Suplemento boe gallego 11/2003, de 1 de septiembre de 2003






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2. Designado el abogado de oficio, éste informará a su defendida del derecho que le asiste para solicitar el beneficio de asistencia justicia gratuita, le informará de los requisitos necesarios para su reconocimiento, auxiliándola si fuese necesario en la redacción de los impresos de solicitud, y le advertirá que, de no serle reconocido con posterioridad el derecho a la asistencia jurídica gratuita, deberá abonar a su cargo los honorarios correspondientes.

3. Si la interesada desea solicitar el derecho de asistencia jurídica gratuita, cumplimentará el modelo que se une como anexo I.IV y lo presentará en el Servicio de orientación jurídica del Colegio de Abogados territorialmente competente en el plazo máximo de 48 horas a contar desde el momento en que hubiese recibido la primera atención, o bien en el registro correspondiente del Juzgado de su domicilio dentro de ese mismo plazo máximo de 48 horas. En este último caso, el juzgado remitirá la solicitud al Colegio de Abogados territorialmente competente de forma inmediata.

En la solicitud constarán los datos identificativos de la solicitante y deberá estar debidamente firmada por ésta; dada la inmediatez en la prestación de asistencia jurídica, no será precisa la acreditación previa de la carencia de recursos económicos por parte de la asistida, sin perjuicio de la obligación de presentar la documentación necesaria en el Colegio de Abogados.




Artículo 25 ter.   Presentación de la documentación

1. La solicitante de asistencia jurídica gratuita deberá presentar la documentación necesaria relacionada en el anexo I.IV en el Servicio de orientación jurídica del Colegio de Abogados juntamente con la solicitud, o bien en el plazo máximo de cinco días a partir de la presentación de la misma.

2. Transcurrido dicho plazo, si la interesada no aportase la documentación se le tendrá por desistida de su solicitud y el Colegio de Abogados procederá a su archivo, dando cuenta al letrado para que actúe en consecuencia.

3. Analizada la solicitud y la documentación presentada, si ésta fuese insuficiente, se requerirá a la solicitante para que subsane los defectos advertidos en el plazo de 10 días hábiles; de no hacerlo así, se le tendrá igualmente por desistida en su solicitud.

4. Si la documentación fuese suficiente, subsanados en su caso los defectos advertidos, el Colegio de Abogados, en el plazo de tres días, trasladará el expediente a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita junto con un informe sobre la procedencia de la pretensión, comunicando asimismo la designación efectuada del letrado que ha asumido la asistencia de oficio.




Artículo 25 quater.   Instrucción y resolución del procedimiento

1. Recibido el expediente en la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y realizadas las comprobaciones pertinentes, ésta dictará resolución que reconozca o deniegue el derecho en el plazo máximo de 30 días a contar desde la recepción del expediente completo.

Cuando se trate de la prestación del servicio de asistencia letrada a la mujer víctima de un delito susceptible de enjuiciamiento rápido, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita dará preferencia a la tramitación de la solicitud, procurando que la resolución por la que se reconozca o deniegue el derecho se dicte con anterioridad a la fecha de celebración del juicio oral.

2. La resolución se notificará en el plazo común de tres días a la solicitante, al Colegio de Abogados y, en su caso al Colegio de Procuradores, a las partes interesadas y al juzgado o tribunal que esté conociendo del proceso, o al Juez Decano de la localidad si aquél no se hubiera iniciado.

Si la resolución fuese estimatoria, el letrado del turno de oficio designado inicialmente y, en su caso, el procurador quedarán confirmados, asumiendo la asistencia jurídica, la defensa y, en su caso, la representación gratuitas en todos los procesos y procedimientos administrativos que se deriven de la violencia padecida.

3. Si fuese desestimatoria, la solicitante podrá designar abogado y procurador de libre elección, debiendo abonar los honorarios y derechos económicos ocasionados por los servicios efectivamente prestados a los profesionales designados de oficio con carácter provisional. En este caso, el letrado actuante habrá de reembolsar a la Administración el importe de las retribuciones percibidas con motivo de su intervención profesional.




Artículo 25 quinquies.   Aplicación supletoria de las normas comunes

En lo no previsto expresamente en esta sección, se aplicarán a este procedimiento las normas comunes contenidas en la sección 1ª.




TÍTULO SEGUNDO.   ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA LETRADA, DEFENSA Y REPRESENTACIÓN




CAPÍTULO PRIMERO.   ORGANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA LETRADA DE OFICIO




Artículo 26.   Regulación y organización

1. Los Consejos Generales de la Abogacía Española y del Colegio de Procuradores de los Tribunales de España aprobarán las directrices generales sobre organización y funcionamiento de los servicios de asistencia letrada de oficio.

