Magistrada-ponente: carmen zuleta de mercháN






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SALA CONSTITUCIONAL

  

MAGISTRADA-PONENTE: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

Mediante Oficio N° 352 del 4 de marzo de 2009, recibido en esta Sala el 12 del mismo mes y año, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo remitió el expediente contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Alberto Perdomo Briceño, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 104.223, en su carácter de defensor privado de los ciudadanos PEDRO CASTELLANOS y CARLOS RAMÍREZ, titulares de las cédula de identidad N° 13.207.594 y 15.407.216, respectivamente, contra el auto dictado, el 28 de enero de 2009, por el Tribunal Segundo de Control del mismo Circuito Judicial Penal, para cuya fundamentación alegó la violación de los derechos constitucionales al debido proceso, a la defensa, a la libertad personal, a ser oído oportunamente, a la presunción de inocencia y a obtener una tutela judicial efectiva.

Tal remisión obedece al recurso de apelación que intentó el abogado Alberto Perdomo Briceño, contra la decisión dictada el 19 de febrero de 2009, por la referida Corte de Apelaciones, que declaró, luego de celebrar la audiencia oral, sin lugar la demanda de amparo constitucional propuesta.

El 24 de marzo de 2009, se dio cuenta en Sala y se asignó la ponencia a la Magistrada Doctora Carmen Zuleta de Merchán, quien la asume y, con tal carácter, la suscribe.

Realizada la lectura individual del expediente, esta Sala pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones:

 

I

FUNDAMENTOS DEL AMPARO

 

El abogado Alberto Perdomo Briceño, en su condición de defensor privado de los ciudadanos Pedro Castellanos y Carlos Ramírez, fundamentó la acción de amparo constitucional bajo los alegatos que, a continuación, esta Sala resume:

Que [e]n fecha 23 de Noviembre de 2008, se produce un hecho de sangre en el Municipio Candelaria, específicamente en el sector conocido como Las Playitas de Monay, procediendo los órganos de investigación penal, he (sic) realizar las pesquisas necesarias para el esclarecimiento de los hechos; entre ellas, levantamiento del cadáver, inspección al sitio del suceso y la necropsia de ley. En los días subsiguientes, rinden declaración cuatro (04) ciudadanos, todos ellos, familiares del occiso y presuntos testigos presenciales, los cuales rindieron declaración en dos (02) oportunidades cada uno, tal cual se logra observar en las actuaciones presentadas por el Ministerio Publico (sic), evidenciándose crasas incongruencias y acomodos en los dichos, tales como, la ubicación geográfica de los testigos”.

Que [e]n (sic) base a los dichos de los pseudos testigos, el órgano de investigación, incautó el parque de armas de la Estación Policial, ubicado en las Playitas de Monay del Municipio Candelaria del Estado Trujillo; resultando finalmente mis defendidos aprehendidos en fecha 19 de Enero de 2008, en dicho departamento policial, en el cual se encontraban destacados”.

Que [a]sí las cosas, fueron presentados ante el Tribunal de Control N° 2 del Circuito Judicial Penal”.

Que durante la celebración de la audiencia de presentación solicitó, de conformidad con lo señalado en los artículos 190 y 191 del Código Orgánico Procesal Penal, “...la nulidad del acto jurisdiccional que dio origen a las órdenes de aprehensión según las cuales sus representados fueron aprehendidos”, toda vez que se les había ordenado su captura sin que se hubiese agotado su citación previa.

Que [p]ronunciándose en esa oportunidad el accionado, de manera negativa respecto a lo solicitado, bajo una argumentación peregrina, respetada pero no compartida y confrontada verticalmente, ya que, la misma desdice de la interpretación integral y teleologica (sic) que debe dársele a la Norma Constitucional, sobre manera, cuando se trata de derechos fundamentales, así como desconocedora del corte Principista que gobierna nuestro sistema preponderantemente acusatorio”.

Que “...el ciudadano Juez de Control N° 2 procedió a ratificar LA MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD de mis defendidos haciendo un lado la SOLICITUD DE NULIDAD PLANTEADA POR LA DEFENSA POR AUSENCIA DE IMPUTACIÓN PREVIA”.

