Elección de representantes o personas para los cargos públicos. El






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Legislación electoral sobre partidos políticos

El término partido político no será definido aquí de antemano debido a la variedad de significados que transmiten las distintas legislaciones en los países latinoamericanos. El artículo siguiente intentará, por lo tanto, agrupar estas distintas definiciones según su alcance y según las funciones atribuidas a los partidos políticos.

El tema de la legislación sobre los partidos políticos y elecciones, a pesar de la importancia y del debate político continuo, ha sido poco tratado en forma sistemática a nivel científico y, en esos casos, siempre a base de la normativa constitucional únicamente. Las investigaciones de las que disponemos, a pesar de su naturaleza eminentemente jurídica, también se dedican, aunque muy brevemente, a la problemática política y politológica del tema. Quisiéramos seguir estos ejemplos a continuación, pues el estudio de la legislación electoral sobre partidos políticos cobra relevancia y actualidad para las distintas realidades latinoamericanas si nos preguntamos por el „por qué" de una norma (es decir: ¿Cuáles son los efectos que se buscaban conseguir con cierta normativa?) y por el „hacia dónde" (es decir: ¿Cuál es el efecto que ésta de hecho puede tener y cómo se la interpreta en la realidad política?).

En lo que a los por qués se refiere, hay que tomar en cuenta cuándo y cómo se llegó a legislar de una forma determinada - es decir: De ser posible, hay que incluir el contexto histórico de una normativa determinada. En cuanto a los efectos que pueden llegar a producir las normas sobre partidos políticos, sobra mencionar que no es sino el conjunto de las normas electorales, y no un artículo aislado el que puede llegar a producir uno u otro efecto sobre los partidos políticos y la configuración del sistema de partidos. Para analizar a fondo los efectos de una determinada regulación sobre partidos políticos, entonces, también habría que tomar en cuenta el sistema electoral como tal - en fin, toda la temática de la que trata este tomo, así como la realidad política de cada país. A fines analíticos, nos limitaremos para los efectos del presente artículo a la legislación sobre partidos políticos strictu sensu. Intentaremos, a continuación, destacar tendencias generales y clasificaciones en la legislación electoral sobre partidos políticos en América Latina y explicar los casos que se desvían de estas tendencias.

Dentro del siguiente esquema de análisis y comparación, nos proponemos, de ser posible, primero, incluir la perspectiva histórica; segundo, hacer hincapié en el posible efecto que se busca y/o se consigue producir con determinada norma; y tercero, entrar en la discusión política sobre la normativa allí donde convenga. Se trata de presentar un panorama sobre las similitudes y diferencias de los distintos países en cada uno de los cinco puntos siguientes:

  1. Nivel formal: ¿Se menciona o no a los partidos políticos en la Constitución? ¿Existen leyes de partidos separadas de las leyes electorales?

  2. Contenido: ¿Cómo se define a los partidos en la legislación; qué funciones se les atribuye, y cuál es su importancia?

  3. ¿Cuáles son las condiciones para el reconocimiento y la extinción de un partido político?

  4. Agrupación: ¿Cómo se define la relación entre el Estado y los partidos políticos reflejada en los puntos 2 y 3?

  5. ¿Cuáles son las tareas electorales de los partidos?

  6. ¿Existe o no la posibilidad de formar alianzas electorales?

Con respecto a la cuestión del monopolio de la candidatura por parte de los partidos políticos, véase la contribución de Francisco Fernández Segado en esta misma obra.

2.1 El nivel formal

Una primera aproximación al tema se realiza, entonces, a nivel formal. Sin embargo, no debemos aplicar unos criterios demasiado rígidos, puesto que ni las Constituciones del mundo anglosajón ni las del Japón y de Israel, por ejemplo, mencionan a los partidos políticos (Sabsay 1989), sin que ésto signifique, evidentemente, que no tengan relevancia en la vida política.

En el desarrollo histórico latinoamericano, sin embargo, podemos observar que las Constituciones (al igual que las europeas) de hecho reflejan la evolución de la actitud política hacia los partidos políticos. García Laguardia (1986: 22-26) y Sabsay (1989: 90s.) han destacado que en América Latina - al igual que en Europa - se dio una primera fase de rígida oposición hacia el reconocimiento de la existencia de los partidos políticos. Esta fue seguida por un período de reconocimiento del derecho de asociación y reunión, y después por el encuadramiento legal y constitucional de la actividad partidaria. En esta última etapa se reconocía a los partidos primero de manera indirecta y después directa. Sabsay (1989: 90s.) observó que la Constitución argentina de 1853 guardaba silencio sobre los partidos, mientras que en todas aquellas Constituciones posteriores a 1919 se halla una normativa más extendida.

