Promueven accion de amparo. Solicitan medida cautelar






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PROMUEVEN ACCION DE AMPARO.

SOLICITAN MEDIDA CAUTELAR.

Señor Juez:


JOSE ROBERTO LOPEZ, abogado de la matrícula y Presidente del Colegio Público de la Capital Federal; por derecho propio y en representación de la Institución que presido; Tº07 Fº873, junto con la Dra. Andrea Laura FALCONE, Tº 93, Fº 996, por derecho propio; patrocinados ambos por la Dra. Silvina Noemí NAPOLI Tº42, Fº425, con domicilio real y constituyendo el procesal en Av. Corrientes 1441, Piso 5º "Asesoría Letrada" (Zona de Notificación N° 107) domicilio electrónico 27-18047152-4, mail snapoli@cpacf.org.ar, ante S.S nos presentamos y decimos:
I.- PERSONERIA

Con las copias certificadas del Acta de Proclamación de Autoridades (Elecciones 2014/2016) del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), de fecha 28 de mayo de 2014, y del Acta de Distribución de Cargos del Consejo Directivo de esa Institución, de fecha 4 de junio de 2014, acredito ser su Presidente, con domicilio real en la Av. Corrientes 1441/47 de la Capital Federal, y en tal carácter me presento.
II.- OBJETO

Venimos a iniciar Acción de Amparo contra la Resolución General Conjunta Nº 3673/2014 AFIP y 533/2014 ANSES, dictada en el marco de la Ley 26.970 que establece el régimen aplicable a la regularización de deudas previsionales de los trabajadores autónomos inscriptos o no en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), y los sujetos adheridos al régimen simplificado para pequeños contribuyentes (RS) – monotributistas, que impide la presentación de abogados, ya sea por poder o por patrocinio.
Esta acción se dirige contra la ADMINISTRACION NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), con domicilio en la Avenida Paseo Colón 329, 7º Piso, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se solicita se ordene a la ANSES recibir a todo abogado que se presente ante el organismo, ya sea con poder o por patrocinio, sin restricciones ni limitaciones arbitrarias e ilegales, a fin de tramitar la inclusión de ciudadanos argentinos a la moratoria implementada por la Ley Nº 26.970.

Asimismo, y como medida cautelar, venimos a solicitar que se suspenda la aplicación de la Resolución General Conjunta Nº 3673/2014 AFIP y 533/2014 ANSES, en la medida que su texto ha sido utilizado por la ANSES para prohibir la actuación de profesionales abogados, cercenando su derecho de trabajo y el debido proceso adjetivo.

III.- LEGITIMACIÓN DEL CPACF

El CPACF es parte interesada para promover la presente Acción de Amparo, teniendo legitimación procesal suficiente en representación de sus colegiados, de conformidad con lo establecido por el artículo 21 inciso j) de la Ley 23.187 que le confiere la debida legitimación procesal autónoma, para ejercer la “acción pública”, en concordancia con el artículo 43 CN y doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
El CPACF fue creado por Ley 23.187 con el carácter, derechos y obligaciones de las personas jurídicas de derecho público, conforme lo establece el artículo 17 de dicha norma; y por esta ley, tiene el deber de defender a sus miembros, los abogados matriculados, para asegurarles el libre ejercicio de la profesión conforme a las leyes y velar por su dignidad (artículo 20 inc. c).

