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Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales

Maestría en Derechos Humanos

SEMINARIO CONSTITUCION Y DERECHOS HUMANOS

Lectura 1
ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA RESPONSABILIDAD POR LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA CONSTITUCIÓN
Rodrigo Uprimny Yepes

Profesor Facultad de Derecho Universidad Nacional
"No creo que (los derechos humanos) puedan reducirse a aspiraciones morales, pues hay en ellos un propósito institucional que trasciende el básico nivel de virtud y perfección individual que constituyen el nivel ético propiamente dicho. Ni tam­poco son sólo aspiraciones jurídicas, pues parece -justificadamente- esperarse de ellos que sirvan de instrumento para valorar códigos o para decidir entre códigos y no sólo que funcionen como preámbulo a legislaciones positivas. Es decir: pertenecen demasiado al área de la moral como para poder ser solamente derechos positivos, por fundamentales que fueren, y tienen demasiada vocación de institucionalización jurídica como para que puedan ser llamados sin reduccio­nismo 'morales’. '

Fernando Savater.

Ética como amor propio. México: Mondadori, 1991, pp. 164 y 165.
Introducción

Para comenzar, permítanme efectuar una aclaración metodológica.
La responsabilidad por la violación de derechos humanos en la Constitución de 1991 es una materia de tal amplitud que resulta muy difícil presentarla y sistematizarla, con la suficiente profundidad, en una ponencia. Así, desde el punto de vista patrimonial, el solo estudio de la relación entre la responsabilidad extra­contractual del Estado, establecida por el artículo 90 de la Carta, y las violaciones de derechos humanos, es ya un tema suficiente para un seminario, pues habría que determinar en qué consiste el daño antijurídico en materia de derechos humanos, qué alcance debe tener la reparación patrimonial en este campo, cuándo debe el Estado repetir contra el funcionario responsable con el fin de potenciar la vigencia de estos derechos, etc. Igualmente, en el campo penal y disciplinario, el estudio de los alcances de la obediencia debida, establecida por el inciso segundo del artículo 91 de la Carta, también plantea problemas jurídico-constitucionales de gran dificultad: por ejemplo, en caso de graves violaciones a los derechos humanos, ¿recae la responsabilidad únicamente en el superior que da la orden -como lo sugiere el tenor literal de ese artículo- o debe también sancionarse a quien la ejecuta -como se desprende de un análisis sistemático del texto constitucional y tal y como lo ha señalado la Corte Constitucional en varias sentencias1?.
Esta amplitud del tema que me fue asignado hacía necesario optar por privi­legiar ciertos aspectos del mismo, para lo cual me pareció lo más conveniente tener en cuenta que este seminario pretende discutir si conviene o no ampliar la noción clásica sobre la responsabilidad en derechos humanos. En efecto, creo que la polémica central de estas charlas es si se debe seguir considerando al Estado como responsable exclusivo por la vigencia de los derechos humanos o si, por el contra­rio, se debe pensar en ampliar el concepto de violación de estos derechos para incluir como responsables a agentes no estatales, como los grupos armados irre­gulares con vocación política, las grandes empresas multinacionales, las organiza­ciones delincuenciales, la banca internacional o, incluso, a todos los ciudadanos. Ha sido pues en función de este objetivo global del seminario que he organizado mi exposición. Esto explica los énfasis así como los silencios de la misma, pues me he centrado en el estudio del sujeto o los sujetos, públicos y privados, respon­sables por la vigencia de los derechos humanos en nuestro ordenamiento constitu­cional, mientras que he dejado de lado otros aspectos que son en sí mismos de gran trascendencia -estudio detallado de los diversos mecanismos de protección, análisis de las competencias institucionales en esta materia, etc- pero que no me parecieron pertinentes para los efectos de este seminario.
