Elección de representantes o personas para los cargos públicos. El






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1 PE de la Nación, a requerimiento de la Junta Electoral Nacional. 2 Grave perturbación del orden público: el Gobernador respectivo con la aprobación del Gobierno Nacional; declaración de nulidad de la elección: el Gobierno Nacional; para elecciones extraordinarias de Concejales municipales: el Gobierno Departamental; elecciones extraordinarias de un Alcalde: el Presidente o los Gobernadores; 3 A solicitud del PE; 4 Elección extraordinaria de un Delegado a una Asamblea municipal; 5 Elección extraordinaria de un Diputado a la Asamblea Nacional; 6 Elección extraordinaria de un Delegado a una Asamblea provincial; 7 Imposibilidad de celebrar la 2a vuelta de le elección presidencial en el plazo constitucionalmente habilitado; 8 Imposibilidad de realizar las elecciones presidenciales por fuerza mayor o caso fortuito; 9 Imposibilidad de realizar las elecciones por fuerza mayor o caso fortuito o en el caso de la declaración de la nulidad de una elección; 10 En el caso de la no declaración de la elección del Presidente en el plazo previsto; 11 Elección extraordinaria del Presidente; 12 Elección extraordinaria de un Diputado o un Senador; 13 En los casos de la desaparición de los poderes constitucionales de un Estado de la Unión o de la nulidad de una elección; 14 Todas elecciones extraordinarias, salvo en el caso: 15 Vacancia absoluta en la Presidencia; 16 Elección extraordinaria de un Gobernador, a solicitud del Gobernador interino o de la Asamblea Legislativa del Estado o aún de oficio. En el caso de la vacancia absoluta en la Presidencia no se prevé de modo específico la autoridad legitimada para la convocatoria.

En El Salvador, el Tribunal Supremo Electoral se limita a convocar elecciones presidenciales cuando haya quedado imposibilitado celebrar la segunda vuelta de la elección presidencial en el plazo constitucionalmente habilitado. En Honduras, el Tribunal Nacional de Elecciones asume la competencia que nos ocupa ante la imposibilidad de realizar una elección por fuerza mayor o caso fortuito, o declaración de nulidad de la elección en una o varias Mesas que pudieran decidir el resultado final. Por último, en Panamá, el Tribunal Electoral es competente para la convocatoria extraordinaria en los casos de empate, de revocación del mandato, de no celebración de los comicios en una o más Mesas de votación y de nulidad de las elecciones en una o más circunscripciones o mesas, cuando se den las circunstancias, ya referidas, que hagan pertinente la convocatoria.

El Poder Ejecutivo es la autoridad legitimada para la convocatoria en ocho de estos países (Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú). Bien es verdad que no en todos ellos esa referencia al Ejecutivo identifica al mismo órgano. Podemos diferenciar de esta forma diferentes subgrupos.

En Argentina y Paraguay no se hace referencia sino al Poder Ejecutivo, si bien, en ambos casos, el Poder Ejecutivo es ejercido, como estipulan las respectivas Constituciones, por el Presidente de la Nación (Argentina) o por el Presidente de la República (Paraguay), bien que en el caso argentino la actuación del Poder Ejecutivo haya de responder a un previo requerimiento de la Junta Electoral Nacional. Quiere ello decir que esta referencia al Poder Ejecutivo conduce a una fórmula análoga a la de otros dos países, Panamá y Perú. En este último, del Decreto Ley núm. 14.250, de Elecciones Políticas, se desprende que es el Presidente de la República la autoridad legitimada para la convocatoria de elecciones extraordinarias mientras que en Panamá, y en referencia al supuesto de vacancia absoluta en la Presidencia de la República que no pudiese ser cubierta por ninguno de los dos Vicepresidentes, la elección extraordinaria deberá ser convocada por el Ministro de Estado elegido para ocupar provisionalmente la Presidencia de la República.

En Chile, por el contrario, es el Vicepresidente de la República quien queda encargado de este tipo de convocatorias en cualquiera de los dos supuestos, ya comentados en un momento anterior, en que la Constitución prevé la convocatoria de elecciones presidenciales para cubrir la Presidencia vacante.

