Informe inicial que los Estados partes debían presentar en 2004






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tipoInforme
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Naciones Unidas

CRC/C/OPAC/MEX/1



Convención sobre los
Derechos del Niño


Distr. general

7 de enero de 2010

Original: español
Comité de los Derechos del Niño

55º período de sesiones

13 de septiembre a 1º de octubre de 2010
Examen de los informes presentados por los Estados partes con arreglo al artículo 8 del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados

Informe inicial que los Estados partes debían presentar en 2004

México*

[7 de octubre de 2008]
Índice

Párrafos Página

I. Introducción 1–8 3

II. Información general 9–21 4

A. Definición de niña, niño y adolescente en la legislación nacional 9–11 4

B. Aplicabilidad del Protocolo Facultativo en México 12–13 4

C. Aplicación del Protocolo Facultativo en relación a los principios
generales de la Convención sobre los Derechos del Niño 14–21 5

III. Información relativa a los artículos 1 a 7 del Protocolo Facultativo 22–43 7

A. Artículo 1. Participación directa en hostilidades 22–23 7

B. Artículo 2. Reclutamiento forzado u obligatorio 24–31 7

C. Artículo 3. Edad mínima para el reclutamiento voluntario 32–34 8

D. Artículo 4. Agentes no estatales (grupos armados) 35 9

E. Artículo 5. Aplicación de los instrumentos internacionales y de
derecho humanitario por México 36–38 9

F. Artículo 6. Aplicación nacional 39–41 10

G. Artículo 7. Cooperación y asistencia internacionales 42–43 10
I. Introducción

1. El presente documento constituye el informe inicial del Gobierno de México en cumplimiento de su obligación bajo el artículo 8, párrafo 1 del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en conflictos armados.

2. Su elaboración se realizó con base en los lineamientos emitidos por el Comité de los Derechos del Niño relativos a la forma y el contenido del informe inicial que deben presentar los Estados partes, conforme a lo establecido en las orientaciones respecto de los informes que han de presentar los Estados partes con arreglo al párrafo 1 del artículo 8 del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de los niños en los conflictos armados (CRC/OP/AC/1).

3. El Gobierno de México firmó el Protocolo Facultativo el 7 de septiembre de 2000 y lo ratificó el 15 de marzo de 2002. Las obligaciones internacionales y nacionales establecidas en él entraron en vigor el 15 de abril de 2002.

4. Al momento de la ratificación, México hizo una declaración en relación con el artículo 3, párrafo 2 del Protocolo Facultativo en los siguientes términos:

"El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos al ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de mayo de 2000, considera que la responsabilidad que pueda derivar para los grupos armados no gubernamentales por el reclutamiento de menores de 18 años de edad o su utilización en hostilidades, corresponde exclusivamente a dichos grupos y no será aplicable al Estado mexicano como tal, el que tendrá la obligación de aplicar, en todo momento, los principios que rigen al derecho internacional humanitario."

5. En virtud de que en México no existe conflicto armado interno alguno y que tampoco participa en conflictos armados de índole internacional, no existe amenaza de que los niños mexicanos sean convocados por las fuerzas armadas para participar en hostilidades. México considera pertinente formular esta declaración debido a que el Protocolo Facultativo se basa en la posible existencia de conflictos armados en los que pudiera existir el reclutamiento o uso de niños.

6. El presente informe fue elaborado con información proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR), y se refiere a las disposiciones legales en vigor, tanto en la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos como en la legislación nacional.

7. El Gobierno de México reitera su firme voluntad de cooperar con los mecanismos internacionales de derechos humanos, en particular con los órganos de vigilancia de los tratados. Particularmente, respecto al cumplimiento de las obligaciones emanadas de los instrumentos internacionales de derechos humanos de los que es parte.

8. El Gobierno de México mantiene una invitación abierta y permanente a todos los mecanismos internacionales en materia de derechos humanos. Entre los años 2000 y 2008 ha recibido la visita de 12 mecanismos de las Naciones Unidas, 4 visitas oficiales del titular de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y 8 de mecanismos del sistema interamericano.

II. Información general

A. Definición de niña, niño y adolescente en la legislación nacional

9. La Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos1 fija de manera específica en su capítulo IV "De los ciudadanos mexicanos", artículo 34, los 18 años como la mayoría de edad para el ejercicio de los derechos electorales y políticos, propios de un Estado democrático de derecho y derivados de la condición de ciudadano mexicano reconocida en ella.