Ahora bien, si uno quiere determinar quienes son, en el régimen constitucional colombiano, los responsables por la violación de derechos humanos, es necesario establecer una serie de precisiones conceptuales, con el fin de evitar equívocos y confusiones. En efecto, a pesar de que comparten un mismo marco axiológico –la protección de la dignidad de la persona humana en sus múltiples dimensiones- los derechos humanos, los derechos constitucionales y los derechos fundamentales no son, en estricto sentido, conceptos sinónimos. Por ello, si bien el contenido nor­mativo de esos derechos puede ser muy similar, se trata de categorías que tienen un status jurídico y filosófico parcialmente diverso, por lo cual el uso de uno u otro término puede tener consecuencias normativas y prácticas diferentes. Así, en Colombia, es indudable que, en términos constitucionales, un particular puede ser responsable por la violación de un derecho fundamental-esto es, como lo veremos, de un derecho humano constitucionalizado- puesto que nuestro ordenamiento re­coge la tesis alemana de la llamada "drittwirkung", o eficacia frente a terceros u horizontal de los derechos fundamentales, esto es, que ellos son aplicables no sólo a la relación entre el Estado y el ciudadano sino que irradian todo el ordenamiento jurídico y se proyectan también a ciertas relaciones privadas. En cambio, es mucho más discutible que, frente al derecho internacional de los derechos humanos, pueda imputarse, en Colombia, responsabilidad a un particular por la violación de los derechos humanos.
Esta diferencia de status o de uso linguístico de estos conceptos puede acarrear posiciones innecesariamente polémicas. En efecto, considero que algunas discu­siones en torno a los alcances de la responsabilidad de los distintos agentes frente a una eventual violación de estos derechos -humanos, constitucionales o fundamentales- surgen, muchas veces, no de una diferencia radical de posiciones éticas o políticas entre los contradictores, sino de una falta de precisión del alcance de estos conceptos. Así, quien considere que la eficacia horizontal de los derechos fundamentales representa un avance democrático del constitucionalismo social, puede sentirse obligado a ampliar el concepto clásico de responsabilidad en materia de derechos humanos. Pero una tesis no se sigue obligatoriamente de la otra pues, como lo veremos, los derechos humanos y los derechos fundamentales operan en campos jurídicos y en contextos lingüísticos diversos. El uno es un concepto ético-político y del derecho internacional, mientras que el otro es una categoría del derecho constitucional, esto es, del derecho público interno. En ese mismo orden de ideas, quien considere perjudicial la extensión de la responsabilidad en derechos humanos a agentes no estatales, no tiene por qué obligatoriamente mostrarse rece­loso frente a la llamada "drittwirkung" pues, según mi criterio, no es contradictorio defender, al mismo tiempo, la eficacia horizontal de los derechos fundamentales en el ámbito interno, y atribuir al Estado el monopolio de la responsabilidad en materia de derechos humanos, tanto desde el punto de vista de los mecanismos internacionales de protección como en el plano ético político.
Por esas dificultades conceptuales, en la primera parte de esta ponencia, intento establecer, de manera esquemática, las diferencias y similitudes entre los derechos humanos, los derechos constitucionales y los derechos fundamentales con el fin del determinar las diversas consecuencias de los distintos "usos lingüísticos" de estas categorías. Tal vez el lector considere que se trata de una innecesaria precisión terminológica, un purismo conceptual, que no se compadece con el dolor humano asociado a un tema de tal importancia, como es la lucha por el respeto de la dignidad; de la persona humana. Sin embargo, creo que el rigor conceptual en estas materias es importante, puesto que de él depende, en cierta medida, nuestra capacidad para comprender las dinámicas asociadas a las violaciones de los derechos humanos. En este campo, como en tantos otros, las enseñanzas de la filosofía analítica me parecen totalmente pertinentes: sólo podremos agudizar nuestra comprensión y percepción de los fenómenos si somos capaces de agudizar nuestra conciencia crítica sobre el uso y sentido de las palabras que usamos para describirlos2.