2. Las Juntas de Gobierno de los Colegios de Abogados y de Procuradores regularán y organizarán los servicios de asistencia letrada y de defensa y representación de quienes soliciten abogado de oficio en cualquier jurisdicción o no designen abogado en la jurisdicción penal, conforme a las directrices adoptadas por los órganos a que se refiere el apartado anterior, que serán, en todo caso, de obligado cumplimiento.

3. La organización de los servicios deberá garantizar su continuidad y, cuando el censo de profesionales lo permita, la especialización por órdenes jurisdiccionales, atendiendo a criterios de eficiencia y funcionalidad en la aplicación de los fondos públicos puestos a su dis posición, velando por la distribución objetiva de turnos y medios.

Los sistemas de distribución de turnos y medios serán públicos para todos los colegiados, así como para los solicitantes de asistencia jurídica gratuita.




Artículo 27.   Obligaciones profesionales

1. Los abogados y procuradores designados de oficio desempeñarán sus funciones de forma real y efectiva hasta la finalización del procedimiento en la instancia judicial de que se trate y, en su caso, la ejecución de las sentencias, si las actuaciones procesales en ésta se produjeran dentro de los dos años siguientes a la resolución judicial dictada en la instancia.

2. En el procedimiento especial para el enjuiciamiento rápido de delitos, la asistencia letrada se prestará por el mismo abogado desde el momento de la detención, si la hubiese, o desde que se requiera dicha asistencia y hasta la finalización del procedimiento, incluido el juicio oral y, en su caso, la ejecución de la sentencia.

3. En el supuesto de asistencia a las mujeres víctimas de violencia de género, la orientación jurídica, defensa y asistencia se asumirán por una misma dirección letrada desde el momento en que se requiera, y abarcará todos los procesos y procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida hasta su finalización, incluida la ejecución de sentencia. Este mismo derecho asistirá también a los causahabientes en caso de fallecimiento de la víctima.

4. Sólo en el orden penal los letrados designados podrán excusarse de la defensa, siempre que concurra un motivo personal y justo, que será apreciado por los decanos de los colegios. En el supuesto de atención a las víctimas de violencia de género, la aceptación de la excusa en el orden penal implicará el cese en los demás procedimientos y la designación de un nuevo letrado.




Artículo 28.   Régimen de guardias

1. Para la atención letrada al detenido durante la detención y la realización de las primeras diligencias de instrucción criminal que resulten procedentes, así como para la asistencia letrada a quien se le atribuya un delito en el atestado policial, haya sido detenido o no, para cuya instrucción y enjuiciamiento es de aplicación el procedimiento especial previsto en el título III de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su redacción dada por la Ley 38/2002, de 24 de octubre, todos los Colegios de Abogados establecerán un régimen de guardias que garantice, de forma permanente, la asistencia y defensa de aquéllos.

2. Para la orientación jurídica, defensa y asistencia letrada inmediatas de las mujeres víctimas de violencia de género en todos los procesos y procedimientos que tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida y desde el momento en que lo requieran, todos los Colegios de Abogados establecerán un régimen de guardias especializado en la defensa de las víctimas de violencia de género.

3. El régimen de guardias así como el número de letrados que integran cada servicio de guardia se determinará, entre otras circunstancias, en función del volumen de litigiosidad, ámbito territorial, características geográficas o situación y distancia de los centros de detención. A tal efecto, el Consejo General de la Abogacía Española, con la conformidad del Ministerio de Justicia, determinará los parámetros a que han de ajustarse los colegios profesionales en la determinación del número de letrados que ha de integrar el servicio de guardia.




Artículo 29.   Prestación de los servicios de guardia

1. Con carácter general, los servicios de guardia se prestarán con periodicidad diaria, y se incorporarán a éstos, en situación de disponibilidad o de presencia física, todos los letrados que lo integren conforme al régimen establecido por el colegio respectivo, y que realizarán cuantas asistencias sean necesarias durante el servicio de guardia.

2. Excepcionalmente, en aquellos colegios en los que la reducida dimensión de sus actividades u otras características así lo aconsejen, se podrán establecer servicios de guardia con diferente periodicidad, a los que se irán incorporando los letrados a medida que se produzca alguna incidencia que requiera asistencia letrada.

3. Para la orientación jurídica, defensa y asistencia letrada inmediata de las mujeres víctimas de violencia de género se establecerá en cada Colegio de Abogados una guardia de disponibilidad de la que formarán parte letrados especializados en la defensa de las víctimas de violencia de género, en el número que se determine por el propio colegio de conformidad con los parámetros que a tal efecto se determinen conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo anterior y con la periodicidad que asimismo se determine.

4. El régimen de prestación de servicios de guardia que se determine requerirá ser conocido, con carácter previo, por el Ministerio de Justicia.




