Sala de lo contencioso administrativo seccion tercera – subsección a






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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA – SUBSECCIÓN A




Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez
Bogotá D.C., junio doce (12) de dos mil trece (2013).
EXTRACTO JURISPRUDENCIAL – NUEVA LEGISLACIÓN.

Uniones matrimoniales contraídas por “menores adultos” están llamadas a producir efectos de contenido patrimonial.
El artículo 2 de la Ley 54 de 19901, vigente para la época de los hechos, disponía:
Se presume sociedad patrimonial entre compañeros permanentes y hay lugar a declararla judicialmente en cualquiera de los siguientes casos:
a) Cuando exista unión marital de hecho durante un lapso no inferior a dos años, entre un hombre y una mujer sin impedimento legal para contraer matrimonio; (…)” - (Se destaca).
Por su parte, el artículo 116 del Código Civil, prevé:
CAPACIDAD PARA CONTRAER MATRIMONIO. Las personas mayores de 18 años pueden contraer matrimonio libremente”. (Negrillas adicionales).
A su turno, el artículo 117 ejusdem consagra:
ARTICULO 117. PERMISO PARA EL MATRIMONIO DE MENORES. Los menores de la edad expresada no pueden contraer matrimonio sin el permiso expreso, por escrito, de sus padres legítimos o naturales. Si alguno de ellos hubiere muerto, o se hallare impedido para conceder este permiso, bastará el consentimiento del otro;
En los mismos términos de este artículo, se necesita del consentimiento del padre y de la madre adoptantes para el matrimonio del hijo adoptivo, menor de veintiún años, o de la hija adoptiva, menor de diez y ocho”.
De conformidad con el anterior marco normativo podría considerarse, en principio, que la una unión marital de hecho sostenida entre la víctima directa del daño y la demandante Nélida Hernández Varón no estaría permitida en el ordenamiento jurídico, comoquiera que uno de ellos, en este caso el joven Almanza Lozano, se encontraba en la imposibilidad legal de contraer matrimonio dada su condición de menor de edad2, sin embargo, la Sala estima que el asunto sub examine debe analizarse y acompasarse con las demás disposiciones y criterios jurisprudenciales que orientan esa clase de vínculos “de hecho”, pues a partir de allí se logra determinar el derecho que le asiste a la aludida demandante en obtener la indemnización respectiva por el fallecimiento de quien en vida convivió de manera permanente con ella y además contribuyó con su sostenimiento.
Pues bien, ocurre que el artículo 140 del Código Civil dispone:
ARTICULO 140. El matrimonio es nulo y sin efecto en los casos siguientes:
“…………………………
2o) Cuando se ha contraído entre un varón menor de catorce años, y una mujer menor de doce <catorce>, o cuando cualquiera de los dos sea respectivamente menor de aquella edad”. (Se destaca).
La anterior disposición fue objeto de control de constitucionalidad a través de la Sentencia C-507 de 25 de mayo de 20043, mediante la cual se declararon inexequibles las expresiones –allí tachadas– <> contenidas en el transcrito numeral 2° del artículo 140 del Código Civil; a su vez, la Corte Constitucional integró la disposición en el sentido de establecer que “… la edad mínima para las mujeres en esta materia será igual a la fijada por el propio legislador para los hombres (es decir, 14 años) …”.
Por consiguiente, al tenor del artículo 142, numeral 2, de la Legislación Civil, resulta dable concluir que aquellas uniones matrimoniales contraídas por “menores adultos”4 sí están llamadas a producir efectos, en este caso de contenido patrimonial, lo cual encuentra fundamento, además, en la propia Jurisprudencia Constitucional, la cual ha precisado:
7.3.4. La jurisprudencia se ha ocupado específicamente de establecer que los menores son titulares del derecho a fundar una familia, independientemente de cuál sea la forma bajo la cual la quieran desarrollar (…).
“……………………………………
7.3.6. En la misma línea del anterior precedente, pero refiriéndose a los efectos en materia económica del matrimonio de los menores, no a las reglas de capacidad, la Corte resolvió declarar exequible el primer inciso del artículo 125 del Código Civil, según el cual: ‘el ascendiente, sin cuyo necesario consentimiento se hubiere casado el descendiente, podrá revocar por esta causa las donaciones que antes del matrimonio le haya hecho’. Se consideró que “(…) el inciso primero del artículo 125 del Código Civil no quebranta los artículos 13, 14, 15, 16, 18 y 42 de la Constitución Política, sino que, por el contrario, los interpreta fielmente, por cuanto la ausencia de permiso para celebrar el matrimonio no afecta su validez ni mengua los efectos del contrato matrimonial, sino que dota a los padres de una herramienta eficaz, tanto para obligar a los menores a tomar una decisión reflexiva, como para que, en el evento de que el matrimonio se realice no obstante la falta de permiso, los padres o quienes en esta importante misión los sustituyen, mitiguen, al menos patrimonialmente, las consecuencias de la decisión” (C-1264 de 2000; M.P. Álvaro Tafur Galvis) (…).
7.4. Conclusión
El derecho a conformar libremente una familia es un derecho constitucional fundamental del cual también son titulares los menores de edad, sin perjuicio de que el legislador establezca condiciones para su ejercicio con el fin de pro­te­ger al menor y de que fije edades, incluso diferentes, para determinar la capacidad para contraer matrimonio, una de las formas de constituir familia”5. (Se deja destacado en negrillas y en subrayas).


