Resumen la Unión de Consumidores de Burgos reflexiona en esta comunicación al Congreso sobre las especiales características de la relación de consumo en la que la Administración es parte,






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títuloResumen la Unión de Consumidores de Burgos reflexiona en esta comunicación al Congreso sobre las especiales características de la relación de consumo en la que la Administración es parte,
fecha de publicación21.06.2015
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CONGRESO DE ASOCIACIONES DE CONSUMO BURGOS 2004.

MESA TERCERA. EJECUTIVO





LA ADMINISTRACIÓN COMO PRESTADORA DE SERVICIOS.

LA RELACIÓN DE CONSUMO EN LA QUE LA ADMINISTRACIÓN ES PARTE.

UNIÓN DE CONSUMIDORES DE BURGOS U.C.E.-BURGOS

Teléfono 947256721

Fax 947256722

E-mail: uceburgos@telepolis.com

Autor: Fco. Enrique Guerrero Macho. Asesor Jurídico U.C.E.-Burgos

RESUMEN
La Unión de Consumidores de Burgos reflexiona en esta comunicación al Congreso sobre las especiales características de la relación de consumo en la que la Administración es parte, y las garantías que deben arbitrarse para la más eficaz protección de los consumidores en estos casos.

CONTENIDO
El peso específico que en la economía moderna corresponde a la actividad desarrollada directamente por la Administración es cada vez menor como consecuencia del principio de libertad de mercado y libre competencia. No obstante lo anterior, aún en determinados sectores es necesaria la prestación de servicios y actividades económicas directamente por la Administración (especialmente en aquellos sectores deficitarios que nunca puedan ser atendidos por la iniciativa privada).
Estos supuestos dan lugar a relaciones de sujeción especial del ciudadano y la Administración Pública que vienen reguladas por estatutos jurídicos especiales en los que en ocasiones no se considera suficientemente la condición del administrado como usuario consumidor.
Tratándose de la prestación de servicios públicos (bien de gestión directa, bien de tutela por la Administración) se advierte la falta de aplicación de las normas de protección de los consumidores y usuarios.
Hacemos nuestras en este sentido las propuestas recogidas por el Centro de Estudios de Consumo de la Universidad de Castilla-La Mancha y publicado por el I.N.C. ("El Derecho de Consumo en España: Presente y Futuro". Madrid, octubre 2002), y que, dado su interés, reproducimos íntegramente:
"Conclusión sobre servicios públicos: la aplicabilidad de la LCU a los servicios públicos.
Es cierto que tal aplicabilidad está fuera de toda duda por lo afirmado en los arts. 2, 10.1 y 5, y disposición adicional 2ª, sin embargo, para una mayor eficacia práctica debería procederse a las modificaciones normativas:
1.- El art. 155.2 del Texto Refundido de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas relativos a los poderes de la Administración en los contratos de gestión de servicios públicos, establece que con anterioridad a la contratación debe determinarse su régimen jurídico básico en el cual, entre otros aspectos, se debe determinar "el alcance de las prestaciones a favor de los administrados". Pues bien, sería muy clarificador que se incluyese una referencia a que tales prestaciones deben satisfacer las exigencias derivadas de su protección como consumidores y usuarios con arreglo a su legislación específica.
2.- El art. 158 del mismo Texto Refundido, relativo a las actuaciones preparatorias del contrato, establece con relación a los contratos de gestión de servicios públicos entre otros elementos, el requisito de la previa aprobación de las cláusulas administrativas particulares, el régimen regulador del servicio, las tarifas que hubieren de recibirse de los usuarios, y el procedimiento para su revisión. En todos estos casos sería igualmente conveniente una alusión a que todo ello tendrá en cuenta especialmente la aplicación de las garantías de los consumidores y usuarios contenidas en su legislación específica.
3.- El art. 4 de la Ley 6/97 d 14 de abril de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, que establece los principios de servicio a los ciudadanos, dispone que la Admón. General del Estado debe determinar "las prestaciones que proporcionan los servicios estatales, sus contenidos y los correspondientes estándares de calidad. El añadir "dentro del respeto a las garantías de los consumidores y usuarios que establezca la legislación de consumo, implicaría un cambio trascendental en la comprensión de que la regulación de los servicios abandona la óptica de la prerrogativa y la relación estatutaria, y se encamina hacia una ordenación garantista de los derechos de los ciudadanos.
4.- El art. 85 de la Ley de Bases de Régimen Local, relativo a los servicios públicos locales, debería modificarse en el mismo sentido, añadiendo al final de este apartado (...): "La gestión de cualquier servicio público respetará de forma especial los derechos y garantías que la legislación especial atribuya a los usuarios de los mismos".
5.- (...) Debería procederse a una modificación de determinados aspectos de la redacción de algunos preceptos de la propia LGDCU que eliminasen dudas interpretativas, respecto a su aplicabilidad a los servicios públicos. (...)
6.- Finalmente, la aplicación del derecho del Consumo a los servicios públicos debe tener en cuenta que el uso de la facultades de inspección y de sanción de comportamientos infractores hace surgir de inmediato una relación interadministrativa entre la Admón. prestadora del servicio y la competente para actuar la tutela de los derechos de los consumidores, para lo cual el ordenamiento no ha arbitrado procedimientos operativos (...). En concreto debería generalizarse en toda la legislación autonómica de consumo la tipificación de la imputación de responsabilidad a las autoridades, funcionarios y técnicos que estuviesen implicados en una infracción de consumo."