CAPÍTULO II.   RECONOCIMIENTO, RENUNCIA Y CUESTIONES ORGANIZATIVAS DE LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA




Artículo 30.   Efectos del reconocimiento del derecho

1. El reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita llevará consigo la confirmación de las designaciones provisionales de abogado y, en su caso, procurador de oficio, y si éstas no se hubiesen producido, el nombramiento inmediato de los profesionales que defiendan y en su caso, representen al titular del derecho, así como del resto de las prestaciones que integren el derecho. En cada ámbito territorial, los Colegios de Abogados y los Colegios de Procuradores actuarán de manera coordinada para efectuar las designaciones que procedan en cada caso, y no podrá actuar, al mismo tiempo, un abogado de oficio y un procurador libremente elegido o viceversa, salvo que el profesional de libre elección renuncie por escrito a percibir sus honorarios o derechos ante el titular del derecho a la asistencia jurídica gratuita y ante el colegio ante el que se halle inscrito.

2. En el orden penal, se asegurará en todo caso la defensa desde el momento mismo de la detención, sin perjuicio del abono por el cliente de los honorarios devengados si no le fuese reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

3. Cuando se trate de asistencia a la mujer víctima de violencia de género, se asegurará dicha asistencia desde el momento en que la mujer lo solicite, produciendo la falta de reconocimiento del derecho iguales efectos a los señalados en el apartado anterior.




Artículo 31.   Renuncia a la designación

1. Quienes crean tener derecho a la asistencia jurídica gratuita podrán renunciar expresamente a la designación de abogado y procurador de oficio, nombrando libremente a profesionales de su confianza, y deberá hacer constar este extremo en la solicitud. La renuncia afectará a ambos.

2. La renuncia posterior a la designación, que asimismo deberá afectar a ambos profesionales, tendrá que ser comunicada expresamente a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y a los colegios profesionales, y no implicará la pérdida de las demás prestaciones del derecho a asistencia jurídica gratuita que se hubiesen reconocido.

3. Para asegurar la efectiva y mutua comunicación de las renuncias de los profesionales a la percepción de honorarios y derechos, así como las de los interesados a las designaciones de oficio, los Colegios de Abogados y Procuradores adoptarán cuantas medidas sean necesarias.




Artículo 32.   Servicios de orientación jurídica

1. Cada Colegio de Abogados contará necesariamente con un servicio de orientación jurídica que asumirá, además de las funciones que le asigne la Junta de Gobierno, el asesoramiento previo a los peticionarios de asistencia jurídica gratuita, la información sobre el cumplimiento de los requisitos necesarios para su reconocimiento y el auxilio en la redacción de los impresos normalizados de solicitud. Este servicio tendrá carácter gratuito para los solicitantes.

2. Los Colegios de Abogados adoptarán las medidas precisas para facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios de orientación jurídica y para difundir adecuadamente la localización de sus dependencias y sus funciones.




Artículo 33.   Formación y especialización

1. De conformidad con lo previsto en el art. 25 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, el Ministerio de Justicia, previo informe de los Consejos Generales de la Abogacía Española y de los Colegios de Procuradores de los Tribunales de España, establecerá los requisitos generales mínimos de formación y especialización necesarios para prestar los servicios de asistencia jurídica gratuita, así como aquellos relativos a experiencia profesional previa.

2. Dichos requisitos serán de obligado cumplimiento para todos los colegios profesionales.




Artículo 34.   Responsabilidad patrimonial

1. Los daños producidos por el funcionamiento de los servicios colegiales de asistencia jurídica gratuita serán resarcidos conforme a las reglas y principios generales de responsabilidad patrimonial contenidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. La anulación o modificación de las decisiones adoptadas por los colegios profesionales respecto de las designaciones provisionales de abogado y de procurador, que sean acordadas por las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita en el momento de dictar resolución, o por los órganos judiciales que resuelvan las impugnaciones previstas en el art. 20 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, no suponen en sí mismas título de imputación de responsabilidad a los colegios profesionales.

3. La tramitación de las reclamaciones de indemnización se ajustará a lo previsto por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones públicas en materia de responsabilidad patrimonial, en lo que sea de aplicación y, en todo caso, con las siguientes precisiones:

a) El procedimiento de reclamación de indemnización se iniciará mediante solicitud del interesado, que se dirigirá y presentará ante el colegio profesional que corresponda.

b) La resolución final, que acuerde o desestime la indemnización reclamada, será adoptada, previo dictamen del Consejo de Estado, por la Junta de Gobierno del colegio respectivo.




