Comunidades Indígenas. Generalidades y Normativa






descargar 18.27 Kb.
títuloComunidades Indígenas. Generalidades y Normativa
fecha de publicación28.06.2016
tamaño18.27 Kb.
tipoDocumentos
ley.exam-10.com > Derecho > Documentos
Comunidades Indígenas. Generalidades y Normativa.

Generalidades.

En Paraguay existen 17 grupos étnicos. Éstos, desarrollados antes de la colonización española.

Gran parte de las comunidades indígenas en el Paraguay habla el “Guaraní” o algún derivado del mismo. La lengua Guaraní es idioma oficial reconocido por la misma Constitución Paraguaya, creándose de esa forma un país bilingüe, guaraní - castellano.

El principal problema con que cuentan es la tierra. Increíblemente existen comunidades que hasta hoy en día luchan por su espacio físico, consagrado en toda normativa indígena nacional como la estudiaremos a continuación.

Otros problemas, no menos importantes, son la salud, la educación, la discriminación social, la alineación cultural, la deforestación y la explotación laboral.

Normativa.

La Constitución Nacional Paraguaya en su Parte I, Titulo II, Capitulo V contempla 6 artículos que otorgan derechos y garantías a los pueblos indígenas.

El primero de ellos, el Articulo 62, reconoce la existencia de los pueblos indígenas como grupos de culturas anteriores a la formación y a la organización del Estado actual Paraguayo. Importantísimo precepto constitucional, ya que al reconocer la existencia de los pueblos indígenas con anterioridad al Estado paraguayo, reconoce de forma clara el derecho de propiedad que los mismos tienen sobre sus tierras. Además, y con relación al mismo tema, el Artículo 64 del mismo cuerpo legal, expresa que ellos tienen derecho a la propiedad comunitaria de la tierra, siempre teniendo en cuenta la extensión y la calidad de estas como para que sea suficiente para la conservación y el desarrollo de sus formas peculiares de vida. Continua diciendo el mismo artículo que: “El Estado les proveerá gratuitamente de estas tierras, las cuales serán inembargables, indivisibles, intransferibles, imprescriptibles, no susceptibles de garantizar obligaciones contractuales ni de ser arrendadas; asimismo, estarán exentas de tributo.” Concluye el artículo mencionando que está terminantemente prohibido la remoción o el traslado de su hábitat sin que medie el consentimiento de los mismos. Con estos pensamientos se legisló en Paraguay lo relativo al derecho de propiedad indígena. Abordaremos este punto más adelante.

El Artículo 63 reconoce y garantiza a los pueblos indígenas su identidad étnica con relación al habitad, otorgando el derecho a los mismos de preservarlos y de desarrollarlos. Por otro lado, otorga el derecho a los pueblos indígenas de aplicar libremente sus sistemas de organización política, social, económica, cultural y religiosa siempre y cuando no atenten contra los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Paraguaya.

Los demás artículos constitucionales (artículos 65, 66 y 67) se refieren a la participación de los pueblos indígenas en la vida tanto comercial, social, política y cultural del país como en el respeto a su educación y cultura y a la exoneración de prestar servicios sociales, civiles o militares y otras cargas publicas que estén establecidas.

Además de los artículos citados, contemplados en un capítulo aparte de la Constitución Nacional, existen otros preceptos que de forma indirecta regulan la actividad de los pueblos indígenas en nuestro país. Estos son:

  • Artículo 6: De la Calidad de Vida

  • Artículo 7. Del derecho a un ambiente saludable

  • Artículo 8. De la protección ambiental

  • Artículo 68: Del Derecho a la Salud

  • Artículo 81: Patrimonio Cultural

  • Artículo 109: De la Propiedad Privada

  • Artículo 128: De la primacía del interés general y del deber de colaborar; y,

  • Artículo 137: De la supremacía de la Constitución

Con relación a los tratados internacionales, el Paraguay ha sido signatario del Pacto de San José de Costa Rica, llevado a cabo en la Convención Americana de Derecho Humanos, siendo la misma ratificada por ley 1/98. Por otro lado, el Paraguay también ratifico por Ley 234/93 el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo llevada a cabo en 1989, conocida como OIT 169.

Este segundo cuerpo legal es el más importante en materia de protección de comunidades indígenas se refiere. La OIT 169 obliga a los gobiernos a responsabilizarse por el desarrollo de las etnias con relación a condiciones de empleo, seguridad social, salud, educación, medios de comunicación, entre otras cosas.

Además, con relación a la propiedad, en su artículo 14 estipula: "Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia..."

Es importante volver a recordar que según la Constitución Paraguaya, las ratificaciones realizadas por ley de Convenios Internacionales se encuentran ubicadas en un segundo escalafón dentro de los valores de normas. O sea, por debajo de la Constitución Nacional, pero por encima de las demás leyes o disposiciones legales nacionales.

Luego de haber aclarado lo anterior, sabemos que toda estipulación constitucional o de leyes que provengan de un instrumento internacional, tienen mayor valía que el Código Civil Paraguayo. Es por eso que todo lo que el código civil pueda contemplar con relación al derecho de la propiedad privada, no surte un efecto definitivo cuando hablamos del derecho al territorio de las comunidades indígenas.

En materia penal, tanto la Ley 716 que sanciona delitos contra el ambiente como el Código Penal Paraguayo constituyen un importante avance para la protección del hábitat de los indígenas.

El Paraguay cuenta con un Estatuto de las Comunidades Indígenas (Ley 904/81). El artículo primero de dicho estatuto estable: “Esta ley tiene por objeto la preservación social y cultural de las comunidades indígenas, la defensa de su patrimonio y sus tradiciones, el mejoramiento de sus condiciones económicas, su efectiva participación en el proceso de desarrollo nacional y su acceso a un régimen jurídico que les garantice la propiedad de la tierra y otros recursos productivos en igualdad de derechos con los demás ciudadanos.”