Es a su vez el Consejo de Ministros, en ejercicio excepcional del Poder Ejecutivo, el órgano habilitado por el art° 242 de la Constitución de Honduras para la convocatoria de elecciones a autoridades supremas en el ya referido supuesto de que la elección del Presidente de la República no estuviese declarada un día antes del 27 de enero del año en que se inicia su mandato.

El Consejo de Estado asume en Cuba tal potestad, en el caso de que se produzca una vacante en un cargo de Diputado a la Asamblea Nacional.

Por último, en Colombia, el Código Electoral otorga esta facultad de convocatoria a un conjunto dispar de órganos todos ellos ejecutivos, competentes en función del supuesto que motive la celebración de los comicios. Y así, el Presidente de la República o, en su caso, los Gobernadores, en función de sus respectivas competencias, habrán de convocar elección extraordinaria de Alcalde cuando se haya producido una vacante y sea legalmente pertinente la convocatoria. El Gobierno de la Nación será, a su vez, quien deba efectuar la convocatoria en los supuestos de declaración de nulidad de la elección en la mitad o más de los cargos electivos nacionales o departamentales de una circunscripción electoral. El Gobierno Departamental asumirá análoga competencia cuando las vacantes se refieran a los Concejales de los Municipios. Por último, el Gobernador respectivo, con la aprobación del Gobierno Nacional, habrá de ordenar diferir las elecciones en los casos en que una grave perturbación del orden público hubiere imposibilitado el desarrollo de las votaciones.

El Poder Legislativo es asimismo declarado competente para llevar a cabo la convocatoria de elecciones extraordinarias en tres países (Cuba, El Salvador y México). En México, son los órganos legislativos los que monopolizan la convocatoria extraordinaria en los supuestos constitucionalmente previstos, lo que no sucede en Cuba y El Salvador.

La legitimación de los órganos legislativos es indiferente de los órganos que se vean afectados por la vacancia y de las causas que motivan la convocatoria extraordinaria de elecciones en México. En efecto, el Congreso de la Unión es competente para la convocatoria de elecciones presidenciales en el ya referido supuesto de vacancia absoluta de la Presidencia de la República. Cada Cámara, a su vez, asume igual competencia según la vacante se haya producido en una u otra. Por último, la Cámara de Senadores es declarada competente para convocar elecciones extraordinarias a nivel de un Estado cuando hubieren desaparecido todos los poderes constitucionales de un Estado de la Unión.

La Asamblea Legislativa de El Salvador es, a su vez, habilitada para el ejercicio de esta facultad en el supuesto de que no pudieran efectuarse las elecciones para Presidente y Vicepresidente de la República en la fecha señalada, correspondiéndole, pues, la convocatoria de elecciones presidenciales.

Por último, en Cuba, la Asamblea provincial o su Presidente, si aquélla no se encontrare reunida, asumen la potestad de convocatoria en los casos de vacante de un Delegado a la Asamblea provincial en que sea pertinente el recurso a nuevas elecciones.
Circunstancias caracterizadoras de la convocatoria
Los ordenamientos jurídicos de los países que venimos analizando no en todos los casos contemplan unos perfiles peculiares a los que hayan de ajustarse estas convocatorias extraordinarias. Aunque la pauta mayoritaria es que sí se regulen algunos de esos rasgos, en un total de seis países (Bolivia, Brasil, Costa Rica, Nicaragua, Paraguay y Perú) no encontramos referencia alguna a los mismos. A su vez, en Argentina, toda convocatoria electoral extraordinaria ha de ajustarse a las disposiciones generales del Código Electoral, con independencia ya de la causa que genere esta específica convocatoria, por lo que tampoco aquí encontramos rasgos caracterizadores peculiares. Y algo análogo puede decirse de Panamá, si bien en relación tan sólo con los supuestos de empate en unas elecciones, no celebración de los comicios en una o más Mesas y nulidad de las elecciones en una o más circunscripciones o Mesas, como asimismo revocación del mandato.

En los restantes países, dos rasgos esenciales vienen a dar un perfil propio a la convocatoria electoral extraordinaria: de un lado, la necesidad de que la misma se formalice dentro de un determinado plazo, lo que es muy común en los supuestos de vacancia, y de otro, la fijación de una determinada fecha para los comicios.

