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NACIONES UNIDAS

CERD

Convención Internacional
sobre la Eliminación
de todas las Formas
de Discriminación Racial




Distr.
GENERAL

CERD/C/PAN/15-20
21 de abril de 2009

Original: ESPAÑOL

COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE
LA DISCRIMINACIÓN RACIAL

INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES DE
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 9 DE LA CONVENCIÓN


Vigésimos informes periódicos que los Estados partes
debían presentar en 2008*


Adición

PANAMÁ** ***

[31 de diciembre de 2008]

INTRODUCCIÓN

En base a las Directrices armonizadas sobre la preparación de informes con arreglo a los tratados internacionales de derechos humanos, contenidas en el documento HRI/MC/2006/3, el proceso de preparación de informes ofrece una ocasión para que cada Estado parte "lleve a cabo un examen exhaustivo de las medidas adoptadas para armonizar las leyes y políticas nacionales con las disposiciones de los tratados internacionales de derechos humanos pertinentes en los que sea Parte".

En la República de Panamá, la facultad de celebrar convenios internacionales la tiene el Presidente de la República, quien delega ese poder en el Ministro de Relaciones Exteriores; a su vez éste puede delegar esta facultad a otro ministro de Estado o en los agentes diplomáticos, a quienes les confiere los plenos poderes.

En el ordenamiento legal panameño, la facultad de celebrar tratados la tiene el órgano ejecutivo; sin embargo éstos tienen que ser aprobados por el órgano legislativo antes de proceder a su ratificación, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 153 de la Constitución política de la República de Panamá. El procedimiento es el siguiente.

El Ministerio de Relaciones Exteriores elabora el proyecto de ley por el cual se aprueba un convenio, acompañado con la respectiva exposición de motivos que contiene los objetivos y beneficios del convenio y lo envía al Consejo de Gabinete, a fin de obtener su autorización para que el Ministerio de Relaciones Exteriores presente dicho proyecto a la Asamblea Nacional, procedimiento este conforme a lo establecido en el artículo 159 de la Constitución política.

Una vez aprobado por el Consejo de Gabinete, el Ministro de Relaciones Exteriores presenta en sesión del pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de ley.

Posteriormente el proyecto de ley es remitido a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional donde se lleva a cabo el primer debate, pasando nuevamente al pleno de la Asamblea para el segundo y tercer debate.

Aprobado el proyecto de ley por la Asamblea Nacional, se envía para su sanción y posterior promulgación en la Gaceta Oficial, lo que la convierte en Ley de la República.

De acuerdo a la jerarquía de los convenios internacionales el artículo 4 de la Constitución nacional, establece que "Panamá acata las normas del derecho internacional". Esta premisa podría referir que Panamá se decanta por la postura que afirma la supremacía del derecho internacional sobre el derecho nacional. La identificación con el criterio antes esbozado, llevó a diversos juristas en el ámbito nacional a equiparar jerárquicamente las normas del derecho internacional con las normas constitucionales, es decir, a darles el mismo valor normativo, utilizando normas del derecho internacional, tal como si fuesen normas constitucionales, para invocar la inconstitucionalidad de normas de rango inferior. Y es en este contexto que la Corte Suprema de Justicia se pronuncia sobre el alcance y sentido del artículo 4 de la Constitución, y esboza un criterio mediante el cual nos permite conocer cuál es el valor que le debe reconocer a las normas del derecho internacional y si han o no de considerarse como parte integrante del bloque de la constitucionalidad.

Es así que la Corte Suprema de Justicia, a través de diversos fallos, ha definido el alcance del artículo 4 de la Constitución, manifestando que las normas del derecho internacional, en términos generales, no forman parte del bloque de la constitucionalidad, sino que los tratados del derecho internacional crean para la República de Panamá la obligación de adecuar la legislación nacional a las normas del derecho internacional ratificadas a través de dichos tratados. Es decir, que debe existir coherencia y adecuación entre las normas nacionales y las internacionales, para dar eficacia a estas últimas, y hasta tanto dicha adecuación no haya tenido lugar, no hay obligaciones o normas internacionales directamente exigibles.

ÍNDICE

Párrafos Página

I. DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA, FÍSICA Y POLÍTICA DE
LA REPÚBLICA DE PANAMÁ 1 - 13 5

A. Caracterización de la sociedad panameña 11 - 13 6

II. EL ENTORNO INTERNACIONAL QUE ORIENTA LAS
POLÍTICAS DEL ESTADO PANAMEÑO PARA LA
ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN 14 - 19 6