Tiene como deber insoslayable, tal lo establecido en el artículo 1° Ley 23.187 que "... La protección de la libertad y dignidad de la profesión del abogado forma parte de las finalidades de esta ley y ninguna de sus disposiciones podrán entenderse en un sentido que menoscabe o restrinja", por lo que se hace ineludible asumir la defensa de los profesionales cuando se encuentran amenazados en sus legítimos derechos.
Adviértase que la inviolabilidad del ejercicio profesional en todos sus órdenes es una finalidad que la Ley 23.187 encarga específicamente al CPACF, dotándolo expresamente de facultades para surgir en su defensa y ejercer la Acción Pública.
En efecto, el artículo 21, de la ley 23.187 sostiene que, para el cumplimiento de sus finalidades, el CPACF “Ajustará su funcionamiento a los siguientes funciones, deberes y facultades: inciso j Tutelará la inviolabilidad del ejercicio profesional en todos sus órdenes, estando investido a esos efectos de la legitimación procesal para ejercitar la acción pública
Por otro lado, el contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva, ante el posible vacío normativo sobre la acción y el proceso, ha de ser suplido para dar aplicación a la Constitución Nacional (CN), pues entre sus derechos fundamentales se encuentra el derecho a la jurisdicción. En ese sentido la CSJN, ha expresado: "Que es función indeclinable de los jueces el resolver las causas sometidas a su conocimiento, teniendo como norte el asegurar la efectiva vigencia de la Constitución Nacional, sin que puedan desligarse de este esencial deber, so color de limitaciones de índole procesal. Esto es especialmente así, si se tiene en cuenta que las normas de ese carácter deben enderezarse a lograr tal efectiva vigencia y no a turbarlas". (CSJN, Fallo del 27/12/90 "in re" Peralta, Luis c/ Estado Nacional - Ministerio de Economía - Banco Central de la República Argentina s/ Amparo, publicado en LA LEY 1991-C, 158 y en ED del 24/4/91).
En cuanto al ejercicio de las facultades que le han sido delegadas a mi mandante, en el caso "Ferrari, Alejandro c/ Gobierno Nacional", (sentencia del 18/9/85 - LL T. 1985-E, pág. 345 y ss.) la CSJN ha declarado: "... Que así se ha admitido la delegación en organismos profesionales de control del ejercicio regular de sus labores y un régimen adecuado de disciplina y se ha señalado que al margen del juicio que merezca el sistema adoptado por el legislador, su razonabilidad está avalada por el directo interés de sus miembros en mantener el prestigio de su profesión, así como porque cabe reconocerles autoridad para vigilar la conducta ética en el ejercicio de aquélla..."
Así también en el mencionado fallo "Ferrari" se establece que el CPACF, "es una estructura representativa de intereses sectoriales, de grupo o clase..., integrado por miembros que se reúnen para la gestión y defensa de sus intereses y la promoción u ordenación común del sector a que pertenecen.. …Los Colegios no tutelan sólo los intereses de la clase profesional, sino también - aunque más no sea indirectamente- los de personas extrañas a ella, esto es, los de los ciudadanos en cuanto que son, de hechos potencialmente, clientes de los profesionales inscriptos… …La defensa a los miembros del Colegio para asegurarles el libre ejercicio de la profesión conforme a las leyes... está íntimamente ligado a la matriculación y al ejercicio profesional. Aquél que lleva la matrícula, que habilita para ejercer la profesión,... debe también proveer lo necesario para preservar dicho derecho...".
Sin duda, a través de la doctrina de nuestro más Alto Tribunal ha quedado instituida la función y razón de existencia del Colegio profesional, no sólo para los fines de control, sino también para la defensa irrestricta de la libertad, dignidad y ejercicio profesional del abogado en su misión de defender la vigencia del Estado de Derecho.
El espíritu de la ley de creación del CPACF ha sido el de generar un organismo rector que proteja la libertad y la dignidad de la profesión del abogado, la vigencia de la CN y las Instituciones de la República. Los abogados nucleados en un ente que los representa, más allá de establecer una mera comunidad de funciones e intereses, perseguimos objetivos de conveniencia o interés público que trascienden aspectos meramente sectoriales.
La legitimación del CPACF ha sido ampliamente reconocida en numerosos pronunciamientos; así se ha expresado que: “…El C.P.A.C.F., creado por ley 23.187, puede actuar como parte en juicio, toda vez que resulta ser una persona de derecho público, desde que no se lo concibe como una asociación del derecho común, a la cual se es libre de asociarse o de no asociarse, para la defensa de intereses sectoriales, sino como el órgano que en el ámbito de la delegación transestructural de las funciones estaduales es revestido de naturaleza pública para llevar adelante el cumplimiento de un cometido público que se le encomienda, cual es el de controlar el ejercicio de la profesión con arreglo a las pautas preestablecidas en resguardo de los intereses, no de los abogados individual o sectorialmente, sino de la comunidad que necesita del concurso de éstos para garantir el afianzamiento, motivo principal por el que dicho órgano ha de gobernar la matrícula” CSJN, 26/06/1986, Fallos 308:987