Luego, en la segunda parte, una vez efectuada --o al menos intentada- la anterior clarificación conceptual, presento la manera como la jurisprudencia cons­titucional ha entendido los alcances de la responsabilidad por la violación de los derechos humanos en tanto que derechos constitucionales y derechos fundamenta­les. En la última parte, intento evaluar las posibles contribuciones de esta evolución constitucional al debate general sobre la responsabilidad en materia de violación de derechos humanos.
I. Derechos humanos, derechos constitucionales y derechos fundamentales: similitudes y diferencias, y el problema de los sujetos responsables por su vigencia
a) Aproximación a los derechos humanos

En otro texto3 he intentado mostrar que una de las grandes dificultades con los derechos humanos es que éstos tienen, al menos, una triple dimensión: son una categoría ética, puesto que constituyen uno de los marcos más aceptados de lo que podría ser una ética moderna secularizada que regula convivencia pacífica entre los ciudadanos en una democracia. De otro lado, tienen una dimensión política, puesto que hoy muchas reivindicaciones sociales son expresadas en forma de derechos humanos y éstos aparecen como un instrumento de crítica a la actuación de los poderes políticos. Y, finalmente, los derechos humanos son una categoría

jurídica del derecho internacional público, puesto que son valores que han sido positivizados en numerosos instrumentos internacionales, en los cuales se han definido diversos tipos de obligaciones, tanto positivas como negativas, para los Estados.

Este status diverso de los derechos humanos, o si se quiere, su distinto uso linguístico, ya plantea problemas y confusiones, puesto que es muy fácil pasar, de manera imperceptible, de un uso de este concepto a otro uso. Como señala Savater, "transversales a la ética, al derecho y a la política, intentan proporcionar el código donde las exigencias de éstas se reúnen sin confundirse. De aquí provienen sus peculiares insuficiencias y también su innegable y aún creciente fascinación4.

Esta utilización del término de derechos humanos en distintos niveles del discurso práctico, de manera simultánea, se debe además a la enorme carga emotiva de esta palabra y a su papel trascendental como instrumento de legitimación y deslegitimación política en las sociedades contemporáneas5. Los derechos humanos no son únicamente un concepto técnico jurídico que puede ser utilizado ascéptica­

. mente, o de manera puramente descriptiva y técnica, puesto que tienen una carga ética y valorativa muy fuerte ya que, en esta época de crisis de paradigmas políticos, grandes sectores los invocan como una especie de sustitutos normativos frente a la relativa decadencia de las oposiciones ideológicas; por ello, tanto los gobiernos como los grupos opositores más diversos los invocan como principio de justifica­ción de sus conductas y como arma de crítica ante sus adversarios.

En tales condiciones ¿es posible construir un concepto operativo de los dere­chos humanos? Creo que tal vez no sea posible establecer un concepto unitario de los derechos humanos capaz de abarcar esas múltiples dimensiones normativas en las que se invoca este término, puesto que ello son demasiado ético-políticos para ser puramente jurídicos, pero hoy están positivizados y tienen una evidente dimensión jurídica para ser puramente ético-políticos. Por ello considero que un camino prudente es reconocer que la categoría derechos humanos se utiliza, al menos, en tres esferas normativas diversas: la política, la ética y el derecho público interna­cional. Se trata obviamente de esferas íntimamente relacionadas, pero que tal vez conviene distinguir, con el fin de afinar la discusión sobre la responsabilidad en relación con las violaciones de derechos humanos.
b) Los derechos humanos como categoría del derecho público internacional