Que lo decidido por el Tribunal Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo “...no se ajusta al criterio pacifico (sic) y reiterado de nuestro máximo Tribunal, en sentencias Números 226 de fecha 23 de Mayo de 2006, expediente 06-0157, con ponencia del Magistrado Eladio Aponte; sentencia del 8 de Agosto de 2007 sentencia N° 499, expediente N° 2007-0024; sentencias 447-161106-20005398, A06-0370-568 y 479-161106-20006232, las cuales anexo en copia simple, como fundamento de la violación de los Principios de Legalidad y Seguridad Jurídica, que a la postre causaron la lesión de derechos constitucionales; en el entendido que el primero, fue vulnerado al desatender el accionado la Jurisprudencia referida, enarbolada por esta representación como fuente de derecho y el ultimo (sic) reseñado –seguridad jurídica- por no existir respeto a la uniformidad de criterios, esbozados en las mismas decisiones, así como la esgrimida por esa misma Corte de Apelaciones en sentencia de fecha reciente 04/12/2008; asimismo, la de Tribunales de instancia en decisiones de fechas 9/12/2008 caso Jonatan Leopoldo Sifuentes, expedientes TP01-P-2006-1351 (anexa) y caso Jorge Luis Pérez, la cual se puede verificar por el sistema IURIS 2000”.

Que “...resulta concluyente afirmar, que el accionado incurrió en un error grave de derecho, al resolver bajo criterios desacertados y peregrinos, la ratificación de la Privación Judicial Preventiva de Libertad, en contra de mis defendidos, obviando por completo la posición y criterio uniforme de la jurisdicción, respecto al punto procesal planteado por la defensa, referido al derecho de los justiciables a conocer sobre la investigación que se les adelanta”.

Que [e]l accionar de la Titular del Tribunal de Control N° 2 del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, devino en una situación pluriofensiva de los derechos constitucionales de mis defendidos, al insurgir como un obstáculo a los derechos (sic), a la Tutela Judicial Efectiva, derecho a la libertad personal y Garantía del Debido Proceso Integrada por al Derecho a la defensa y a ser oído oportunamente”.

Que “...el accionado invirtió por medio de un muy particular raciocinio, la escala de valores, al establecer palabras más, palabras menos, que en el proceso penal, se puede afectar e incluso anular, la protección Constitucional del debido proceso, dependiendo del delito que se le endosa al procesado, obviando absolutamente el Principio de Inocencia”.

Que “...el mantenimiento de una medida cautelar que involucra la restricción absoluta de la libertad individual de los procesados de marras, que contraviene evidentemente los principios rectores del proceso penal venezolano, específicamente, los Principios de Presunción de Inocencia, Afirmación de Libertad y Respeto a la Dignidad Humana, toda vez, que al accionado, en la oportunidad de la audiencia de presentación, se le informó sobre la inexistencia de algunos elementos mencionados, en el escrito fiscal de solicitud de Medida de Privación Preventiva de Libertad, específicamente, actas y oficios emanados de la (sic) Fuerzas armadas Policiales del estado Trujillo, los cuales corroboraban lo manifestado por mis defendidos, específicamente que se encontraban encuartelados (sic) el día en que sucedieron los hechos investigados, 23/11/2008, así como su ausencia de la jurisdicción del sitio del hecho. En tal sentido, esta representación Judicial procedió a consignar dichos elementos, en el acto de audiencia de presentación, no obstante los mismos no fueron valorados de manera alguna por el accionado”.

Que “...cabe reflexionar, sobre la causalidad que se patentiza en el presente caso, respecto a la falta de imputación y oportunidad de ser escuchado con el derecho a la libertad personal, cuando vulnero (sic) el derechos (sic)  a los procesado (sic) de ser oídos en sede del Ministerio Publico (sic), oportunidad en que debieron ser instruido de los cargos, ya que, ese era el momento pertinente, en el cual los procesados aportarían su declaración como medio de defensa, conteniendo esta, su única y fidedigna coartada, así como los elementos que la sostiene, a fin de que la vindicta publica (sic) la verificara, y posteriormente ponderara la situación de los justiciables frente a la investigación instruida; es decir, reafirmándose o disminuyéndose la presunción de inocencia de (sic) los cobija, a los efectos de afectar su estado de libertad”.