Debe reconocerse legitimación a las asociaciones profesionales para interponer acción de amparo en defensa de los derechos de sus representados… pues la recepción de dicha vía procesal por la Constitución Nacional como derecho inalienable de toda persona para obtener la tutela judicial, desautoriza una interpretación restrictiva que impida la actuación de dichas entidades para cumplir con su función específica.” CNTrab., Sala II, 2000/06/30, LL 2000-D, 180.
En el mismo sentido la jurisprudencia ha sostenido: “…En principio debe dejarse en claro que, desde la reforma de la Constitución Nacional de 1994, esta acción puede ser promovida por las asociaciones contra ´cualquier acto de discriminación´. En el plano legal, además, no es dudoso que los respectivos Colegio profesionales gozan de suficiente legitimación para velar por los intereses de sus integrantes”, Juz. Nac. 1° Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 4, fallo confirmado por la Cámara del fuero, que entendió que el Colegio Público puede demandar en defensa de los derechos de todos los abogados, conforme lo ha resuelto la CNFed. Contencioso Administrativo, Sala III, en los autos “C.P.A.C.F. c/ Sec. de Estado y Rel. de la Com. (Dir. Nac. de Migraciones) s/ Amparo Ley 16.986, causa 6128/96, 17/IV/97.
La ampliación de la legitimación para interponer acciones colectivas ha sido reconocida por la moderna jurisprudencia –liderada por la CSJN en la postura expuesta por el Dr. Lorenzetti en el caso “Mujeres por la Vida” (fallos 329:4593), o el considerando 10 del voto del Dr. Maqueda en el caso “Defensor del Pueblo” del 26 de Junio de 2007 (330:2800), y finalmente a partir del caso “Halabi” (CSJN: 270.XLII. 24/02/2009) - ampliamente recibida por doctrina especializada.
Agustín Gordillo sostiene “Pues es obvio que resultaría absurdo, teniendo una nueva Constitución con nuevos derechos y garantías de naturaleza colectiva, resolver que decenas de miles de estudiantes (no se olvide que una universidad grande tiene más de medio centenar de miles de alumnos) hagan decenas de miles de juicios individuales que tendrán decenas de miles de providencias iguales y decenas de miles de sentencias iguales; o decenas de miles o millones de obreros litiguen por lo mismo, o decenas de miles de abogados por su profesión” Agustín Gordillo, Jurisprudencia de 1997: Elogio a la Justicia, L.L. 1997-F-1318.
En el presente caso, la legitimación procesal del CPACF se verifica con total claridad, por cuanto se afectan derechos y garantías de todos los abogados que pretendan ejercer su profesión en el ámbito previsional ante la ANSES.
Se trata, entonces, de un “interés colectivo” afectado, el interés de los abogados de ejercer libremente su profesión.
Por imperio del artículo 43 CN, el CPACF como institución que núclea y defiende a los abogados, tiene, entonces, “legitimación” para ejercer la presente acción.
La CSJN, con fundamento en la analogía existente entre el amparo y la pretensión declarativa, cuando en ambas se persigue la declaración de inconstitucionalidad de una norma, sostuvo que tienen derecho a reclamar en protección de tales derechos, todos aquellos que han sido legitimados en el artículo 43, CN. (Conf. CSJN, “Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica y Provincias de Buenos Aires” JA, 1998-I-309; Fallos: 320:690, citado por Arodin Valcarce, Derecho Procesal Constitucional, Adolfo Rivas, 1º Ed. Buenos Aires, Ad-Hoc, 2003).
Es por ello que solicitamos que la presente acción tenga efecto erga omnes con basamento en los autos “Halabi, Ernesto c/P.E.N. Ley 25.873 Dto.1563/04 s/Amparo ley 16986”, haciendo extensivo su alcance a todos los abogados matriculados en el CPACF.
En dichos autos la CSJN ha dicho: “Que la Constitución Nacional admite en el segundo párrafo del art. 43 una tercera categoría conformada por derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos. Tal sería el caso de los derechos personales o patrimoniales derivados de afectaciones al ambiente y a la competencia, de los derechos de los usuarios y consumidores como de los derechos de sujetos discriminados. En estos casos no hay un bien colectivo, ya que se afectan derechos individuales enteramente divisibles. Sin embargo, hay un hecho, único o continuado, que provoca la lesión a todos ellos y por lo tanto es identificable una causa fáctica homogénea. Ese dato tiene relevancia jurídica porque en tales casos la demostración de los presupuestos de la pretensión es común a todos esos intereses, excepto en lo que concierne al daño que individualmente se sufre. Hay una homogeneidad fáctica y normativa que lleva a considerar razonable la realización de un solo juicio con efectos expansivos de la cosa juzgada que en él se dicte, salvo en lo que hace a la prueba del daño...”.
“…Frente a esa falta de regulación que, por lo demás, constituye una mora que el legislador debe solucionar cuanto antes sea posible, para facilitar el acceso a la justi­cia que la Ley Suprema ha instituido, cabe señalar que la referida disposición constitucional es claramente operativa y es obligación de los jueces darle eficacia, cuando se aporta nítida evidencia sobre la afectación de un derecho fundamental y del acceso a la justicia de su titular. Esta Corte ha dicho que donde hay un derecho hay un remedio legal para hacerlo valer toda vez que sea desconocido; principio del que ha nacido la acción de amparo, pues las garantías constitucionales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar en la Constitución e independientemente de sus leyes reglamentarias, cuyas limitaciones no pueden constituir obstáculo para la vigencia efectiva de dichas garantías (Fallos: 239:459; 241:291 y 315:1492)”.
La eficacia de las garantías sustantivas y procesales debe ser armonizada con el ejercicio individual de los derechos que la Constitución también protege como derivación de la tutela de la propiedad, del contrato, de la libertad de comercio, del derecho de trabajar, y la esfera privada, todos derechos de ejercicio privado. Por otro lado, también debe existir una interpretación armónica con el derecho a la defensa en juicio, de modo de evitar que alguien sea perjudicado por una sentencia dictada en un proceso en el que no ha participado (doctrina de Fallos: 211:1056 y 215:357)” .CSJN: 270.XLII. 24/02/2009 'Halabi, Ernesto c/ P.E.N. - ley 25.873 - dto. 1563/04 s/ amparoley16.986'