Así, frente al derecho internacional público actualmente vigente, creo que los derechos humanos configuran un conjunto de obligaciones de respeto y garantía que tiene el Estado, frente a las personas, de suerte que en este campo parece claro que sólo el Estado es responsable por la violación de esos derechos6. Y ésto no es un capricho semántica de la filosofía jurídica dominante a nivel internacional, sino que tiene importantes fundamentos. Así, son los Estados y no los particulares quienes se han obligado por intermedio de los pactos internacionales. Histórica­mente, esas garantías fueron concebidas para hacer frente a los: abusos estatales. Filosóficamente, esa especificidad de los derechos humanos se justifica por cuanto la sociedad y los ciudadanos delegan en el Estado el monopolio de la violencia: es necesario entonces establecer mecanismos de protección específicos de los ciuda­danos inermes frente a ese poder armado. Esos mecanismos son los derechos humanos. Cuando los otros particulares realizan acciones que vulneran sus dere­chos, se trata de delitos y el ciudadano puede siempre recurrir a la autoridad estatal para que ésta lo proteja. Pero cuando es el Estado quien vulnera sus derechos, el ciudadano no tiene otros mecanismos de protección diferentes a los derechos humanos. Por ello los derechos humanos -como instrumentos propios del derecho internacional- son una instancia que complementa y cierra los mecanismos internos de protección a la dignidad humana, ya que sólo cuando han fallado éstos, se puede recurrir a las instancias internacionales. Eso explica que las personas únicamente puedan utilizar esos mecanismos internacionales de protección cuando carecen de recursos en su propio país para enfrentar las violaciones a sus derechos humanos, o han agotado tales recursos sin éxito. E igualmente justifica la atribución de la responsabilidad internacional al Estado, puesto que, como se trata de mecanismos subsidiarios que operan cuando el propio Estado ha violado los derechos humanos, o ha sido incapaz de garantizar su goce a las personas bajo su jurisdicción, es natural que la condena internacional sea contra el Estado respectivo.
Finalmente, se invoca también un argumento práctico para defender esta res­tricción del concepto de violación de derechos humanos únicamente al Estado. La multiplicación de agentes violadores ha sido utilizada por diferentes gobiernos para diluir su responsabilidad frente a los derechos humanos, ya sea para justificar sus propios abusos, ya sea para atribuidos a otros agentes. Los Estados buscan aparecer así más como víctimas de las violaciones de derechos humanos que como agentes violadores.

Este procedimiento de multiplicar los agentes responsables de la vigencia de los derechos humanos a fin de diluir la responsabilidad del Estado no deja de recordarme una novela policiaca de Agatha Christie. Se trata de una obra en la cual inicialmente todas las evidencias acusan a la esposa del asesinado, a tal punto que inmediatamente uno cree que ella es la homicida: ella, Gerda Chrisow, es encontrada por varios testigos con un revólver en frente del cadáver. Sin embargo, durante el desarrollo de la novela, surgen nuevas pistas que hacen creer a Poirot, a la policía y obviamente a uno como lector, que ella no puede ser la asesina porque estos nuevos indicios implican todos a otras personas. Hasta que Poirot descubre que estas nuevas pistas sólo buscaban desviar la atención de la policía de la culpa­bilidad de Gerda: el resto de familiares, comprendiendo que Gerda había asesinado a su marido en un ataque de celos e intenso dolor, deciden confundir a la Policía tratando de implicar a cuantas personas sea posible. Pero no contaban con Poirot quien devela el misterio. Según el detective belga, "empecé a comprender la verdad tan pronto como vi que todo estaba concebido para implicar a cualquier otra persona diferente a Gerda Chrisow. .. Sólo se puede hacer una cosa si uno quiere exonerar de sospechas a una persona que es verdaderamente culpable. Uno debe sugerir culpabilidad en todos lados sin nunca localizarla7.
En el mismo sentido había dicho en forma aguda Hannah Arendt, "si todo el mundo es culpable, ya no hay más culpables: las confesiones de responsabilidad colectiva son la mejor salvaguarda contra el descubrimiento de los responsables”8.
Por eso la extensión del concepto de violación de derechos humanos tendería a diluir las responsabilidades del Estado.
c) Derechos humanos y conflicto armado