En algunos países y en ciertos supuestos, ambos rasgos se superponen. Es el caso de Chile, Guatemala, Honduras, Panamá, República Dominicana y Venezuela. En Chile, la vacancia del Presidente de la República por impedimento absoluto adoptado por acuerdo del Senado entraña la convocatoria de una elección presidencial dentro de los diez días siguientes al acuerdo de la Cámara Alta y la concreción del momento de celebración de los comicios en un plazo que debe oscilar entre los 45 y los 50 días del acuerdo de inhabilitación adoptado por el Senado. En Guatemala, la declaración de nulidad del proceso electoral entraña la convocatoria de un nuevo proceso dentro de los quince días siguientes a la declaratoria de nulidad, debiendo realizarse las elecciones dentro de los sesenta días siguientes. En Honduras, la no declaración formal de la elección del Presidente de la República un día antes del 27 de enero del año en que se inicia su mandato desencadena la convocatoria electoral dentro de los quince días siguientes, elecciones que se realizarán entre los 4 y 6 meses contados desde la fecha de la convocatoria. En Panamá, en el supuesto de vacancia absoluta de la Presidencia de la República, el Decreto de convocatoria electoral debe expedirse ocho días después de la asunción por un Ministro de Estado del cargo de Ministro encargado provisionalmente de la Presidencia, habiendo de celebrarse las elecciones dentro de los cuatro meses siguientes. También en la República Dominicana la anulación de los comicios en algunas Mesas, cuando ello pudiere afectar el resultado de la elección, entraña la repetición de la elección en el plazo de treinta días, que a su vez va precedida por la publicación de la convocatoria electoral dentro de los cinco días siguientes a la resolución de la Junta que disponga la elección extraordinaria.
Cuadro 10: Circunstancias caracterizadoras de la convocatoria a elecciones extraordinarias

País

Causa

Plazo de la convocatoria

Fecha de las elecciones

Chile

Vacancia de la Presidencia, previo acuerdo adoptado por el Senado

hasta 10 días después del acuerdo del Senado

45-60 días después del acuerdo del Senado

 

Vacancia absoluta de la Presidencia

no especificado

90 días después de la convocatoria

Cuba

Vacancia de un Diputado Nacional

90 días antes de las elecciones

no especificado

 

Vacancia de un Delegado provincial

no especificado

hasta 60 días después de la declaración de la vacancia

 

Vacancia de un Delegado municipal

hasta 45 días después de la constitución de la Comisión Electoral

no especificado

Ecuador

Cualquier causa

hasta 10 días después de la incidencia causante

no especificado

El Salvador

Imposibilidad de celebrar la 2a vuelta de una elección presidencial

no especificado

hasta 30 días después

 

Imposibilidad de celebrar elecciones presidenciales

no especificado

a consideración de la Asamblea Legislativa

Guatemala

Declaración de nulidad

hasta 15 días después de la declaración

hasta 60 días después de la convocatoria

Honduras

Imposibilidad de realizar las elecciones regulares

no especificado

hasta 3 semanas después de la fecha de las elecciones imposibilitadas

 

No declaración formal de le elección del Presidente

hasta 15 días después

4-6 meses después de la convocatoria

México

Vacancia absoluta de la Presidencia

18-14 meses antes de la elección

no especificado

 

Declaración de nulidad

hasta 45 días después de la clausura del Colegio electoral correspondiente

no especificado

Panamá

Vacancia absoluta en la Presidencia

8 días después de la asunción del cargo de Ministro encargado de la Presidencia

hasta 4 meses después de la convocatoria

República Dominicana

Declaración de nulidad

hasta 5 días después

hasta 30 días después de las elecciones anuladas

Uruguay

Declaración de nulidad

no especificado

el segundo domingo siguiente a la fecha del pronunciamiento de la nulidad

Y otro tanto acontece en Venezuela en relación al supuesto de falta absoluta de un Gobernador de Estado, supuesto en el que la convocatoria debe hacerse en un plazo que no exceda de quince días contados a partir del momento de la vacante, debiendo celebrarse la nueva elección entre los 30 y 50 días siguientes a la convocatoria.