Que [s]e contempla como se les dicto (sic) medida judicial de Privación Preventiva de Libertad a mis defendidos, sin que se le notificara previamente de la existencia de una investigación en su contra, situación que conculca el derecho al debido proceso de mis defendidos, garantizado en el artículo 49.1 de la Constitución de la Republica (sic) Bolivariana de Venezuela, referido al derecho a la defensa y asistencia jurídica de los justiciables, reflejada entre otras garantías, en el derecho que tiene el procesado a ser notificado de los cargos por los cuales se le investiga, a fin de tener la oportunidad de disponer del tiempo suficiente, en razón del derecho a la defensa e igualdad, para arrastrar al proceso los elementos de convicción que disponga, a fin de desvirtuar los hechos que se le pretenden imputar y así lograr la eventual desestimación de una denuncia, el sobreseimiento de la causa por solicitud del Ministerio Público, o de igual forma evitar ser afectado por una medida gravosa o por lo menos poder defenderse de ella”.

Que “...se le vedó el derecho a los procesados de conocer el hecho que se le imputaba y los elementos de obraban en su contra, logrando desgraciadamente, por lo tardío, tener acceso al expediente con posterioridad  a que se le impusiera la medida más gravosa establecida por el legislador en materia adjetiva penal (de allí su excepcionalidad), asumiendo la vindicta pública, una visión disociada del sistema garantista vigente, en lo que en materia penal se refiere, en el nuevo estado Social en que se constituyó nuestra República a partir del año 1999, al pretender desnaturalizar y retrotraer el proceso penal al sistema inquisitivo derogado, en el cual se formaba el expediente de manera sumaria y luego de recabar los eventuales elementos que servirían de sustento para lograr una decisión favorable para el Estado, reflejada en una sentencia condenatoria, se le permitía al justiciable conocer los elementos inculpatorios, tal como sucede en el caso bajo estudio”.

Que [a] partir de la denuncia misma, comenzó a tomar cuerpo la cadena de irregularidades que inficionan el presente proceso. El Ministerio Público JAMÁS citó, ni notificó a mis defendidos sobre el hecho imputado, siendo este el órgano encargado de hacer la formal imputación, y en lo que a esta Jurisdicción respecta, las diez (10) Fiscalías existentes en el Estado Trujillo, tienen como norma ser ellas directamente las que formulan la imputación de los investigados, es decir, levantar un acta donde se le informa los derechos a los justiciables, todo ello en presencia de él, los defensores de confianza debidamente Juramentados ante un Juez de Control, o en caso de no poder contar con los servicios de un defensor privado, se oficia a la Coordinación de la Defensoría Pública del Estado Trujillo a fin de que se le designe un defensor público; como ejemplo de esa reiterada conducta del Ministerio Público refiero las siguientes causas: D-21-1235-2005 Fiscalía IV. D21-373-2003 Fiscalía IX. D 21-99-2004 Fiscalía VII, D21-6420 Fiscalía IV. D 21-3442 fiscalía II, lo cual en el caso de marras nunca sucedió”.

Que “...se evidenció un ardid realizado por la Fiscalia (sic) Segunda del Ministerio Publico (sic), a fin de darle visos de legalidad a la solicitud de ordenes (sic) de captura, cuando ordenó al C.I.C.P.C., el 14 de Enero de 2009, que procediera a citar con carácter de urgencia para el día 15 de Enero de 2009 a las 10:00 a.m., a seis (06) investigados, para que acudieran al despacho fiscal con su abogado de confianza; reflejando los funcionarios actuantes en acta de investigación de fecha 15/01/2009, que de (sic) regreso a las dos (02) p.m., una vez intentado realizar la diligencia ordenada por el ciudadano Fiscal Segundo, esto le fue imposible por encontrarse todas las viviendas deshabitadas procediendo el Ministerio Publico (sic) el día 16/01/2009, en horas de la mañana a solicitar la Privación Judicial Preventiva de libertad en contra del grupo de ciudadanos incluyendo a mis defendidos”.

En virtud del anterior fundamento, solicitó el abogado accionante que se acuerde su petición consistente en “...el restablecimiento inmediato de los derechos vulnerados, que solo (sic) pueden ser restituidos, a través de la declaratoria de nulidad de todos los actos procesales, realizados sin la imputación previa de mis defendidos, incluyendo el decreto de Privación Judicial Preventiva de Libertad, ordenándosele al Ministerio Publico (sic), que notifique a los procesados a fin de instruirle los cargos por los cuales se les investiga; asimismo que escuche (sic) sus declaraciones, si así lo quisieran realizar los procesados y atienda sus dichos a fin de corroborar los mismos”.