Por medio del fallo citado la CSJN, pretorianamente, ha delineado los caracteres que debe reunir una acción colectiva que tiene por objeto la protección de los derechos individuales homogéneos, estableciendo tres requisitos de procedencia:
1.- La existencia de un hecho único o complejo que causa una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales.
En la presente acción, la aplicación de la normativa impugnada por ilegal e inconstitucional genera una lesión de imposible reparación ulterior, al oponerse a la actuación profesional de los abogados en el ámbito de la ANSES, limitando con ello el ejercicio de la profesión, vedando el derecho a trabajar y el derecho de propiedad de los matriculados del CPACF.
El hecho único es el dictado de la Resolución Conjunta Nº 3674 (AFIP) y 533/2014 (ANSES) que lesiona y conculca derechos constitucionales de los abogados matriculados, a saber: derecho al trabajo, a la propiedad, igualdad, defensa en juicio, y los principios de seguridad jurídica, razonabilidad y tutela legal efectiva.
2.- La pretensión debe estar concentrada a los efectos comunes que produce un mismo hecho para toda la clase afectada.
La Resolución General Conjunta impugnada revela que alcanza a todo el universo de abogados que en esta causa representa el CPACF, puesto que les veda la posibilidad de ejercer su profesión de abogado en el ámbito previsional a cargo de la ANSES, al negarles el asesoramiento y representación en el trámite jubilatorio al beneficiario de dicho sistema.
3.- Que el interés individual considerado aisladamente no justifique la promoción de una demanda y de esta forma se vea afectado el acceso a la justicia.
Al respecto, cabe destacar que si bien cada abogado, de forma individual, puede sentirse afectado por la normativa en crisis, no hay dudas que la naturaleza colectiva de estos intereses involucrados lleva a la indefectible conclusión que lo más eficiente resulta ser una Acción de Clase.
Cumpliéndose así palmariamente con los requisitos pretorianos que estableció la CSJN y de conformidad con el artículo 43 CN, el CPACF se encuentra debidamente legitimado para instar esta Acción de Amparo, haciendo ciertos los derechos contenidos en los artículos 14, 14bis, 16, 17, 18, 28, 31 y 33 de la CN.
Se recuerda que el control de constitucionalidad es una facultad de los jueces que establece la CN (art.33) y sostener la observancia de la CN es uno de los fines del Poder Judicial (Ley 27, artículo 3) lo que determina la imperiosidad inexcusable del examen de constitucionalidad que se solicita se realice a la Resolución General Conjunta Nº 3673/2014 AFIP y 533/2014 ANSES, en el presente caso.
La CSJN ha señalado desde antiguo: “…no son, como puede creerse, ‘las declaraciones, derechos y garantías’, simples fórmulas teóricas: cada uno de los artículos y cláusulas que las contienen poseen fuerza obligatoria para los individuos, para las autoridades y para toda la Nación. Los jueces deben aplicarla en la plenitud de su sentido, sin alterar o debilitar con vagas interpretaciones o ambigüedades la expresa significación de su texto. Porque son la defensa personal, el patrimonio inalterable que hace de cada hombre, ciudadano o no, un ser libre o independiente dentro de la Nación Argentina…” (Fallos: 239:459 – Caso Siri).
En el caso “Carranza” (Informe N° 30/97, caso N° 10.087), resuelto el 30 de septiembre de 1997, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos efectuó un análisis relevante para nuestro caso.