En otros países, como Cuba, Ecuador y México, el ordenamiento se limita a establecer en estos casos la necesidad de que la convocatoria se lleve a cabo en un determinado periodo. Y así, en Cuba, ese periodo es, como mínimo, de 90 días, cuando la convocatoria corresponde al Consejo de Estado, o de 45, cuando es competencia de la Comisión Electoral de Circunscripción. Otro tanto puede decirse de Ecuador, en donde la convocatoria de la elección extraordinaria, cuando por cualquier causa no se hubiere celebrado la elección en una circunscripción, ha de tener lugar en el plazo de diez días. Y en México, se prevé que en el caso de vacancia absoluta de la Presidencia de la República, la convocatoria a elección presidencial habrá de tener lugar no antes de los 18 meses ni después de los 14 meses de la fecha prevista para la elección. Por otra parte, cuando se declare nula una elección, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales dispone que la convocatoria deberá emitirse dentro de los 45 días siguientes a la clausura del Colegio electoral en que se hubiere celebrado la elección calificada con ulterioridad de nula.

Nos encontramos finalmente con un último bloque de países en los que el ordenamiento respectivo se limita a fijar la fecha en que han de celebrarse las elecciones extraordinarias. Es el caso de Chile, en el supuesto de vacancia de la Presidencia a falta de dos años o más para la próxima elección (celebración de la elección el nonagésimo día posterior a la convocatoria); de Colombia, tanto en el caso de declaración de nulidad de la elección por sentencia firme, como en el supuesto de vacancia del cargo de Alcalde (en el primer caso será el Gobierno de la Nación quien precise en la convocatoria la fecha electoral, mientras que en el segundo los comicios habrán de celebrarse dentro de los dos meses siguientes al Decreto de convocatoria); es asimismo el supuesto de El Salvador, tanto cuando se imposibilite la celebración de una segunda vuelta presidencial (caso en el que la elección se verificará dentro de un periodo no superior a los 30 días), como cuando sea imposible realizar las elecciones presidenciales (en cuyo caso la Asamblea Legislativa fijará la fecha de la nueva elección); acontece otro tanto en Honduras, en el supuesto de que sea imposible celebrar una elección y se den además las circunstancias previstas legalmente, en cuyo caso las nuevas elecciones se realizarán en un plazo no superior a las tres semanas, contabilizado a partir de la fecha en que debió celebrarse la votación, y algo análogo puede decirse de Uruguay en donde la anulación total o parcial de las elecciones comporta una nueva elección que habrá de celebrarse el segundo domingo siguiente a la fecha del pronunciamiento de la nulidad por la Corte Electoral. Por ultimo, en Venezuela, cuando se produzca la vacancia absoluta de la Presidencia de la República, las Cámaras, en sesión conjunta, señalarán la fecha de la elección. Como puede apreciarse, las fórmulas legales alternan la concreción de un plazo preciso en el que han de celebrarse los comicios extraordinarios, con la habilitación a un determinado órgano constitucional para que sea el mismo quien precise la fecha de la elección.

Nos resta referirnos a un último supuesto, que se aparta de las reglas generales precedentes. Nos referimos al caso contemplado en Colombia por el art° 128 del Código Electoral: grave perturbación del orden público que imposibilite el desarrollo de las votaciones, supuesto en el que se ha de comunicar a la Registraduría Nacional y al público, con un mes de anticipación, por lo menos, la nueva fecha en que deben verificarse.
Reflexión final
Una reflexión final sobre esta materia debe necesariamente incidir sobre el hecho de que aunque la misma ha sido objeto, por lo general, de una ordenación normativa que responde, por lo menos en el ámbito formal, a los esquemas garantistas ineludibles para que pueda hablarse de unas auténticas elecciones democráticas, existen en algunos países lagunas que debieran ser cubiertas por el legislador; atañen, muy en especial, al momento de la convocatoria y a las formalidades que la misma debe revestir. Debiera ser inexcusable la previsión del momento que ha de mediar entre la convocatoria y la celebración de los comicios, como asimismo convendría precisar los contenidos mínimos de un Decreto de convocatoria, y con más razón aún habría de preverse la ineludibilidad de la publicidad, a través de una u otra fórmula, de una convocatoria electoral, no en todos los países prevista.