10. Asimismo, la Ley nacional para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2000, define en su artículo 2 a los sujetos de aplicación hasta los 18 años de edad, en concordancia con el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y los divide en dos grupos etarios: niñas y niños (hasta los 12 años incompletos) y adolescentes (desde los 12 años cumplidos y hasta los 18 años incumplidos).

11. Dada la importancia que México otorga a la perspectiva de género, se tiene particular cuidado, tanto en el lenguaje escrito como en el oral, en mencionar a las niñas, los niños y los adolescentes en el discurso público, utilizando con precisión esos términos.

B. Aplicabilidad del Protocolo Facultativo en México

12. México ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño el 21 de septiembre de 1990 y sus dos Protocolos Facultativos en 2002. Conforme al artículo 133 constitucional, los tratados internacionales son Ley Suprema de la Nación; esta disposición fue precisada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 1999, al emitir una tesis aislada según la cual los instrumentos internacionales son jerárquicamente inferiores a la propia Constitución federal, pero superiores a las leyes federales emanadas del Congreso de la Unión2.

13. El 13 de febrero de 2007, el pleno de la SCJN ratificó este criterio mediante una decisión adoptada por mayoría de 6 votos contra 5, al conocer de 14 amparos en revisión relativos a la contravención de ciertas normas con tratados comerciales internacionales3.

C. Aplicación del Protocolo Facultativo en relación a los principios generales de la Convención sobre los Derechos del Niño

1. No discriminación (artículo 2 de la Convención)

14. En México, la Ley nacional para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes contempla en su título 2, capítulo 3, "Del derecho a la no discriminación", artículo 16, que:

"Las niñas, niños y adolescentes tienen reconocidos sus derechos y no deberá hacerse ningún tipo de discriminación en razón de raza, color, sexo, idioma o lengua, religión; opinión política; origen étnico, nacional o social; posición económica; discapacidad física, circunstancias de nacimiento o cualquier otra condición no prevista en este artículo."

15. Asimismo, estipula que "es deber de las autoridades, ascendientes, tutores y de miembros de la sociedad, promover e impulsar un desarrollo igualitario entre niñas, niños y adolescentes, debiendo combatir o erradicar desde la más tierna edad las costumbres y prejuicios alentadores de una pretendida superioridad de un sexo sobre otro".

16. Al mismo tiempo, el Gobierno de México cuenta con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), como organismo público encargado de instrumentar, aplicar y dar dimensión plena a las políticas públicas en el ámbito de la asistencia social relacionada con la familia, así como cimentar una cultura nacional de respeto, salvaguarda y tolerancia hacia la población infantil, a través de la instrumentación de estrategias encaminadas a generar un proceso de cambio social que promuevan entre la población en general el entendimiento, conocimiento, aplicación, ejercicio y cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

17. El SNDIF trabaja para que todas las niñas y los niños tengan derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral y para que el Estado provea lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. Es también responsable de la instalación de los Comités de Seguimiento y Vigilancia de la Convención sobre los Derechos del Niño.

2. Interés superior del niño (artículo 3 de la Convención)

18. La Ley nacional para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en su título primero "Disposiciones generales", artículo 4, establece que:

"De conformidad con el principio del interés superior de la infancia, las normas aplicables a niñas, niños y adolescentes, se entenderán dirigidas a procurarles, primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y social. Atendiendo este principio, el ejercicio de los derechos de los adultos no podrá, en ningún momento, ni en ninguna circunstancia, condicionar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. La aplicación de esta ley atenderá al respeto de este principio, así como al de las garantías y los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos."

3. Derecho a la vida, desarrollo y supervivencia (artículo 6 de la Convención)

19. El derecho a la vida está asegurado en la Ley nacional para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en el título 2, capítulo 2 "Del derecho a la vida", artículo 15, donde se establece que las "Niñas, niños y adolescentes tienen derecho intrínseco a la vida. Se garantizará en la máxima medida posible su supervivencia y su desarrollo".

20. De igual forma, la mencionada ley en su título segundo, capítulo 4 "De los derechos a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo psicofísico", artículo 19, contempla que las "Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en condiciones que permitan su crecimiento sano y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, moral y social".

4. Respeto a la opinión (artículo 12 de la Convención)

21. El respeto a la opinión de los niños, niñas y adolescentes está garantizado en el título segundo, capítulo 13 "Del derecho a participar", artículos 38, 39 y 41 de la Ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que establecen lo siguiente:

Artículo 38. "Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la libertad de expresión; la cual incluye sus opiniones y a ser informado. Dichas libertades se ejercerán sin más límite que lo previsto por la Constitución."