Artículo 35.   Insostenibilidad de la pretensión

1. Cuando el abogado designado para un proceso considere insostenible la pretensión que pretende hacerse valer, deberá comunicarlo a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita dentro de los seis días siguientes a su designación, mediante la presentación de un informe debidamente motivado en el que exponga los argumentos jurídicos en los que fundamenta su decisión, y se tramitará a continuación conforme a lo previsto en los arts. 32 a 35 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

Este mismo procedimiento se seguirá cuando se trate de interponer recursos contra resoluciones que hayan puesto fin al proceso en la instancia correspondiente, si el abogado del recurrente considerase inviable la pretensión.

2. Los Colegios de Abogados llevarán un registro especial en el que se dejará constancia de los expedientes tramitados con motivo de la insostenibilidad de la pretensión formulada por los colegiados.




TÍTULO III.   SUBVENCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA




Artículo 36.   Subvención

1. El Ministerio de Justicia subvencionará con cargo a sus dotaciones presupuestarias la implantación y prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita por los Colegios de Abogados y Procuradores en su ámbito de gestión.

El importe de la subvención se aplicará a retribuir las actuaciones profesionales previstas por la ley siempre que tengan por destinatarios a quienes sean beneficiarios del derecho a la asistencia jurídica gratuita. Asimismo, se destinará a retribuir los gastos devengados por la tramitación de los expedientes de asistencia jurídica gratuita, así como, en su caso, el asesoramiento y la orientación previos al proceso.

2. Los libramientos de las subvenciones se efectuarán trimestralmente.




Artículo 37.   Retribución de abogados y procuradores

1. La retribución de los abogados y procuradores se realizará conforme a bases económicas y módulos de compensación fijados en atención a la tipología de procedimientos en los que intervengan dichos profesionales.

Los módulos y bases económicas de referencia, aplicables a partir de la entrada en vigor de este reglamento, serán los que se determinan en el anexo II.

2. Para años sucesivos, el Ministro de Justicia, previo informe del Consejo General de la Abogacía Española, del Consejo General de los Colegios de Procuradores de los Tribunales de España y del Ministerio de Hacienda, determinará, en función de las dotaciones presupuestarias, el importe económico que, en atención a su complejidad, se asignará a cada una de las actuaciones previstas en el citado anexo II.




Artículo 38.   Devengo de la indemnización

1. Los abogados y procuradores devengarán la retribución correspondiente a su actuación, en los porcentajes establecidos en el anexo III, una vez acrediten documentalmente ante sus respectivos colegios la intervención profesional realizada, que habrá de ser verificada por éstos. Dicha documentación se conservará por los colegios, quienes la pondrán a disposición del Consejo General de la Abogacía Española y, en su caso, del Ministerio de Justicia cuando sea solicitada.

2. Cuando se trate del servicio de asistencia letrada al detenido, la indemnización se devengará por servicio de guardia de 24 horas al finalizar éste y las asistencias realizadas se considerarán, con las limitaciones que se establezcan, como una única actuación.

Si, excepcionalmente, el servicio de guardia fuese de duración superior, se retribuirá por asistencia individualizada, sin que la retribución diaria de cada letrado, sea cual sea el número de las realizadas, pueda exceder del doble de la cantidad asignada por día a cada letrado por servicio de guardia de 24 horas.

Las actuaciones posteriores a la primera declaración del detenido o preso se considerarán incluidas en la retribución que corresponda al procedimiento de que se trate conforme al baremo establecido en el anexo II

3. Cuando se trate de asesoramiento y asistencia a la mujer víctima de violencia de género, el servicio de guardia se retribuirá conforme al baremo establecido en el anexo II. Las actuaciones posteriores en procesos o procedimientos administrativos que tengan su origen directo o indirecto en la violencia padecida se retribuirán igualmente conforme a las bases y módulos establecidos en el anexo II correspondientes al procedimiento de que se trate.

4. Cuando se trate de un procedimiento de enjuiciamiento rápido, excepto en el supuesto a que se refiere el apartado anterior, en el que las actuaciones que se realicen se retribuirán en la forma indicada en él, todas las actuaciones, incluida la asistencia letrada al detenido, si la hubiera, se considerarán incluidas en la retribución que corresponda al procedimiento conforme al baremo establecido en el anexo II. No obstante, si una vez prestada la asistencia letrada al detenido en las diligencias policiales o en la primera comparecencia judicial, el juez determinara que el procedimiento no es susceptible de tramitación rápida, la actuación letrada de asistencia al detenido se considerará, a efectos de su retribución, como asistencia individualizada, y se devengará una vez adoptada la resolución judicial y previa su acreditación.

5. Asimismo, si durante el servicio de guardia los letrados a quienes por turno corresponda no hubiesen efectuado ninguna intervención, serán retribuidos por haber permanecido en disponibilidad en la cuantía que se fija en el anexo II.