Es pues claro que frente al derecho internacional, sólo el Estado es responsable por la violación de los derechos humanos en situaciones de normalidad. Pero ¿qué sucede en los casos de conflicto armado, cuando se erosiona el monopolio estatal del uso legítimo de la fuerza, que constituye el fundamento básico de la exclusividad de la responsabilidad estatal? En tales eventos, entra a operar el llamado derecho Internacional humanitario o derecho de los conflictos armados, el cual, recono­ciendo que en determinadas circunstancias nos vemos enfrentados a conflictos bélicos, considera que es factible lograr un cierto equilibrio entre las necesidades de la guerra y las consideraciones humanitarias, centradas en la dignidad humana. Según esta normatividad, si el objetivo de la guerra es únicamente debilitar el potencial militar del enemigo, es posible establecer ciertas reglas que eviten muertes o destrucciones innecesarias. El derecho internacional humanitario busca en­tonces introducir un "ius in bello", es decir una normatividad para los conflictos armados, que reduzca los efectos colaterales de la guerra y defina los derechos humanos mínimos inderogables, incluso en las peores situaciones de conflicto armado. Así, se prohíben, de manera general, los ataques a la población no com­batiente y el uso de medios de guerra des proporcionados. Y en forma específica, se excluyen conductas como las ejecuciones extrajudiciales, las torturas, los tratos crueles o las mutilaciones9.
En estos casos, se considera que el derecho humanitario no es aplicable sólo al Estado sino a los diversos actores que se encuentran en confrontación armada, puesto que no sólo la presencia de ese conflicto bélico ha roto el monopolio estatal de la violencia sino que esta normatividad impone obligaciones a esos actores, en gran medida en beneficio de la población no combatiente.
d) Los derechos humanos como categoría ético política
Desde el punto de vista ético y político, resulta no sólo más difícil aproximarse al concepto de derechos humanos sino que es más problemático defender la tesis sobre el monopolio de la responsabilidad en el Estado. Precisamente el objeto de este seminario es que los colombianos avoquemos, de manera franca y abierta, este debate sobre los eventuales alcances de la responsabilidad de los agentes privados en la violación de los derechos humanos, sobre todo en el campo ético y político.
Ahora bien, desde ese punto de vista, podríamos considerar los derechos humanos como exigencias éticas de bienes asociados a la dignidad humana y que concretan en diferentes etapas históricas nuestras demandas de libertad e igualdad frente a las otras personas, y en especial frente a los poderes en general y al poder político en particular10.
En ese orden de ideas, si tomamos en cuenta esas exigencias normativas como una ética civil de la democracia, considero entonces que -por la naturaleza misma de la ética- es perfectamente razonable extender el campo de los sujetos respon­sables a todas las personas, o al menos a todas aquellas situaciones de dominación, públicas o privadas, políticas, económicas o de cualquiera otra índole, en donde la dignidad de una persona puede verse afectada. Creo que es un punto sobre el cual no hay discusión.

En cambio la situación es más polémica cuando se confiere a los derechos humanos una dimensión más política, y éstos aparecen como criterios esenciales para juzgar la legitimidad y justicia de un determinado ordenamiento político o del comportamiento de ciertos actores políticos. En efecto, en este campo, algunos sostienen que se debe seguir atribuyendo el monopolio de la responsa­bilidad política al Estado, en lo esencial por las mismas razones por las cuales el derecho internacional estableció esa exclusividad (Cf supra). Sin embargo, se han desarrollado también argumentos sólidos y muy sugestivos en favor de una extensión del concepto de violación de derechos humanos en este esfera para incluir a agentes no estatales. En primer término, algunos consideran que ésa es la mejor forma de conferir un real poder de "oposición" de un ciudadano contra otros poderes privados que realicen acciones susceptibles de afectar el goce de sus derechos, argumento de peso, cuando se tiene en cuenta la existencia de poderes no estatales tan poderosos como las grandes empresas multinacio­nales, las organizaciones criminales o la banca internacional. De otro lado, e invirtiendo en parte el argumento práctico de quienes defienden la concepción clásica sobre violación a los derechos humanos, algunos consideran que limitar la expresión "violación a los derechos humanos" a los simples actos del Estado puede conducir a condonar crímenes atroces por particulares. Esta limitación, lejos entonces de conducir a hacer más sólida la protección estatal, tiende a disminuir la protección del individuo inerme. En tercer término, la restricción de la noción de violación a agentes estatales deja de lado los deberes sociales de los particulares en materia de derechos humanos, consagrados tanto por los instrumentos internacionales como por numerosas constituciones. Finalmente, esa limitación es aún más perjudicial cuando se trata de sociedades con un Estado fraccionado territorialmente y en las cuales el monopolio de la violencia es cuestionado al Estado por la existencia de otros grupos armados, de otros verdaderos contraestados y paraestados, puesto que frente a esas organizaciones --Como las guerrillas-los ciudadanos inermes tienen el mismo derecho a recla­mar el respeto de sus derechos a como lo hacen frente al Estado. "En efecto: -según estas tesis- el sentido de la proclamación de los derechos humanos -más allá de la letra condicionada por las circunstancias- era el de darle a la sociedad un arma ética y política de defensa frente a las eventuales arbitrariedades de los actores políticos armados que pretenden representada"11.
Con base en esos argumentos, algunos consideran que es necesario entonces extender el alcance de la noción de violación de derechos humanos, ya sea para incluir a todos los particulares -posición tal vez minoritaria-, ya sea para que el ciudadano pueda enfrentarse a todo poder -sea estatal o no estatal-, ya sea, para tener en cuenta al menos a los actores políticos armados no estatales (grupos armados irregulares), ya sea para incluir los actores armados con proyecto político y con pretensión de ser representantes legítimos de intereses sociales, puesto que ellos actúan como cuasiestados -visión que ha venido adquiriendo cada vez mayor fuerza-.
e) Los derechos constitucionales y los derechos fundamentales, como categorías del derecho público interno