Radicación No.: 500012331000199905889 01 (26.120)

Actor: Gilma Inés Lozano de Almanza y otros

Demandado: Departamento del Meta y otros

Referencia: Apelación Sentencia. Reparación Directa

La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada, Hospital Departamental de Villavicencio, así como la apelación adhesiva que a dicha impugnación presentó la parte actora respecto de la sentencia que profirió el Tribunal Administrativo del Meta, el día 5 de agosto de 2003, mediante la cual se efectuaron las siguientes declaraciones y condenas:
1°. Declarar probada la excepción de falta de legitimación de (sic) la causa por pasiva propuesta por el Departamento del Meta.
2°. Declarar administrativamente responsable al Hospital Departamental de Villavicencio, por falta de prestación del servicio médico asistencial, que le proporcionó a Jhon Jairo Almanza Lozano.
3°. Exonerar de responsabilidad a los llamados en garantía José Félix Anaya Carvajal y Luis Alberto Hernández Mora, de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.
4°. Condenar al Hospital Departamental de Villavicencio, a cancelar a los actores las siguientes cantidades equivalentes a 1000 gramos de oro para Gilma Inés Lozano, en calidad de madre, el equivalente a 500 gramos de oro para cada una de las siguientes personas: Ana Deicy Lozano, Alcibiades Almanza Lozano, Consuelo Almanza Lozano, Esmeralda Almanza Lozano, Blanca Cenobia Almanza Lozano, José Herminson Almanza Lozano, Mireya Almanza Lozano, y el equivalente a 250 gramos de oro para Nélida Hernández Varón.
5° Dése cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176, 177 y 178 del C.C.A.”. (fls 449 a 471 c ppal.).


I. A N T E C E D E N T E S
1.- La demanda.
En escrito que se presentó el día 10 de diciembre de 1996 (fl. 21 c 1), por intermedio de apoderado judicial, los ciudadanos Gilma Inés Lozano de Almanza, Ana Deicy6 Lozano, Alcibiades Almanza Lozano, Consuelo Almanza Lozano, Esmeralda Almanza Lozano, Blanca Cenobia Almanza Lozano, José Heminson Almanza Lozano, Mireya Almanza Lozano y Nélida Hernández Varón interpusieron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra el Departamento del Meta y el Hospital Departamental de Villavicencio, con el fin de que se les declarara administrativamente responsables por los perjuicios ocasionados como consecuencia de la muerte del joven Jhon Jairo Almanza Lozano, acaecida el 14 de abril de 1996, en las instalaciones del hospital demandado.
Como consecuencia de la anterior declaración, se solicitó que se condenara a la parte demandada a pagar, por concepto de daño moral, el equivalente a 1.000 gramos oro para cada uno de los demandantes; por concepto de perjuicios materiales, a favor de las actoras Gilma Inés Lozano de Almanza y Nélida Hernández Varón, la suma de $100’000.000, teniendo en cuenta que para el momento de su muerte, el joven Almanza Lozano colaboraba con la manutención de su madre y de su compañera permanente.
2.- Como fundamentos de hecho de la demanda se expusieron los siguientes:
El día 11 de abril de 1996, el joven Jhon Jairo Almanza Lozano fue trasladado por su familia al Hospital Departamental de Villavicencio por presentar dolores abdominales y otras molestias conforme a remisión efectuada por el Centro Médico de La Esperanza, Jhon Jairo Almanza Lozano permaneció en el Hospital Departamental desde el 11 y hasta el 14 de abril de 1996, fecha en la que se le daría de alta al paciente por no revestir ninguna gravedad su estado de salud, según información entregada por el personal médico de esa Institución a la madre del mismo. Sin embargo al presentarse doña Gilma Inés Lozano el día domingo 14 de abril en horas de la mañana para trasladar nuevamente a su hijo a la residencia familiar, se le informó escuetamente que éste había fallecido durante una intervención quirúrgica que se le estaba practicando, sin darle explicación adecuada sobre la enfermedad que padecía, el tratamiento médico, clase de operación y las causas del deceso. Igualmente al solicitar información sobre los resultados arrojados por la necropsia practicada al cadáver, se le comunicó que ésta aún no se había efectuado por no ser necesaria. El Registro Civil de Defunción consigna como causa del deceso “Shock hipovolémico; hemorragia aguda intraoperatoria y postoperatoria; coleistectomía (sic)”. Por los hechos antes relatados se adelanta investigación penal a cargo de la Fiscalía 35 de Villavicencio, así como investigación disciplinaria en la procuraduría Departamental del Meta y el Tribunal de Ética Médica de Villavicencio.
Los hechos consignados en este escrito generan la responsabilidad administrativa de las entidades demandadas teniendo en cuenta que el inadecuado y tardío servicio médico prestado en el Hospital Departamental de Villavicencio al joven Jhon Jairo Almanza Lozano, permitió el avance de su dolencia, al no realizarle los exámenes, tratamiento e intervención quirúrgica de manera oportuna y adecuada; causando la muerte del paciente un perjuicio antijurídico a los demandantes que debe ser reparado de manera integral al constituir estas irregularidades una clara falla del servicio, encontrándose a cargo de las entidades demandas la prestación, vigilancia y control del servicio médico en nuestro territorio” (fls 21 a 32 c 1).
3.- Las contestaciones de la demanda.
3.1.- El Departamento del Meta sostuvo que carecía de legitimación en la causa por pasiva, puesto que los hechos materia de proceso ocurrieron en una Empresa Social del Estado y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto No. 0895 de 1994, el Hospital Departamental de Villavicencio tiene patrimonio autónomo, personalidad jurídica propia, autonomía financiera y administrativa, razón por la cual de probarse algún tipo de responsabilidad, ésta le sería atribuible únicamente al aludido centro hospitalario (fl. 42 a 44 c 1).
3.2- El Hospital Departamental de Villavicencio no contestó la demanda.