Artículo 39. "Niñas, niños y adolescentes tienen derecho ejercer sus capacidades de opinión, análisis, crítica y de presentar propuestas en todos los ámbitos en los que viven, trátese de familia, escuela, sociedad o cualquier otro, sin más limitaciones que las que establezca la Constitución y dicte el respeto de los derechos de terceros."

Artículo 41. "El derecho a expresar opinión implica que se les tome su parecer respecto de:

A. Los asuntos que los afecten y el contenido de las resoluciones que les conciernen;

B. Que se escuchen y tomen en cuenta sus opiniones y propuestas respecto a los asuntos de su familia o comunidad."

III. Información relativa a los artículos 1 a 7 del Protocolo Facultativo

A. Artículo 1. Participación directa en hostilidades

22. En concordancia con lo establecido en el Protocolo Facultativo, los mexicanos que ingresan al activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos deben tener 18 años de edad, salvo que se integren al sistema de educación militar. No existe disposición legal que obligue a un menor de 18 años a incorporarse al servicio activo del instituto armado y, menos aún, existe mandato que imponga su participación en las hostilidades4.

23. En virtud de que México no se encuentra involucrado en conflicto armado alguno, no son aplicables las previsiones del Protocolo en las que se solicitan listas de miembros de las fuerzas armadas menores de 18 años de edad que hayan sido tomados prisioneros.

B. Artículo 2. Reclutamiento forzado u obligatorio

24. En relación con el artículo 2 del Protocolo Facultativo, en el sentido de que los Estados partes velarán por que no se reclute obligatoriamente en sus fuerzas armadas a ningún menor de 18 años, la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 5 que el servicio público de las armas será obligatorio y, en su artículo 31, define como obligaciones de los mexicanos:

"Asistir en los días y horas designados por el Ayuntamiento del lugar en que residan, para recibir instrucción cívica y militar que los mantenga aptos en el ejercicio de los derechos de ciudadano, diestros en el manejo de las armas, y conocedores de la disciplina militar."

25. La Constitución añade que deben "alistarse y servir en la Guardia Nacional, conforme a la ley orgánica respectiva, para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la patria, así como la tranquilidad y el orden interior".

26. La Ley del servicio militar5, en su artículo 1, declara obligatorio y de orden público el servicio de las armas para todos los mexicanos por nacimiento o naturalización, quienes lo prestarán en el Ejército o en la Armada, como soldados, clases u oficiales, de acuerdo con sus capacidades y aptitudes.

27. En caso de guerra internacional, el servicio militar también será obligatorio para los extranjeros, nacionales de los países cobeligerantes de México, que residan en la República Mexicana. A los extranjeros que deban prestar servicios militares en México se les aplicarán, como si fueran mexicanos, todas las disposiciones de dicha ley y de sus reglamentos; exceptuando lo estipulado o lo que pueda estipularse al respecto, en acuerdos o convenios internacionales.

28. Sin embargo, no existe disposición alguna que contemple el reclutamiento forzoso u obligatorio de ningún menor de 18 años en sus fuerzas armadas.

29. El artículo 4 de la Ley del servicio militar establece que los preliminares del alistamiento de cada clase para el servicio de las armas, se llevarán a cabo durante el segundo semestre del año en que cumplan los individuos 18 años de edad, comenzando su servicio militar el 1° de enero del año siguiente. Sus obligaciones militares terminan el 31 de diciembre del año en que cumplan los 45 años de edad.

30. El Reglamento de Reclutamiento de Personal para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos6 establece en su artículo 17 que es requisito para causar alta en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, tener 18 años cumplidos.

31. Existe la posibilidad de cumplir con la obligación de prestar el servicio militar de manera anticipada únicamente si se trata de adolescentes mayores de 16 años, que por razones de estudios o viaje al extranjero no puedan prestar sus servicios en la época que reglamentariamente les corresponde, y si cuentan con la previa autorización de quien ejerza la patria potestad.

C. Artículo 3. Edad mínima para el reclutamiento voluntario

32. El Gobierno de México, en cumplimiento con el párrafo 2 del artículo 3 del Protocolo Facultativo, depositó una declaración vinculante en la que se establece que la edad mínima para el reclutamiento voluntario de sus nacionales en las Fuerzas Armadas es de 18 años.

33. El artículo 149 de la Ley orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos7 y el artículo 48 de la Ley orgánica de la Armada de México8 establecen que el reclutamiento del personal se llevará a cabo por conscripción, de conformidad con la Ley del servicio militar o por enganche voluntario, seleccionando a los individuos que lo soliciten, bajo las condiciones estipuladas en los contratos de enganche correspondientes.