Finalmente, a nivel del derecho público interno, los contenidos propios de la tradición de los derechos humanos han sido incorporados en la mayoría de los ordenamientos constitucionales contemporáneos. Se habla entonces de los derechos constitucionales y fundamentales que son, en el plano constitucional, el equivalente jurídico de los derechos humanos, a nivel del derecho internacional público. Así, según Perez Luño, hay una cierta tendencia a "reservar la denominación 'derechos fundamentales' para designar los derechos humanos positivados a nivel interno, en tanto que la fórmula' derechos humanos' es la más usual en el plano de las declaraciones y convenciones internacionales12. Igualmente señala Robert Alexy, que los derechos humanos son suprapositivos o morales, y que al ser incorporados en una Constitución "los derechos humanos se positivizan como derechos funda­mentales"13.
Por su parte, la diferencia entre los derechos constitucionales en general y los derechos fundamentales es esencialmente de reforzamiento de garantía. En efecto, no todos los derechos constitucionalizados son derechos fundamentales ya que éstos últimos gozan de unas garantías suplementarias. Así, en el constitucionalismo colombiano los derechos fundamentales pueden ser protegidos por medio de la tutela (CP art. 86), tienen reserva de ley estatutaria (CP art. 152) y la reforma constitucional de alguno de ellos está sujeta a garantías suplementarias (CP art. 377). Sin embargo, para efectos de esta exposición, las diferencias entre los dere­chos constitucionales (género) y los derechos fundamentales (especie, por las ga­rantías reforzadas) no es sustantiva en lo que respecta a los sujetos responsables por su vigencia, por lo cual utilizaremos indistintamente ambas categorías.

En cambio, un aspecto que merece una cierta atención es el debate sobre la fuerza jurídica de estos derechos constitucionales14. Así, hasta mediados de este siglo, los derechos constitucionales -entonces denominados sobretodo derechos públicos subjetivos- constituían garantías exclusivamente contra el Estado, pero no regían las relaciones entre los particulares. El fundamento de esta concepción jurídica es la visión liberal clásica del Estado y la sociedad, según la cual las amenazas a las libertades individuales provienen únicamente del Estado, puesto que la sociedad se estructura, no con base en relaciones de poder sino a partir de la libre autonomía individual. La crisis de esta visión, asociada precisamente a la consolidación del Estado social de derecho, llevó a la formulación de la tesis de la "drittwirkung", según la cual los derechos constitucionales -denominados a partir de tal momento derechos fundamentales- también rigen los vínculos en la sociedad, por cuanto entre los particulares también existen relaciones de poder susceptibles de afectar la dignidad humana. Esa evolución es resumida por la doctrina constitucional española contemporánea en los siguientes términos:

