindicatos para reforzar su legitimidad, su capacidad articuladora y su eficacia reivindicativa. Pero, primero, analicemos sus actuaciones más significativas.

Un pacto de recorte salarial y laboral, sin contrapartidas

El Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva –AENC-, firmado en enero de 2012 por la patronal CEOE-Cepyme y las direcciones de CCOO y UGT, para el período 2012-14, supone un recorte de la capacidad adquisitiva de los salarios (en torno a punto y medio anual), un retroceso laboral con mayor flexibilidad interna y menor capacidad reguladora y contractual de los sindicatos.

No existen contrapartidas significativas para trabajadores y trabajadoras y no permite generar empleo. No apuesta por una salida justa de la crisis sino que impone la austeridad salarial a una parte: las capas asalariadas. No es un acuerdo equitativo, ya que no se exige a los empresarios ninguna renuncia sustantiva ni ningún compromiso firme por la creación de empleo, la regulación de los beneficios empresariales y los precios. Hace recaer nuevos sacrificios a las clases trabajadoras junto con una mayor subordinación laboral. Es un paso más en la consolidación de la capacidad empresarial para imponer sus objetivos e intereses de maximizar sus beneficios, abaratar costes laborales y disponer una mano de obra más dócil, con la vana esperanza de que ésa es la vía para asegurar la inversión y el crecimiento económico y del empleo. Se basa en el discurso neoliberal de culpabilizar a los salarios y las condiciones laborales de la crisis y que su retroceso es inevitable e imprescindible para salir de ella. Supone, por tanto, afianzar la pasividad en el mundo laboral en un ámbito fundamental de la acción sindical como es la negociación colectiva y supone un retroceso cultural y de la capacidad crítica y alternativa de las estructuras sindicales.

Las direcciones de los grandes sindicatos, con el pacto de recorte salarial llevaron al sindicalismo a un callejón sin salida para la defensa de los derechos sociolaborales y su propia capacidad contractual, como se ha podido comprobar tras más de un año de su aplicación. Tampoco consigue consolidar el estatus del propio aparato, ni la estabilidad de las funciones contractuales de sus estructuras intermedias. Además, en el contexto del comienzo de la ofensiva de ajustes regresivos del nuevo gobierno de la derecha, tampoco sirve para suavizar esa estrategia. Las concesiones de las cúpulas de los sindicatos en materia salarial y de garantía de paz social en la negociación colectiva no son suficientes para condicionar la agenda del nuevo Gobierno que, inmediatamente, aprueba una agresiva reforma laboral. Más que un freno a las políticas de ajuste, ese acuerdo permite su desarrollo.

Por tanto, constituye un doble fracaso: para defender los derechos laborales y para ‘salvar el sindicato’. Aunque les genere cierto reconocimiento institucional, es muy frágil y temporal, y condicionado a continuar con esa disponibilidad colaboradora con las políticas regresivas. Y eso es insostenible para mantener una legitimidad relevante entre sus bases sociales y el grueso de la ciudadanía.

Huelga general de marzo contra la reforma laboral3

El Gobierno del PP, tras sus primeras medidas de restricción presupuestaria y el acuerdo de la negociación colectiva comentado, aprueba e impone, con su mayoría parlamentaria, una reforma laboral profundamente regresiva (CC.OO, 2012).

Los sindicatos deciden organizar una respuesta masiva y contundente. La huelga general del 29 de marzo de 2012 es un paso clave contra la ofensiva regresiva del Gobierno del PP. Ha sido una actuación acertada de los sindicatos, que han demostrado ser agentes sociales fundamentales para encauzar el rechazo popular y frenar la involución social. Ha tenido un impacto social positivo. Reabre nuevas posibilidades y escenarios para continuar la acción sindical y ciudadana contra la política de recortes y por los derechos sociolaborales y una gestión más justa de la crisis. Es una tarea conjunta del movimiento sindical y la izquierda social y política, que se enfrentan a diversas dificultades y limitaciones (Antón, 2012a, Mientras Tanto, 2012).

Este proceso de huelga general ha constituido una prueba de la acción colectiva progresista y la reafirmación democrática de una amplia izquierda social o ciudadanía crítica. Al tercio de esa ciudadanía, más implicada activamente en la movilización contra los recortes sociales, se ha sumado la simpatía y la solidaridad del tercio intermedio, más pasivo y ambivalente en la huelga general del 29 de septiembre de 2010. La persistencia y el refuerzo de la resistencia de ese primer bloque social ha sido determinante para ensanchar ahora la oposición social a esta política regresiva y restarle credibilidad ciudadana. Es una respuesta contundente de una ciudadanía activa y un paso sustancial para fortalecer la oposición popular a esas políticas antisociales y deslegitimar a sus gestores. Se ha extendido una mayor comprensión ciudadana hacia los justos objetivos de este conflicto social, factor clave para debilitar y revertir esta política socioeconómica y laboral regresiva. Pese a las dificultades evidentes para forzar la retirada inmediata de la reforma laboral, ha conseguido quitarle legitimidad y credibilidad social, y refuerza las condiciones sociopolíticas para obtener su abolición.

En definitiva, el proceso de la huelga general del 29 de marzo ha permitido una expresión colectiva masiva de la ciudadanía contra la ‘agresiva’ reforma laboral y la política de profundos recortes sociolaborales del Gobierno del PP. La amplia participación trabajadora y ciudadana constituye un paso imprescindible para frenar su ofensiva antisocial, erosiona su legitimidad y refuerza a la izquierda social y el movimiento sindical en su demanda de empleo decente y plenos derechos sociales y laborales (Fernández Toxo, 2012).
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