Si, por el contrario, durante el tiempo de la guardia el número de letrados que constituye el servicio de guardia de asistencia para el enjuiciamiento rápido de delitos excepcionalmente resultase insuficiente, los letrados que forman parte del servicio de guardia de asistencia al detenido podrán pasar a reforzar dicho servicio, sin perjuicio de percibir la indemnización correspondiente por servicio de guardia al detenido. Este refuerzo, en cualquier caso, será acordado por el colegio correspondiente, a la vista de la situación planteada.

6. En todos los casos, la documentación acreditativa de la actuación profesional realizada ha de ser presentada en el colegio, dentro del plazo de un mes natural, contado a partir de la fecha de su realización.




Artículo 39.   Gastos de funcionamiento e infraestructura

1. El coste que genera a los Colegios Profesionales de Abogados y Procuradores el funcionamiento operativo de los servicios de asistencia jurídica gratuita, de las unidades encargadas del asesoramiento y la orientación previos al proceso a los ciudadanos y de la calificación provisional de las pretensiones solicitadas se compensará en función de la aplicación a cada expediente del siguiente módulo:

a) Colegios de Abogados: 30 euros por expediente tramitado.

b) Colegios de Procuradores: 3 euros por expediente tramitado.

2. La cantidad resultante de multiplicar el módulo por cada expediente se devengará cuando quede constancia de que éste está completo y ha sido enviado a la correspondiente Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita para su resolución definitiva.

3. Dentro del mes natural siguiente al de finalización de cada trimestre, los Consejos Generales de la Abogacía Española y de los Procuradores de los Tribunales de España, así como las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, remitirán, por separado, al Ministerio de Justicia una certificación que contenga el número de expedientes completos tramitados por cada Colegio de Abogados y de Procuradores que han tenido entrada en las respectivas comisiones. En función de dichas certificaciones, el Ministerio de Justicia efectuará reglamentariamente los libramientos trimestrales que correspondan con cargo a sus dotaciones presupuestarias.

4. Para subvencionar el coste que generen al Consejo General de la Abogacía Española y al Consejo General de los Colegios de Procuradores de los Tribunales de España sus actuaciones en materia de asistencia jurídica gratuita, trimestralmente los Consejos percibirán una cantidad igual a la resultante de aplicar el 11,5 por ciento al importe que corresponda a los colegios por los expedientes tramitados, según lo dispuesto en los apartados 1 y 2 de este artículo.




Artículo 40.   Gestión colegial de la subvención

1. Los Consejos Generales de la Abogacía Española y de los Colegios de Procuradores de los Tribunales de España distribuirán entre sus respectivos colegios el importe de la subvención que corresponda a cada uno, en función del número de actuaciones profesionales realizadas y acreditadas por éstos ante los citados Consejos Generales, así como de los expedientes tramitados, durante el trimestre inmediatamente anterior al de cada libramiento.

2. Los Consejos Generales y los Colegios, en cuanto entidades colaboradoras para la gestión de la subvención, estarán sujetos a las reglas y obligaciones establecidas para dichos sujetos por la Ley General Presupuestaria.




Artículo 41.   Procedimiento de aplicación de la subvención

1. Dentro del mes natural siguiente al de la finalización de cada trimestre, el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de los Colegios de Procuradores de los Tribunales de España remitirán al Ministerio de Justicia una certificación que contenga los datos relativos al número y clase de actuaciones realizadas por cada colegio a lo largo del trimestre anterior, junto con la justificación del coste económico total asociado a aquéllas.

2. En función de dichas certificaciones, el Ministerio de Justicia efectuará a continuación los libramientos trimestrales que correspondan, sin perjuicio de las posteriores regularizaciones que procedan una vez cumplimentada en su totalidad la justificación anual regulada en los artículos siguientes.




Artículo 42.   Justificación anual de la aplicación de la subvención

Dentro de los cuatro primeros meses de cada año, los Consejos Generales justificarán ante el Ministerio de Justicia la aplicación de la subvención percibida durante todo el ejercicio inmediatamente anterior. Si incumplieran dicha obligación, se suspenderán los sucesivos libramientos hasta que se rinda la cuenta. En el supuesto de que la cuenta justificativa fuese incompleta por retraso u omisión de algún Colegio de Abogados o de Procuradores, se detraerá de los libramientos posteriores una cantidad igual a la última distribuida por los Consejos Generales a dichos colegios.

Las diferencias que puedan resultar de los libramientos a cuenta realizados conforme a lo previsto en el apartado 2 del artículo anterior se regularizarán una vez cumplimentado el trámite de justificación anual.