III. ARTÍCULO 1 DE LA CONVENCIÓN 20 - 21 7

IV. ARTÍCULO 2 DE LA CONVENCIÓN 22 7

V. ARTÍCULO 3 DE LA CONVENCIÓN 23 - 24 8

VI. ARTÍCULO 4 DE LA CONVENCIÓN 25 - 26 8

VII. ARTÍCULO 5 DE LA CONVENCIÓN 27 - 82 9

VIII. ARTÍCULO 6 DE LA CONVENCIÓN 83 - 118 16

A. Protección, respeto y defensa de los derechos humanos 94 18

B. Manual de Procedimientos de la Policía Nacional
y su relación con los derechos humanos 95 - 97 18

C. La fuerza pública 98 - 100 18

D. Servicio nacional aeronaval de la República de Panamá 101 - 105 19

E. Sistema nacional de protección civil 106 19

F. Oficina nacional para la atención de los refugiados 107 - 112 20

G. Servicio nacional de migración 113 - 118 21

IX. ARTÍCULO 7 DE LA CONVENCIÓN 119 - 185 22

A. Ministerio de Desarrollo Social 123 - 166 22

B. Inclusión de la etnia negra panameña 167 - 171 28

C. Secretaría nacional para la incorporación de personas
con discapacidad 172 - 174 29

D. Dirección nacional de política indigenista 175 - 185 30

I. DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA, FÍSICA Y POLÍTICA
DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ


1. La República de Panamá está situada en el centro del continente americano; limita al norte con el mar Caribe, al sur con el océano Pacífico, al este con Colombia y al oeste con la República de Costa Rica.

2. Está ubicada entre 7 y 9 grados de latitud norte y 77 y 83 grados de longitud oeste, hecho que la sitúa en la zona intertropical. Se registran dos períodos bien definidos: lluvioso y seco; predominan las altas temperaturas, ya que su territorio está dominado por tierras de bajo relieve.

3. La extensión del territorio panameño es de 75.517 km2; la citada dimensión comprende la superficie terrestre, el mar territorial, la plataforma marina, el subsuelo y el espacio aéreo.

4. Políticamente el territorio está organizado en 9 provincias, 74 distritos, 592 corregimientos y 5 comarcas.

5. La República de Panamá es un Estado soberano y su Gobierno es democrático, unitario y republicano, que se elige cada cinco años.

6. La República de Panamá posee una extensión territorial de 75.517 km2, su división política corresponde a 9 provincias, 5 comarcas indígenas, 75 distritos y 621 corregimientos.

7. Según el XVI Censo de Población y Vivienda de 2000, Panamá tiene una población de 2.839.177 habitantes, siendo mayor la proporción de hombres (51%) que de mujeres (49%). La densidad de población es 37,6 habitantes por kilómetro cuadrado, variando de 116,2 en la provincia de Panamá, a 3,4 habitantes por kilómetro cuadrado en la provincia de Darién. El 49% de la población habita en la región metropolitana, principalmente en la ciudad capital de Panamá y sus alrededores, mostrando al interior del país una heterogeneidad en la distribución de la población.

8. A pesar de que la población panameña está conformada en un porcentaje casi igualitario entre hombres y mujeres, la población económicamente activa (PEA) (1.448.532 habitantes), está representada por 62% de hombres y 38% de mujeres; la población ocupada corresponde al 93,7% de la PEA (1.357.059 habitantes) donde las mujeres representan el 37% y los hombres el 63%; mientras que del total de población desocupada (91.473 habitantes), el 48% son hombres y 52% mujeres. Otro dato relevante es la considerada población no económicamente activa (861.231 habitantes), de la cual el 72,7% son mujeres.

9. Además, se dan condiciones paralelas que son causa, y a la vez consecuencia, de la pobreza, entre las que podemos considerar el analfabetismo; según el último censo de la Contraloría existen 168.140 iletrados de 10 años y más, lo que representa el 7,6% de la población del país, de los cuales 78.411 (3,6%) son hombres y 89.729 (4%) son mujeres.

10. En cuanto a la población de niñez y adolescencia, según datos suministrados por la Contraloría General de la República, en base en la estimación de la población al 1º de julio de 2006, el 11% son niños y niñas con menos de 5 años, 30% tienen menos de 15 años y 26% son jóvenes de 15 a 29 años. Para la niñez, adolescencia y juventud, se da una mayor proporción de hombres que de mujeres. Por ejemplo, en las comarcas indígenas las niñas y adolescentes representan sólo el 28% de toda la población.

A. Caracterización de la sociedad panameña

11. La República de Panamá constituye hoy una nación pluricultural y de diversidad étnica, en donde conviven un crisol de razas, entre mestizos, indígenas, orientales, afroantillanos, hebreos, hindúes, árabes y europeos, entre otras, con una posición geográfica privilegiada, una abundante y rica biodiversidad y una población relativamente pequeña, cuya esperanza de vida se ha elevado a 72,9 años para los hombres y 75 años para las mujeres, con ligera tendencia a envejecer y a disminuir su crecimiento.

12. Panamá alcanzó, según el censo del año 2000, un total de 2.839.177 habitantes y al igual que en otras naciones del continente, la población está afectada por la desigual distribución, la alta dispersión y la acelerada migración campo-ciudad, todo lo cual repercute en la cobertura y calidad de los servicios básicos, entre ellos los educativos. La condición histórica de país de tránsito y las múltiples migraciones que han tenido lugar en el territorio panameño durante su vida republicana, han hecho de nuestro país un lugar cosmopolita, pluricultural y multilingüe.