34. La edad mínima requerida para el enganche voluntario es de 18 años. La Ley del servicio militar prevé en su artículo 24 la posibilidad de que se admitan en el activo del Ejército a voluntarios menores de 18 y mayores de 16 años de edad, si bien únicamente en las unidades de transmisiones para su preparación como técnicos mediante contrato con el Estado que no deberá exceder de cinco años. En este caso se exige la anuencia del padre o tutor, una solicitud por escrito del interesado y su certificado de nacimiento.

D. Artículo 4. Agentes no estatales (grupos armados)

35. La disposición del Protocolo relativa al reclutamiento de menores por grupos armados distintos de las fuerzas armadas no se aplica en el caso mexicano, tanto en virtud de la declaración interpretativa referida en el párrafo 4 del presente informe, como por el hecho de que México no se encuentra involucrado en conflictos armados (internos o internacionales) y por tanto no se presenta el reclutamiento o utilización de niños por parte de grupos armados.

E. Artículo 5. Aplicación de los instrumentos internacionales y de derecho humanitario por México

36. México aplica las disposiciones que garanticen mayor protección a los derechos del niño, sea la legislación nacional, los instrumentos internacionales o el derecho humanitario.

37. México ratificó en 2002 el Protocolo Facultativo motivo de este informe y es parte de los siguientes instrumentos internacionales relacionados con los derechos de la niñez:

a) Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores: ratificada por México el 6 de marzo de 1992;

b) Convención sobre los Derechos del Niño: ratificada por México el 21 de septiembre de 1990;

c) Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía: ratificado por México el 15 de marzo de 2002;

d) Convención sobre la Protección de Menores y la Cooperación en materia de Adopción Internacional: ratificada por México el 24 de octubre de 1994;

e) Convenio Interamericano sobre Conflictos de Leyes en Materia de Adopción de Menores: ratificado por México el 21 de agosto de 1987;

f) Convenio Nº 58 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por el que se fija la edad mínima de admisión de los niños al trabajo marítimo: ratificado por México el 25 de agosto de 1951;

g) Convenio Nº 90 de la OIT relativo al trabajo nocturno de los menores en la industria: ratificado por México el 20 de junio de 1956;

h) Convenio Nº 182 de la OIT sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación: ratificado por México el 30 de junio de 2000;

i) Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores: ratificada por México el 29 de julio de 1994;

j) Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios: ratificada por México el 22 de febrero de 1983.

38. En materia de derecho internacional humanitario y conflictos armados, México es parte de los siguientes instrumentos:

a) Convenio I de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña: ratificado por México el 29 de octubre de 1952;

b) Convenio II de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar: ratificado por México el 29 de octubre de 1952;

c) Convenio III de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra: ratificado por México el 29 de octubre de 1952;

d) Convenio IV de Ginebra relativo a la protección de vida a las personas civiles en tiempos de guerra: ratificado por México el 29 de octubre de 1952;

e) Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales (Protocolo I): ratificado por México el 10 de marzo de 1983;

f) Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio: ratificada por México el 22 de julio de 1952;

g) Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad: ratificada por México el 15 de marzo de 2002;

h) Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias: ratificada por México el 29 de julio de 1994.

F. Artículo 6. Aplicación nacional

39. La ratificación por parte del Gobierno de México del Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados convierte a dicho instrumento internacional en parte del ordenamiento jurídico mexicano.

40. Las disposiciones del Protocolo Facultativo dentro de la jurisdicción del Estado se encuentran contempladas en la Ley orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y en la Ley del servicio militar.

41. El Gobierno de México desea señalar que no le es aplicable la disposición relativa a la adopción de medidas para que las personas bajo jurisdicción del Estado que hayan sido reclutadas o utilizadas en hostilidades en contradicción con el Protocolo, sean desmovilizadas o separadas del servicio de otro modo.

G. Artículo 7. Cooperación y asistencia internacionales

42. En vista de que el Estado mexicano no se encuentra involucrado en conflictos armados, no cuenta con programas de cooperación técnica ni asistencia financiera para la aplicación del Protocolo Facultativo. En este sentido, la asistencia financiera mediante programas multilaterales o bilaterales no ha sido considerada en los presupuestos asignados a las dependencias competentes.

43. Los artículos restantes del Protocolo Facultativo no se aplican para el Estado mexicano en virtud de que, como se ha mencionado, no se encuentra involucrado en conflictos armados internos o internacionales.