Artículo 43.   Contenido de la justificación anual

1. La justificación anual de la aplicación de los fondos percibidos a que se refiere el artículo anterior comprenderá, en el caso del Consejo General de la Abogacía Española, los siguientes extremos:

a) Número total de prestaciones de asistencia letrada realizadas, así como su distribución en cada uno de los colegios.

b) Número total de servicios de guardia realizados en los colegios.

c) Cantidad distribuida a cada colegio para indemnizar las prestaciones de asistencia letrada en servicio de guardia y relación, por colegios, de las indemnizaciones percibidas por cada profesional que haya intervenido en la prestación del servicio.

d) Número total de prestaciones de asistencia jurídica gratuita, excluidas las correspondientes a los servicios de guardia, así como su distribución entre cada uno de los colegios, desglosados ambos datos por tipo de procedimiento.

e) Cantidades distribuidas a cada colegio para indemnizar las anteriores prestaciones y relación por colegios de las indemnizaciones percibidas por cada profesional que haya intervenido en aquéllas.

f) Importe destinado a atender los gastos de infraestructura y funcionamiento operativo de los servicios de asistencia jurídica gratuita.

g) Relación de las cantidades distribuidas a cada colegio por el Consejo General, para atender los gastos de organización, infraestructura y funcionamiento de los servicios, con indicación de los criterios seguidos para ello y detalle de la aplicación que de dichas cantidades haya realizado cada colegio.

h) Importe de los intereses devengados, en su caso, por los sucesivos libramientos y aplicación de aquéllos.

i) Aplicación de los requisitos de formación y especialización necesarios para prestar los servicios de asistencia jurídica gratuita.

2. La justificación anual que deberá presentar el Consejo General de los Colegios de Procuradores de los Tribunales de España comprenderá los extremos mencionados en los párrafos d) a i) del apartado anterior.




Artículo 44.   Contabilización separada

Tanto el Consejo General de la Abogacía Española como los Colegios de Abogados, deberán contabilizar separadamente las cantidades libradas para atender a las finalidades referidas en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y en este reglamento.

Idéntica obligación corresponderá al Consejo General de los Colegios de Procuradores de los Tribunales de España y a los Colegios de Procuradores.




TÍTULO IV.   ASISTENCIA PERICIAL GRATUITA




Artículo 45.   Abono de honorarios

1. El abono de los honorarios devengados por los profesionales a los que se refiere el segundo párrafo del art. 6.6 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita correrá a cargo del Ministerio de Justicia, excepto en los siguientes casos:

a) Cuando en la sentencia que ponga fin al proceso haya pronunciamiento sobre costas a favor del titular del derecho a la asistencia jurídica gratuita.

b) Cuando, venciendo en el pleito el titular del derecho a la asistencia jurídica gratuita y no existiendo en la sentencia pronunciamiento expreso sobre costas, los beneficios obtenidos por aquél en el procedimiento superen en tres veces la cuantía de las costas causadas en su defensa.

2. En el supuesto de que en la sentencia que ponga fin al proceso fuera condenado en costas el titular del derecho a la asistencia jurídica gratuita, quedará éste obligado a abonar las peritaciones realizadas por técnicos privados, si dentro de los tres años siguientes a la terminación del proceso viniese a mejor fortuna.

Para hacer efectiva dicha obligación, será de aplicación el procedimiento al que hace referencia el art. 20.




Artículo 46.   Coste económico de las pruebas periciales

1. Antes de la realización de la prueba pericial, el técnico privado designado conforme a lo previsto en el párrafo segundo del art. 6.6 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita remitirá a la Gerencia del Ministerio de Justicia competente por razón del territorio, para su aprobación, una previsión del coste económico de aquélla, que incluirá necesariamente los extremos siguientes:

a) Tiempo previsto para la realización de la pericia y valoración del coste por hora.

b) Gastos necesarios para su realización.

c) Copia de la resolución judicial que dio lugar a la realización de la prueba.

La previsión inicial del coste quedará automáticamente aprobada si en el plazo de un mes, desde su remisión, la Gerencia Territorial no formula ningún reparo a su cuantificación.

2. La minuta de honorarios se ajustará a la previsión del coste económico, aprobada conforme a lo dispuesto en el apartado anterior. Para su devengo, el profesional aportará, además, documentos que acrediten el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita de quien instó la prueba pericial y pronunciamiento del órgano judicial sobre las costas generadas por el proceso.




ANEXO I.I.   Solicitud de asistencia jurídica gratuita (*)

I. DATOS DEL DECLARANTE




a. Persona física.




APELLIDOS Y NOMBRE

·

NIF/TARJETA RESIDENCIA

·




NACIONALIDAD

·

FECHA DE NACIMIENTO

·

ESTADO CIVIL




[_] soltero

[_] casado

[_] unión de hecho




[_] viudo

[_] separado

[_] divorciado




PROFESIÓN

·

RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL




[_] Gananciales

[_] Separación de bienes

[_] Otro ____________




DOMICILIO (calle, número y piso)

·

USO

[_] Propiedad

[_] Alquiler

[_] Otro

MUNICIPIO

·

PROVINCIA

·




CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

fijo

móvil




CÓNYUGE: APELLIDOS Y NOMBRE

NIF/T.RESIDENCIA

·

PROFESIÓN

·




FAMILIARES QUE CONVIVEN CON EL DECLARANTE




Apellidos y nombre

Parentesco

Edad (hijos)




·

·

·




·

·

·




·

·

·




b. Persona jurídica.




DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD

·

C.I.F.

·




DOMICILIO (calle, número y piso)

·

MUNICIPIO

·

PROVINCIA

·




CÓDIGO POSTAL

·

TELÉFONO

·

FAX

·




ASOCIACIONES: Fecha declaración utilidad pública

·

FUNDACIONES: Año inscripción en registro

·




(*) Antes de cumplimentar la solicitud, léanse las INSTRUCCIONES y la DECLARACIÓN que figuran en la última página.




II. DATOS ECONÓMICOS




INGRESOS ANUALES DE LA UNIDAD FAMILIAR




Declarante/Cónyuge/Hijos/Otros

Importe bruto

Concepto (salario, subsidios, ...)

Retención judicial




·

·

·

·




·

·

·

·




·

·

·

·




PROPIEDADES INMUEBLES




Descripción (piso, local...)

Lugar (calle ...)

Uso (vivienda, negocio, ...)

Valoración

Cargas (hipotecas, ...)




·

·

·

·

·




·

·

·

·

·




·

·

·

·

·




·

·

·

·

·




CUENTAS CORRIENTES O DE AHORRO

OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS




Entidad

Saldo

Producto (letras, bonos, depósitos)

Importe




·

·

·

·




·

·

·

·




·

·

·

·




OTRAS PROPIEDADES MUEBLES




Concepto (vehículos, ...)

Año adquisición

Valoración




·

·

·




·

·

·




·

·

·




III. DATOS DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL




El declarante es

[_] demandante/actor

[_] otro: _________

TIPO DE PROCEDIMIENTO

·




[_] demandado/denunciado




[_] detenido




OBJETO Y PRETENSIÓN (Descripción del objeto del procedimiento judicial y de la pretensión que se desea ejercitar)

·

·




N.º PROCEDIMIENTO

·

ÓRGANO JUDICIAL

·

SITUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO




[_] Iniciado

[_] Sentenciado




[_] En ejecución de sentencia

·




PARTE/S CONTRARIAS




Apellidos y nombre/Denominación

Domicilio




·

·




·

·




·

·




IV. DECLARACIÓN RESPONSABLE Y SOLICITUD




DECLARO bajo mi total y expresa responsabilidad que son ciertos y completos todos los datos que figuran en esta solicitud, así como en la documentación que se acompaña, y que pretendo litigar sólo por derechos propios. También declaro saber con precisión y aceptar que:

1. Esta solicitud no suspende por sí misma el curso del proceso y que, por tanto, deberé solicitar personalmente al órgano judicial la suspensión del transcurso de cualquier plazo que pudiera provocarme indefensión o preclusión del trámite.

2. Mis datos de carácter personal, que suministro al presentar esta solicitud serán incluidos en un fichero automatizado y tratados conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, a los efectos del reconocimiento del derecho, y que es destinataria de la información la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita que corresponda.

3. En el caso de que la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita deniegue la solicitud que formulo, me corresponderá abonar los honorarios y derechos económicos que deriven de la intervención de los profesionales designados previamente a la resolución de mi pretensión.

4. La declaración errónea, falsa o con ocultación de datos relevantes supondrá la revocación del reconocimiento del derecho; en tal caso, vendré obligado a pagar las prestaciones que haya obtenido, además de quedar sujeto a las responsabilidades que se me puedan exigir.

Conociendo todo lo anterior, SOLICITO que se me reconozca el derecho a la asistencia jurídica gratuita en:




___________________________

(lugar y fecha)

EL/LA SOLICITANTE

·

·

Fdo.: _______________________




V. DOCUMENTACIÓN QUE EL DECLARANTE ADJUNTA

[_] Fotocopia del DNI, los ciudadanos de la Unión Europea.

[_] Fotocopia del pasaporte o tarjeta de residencia, los extranjeros.

[_] Declaración de utilidad pública (asociaciones) o inscripción registral (fundaciones).

[_] Declaración impositiva de la unidad familiar (IRPF y, en su caso, Patrimonio) o de la persona jurídica (impuesto sobre sociedades).

[_] Certificado de la Agencia Tributaria de no haber presentado declaración (En el caso de que la unidad familiar no esté obligada a presentar declaración del IRPF).

[_] Certificación catastral (bienes inmuebles).

[_] Nota simple del Registro de la Propiedad (si se alegan cargas sobre el inmueble).

[_] Certificado de los centros de trabajo y de las altas y bajas de la Seguridad Social.

[_] Certificado de empresa que acredite los ingresos brutos anuales.