Entre las Constituciones vigentes, las más antiguas no conceden mucho espacio a los partidos. Esto no es de extrañar, dado que muchas de las Constituciones datan de las épocas autoritarias, en las cuales los partidos políticos no jugaron un rol importante. Así, la Constitución boliviana de 1967 no menciona a los partidos políticos, y la Constitución de la República Dominicana de 1966 sólo los menciona de manera indirecta. En cambio, la Constitución chilena de 1980, también del período autoritario, exhibe una normativa constitucional muy densa sobre los partidos políticos, cuyo contenido, sin embargo, evidencia una extrema desconfianza hacia ellos, como veremos más adelante. La única Constitución relativamente antigua que sí hace mención de los partidos políticos, si bien no in extensu, es la de Costa Rica (1949), reflejando así el rol que se les atribuyó ya entonces a los partidos políticos en este país de larga tradición democrática.

Todas las demás Constituciones de fechas más recientes hacen mención más extensa de los partidos políticos. En el caso de que existan también otras organizaciones con funciones parecidas, hacen referencia a las organizaciones políticas en general (Guatemala, Nicaragua, Perú). La Constitución guatemalteca nombra además a los partidos políticos en especial e negativo.

La existencia o no de leyes de partidos separadas de las leyes electorales no necesariamente refleja la densidad de la regulación sobre partidos políticos ni tampoco parece indicar la importancia que se les atribuye. Ahí donde no existen leyes de partidos políticos por separado, muchas veces se encuentran títulos separados y muy detallados sobre su reglamentación jurídica dentro de la misma ley electoral.

 

Cuadro 1: Nivel formal: Reglamentos sobre partidos políticos

País

Mención en la Constitución?

Ley de Partidos Políticos separada de ley electoral?

densidad de la reglamentación

Argentina

sí 1994

sí 1982

alta

Bolivia

no 1967

no; Ley electoral de 1993

alta

Brasil

sí 1988

sí 1989/90

baja

Chile

sí 1980

sí 1987

alta

Colombia

sí 1991

sí 1994

baja

Costa Rica

sí 1949

no; Código Electoral de 1988 y reformas

alta

Cuba

sí (sólo un partido) 1976

no

ausente

Ecuador

sí 1993

sí 1978

alta

El Salvador

sí 1983

no; Código Electoral 1992 y reformas

baja

Guatemala

sí 1985 (en negativo) y reformas de 1994

no; Ley Electoral y de Partidos políticos y su reglamento

alta

Honduras

sí 1985

no; Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas 1993

alta

México

sí 1990

no; Código 1994

baja

Nicaragua

sí 1986

no; Ley Electoral 1988 y reformas

baja

Panamá

sí 1983

no; Código Electoral 1984 y leyes adicionales

alta

Paraguay

sí 1992

no; Código Electoral 1990 y reformas

alta

Perú

sí 1993

no; Código 1995

baja

República Dominicana

sí 1966

no; Ley de Lemas

alta

Uruguay

sí 1966



baja

Venezuela

sí 1983

sí 1965 y reformas

alta

 

2.2 Contenido

¿Cuál es, entonces, la idea de los partidos y la función que se les atribuye dentro del sistema político en general? Hoy en día, por lo general, las Constituciones garantizan el derecho a fundar y organizar partidos políticos. Su status legal, en la gran mayoría de los países, es el de personas jurídicas, de manera que están sometidos al derecho privado y así mantienen cierta independencia ante el Estado. Sólo en los casos de algunas repúblicas centroamericanas - El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá - son definidos como instituciones constitucionales (El Salvador) o de derecho público (Honduras).

Cuadro 2: Status legal de los partidos políticos

País

Status legal

Argentina

personería jurídica-política

Bolivia

personería jurídica

Brasil

personería jurídica según la ley civil

Chile

personería jurídica

Colombia

personería jurídica

Costa Rica

-

Cuba

fuerza dirigente suprerior de la sociedad y del Estado

Ecuador

personas jurídicas del derecho privado

El Salvador

instituciones constitucionales

Guatemala

instituciones de derecho público

Honduras

instituciones de derecho público

México

-

Nicaragua

personería jurídica

Panamá

organismos funcionales de la Nación

Paraguay

personería jurídica

Perú

personería jurídica

República Dominicana

personería jurídica

Uruguay

-

Venezuela

personería jurídica
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