4.- Llamamiento en garantía.
4.1.- En escrito del 21 de marzo de 1997, el Departamento del Meta solicitó la vinculación al proceso de los médicos José Félix Anaya Carvajal y Luis Alberto Hernández Mora, por cuanto ellos atendieron al joven Jhon Jairo Almanza Lozano mientras estuvo hospitalizado en el Hospital Departamental de Villavicencio (fls. 56, 57 y 61 a 62 c 1).
4.2.- El Tribunal Administrativo a quo accedió a los llamamientos formulados mediante proveído del 25 de noviembre de 1997 (fls. 67 a 68 c 1) y, en consecuencia, ordenó realizar las respectivas notificaciones (fls. 85 y 86c 1). El señor Hernández Mora guardó silencio, no obstante haber sido vinculado en debida forma al proceso (fl. 85 c 1).
4.3.- Mediante escrito del 8 de febrero de 1998, a través de apoderado judicial, el señor José Félix Anaya Carvajal contestó la demanda y manifestó que debían desestimarse las pretensiones de la demanda comoquiera que el personal médico que atendió al paciente obró con cuidado y con diligencia; en ese sentido, señaló que si bien no se determinó inmediatamente el padecimiento del señor Almanza Lozano una vez éste ingresó al centro médico y mientras se encontraba hospitalizado los días 11 y 12 de noviembre del año respectivo, ello fue consecuencia de los confusos síntomas que presentó el paciente, por cuanto se podía pensar que éste presentaba “endocarditis bacteriana” ó “síndrome febril” y que mientras detectaban con exactitud la enfermedad de la víctima, se realizaron para tal efecto diversos exámenes médicos.
Destacó que sólo hasta el 13 de abril de 1996, cuando el cirujano del hospital demandado encontró un cuadro clínico más exacto, decidió intervenirlo quirúrgicamente pero, por causas ajenas a la prestación del servicio médico, el paciente falleció (fls. 80 a 85 c 1).

5.- Alegatos de conclusión en primera instancia.
5.1.- La parte actora sostuvo que debía accederse a las pretensiones de la demanda, por cuanto las pruebas recaudadas en el proceso permitían establecer que el personal médico del Hospital Departamental de Villavicencio no actuó oportunamente frente a la atención del joven Almanza Lozano, toda vez que no se practicaron los exámenes necesarios para detectar, con claridad, qué enfermedad padecía el paciente, con el agravante de que los médicos que atendieron a la víctima no se preocuparon por determinar con precisión las causas del “malestar” del paciente, aunado al hecho de que la historia clínica presentaba deficiencias en la información, lo cual contribuyó con el mal estado de salud de la víctima hasta llevarlo a su muerte (fls 403 a 407 c. 1).
5.2.- En sus alegaciones finales, el apoderado judicial del llamado en garantía José Félix Anaya Carvajal indicó que de conformidad con el material probatorio que obra en el proceso, se debe exonerar de responsabilidad al referido profesional de la medicina, dado que no se acreditó que su conducta hubiere sido dolosa o gravemente culposa mientras prestaba la atención médica que el paciente requería y que, por el contrario, actuó con toda la diligencia requerida frente a un cuadro clínico complejo, mediante el uso de todos los recursos con los cuales contaba el Hospital Departamental de Villavicencio.
Por otro lado, solicitó al Tribunal a quo desestimar el dictamen pericial rendido por el Instituto de Medicina Legal, pues ese medio probatorio no se puso en conocimiento de las partes para su contradicción, aunado al hecho de que dicho “documento” se encuentra ilegible casi que en su totalidad, razón por la cual no debía tenerse en cuenta por el Tribunal de primera instancia (fls. 400 a 402 c 1).
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