 

 

 

II

DE LA SENTENCIA APELADA

 

            El 19 de febrero de 2009, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo declaró, luego de celebrar la audiencia oral, sin lugar la demanda de amparo propuesta, teniendo como argumento para ello, lo siguiente:

Corresponde a esta Corte de Apelaciones pronunciarse sobre el Recurso extraordinario de Acción de Amparo, para lo cual, siguiendo los pasos a la pacífica y reiterada Jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, debe en primer lugar, dejar claro que en relación a la admisión de la acción de amparo, el auto que en ese sentido se dicta no prejuzga sobre el fondo, sino que constatado que se llenan los requisitos mínimos para dar curso a la acción.

Observa este Tribunal Colegiado que, el recurrente fundamenta su solicitud de Amparo Constitucional en el hecho de que, en fecha 28 de Enero de 2009, el Tribunal de Control N° 02 de este Circuito Judicial Penal, dictamino (sic) declarar Sin Lugar la solicitud de nulidad absoluta, planteada por el Abg. Alberto Perdomo Briceño, defensor de los imputados ciudadanos CARLOS LUIS RAMIREZ (sic) PERDOMO y PEDRO PABLO CASTELLANOS, investigados por el delito de Homicidio Intencional Calificado con Alevosía previsto y sancionado en el artículo 406, numeral 01 del Código Penal, y en la cual mantiene vigente la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad.

Es por lo que en el presente caso, se colige que estamos en presencia de un Amparo Constitucional, contra una resolución o sentencia, de los que establece el artículo 4 del la Ley Orgánica sobre Derechos y Garantías Constitucionales, pues se cuestiona la decisión que emanó del Tribunal de Control N° 02, del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, el cual conoce en primera instancia de una causa penal que se le sigue a los ciudadanos CARLOS LUIS RAMIREZ (sic) PERDOMO y PEDRO PABLO CASTELLANOS, incoa el mencionado Amparo Constitucional.

Cabe señalar, que según se desprende de los alegatos esgrimidos, con la interposición de la Acción de Amparo, el fin de la misma es que se determine sobre la libertad de los ciudadanos CARLOS LUIS RAMIREZ (sic) PERDOMO y PEDRO PABLO CASTELLANOS, arguyendo que la medida decretada, Privación Judicial Preventiva de Libertad, fijada por el Tribunal Segundo de Control de Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, es ilegal, ya que según el Abogado Alberto Perdomo Briceño, como defensor privado, dicha resolución viola Principios Fundamentales como el Derecho a la Tutela Judicia l Efectiva, el Derecho a la Libertad Personal y Garantía el Debido Proceso Debido Proceso, consagrados en los artículos 26, 44 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Al entrar en análisis de lo planteado, y revisar las actuaciones de copia consignada el Abg. Alberto Perdomo Briceño, y de los alegatos expuestos en la audiencia Constitucional, como defensor privado, se observa que el mismo fue presentada, en fecha 30 de Enero de 2009, admitida el día cinco (05) de Febrero del 2.009, así las cosas, este Tribunal Colegiado observa, que la defensa impugnó, tanto en el escrito recursivo como en su intervención en la audiencia Constitucional la decisión del Tribunal a-quo, de tal manera que analizados cada uno de los puntos alegatos, en su escrito, y esgrimidos en la Audiencia Constitucional, como fueron procedencia del recurso, la actuación del juez fuera de su competencia, consideran quienes aquí deciden, que es necesario dilucidar, como primer punto lo que respecta a la procedencia del Recurso de Amparo, que aun, y cuando la decisión mediante la cual el Juez del Primera Instancia en funciones de Control N° 02 este Circuito Judicial Penal, declara sin lugar la solicitud Nulidad Absoluta por falta de Imputación Formal, en la audiencia de presentación, de fecha 28 de enero del 2009, y en la cual decreta una medida de privación judicial preventiva de libertad, el accionante en amparo manifiesta que la misma es ejercida por ser la única vía legal, para la restitución de los derechos conculcados de sus defendidos, argumentando, además, la incompetencia del Juez y que alcanza a una extralimitación de funciones, por cuanto al momento de la celebración de la audiencia de presentación fundamenta su escrito en el contenido del artículo 196 del Código Orgánico Procesal Penal, por falta de imputación formal a sus defendidos por parte de Ministerio Público.
En relación a la imputación fiscal, la Sala de Casación Penal, ha señalado lo siguiente: “… el derecho a la instructiva de cargos o acto imputatorio, que no es otra cosa, que el acto procesal por el cual se informa al imputado de manera clara y precisa de los hechos que se le atribuyen, con todas las circunstancias de tiempo, lugar y modo. Así como las disposiciones legales aplicables al caso…” (Sentencia Nº 226 del 23 de mayo de 2006).


