Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos






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títuloPacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos
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Santa Fe, 4 de diciembre de 2013

Señor Presidente de la Corte Suprema

de Justicia de la Nación

Dr. Ricardo Luis Lorenzetti

S / D
Los que suscriben Enrique Mangold, DNI 14.764.088 y Sergio Avellano DNI 16.148.775 tienen el agrado de dirigirse a Usted con el fin de pedirle la intervención de la excelentísima Corte Suprema de la Nación, con el fin de solicitarle tenga a bien intervenir en la aplicación de los pactos y tratados internacionales, a los cuales Argentina adhiere, para el reconocimiento del personal afectado a la defensa de la Soberanía Nacional, desde la zona continental, durante la Guerra de Malvinas.

Hemos visto, cómo, ante situaciones producidas en otros ámbitos, como ser trabajo esclavo, violación de los derechos de la mujer, violación de los derechos del niño y otros tantos, los tratados y pactos internacionales, son inmediatamente aplicados, para dar solución a estos hechos.

Señor Presidente, lo que más asombro nos produjo, fue cómo, basándose también en los pactos y tratados internacionales, y votándose de manera extraordinariamente rápida se benefició con una pensión vitalicia, a presos políticos y personas afectadas, no sólo durante el gobierno de facto, sino también, durante la época democrática de los años 70.

Señor Presidente, nosotros, no nos alzamos en armas contra el Estado, todo lo contrario, fuimos a defender la Soberanía Nacional en un conflicto bélico y a más de 30 años de éste, los veteranos continentales, quedamos excluídos de la aplicación de los tratados y pactos internacionales, que nos encuadran como veteranos y/o excombatientes de la Guerra por Malvinas.

En notas anteriores, ya hemos hecho referencia a ésto, pero también, habiendo descubierto el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, le solicitamos a ésta excelentísima Corte Suprema su intervención para la aplicación de éste y como dice su preámbulo, se reconozcan nuestros derechos inherentes a la persona humana, y por ello a nuestra condición de combatientes.

Además de su preámbulo, queremos resaltar, la parte II,

Art. 2, punto 3, incisos a, b y c;

Art. 3;

Art. 5, puntos 1 y 2;

Parte III, Art. 17, puntos 1 y 2;

Art. 19, puntos 2 y 3 , incisos a y b ;

Art. 26 y

Parte III, Art. 28, puntos 1, 2 y 3
Señor Presidente: Considerando, que estos puntos nos amparan y a pesar de no ser especialistas en este tema, tratamos con la mejor buena voluntad facilitar elementos para poder beneficiar a todos los camaradas, veteranos de guerra partícipes desde el continente, para que Usted y los demás Ministros de la Corte Suprema nos puedan ayudar, con algún escrito, recomendación o lo que corresponda, para dejar de ser discriminados de manera tan burda y ridícula, como lo venimos padeciendo hasta ahora.

Adjuntamos copia de los artículos del Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos, como así también el dictamen emitido en el año 2002 con Número 072, con lo cual, se nos deniega de manera absurda y sin aplicación de estamentos legales realmente válidos para expresar una denegatoria.

Queremos destacar que la ley 19549 no es aplicable en el ámbito de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y con respecto a lo concerniente al Diccionario Kapeluz, Usted podrá interpretar ésto (como nosotros), como una verdadera burla a los derechos que se derivan a la dignidad inherente a la persona humana y a nuestros derechos como veteranos de guerra.

Es por esto, que recurrimos nuevamente a la Corte Suprema, esperando alguna pronunciación de ésta, en apoyo a los ciudadanos argentinos, veteranos de guerra y que cumplieron con los roles de combate impuestos por los mandos militares gobernantes en aquel momento.

Sin el continente, la guerra de Malvinas, no se hubiera podido llevar a cabo. Como así también, que ninguna Ley especifica en su letra o de manera textual, que el continente quedó fuera del desarrollo de la guerra o no tuvo efectiva participación.

Esperando que nuestro pedido sea tenido en cuenta, lo saludan con el mayor de los respetos.

Mangold Enrique Avellano Sergio

DNI 14.764.088 DNI 16.148.775

Avellaneda 4528- Sta Fe Colastiné Norte -Sta Fe

0342-155150206 0342-156145317
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966
Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976, de conformidad con el artículo 49 Lista de los Estados que han ratificado el pacto 
Declaraciones y reservas (en inglés)

Preámbulo


Los Estados Partes en el presente Pacto,

Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables,

Reconociendo que estos derechos se derivan de la dignidad inherente a la persona humana,

Reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre en el disfrute de las libertades civiles y políticas y liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus derechos económicos, sociales y culturales,

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanos,

Comprendiendo que el individuo, por tener deberes respecto de otros individuos y de la comunidad a que pertenece, tiene la obligación de esforzarse por la consecución y la observancia de los derechos reconocidos en este Pacto,

Convienen en los artículos siguientes:
Parte II
Artículo 2

3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que:

a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales;

b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial;

c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.
Artículo 3

Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto.
Artículo 5

1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en el Pacto o a su limitación en mayor medida que la prevista en él.

2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado Parte en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado.
Parte III
Artículo 17

1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.

2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.
Artículo 19

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
Artículo 26

Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
Parte IV
Artículo 28

1. Se establecerá un Comité de Derechos Humanos (en adelante denominado el Comité). Se compondrá de dieciocho miembros, y desempeñará las funciones que se señalan más adelante.

2. El Comité estará compuesto de nacionales de los Estados Partes en el presente Pacto, que deberán ser personas de gran integridad moral, con reconocida competencia en materia de derechos humanos. Se tomará en consideración la utilidad de la participación de algunas personas que tengan experiencia jurídica.

3. Los miembros del Comité serán elegidos y ejercerán sus funciones a título personal.


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