[_] Certificado del INEM en el que conste la percepción de ayuda por desempleo y período al que se extiende.

[_] Certificado de cobro de pensiones públicas.

OTRA DOCUMENTACIÓN

[_] ____________________________________________

[_] ____________________________________________

VI. INFORMACIÓN AL SOLICITANTE




Se informa personalmente al/a la interesado/a, por parte del/ de la Letrado/a del Ilustre Colegio de Abogados de _________________________, de la documentación que deberá aportar para subsanar los defectos observados en la presentación de esta solicitud, por lo que se le concede un plazo de diez días hábiles que concluye el día _______________________

Se le informa asimismo que, de no atender este requerimiento en el plazo indicado, su solicitud será archivada de conformidad con el artículo 14 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.

En ____________________, a ____ de __________________ de ________




EL/LA LETRADO/A

Nº ___________

ENTERADO/A

EL/LA SOLICITANTE

·

·Fdo.:




VII. INSTRUCCIONES

DECLARANTE

- Se consignarán todos los datos identificativos del solicitante; si actúa en representación de una persona jurídica, cumplimentará los datos de ésta.

- Los datos del cónyuge y del régimen económico matrimonial se consignará en caso de matrimonio o unión de hecho. Si el cónyuge convive con el declarante, se indicará en el apartado familiares.

DATOS ECONÓMICOS

- Se detallarán los ingresos anuales de la unidad familiar indicando la moneda en la que se perciben. Sólo en el caso de carecer absolutamente de ingresos no se consignará cifra, pero se indicará con claridad “No existen”.

- Las propiedades inmuebles reflejarán si se trata del domicilio utilizado por la unidad familiar, de vivienda en otro uso, local de negocio, plaza de garaje, solar, etc. También, el valor de mercado o catastral y las hipotecas o créditos que graven la propiedad de la unidad familiar.




ANEXO I.II.   Solicitud del beneficio de asistencia jurídica gratuita por asistencia letrada en el procedimiento especial de enjuiciamiento rápido

Impreso que debe rellenar el detenido, preso o denunciado.

D. ______________________________________________________

NIF _______________, teléfono _______________, vecino de _______________

calle _____________________________________________

solicito formalmente que me sea reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita establecido en la Ley 1/1996, de 10 de enero, para las diligencias siguientes:

Procedimiento _____________________________________________

Órgano jurisdiccional _____________________________________________

Delito que se le imputa _____________________________________________

A tal fin manifiesta expresamente que sus recursos e ingresos económicos computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar no superan los _______________ euros (*) mensuales, siendo de _______________ euros.

También solicita que le sean designados abogado y procurador del turno de oficio, y se compromete a abonar la minuta del abogado y procurador que le asistan de oficio en caso de que no le fuera reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Datos de interés económico o social del solicitante:

·

·

·

·

(*) Cantidad correspondiente al salario mínimo interprofesional vigente.

Firma del solicitante

·

Lugar y fecha

·

I. INFORMACIÓN AL SOLICITANTE

Se informa personalmente al/a interesado/a, por parte del/ de la Letrado/a del Ilustre Colegio de Abogados de ______________________________, de la documentación que deberá aportar, para lo que se le concede un plazo de cinco días que concluye el día __________

Se le informa asimismo que, de no atender este requerimiento en el plazo indicado, su solicitud será archivada de conformidad con el artículo 14 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.

En _______________, a ___ de _______________ de ___

EL/LA LETRADO/A

Nº ___________

ENTERADO/A

EL/LA SOLICITANTE

·

·Fdo.: __________________

II. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR EL SOLICITANTE

Fotocopia del DNI, los ciudadanos de la Unión Europea.

[_] Fotocopia del pasaporte o tarjeta de residencia, los extranjeros.

[_] Declaración de utilidad pública (asociaciones) o inscripción registral (fundaciones).

[_] Declaración impositiva de la unidad familiar (IRPF y, en su caso, Patrimonio) o de la persona jurídica (impuesto sobre sociedades).

[_] Certificado de la Agencia Tributaria de no haber presentado declaración (En el caso de que la unidad familiar no esté obligada a presentar declaración del IRPF).

[_] Certificación catastral (bienes inmuebles).

[_] Nota simple del Registro de la Propiedad (si se alegan cargas sobre el inmueble).

[_] Certificado de los centros de trabajo y de las altas y bajas de la Seguridad Social.

[_] Certificado de empresa que acredite los ingresos brutos anuales.

[_] Certificado del INEM en el que conste la percepción de ayuda por desempleo y período al que se extiende.

[_] Certificado de cobro de pensiones públicas.

OTRA DOCUMENTACIÓN

[_] _______________________________________________

[_] _______________________________________________




ANEXO I.III 

1   2   3   4   5

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