"En apretada síntesis, puede muy bien decirse que la concepción de la Cons­titución como elemento limitador del poder político es característica del Estado liberal de derecho, en tanto que el entendimiento de la Constitución como norma reguladora de la convivencia social, de la que dimanan directamente derechos y obligaciones, es la consecuencia del Estado social y democrático de Derecho. Con otras palabras, mientras en el primero los derechos funda­mentales constitucionalmente reconocidos se conciben como una esfera de inmunidad frente al poder político, en el Estado social y democrático de Derecho se entienden como un 'prius' del orden social, que es protegible frente a todos y cuya defensa es asumida por la colectividad como un asunto de orden público. (...) La inviolabilidad de estos derechos se constituye, pues, cual­quiera que sea el sujeto activo de su eventual conculcación, en el fundamento del orden político; y la alusión al respeto a los derechos de los demás supera la relación biunívoca poderes públicos ciudadanos para establecer una rela­ción genérica, por parte de todos, y no sólo del poder público, de respetar los derechos ajenos15.
En el constitucionalismo social se admite entonces que los derechos funda­mentales rigen ciertas relaciones entre los particulares. Subsisten algunos debates por ejemplo entre quienes sostienen que esa eficacia es directa o inmediata, quienes consideran que ésta es solamente mediata y quienes piensan que la "drittwirkung" es un efecto producido a través de derechos frente al Estado. Para los primeros, un particular puede responder directamente por la violación de un derecho funda­mental de otro particular, por cuanto todas las personas están obligadas a someterse directamente al sistema constitucional de derechos y libertades, ya que éste es una orden de valores que se proyecta a toda la vida social. Según los segundos, la "drittwirkung" no es directa entre las personas sino que requiere una previa actuación de los poderes estatales, pues es a éstos a quienes corresponde la obligación constitucional de regular la situación jurídica, de los particulares de acuerdo a los ,derechos fundamentales. Por ello esa eficacia horizontal se proyecta sobre todo a nivel de la interpretación, desde la Constitución, del resto del ordenamiento jurí­dico y en especial del derecho privado, Y, los terceros argumentan que la eficacia de los derechos fundamentales entres los particulares es una consecuencia de la sujeción del Estado a estos valores, que son derechos públicos subjetivos de las personas16. Pero más allá de estas diferencias, la doctrina, la jurisprudencia y la propia normatividad han establecido que los derechos fundamentales se proyectan a las relaciones entre particulares y que, por consiguiente, los poderes privados deben responder por la violación de los derechos fundamentales. Según Pérez Luño, dos argumentos básicos explican esta evolución:
"El primero, que opera en el plano teórico, es corolario de la exigencia lógica de partir de la coherencia interna del ordenamiento jurídico lo que constituye, al propio tiempo, una consecuencia del principio de seguridad jurídica. Se ha indicado, con razón, que el no admitir la eficacia de los derechos fundamen­tales en la esfera privada supondría reconocer una doble ética en la sociedad: la una aplicable a las relaciones entre el Estado y los particulares, la otra aplicable a las relaciones entres los ciudadanos entre sí, que serían divergentes en su propia esencia y en los valores que consagran. El segundo obedece a un acuciante: imperativo político del presente, en una época en la que al poder público, secular amenaza potencial contra las libertades, le ha surgido la competencia de poderes económicos-sociales fácticos, en muchas ocasiones, más implacables que el pro­pio Estado en la violación de los derechos fundamentales17.
j) Un intento de sistematización

La anterior presentación nos ha mostrado que unos mismos valores -asociados a lo que corrientemente denominamos de manera genérica "derechos humanos"­se proyectan en distintos órdenes normativos, lo cual tiene consecuencias diferen­tes en relación con el sujeto o los sujetos responsables por su vigencia. Podríamos resumir esa situación en el siguiente cuadro, en el cual asociamos los usos alter­nativos del término "derechos humanos" a diferentes contextos lingüísticos, en los cuales son posibles distintos sujetos responsables.
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