13. Desde la creación de la República, el Estado ha encaminado sus acciones a la búsqueda de una imagen de la nacionalidad panameña, procurando establecer normas y pautas culturales comunes para todos los grupos sociales que habitan en el territorio nacional que contribuyan a consolidar una identidad nacional.

II. EL ENTORNO INTERNACIONAL QUE ORIENTA LAS POLÍTICAS
DEL ESTADO PANAMEÑO PARA LA ELIMINACIÓN
DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN


14. La República de Panamá, así como la mayoría de los países del orbe y las Naciones Unidas, coinciden en afirmar que a pesar de decenios de lucha por erradicar todas las formas de discriminación racial, algunas manifestaciones de la misma siguen afectando las relaciones y las instituciones humanas en todas las latitudes.

15. Al adherirse a los postulados de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, realizada en 2001, en Durban (Sudáfrica), Panamá reconoce que una de las formas más efectivas para luchar contra la discriminación racial es la educación, al señalar que:

La educación a todos los niveles y a todas las edades, inclusive dentro de la familia, en especial la educación en materia de derechos humanos, es la clave para modificar las actitudes y los comportamientos basados en el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia y para promover la tolerancia y el respeto de la diversidad en las sociedades.

16. Nuestro país ve la educación como "un factor determinante en la promoción, difusión y protección de los valores democráticos de justicia y equidad, que son fundamentales para prevenir y combatir el avance del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia…"

17. La República de Panamá, en el pasado reciente y en el presente, ha centrado sus esfuerzos en la atención prioritaria de la situación de las minorías étnicas, los indígenas, las personas con discapacidad, los grupos marginados y los sectores más vulnerables de la sociedad. Dichos esfuerzos prestan particular atención a la educación como un proceso por medio del cual los ciudadanos y la sociedad panameña en general puedan alcanzar su entero potencial.

18. Desde esta perspectiva el Estado panameño ha logrado avanzar para eliminar el analfabetismo, ampliar la cobertura de oportunidades educativas para promover la meta universal del acceso a una educación primaria y secundaria, expandir la participación de la mujer en todos los ámbitos, tanto en instituciones educacionales, entre otros esfuerzos en el campo educativo.

19. Todo lo anterior guarda relación con los compromisos asumidos por nuestro país para asegurar los derechos humanos en la educación, emanados de la Cumbre Mundial de la Tierra realizada en Río, la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social de Copenhague, la Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing y la Conferencia Hábitat II de Estambul; igualmente en la síntesis de la Declaración Mundial de Educación para Todos y la Afirmación de Amman.

III. ARTÍCULO 1 DE LA CONVENCIÓN

20. El Estado panameño, en el entendido de que la discriminación entre los seres humanos por motivo de raza, color u origen étnico constituye un obstáculo a las relaciones amistosas y pacíficas entre las naciones, tiene como norma jurídica establecida en la Constitución política de la República de Panamá, aprobada en 1972, y reformada por los Actos reformatorios de 1978 y por el Acto constitucional de 1983, los artículos 19 y 63:

Artículo 19. No habrá fueros o privilegios personales ni discriminación por razón de raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas. […]

Artículo 63. A trabajo igual en idénticas condiciones, corresponde siempre igual salario o sueldo, cualesquiera que sean las personas que lo realicen, sin distinción de sexo, nacionalidad, edad, raza, clase social, ideas políticas o religiosas.

21. Es importante mencionar, además, que mediante publicación en la Gaceta Oficial Nº 25287 de la Asamblea Nacional de Diputados se creó la Ley Nº 11 de 22 de abril de 2005, que prohíbe toda forma de discriminación laboral.

IV. ARTÍCULO 2 DE LA CONVENCIÓN

22. Como ya lo hemos mencionado en el desarrollo del artículo 1, el Estado panameño, mediante normas jurídicas plenamente establecidas previene cualquier tipo de manifestación de esta índole.

V. ARTÍCULO 3 DE LA CONVENCIÓN

23. En Panamá no existe el apartheid.

24. En este sentido, y de conformidad con lo que establece el artículo 4 de la Constitución política panameña, que a la letra dice: "La República de Panamá acata las normas del derecho internacional", el Gobierno de la República de Panamá ha ratificado un número plural de convenios internacionales en materia de derechos humanos y, de manera particular, aquellos que condenan las prácticas de racismo y cualquier forma de discriminación racial. En función de la ejecución de estas obligaciones se han adoptado un número plural de medidas legislativas, judiciales y administrativas. En virtud de lo anterior, el Código Penal, en su libro II, título IX, capítulo III, sobre Delitos contra la comunidad internacional, en sus artículos 311 y 312, establece:

Artículo 311. El que tome parte en la destrucción total o parcial de un determinado número de seres humanos, por razón de su nacionalidad, raza o creencia religiosa o política será sancionado con prisión de 15 a 20 años.

Artículo 312. El que reclute gente, acopie armas o realice otros actos hostiles no aprobados por el Gobierno y emprenda dentro del territorio de la República o en el extranjero actos contra otro Estado, que exponga a Panamá a los peligros de una guerra o a la ruptura de las relaciones internacionales, será sancionado con prisión de tres a seis años.
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