Una de las cuestiones fundamentales al respecto es la de la posibilidad de acudir al Sistema Arbitral de Consumo para la resolución de las controversias que pudieren surgir en el devenir de la prestación del servicio, la realización de la actividad de la Administración o de la entidad prestadora del servicio público, o la entrega de los bienes.
A nuestro juicio, el sometimiento a Arbitraje de Consumo debe imponerse con carácter obligatorio a todas aquellas empresas que desarrollen una actividad de prestación de servicios públicos y también a todas aquellas que desarrollen su actividad en sectores de interés general (servicios universales liberalizados), especialmente las de suministros básicos: eléctricas, gas, agua, telefonía fija y móvil, telecomunicaciones, hidrocarburos, transporte, etc...
Con relación a los servicios universales, habida cuenta de que tienen por finalidad la tutela de intereses generales (si bien mediante la aplicación de las reglas de la libre competencia) la existencia de ese interés general subyacente a la actividad económica propiamente dicha, justifica la imposición legal de un sistema de resolución de controversias que facilite al consumidor la formulación de su reclamación sin acudir necesariamente a las instancias judiciales. En estos supuestos y dada la naturaleza de la actividad desarrollada, el Sistema Arbitral podría dejar de ser voluntario, como ocurre ya en el ámbito del transporte, sin que con ello quiebre el principio constitucional de tutela judicial efectiva.
Desde el punto de vista del derecho de participación de los consumidores se estima necesario abrir a las Asociaciones de Consumidores la posibilidad de intervenir en los procedimientos de garantía de libre competencia, considerándolas "parte interesada" a los efectos de los arts. 9, 14 y 19 de la Ley 16/1989 de 17 de julio, de Defensa de la Competencia en los procedimientos sancionadores, los de control de operaciones de concentración económica, y los de control de ayudas públicas que impliquen establecimiento de obligaciones de servicio público.
Estos cambios normativos permitirían que el consumidor fuese oído en aquellos sectores que prestan servicios básicos y que "están sometidos a tremendas presiones de concentración económica y de cambio tecnológico, derivados de la globalización económica, que colocan al consumidor en una especial posición de inferioridad, subordinación o indefensión" ("El Derecho de Consumo en España: Presente y Futuro". Ediciones del I.N.C. Madrid, octubre 2002)

Por otra parte, la figura de la auto-regulación cuyo empleo se está propiciando desde instancias comunitarias para el establecimiento de los Códigos de Conducta, debe aplicarse a todos los sectores en los que se prestan servicios públicos o de interés general. Estos Códigos de Conducta deben elaborarse con presencia de las organizaciones de consumidores (pues en otro caso de nada van a servir), y deben ser recogidos en instrumentos normativos como única garantía para poder reclamar su eficacia ante las instancias competentes.
Es un principio fundamental de la Unión Europea que la libre competencia beneficia a los consumidores y les proporciona mejores precios y productos de mayor calidad. Pero la realidad ha puesto de manifiesto cómo, en aquellos sectores en los que se permite sin cortapisas esa libre competencia (transporte aéreo, hidrocarburos, etc...) se han producido concertaciones entre empresas que han tenido que ser sancionadas por el Tribunal de la Competencia.

CONCLUSIONES
La presencia de la instancia consumerista en la toma de decisiones, en la regulación del mercado, en los procedimientos de resolución de conflictos, y en la elaboración de códigos de conducta, constituye la verdadera garantía de un desarrollo económico beneficioso para todos los agentes del mercado: prestadores de servicios y consumidores.




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