La Sala advierte, que la imputación fiscal, es una actividad propia del Ministerio Público, es decir, que no es delegable en los órganos de investigación penal, además no se limita a informarle a la persona objeto de la investigación sus derechos como imputado establecidos en el artículo 125 del Código Orgánico Procesal Penal, sino que es un medio por el cual, se impone a los investigados (debidamente asistidos de sus abogados) de los hechos objeto del proceso y de los delitos que se le imputan, cumpliendo con las formalidades que establece la ley.
Por consiguiente, es una función motivadora, indiciaria y garantizadora del derecho a la defensa y del debido proceso, por cuanto le permite al ciudadano objeto de ese acto, que una vez informado e imputado de los hechos por los cuales se le investiga, pueda ejercer su derecho a ser oído, todo con el objeto de garantizarle la defensa de los derechos e intereses legítimos. Lo que quiere decir, que en el presente caso, el ciudadano Jorge Luis Filgueira Márquez, al momento de la audiencia de presentación, no disponía de los medios adecuados para defenderse, encontrándose en una situación de desigualdad que vulneró flagrantemente principios de orden constitucional y legal, supra mencionados
Al respecto esta Corte en sede Constitucional, comparte el criterio de la Sala Penal, en cuanto a la imputación formal, como acto propio del Ministerio Público, que debe realizarse en la sede de la misma, en el presente caso, y del estudio de la misma, no se debe anular la audiencia de presentación de imputado, ella debe mantenerse incólume, toda vez que no ha terminado la fase preparatoria, y en consecuencia el Ministerio Público puede hacerlo antes de presentar el correspondiente acto conclusivo, e instar al Ministerio Público, cumplir con la obligación de que realice el acto formal de imputación, en forma inmediata, antes de presentar el acto conclusivo, por cuanto estando en una fase de investigación, como es la presente causa, y no ha precluido dicha actividad propia del Ministerio Publico, consagrado en el articulo 11 del Código Orgánico Procesal Penal, para dar cumplimiento correspondiente, de tal manera el amparo debe ser declarado Sin Lugar, por cuanto posterior a la audiencia de presentación del imputado puede, el Ministerio Público dar cumplimiento con el acto formal de imputación , obviamente, antes de presentar el acto conclusivo, de tal modo que en la presente causa no se le han vulnerado garantías Constitucionales a los ciudadanos PEDRO CASTELLANOS y CARLOS RAMIREZ (sic), quedando vigente todos los actos de investigación realizados, así como, la audiencia de imputación y el actos (sic) que acordó la medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad .


En razón de las circunstancias antes señaladas, esta Corte de Apelaciones considera, tal como se evidencia de las actas procesales, que los supuestos hechos no son violatorios de Derechos Constitucionales, de tal manera que lo pertinente es instar al Ministerio Público realice el acto de imputación fiscal y se le de continuidad al proceso, con la urgencia que el caso lo amerita.

Además, se observa que el contenido del pronunciamiento objeto de impugnación no produjo violación alguna de los derechos constitucionales del accionante, ya que si bien el Tribunal de Control N° 02, declara sin lugar la solicitud de nulidad por falta de imputación previa, en fecha 28 de Enero del 2.099, la misma no era objeto de ser anulada, ello no justifica para declarar su nulidad, pues, si bien la audiencia de presentación no constituye en sí misma la imputación formal, la cual corresponde exclusivamente al Ministerio Público antes de la presentación del acto conclusivo de la investigación (acusación, sobreseimiento o archivo fiscal), para garantizar el derecho a la defensa del investigado, se trata de un acto procesal (audiencia de presentación) que atribuye la cualidad de imputado, no siendo esencial que la imputación formal se efectúe previamente a la audiencia de presentación en la cual se acuerde medida de privación judicial preventiva de libertad, como en el caso de autos, al estar llenos los extremos del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se declara.

 
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