No obstante, con relación a su modo de organización tradicional, ésta no obstará a que en forma voluntaria las comunidades indígenas adopten otras formas establecidas por las leyes y que le permitan incorporarse a la sociedad nacional.

Dicha ley define como comunidades indígenas a grupos de personas con cultura propia y lengua autóctona, además de contar con un hábitat común y con un sistema de autoridad propio.

Con relación al asentamiento de las comunidades indígenas, la ley estipula que siempre que sea posible, se intentará que sea en la tierra de la posesión actual o tradicional. Siendo esto imposible, les serán proporcionadas tierras aptas y de igual calidad a las que ocupaban y con su indemnización correspondiente estableciendo el procedimiento administrativo indicado para la tramitación de las reivindicaciones territoriales ante el Instituto Paraguayo del Indígena y el Instituto de Bienestar Rural (IBR).

La Ley crea una entidad autárquica denominada Instituto Paraguayo del Indígena (INDI). Sus principales funciones son las de establecer y aplicar políticas y programas y coordinar, fiscalizar y evaluar las actividades de las comunidades indígenas. Además, dicha ley crea el Registro Nacional de Comunidades Indígenas dependiente del INDI.

Otras leyes nacionales que estipulan preceptos con relación a las comunidades indígenas son la Ley 1863/01 que establece el nuevo Estatuto Agrario, la Ley 1372/88 y la Ley 43/89. Estas dos últimas leyes referentes a la situación territorial de comunidades indígenas.

Podríamos hablar bastante de la legislación protectora indígena existente en el Paraguay y en el mundo. La Constitución los protege, los convenios internacionales también, las leyes se suman a la defensa de los pueblos indígenas, además de existir varias resoluciones administrativas que contemplan aspectos sociales, comerciales y culturales.

Aun así, sería conveniente cuestionarnos sobre la aplicabilidad de dichas normas y el fin u objetivo que ellas poseen. En primer término, ¿se cumple con dicha legislación?, o sea, ¿es efectiva?. Debemos ser sinceros y responder que no, los resultados están a la vista.

En segundo término, ¿los propulsores de dichas normas fueron indígenas? ¿Cuál es la verdadera razón de la defensa de la cultura indígena?, ¿quieren ellos ser protegidos de esta forma? ¿Que ganamos al protegerlos? ¿Qué ventaja poseen ellos al ser protegidos? ¿Que pierden ellos al ser protegidos de esta manera? ¿Quieren ellos seguir con sus costumbres o les estamos imponiendo a ello? ¿Pueden ellos vivir dignamente en sus tierras, con sus costumbres o necesitan de dinero para sustentar sus gastos? ¿Quieren los indígenas trabajar o educarse como cualquier otro ciudadano Paraguayo? ¿Pueden alimentarse de los frutos de sus tierras como lo hacían anteriormente o necesitan explotarlas de otra forma?

Un dato importante es que en Paraguay existe una resolución del INDI que prohíbe a las comunidades indígenas realizar un plan de manejo de suelo. Por ende, ellos no pueden comercializar con los recursos naturales con que cuentan, sean estos animales, madera, leña, etc. No pueden comercializar ni si esta actividad sea sustentable. Con esta clase de normas, ¿no les estamos “atando las manos” para un crecimiento en lo económico?

Personalmente creo que por una cuestión de intereses, sean estos morales o económicos, las fundaciones y las Organizaciones no gubernamentales del país, están haciendo que las comunidades indígenas vivan cada vez peor y tengan que recurrir a la clandestinidad en actividades como la venta de sus leñas, pieles de animales y hasta la venta de animales en vía de extinción para poder subsistir, o actividades aun peores…

No creo conveniente la prohibición, sí la regulación. Puesto que ellos, no pueden vivir de los recursos naturales que poseen sus actuales tierras, casi siempre éstas impuestas por el estado. Estas tierras ya no tienen los recursos que sí eran rentables para sus antepasados. Dichas tierras ya no cuenta con la cantidad ni con la variada población de animales y tampoco siguen siendo tan fértiles para el cultivo como en la anterioridad.

Añadir el documento a tu blog o sitio web

similar:

Comunidades Indígenas. Generalidades y Normativa iconAreas protegidas y comunidades indígenas en argentina

Comunidades Indígenas. Generalidades y Normativa iconOmision de consulta de las comunidades indigenas y tribales en proceso...

Comunidades Indígenas. Generalidades y Normativa iconA. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos...

Comunidades Indígenas. Generalidades y Normativa iconMexico: Invertirán 190 mdp en el Programa de Organización Productiva...

Comunidades Indígenas. Generalidades y Normativa iconQ ue en ejercicio de nuestra autonomía y por la voluntad soberana...

Comunidades Indígenas. Generalidades y Normativa iconLa denominación de “comunidades negras” no implica discriminación...

Comunidades Indígenas. Generalidades y Normativa iconComunidad autónoma de castilla y leóN
«B. O. E.» de 11 de noviembre de 1983, y la normativa vigente en piscinas de uso público, en el caso de que las tengan. Igualmente...

Comunidades Indígenas. Generalidades y Normativa iconMexico: Reforma energética que viola los derechos de los pueblos...

Comunidades Indígenas. Generalidades y Normativa iconEl Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (gtai) adscrito al Centro...

Comunidades Indígenas. Generalidades y Normativa iconResguardos indígenas naturaleza de las ips indígenas / ips indígena naturaleza jurídica






© 2015
contactos
ley.exam-10.com