Al interpretar, en esa ocasión el artículo 8.1., la Comisión concluyó que los Tribunales de la República Argentina habían violado esa disposición al negarse a tratar la impugnación de la separación de un juez de su cargo, ocurrida durante la dictadura militar, con base en la doctrina de las “cuestiones políticas no justiciables”. Al fundar su solución, la Comisión señaló que “…La garantía del peticionario de ejercer una adecuada defensa de su pretensión legal se vio lesionada, pues finalmente su ejercicio resultó ilusorio. En consecuencia, en el presente caso, la decisión del Superior Tribunal de Chubut ratificada por la Corte Suprema de Argentina, resultó violatoria del derecho al debido proceso consagrado en el artículo 8 de la Convención Americana…”.
La Comisión consideró que en el caso existía una violación al artículo 25.1., luego de reconocer que el peticionante había tenido libre acceso a un recurso judicial para impugnar la decisión de las autoridades políticas, agregó que “…el derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 25 no se agota con el libre acceso y desarrollo del recurso judicial. Es necesario que el órgano interviniente produzca una conclusión razonada sobre los méritos del reclamo, que establezca la procedencia o improcedencia de la pretensión jurídica que, precisamente, da origen al recurso judicial. Es más, esa decisión final es el fundamento y el objeto final del derecho al recurso judicial reconocido por la Convención Americana en el artículo 25, que estará también revestido por indispensables garantías individuales y obligaciones estatales (artículos 8 y 1.1.)…”.
En efecto, tal como lo señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “…Las garantías a la tutela judicial efectiva y el debido proceso imponen una interpretación más justa y beneficiosa en el análisis de los requisitos de admisión a la justicia, al punto que por el principio ‘pro actione’, hay que extremar las posibilidades de interpretación en el sentido más favorable al acceso a la jurisdicción…” (Caso “Palacios c. Argentina”, Informe N° 105/99, consid. 61, L.L. 2000-F-549).
En tal sentido, la CSJN expresó: “…siguiendo el modelo de la jurisprudencia de los Estados Unidos de América, es inherente a las funciones de un tribunal judicial interpretar las normas que confieren dichas potestades para determinar su alcance, sin que tal tema constituya una ‘cuestion política’ inmune al ejercicio de la jurisdicción (‘Baker v. Carr’ 369 U.S. 186). Ello, porque – tal como luego se desarrollará – esclarecer si un poder del Estado tiene determinadas atribuciones, exige interpretar la Constitución y tal misión permitirá definir en qué medida – si es que exista alguna – el ejercicio de ese poder puede ser sometido a revisión judicial’ (‘Powell v. Mc. Cormack’ 396 U.S. 486)…” (Fallos: 324:3358, considerando 4°, Caso Bussi).
La cuestión aquí planteada por el CPACF, es justiciable y se encuentra contenida en el marco conceptual establecido por el artículo 116 de la CN, por ello corresponde a S.S., examinar el flagrante apartamiento constitucional que motiva este amparo bajo los dictados del artículo 43 del mismo cuerpo normativo ya que, no sólo están ampliamente cumplidos los requisitos expresados por la CSJN en “Halabi” sino que, principios de economía procesal también fundan la solicitud.
Por estas razones, no puede este CPACF dejar de defender lo que su Ley Orgánica le manda como deber primario del abogado: “Observar fielmente la Constitución Nacional y la legislación que en su consecuencia se dicte” -inc. a) artículo 6º, Ley 23.187.
Seguramente S.S. coincidirá con esta parte en que debemos aunar esfuerzos para defender el Estado de Derecho, y asegurar la libertad, igualdad de oportunidades y protección de todos y cada uno de los derechos constitucionales cuyo pleno reconocimiento se reclaman a través de la presente Acción.

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