* * Con arreglo a la información transmitida a los Estados partes acerca de la tramitación de sus informes, el presente documento no fue objeto de revisión editorial oficial antes de ser enviado a los servicios de traducción de las Naciones Unidas.

1  Véase el texto de la Constitución en www.ordenjuridico.gob.mx/constitucion.php.

2  Tratados internacionales. Se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y en un segundo plano respecto de la Constitución federal. Persistentemente en la doctrina se ha formulado la interrogante respecto a la jerarquía de normas en nuestro derecho. Existe unanimidad respecto de que la Constitución federal es la norma fundamental y que aunque en principio la expresión "... serán la Ley Suprema de toda la Unión..." parece indicar que no solo la Carta Magna es la suprema, la objeción es superada por el hecho de que las leyes deben emanar de la Constitución y ser aprobadas por un órgano constituido, como lo es el Congreso de la Unión y de que los tratados deben estar de acuerdo con la Ley fundamental, lo que claramente indica que solo la Constitución es la Ley Suprema. El problema respecto a la jerarquía de las demás normas del sistema, ha encontrado en la jurisprudencia y en la doctrina distintas soluciones, entre las que destacan: supremacía del derecho federal frente al local y misma jerarquía de los dos, en sus variantes lisa y llana, y con la existencia de "leyes constitucionales", y la de que será Ley Suprema la que sea calificada de constitucional. No obstante, esta Suprema Corte de Justicia considera que los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo de la Ley fundamental y por encima del derecho federal y el local. Esta interpretación del artículo 133 constitucional deriva de que estos compromisos internacionales son asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad internacional; por ello se explica que el Constituyente haya facultado al Presidente de la República a suscribir los tratados internacionales en su calidad de Jefe de Estado y, de la misma manera, el Senado interviene como representante de la voluntad de los Estados y, por medio de su ratificación, obliga a sus autoridades. Otro aspecto importante para considerar esta jerarquía de los tratados, es la relativa a que en esta materia no existe limitación competencial entre la Federación y los Estados, esto es, no se toma en cuenta la competencia federal o local del contenido del tratado, sino que por mandato expreso del propio artículo 133 el Presidente de la República y el Senado pueden obligar al Estado mexicano en cualquier materia, independientemente de que para otros efectos esta sea competencia de los Estados. Como consecuencia de lo anterior, la interpretación del artículo 133 lleva a considerar en un tercer lugar al derecho federal y al local en una misma jerarquía en virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley fundamental, el cual ordena que "Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados". No se pierde de vista que en su anterior conformación, este Máximo Tribunal había adoptado una posición diversa en la tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Nº 60, correspondiente a diciembre de 1992, página 27, de rubro: "Leyes federales y tratados internacionales. Tienen la misma jerarquía normativa"; sin embargo, este Tribunal Pleno considera oportuno abandonar tal criterio y asumir el que considera la jerarquía superior de los tratados incluso frente al derecho federal. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo X, noviembre de 1999, tesis: P. LXXVII/99, pág. 46.

3  Tratados internacionales. Son parte integrante de la Ley Suprema de la Unión y se ubican jerárquicamente por encima de las leyes generales, federales y locales. Interpretación del artículo 133 constitucional. La interpretación sistemática del artículo 133 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos permite identificar la existencia de un orden jurídico superior, de carácter nacional, integrado por la Constitución federal, los tratados internacionales y las leyes generales. Asimismo, a partir de dicha interpretación, armonizada con los principios de derecho internacional dispersos en el texto constitucional, así como con las normas y premisas fundamentales de esa rama del derecho, se concluye que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente abajo de la Constitución federal y por encima de las leyes generales, federales y locales, en la medida en que el Estado Mexicano al suscribirlos, de conformidad con lo dispuesto en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre los Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales y, además, atendiendo al principio fundamental de derecho internacional consuetudinario "pacta sunt servanda", contrae libremente obligaciones frente a la comunidad internacional que no pueden ser desconocidas invocando normas de derecho interno y cuyo incumplimiento supone, por lo demás, una responsabilidad de carácter internacional. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXV, abril de 2007, tesis: P. IX/2007, pág. 6.

4  Ley orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos (texto disponible en www.ordenjuridico.gob.mx/ Federal/Combo/L-185.pdf), art. 149, y Reglamento de Reclutamiento de Personal para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos (texto disponible en www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/Combo/
R-164.pdf), art. 17.

5  Texto de la ley disponible en www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/Combo/L-93.pdf.

6  Véase nota 4 supra.

7  Véase nota 4 supra.

8  Texto de la ley disponible en www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/Combo/L-166.pdf.

GE.10-40076 (S) 080110 130110

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