Elección de representantes o personas para los cargos públicos. El






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1 Ciertamente con el Código Electoral de 1990 ya se reconocía autonomía jurisdiccional a nuestra disciplina al instituirse tribunales electorales en la Capital y el interior, con la Constitución de 1992 se erige a la Justicia Electoral como una suerte de cuarto poder del Estado, con la prerrogativa exclusiva y excluyente de organizar, fiscalizar y juzgar las elecciones nacionales, departamentales y municipales celebradas en el país.

2 El Dr. Luis Lezcano Claude, otro de los miembros de la Sala Constitucional de ese entonces asumió una postura diferente votando por desestimar la Acción de Inconstitucionalidad y consecuentemente dejar subsistente la resolución recurrida. Dicha postura la basó en el carácter público y por ende formal de las actas de votación, las cuales carecían de las firmas de los miembros de mesa, hecho que acarrearía a su juicio la nulidad insalvable de las votaciones emitidas. Adhiriéndose el Dr. Sapena Brugada a la postura del Dr. Paciello, se declaró inconstitucional la resolución anulatoria de las elecciones de algunas mesas.

3 La Convención Americana sobre Derechos Humanos –más conocida como Pacto de San José- constituye el instrumento internacional más importante para América Latina en la materia (…) Tampoco puede olvidarse las reglas en materia de observación internacional de elecciones que desde las organizaciones internacionales –OEA y ONU- producen un importante cambio en el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados. Nohlen; Sabsay; Ibíd.)

4 La magnitud de la temática electoral incluida en la ley fundamental depende de la técnica legislativa que se utilice. En tal sentido, existen dos posturas: la primera considera que la Constitución debe abarcar de manera analítica y con el mayor detalle posible todos los aspectos que hacen a la problemática electoral; la segunda postura, por el contrario, sostiene que lo electoral debe ser objeto de un desarrollo genérico. Esta tendencia se apoya en el principio según el cual la Constitución es una norma que ha sido redactada para durar en el tiempo. En la actualidad, la generalidad de las constituciones latinoamericanas se inclinan por esta postura. Tratado de Derecho Electoral Comparado. Op. Cit. Pág. 45

5 Existen a su vez leyes que modifican disposiciones del Código Electoral. Ellas son la 2096/03 que modifica el art. 171, la 2450/04 que modifica el artículo 348, la 2858/06 que modifica los arts. 116, 117, 130, 140, 144 y 147. Igualmente, la ley 635 está modificada en sus arts. 17, 21, 27 inciso “g” por las leyes 744/95, ley 1890/01 que modifica algunos artículos del C.E., la ley 1281/98 y la ley 3212/07 que regula la concertación electoral. En nuestro país, la normativa alusiva a los partidos políticos está incluida en el Código Electoral vigente, en su libro II, artículos 8vo. al 88. En otros países en cambio, existen leyes orgánicas específicas de los partidos políticos, separadas de las normas electorales, regulando todo lo atinente a la formación, inscripción, financiación, extinción y/o disolución de los mismos. Así ocurre en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Perú, etc.

6 Entre los trabajos realizados en nuestro país figura en primer término la obra del Prof. Dr. Justo José Prieto, esclarecido jurista que ejerció por mucho tiempo la magistratura judicial en materia electoral. Dicho autor realiza en sus obras “El Estatuto Electoral del Paraguay” y “Estatuto Electoral cuestionado. Análisis de la ley paraguaya” un estudio del sistema electoral paraguayo, anterior a la sanción de la Constitución Nacional de 1992. Por otra parte, un estudio acabado e interesante estudio del anterior Código Electoral (ley nº 01/90) lo realiza el Prof. Dr. Expedito Rojas Benítez, también ex magistrado electoral, quien en sus “Comentarios sobre el Código Electoral. Breve vademécum para el ciudadano común” realiza un pormenorizado estudio de cada uno de los artículos de dicho cuerpo de normas, a la luz de la experiencia que le proporcionó su trayectoria profesional y del cotejo con la legislación comparada. La sanción de la Constitución Nacional de 1992 y la modificación del sistema electoral que ella realizó, inspiró un nuevo grupo de estudios. Entre ellos figuran los trabajos del Dr. Pedro Alejandro Herrera Duarte y del Dr. Rafael Dendia, ambos juristas que desempeñan y desempeñaron la magistratura judicial en materia electoral, quienes al realizar el análisis del nuevo sistema electoral, más equitativo y justo que el anterior, enriquecieron aún más las concepciones sobre el Derecho Electoral paraguayo de la era democrática. A estas obras acompañan algunos comentarios sobre el sistema electoral de nuestro país y sus normas reguladoras. Se tiene al estudio de las bases constitucionales y legales realizado por Gustavo Becker M., y los comentarios realizados al actual Código Electoral y la ley nº 635 realizados por Miguel Angel Pangrazio y Bernardino Cano Radil.

7 Existe desde luego una estrecha relación entre democracia y elecciones libres hasta el punto que una conocida definición de democracia es justamente aquel régimen político en donde una pluralidad de partidos compiten libremente por el poder a través de, fundamentalmente, elecciones. José Santamaría, citado por Sánchez Torres, op. cit., p. 24

8 Sin embargo, no todos los países consideran al Derecho Electoral como rama del Derecho Público. Para Argentina, Brasil, integra el Derecho privado.


Material elaborado por el Prof. Abog. Alcides Valdez Carreras
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