En cuanto a las elecciones extraordinarias, la pluralidad de instancias legitimadas en un mismo país, algo por lo demás bastante extendido, en orden a convocar este tipo de comicios, aunque pueda explicarse por el hecho de que responda a supuestos bien dispares que están en la base de la convocatoria extraordinaria, no deja de ser, a nuestro entender, un elemento ciertamente disfuncional.

De la misma forma, no parece razonable que existan países en los que nada se diga acerca de lo que ha de acontecer en caso de vacancia en un cargo representativo. Y sería deseable, por último, que también en estos supuestos se regulasen en detalle las circunstancias que han de caracterizar la convocatoria electoral: momento en que ésta debe hacerse, contabilizado a partir del hecho desencadenante de la elección extraordinaria, plazo que ha de mediar entre la convocatoria y los comicios... etc.
LECCIÓN 7

Contenido programático: Del Proceso Electoral. La campaña electoral. Propaganda. Propaganda política. Distinción de la propaganda electoral. Prohibiciones. Acceso a los medios de comunicación social. Exigencias de la propaganda electoral. Prohibiciones. Derechos de las fuerzas políticas y obligaciones de los Medios Masivos de Comunicación Social

Objetivos específicos:

-Distinguir la propaganda electoral de la propaganda política;

-Conocer las principales prohibiciones en la propaganda política;

-Conocer el régimen de acceso de los partidos, movimientos políticos y alianzas electorales a los medios masivos de comunicación social (MMC);

-Identificar las normas relativas a la propaganda electoral y las obligaciones que mantienen los MMC respecto de ellas.

DESARROLLO

PROPAGANDA ELECTORAL

La propaganda adquiere una importancia decisiva en los procesos electorales. Se trata de una actividad lícita que influye decisivamente en la selección de los gobernantes, como lo demuestra el monto excesivo que los partidos políticos le dedican a ese rubro en la campaña electoral. Por esa razón, se requiere una regulación adecuada. Para intentar precisar el contenido y alcance de la regulación jurídica a esa actividad, decisiva en el proceso electoral, se intentará examinar someramente su noción, la libertad de expresión y la propaganda y finalmente sus límites.

I. La noción de propaganda

La palabra propaganda proviene del latín propagare, que significa reproducir, plantar, lo que, en sentido más general quiere decir expandir, diseminar o, como su nombre lo indica, propagar. Persigue influir en la opinión de los ciudadanos para que adopten determinadas conductas; supone un conjunto de acciones que, técnicamente elaboradas y presentadas, particularmente por los medios de comunicación colectiva, influyen en los grupos para que piensen y actúen de determinada manera.

La propaganda electoral está íntimamente ligada a la campaña política de los respectivos partidos que compiten en el proceso para aspirar al poder. La campaña electoral comprende tanto el proselitismo, como la propaganda2. En ese sentido, la propaganda es uno de los mecanismos de los partidos políticos para dar a conocer sus programas, sus ideas. En algunos códigos electorales se intenta definir estos conceptos. Así por campaña se entiende “toda actividad política de partidos, frentes, alianzas o coaliciones destinadas a la promoción de candidatos, difusión y explicación de programas” (Art. 97 del Código Electoral de Bolivia, 1993). Entre sus actos están: “reuniones públicas, asambleas, marchas, etc., así como el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, etc.” (Art. 182 del Código Mexicano).

La ley chilena concibe la propaganda como la actividad: “... dirigida a inducir a los electores a emitir su voto por candidatos determinados o a apoyar algunas de las proposiciones sometidas a plebiscito (Ley 18.700 art. 30).

A. La propaganda político electoral y la publicidad

En el sentido anteriormente mencionado, la propaganda no difiere en esencia de la publicidad, concepto éste último que supone dar a conocer algo, publicarlo, una forma de propagarlo con la finalidad de estimular la demanda de bienes y servicios. Este concepto persigue promover una conducta en un sentido determinado. La propaganda electoral no es otra cosa que publicidad política, que inspirada en el sistema norteamericano, tiende a extenderse a la mayor parte de las naciones capitalistas y aunque el producto que se busca vender no es otra cosa que un candidato, un programa o unas ideas, las técnicas utilizadas son las mismas de las ventas de mercancías, en las cuales se utilizan “slogan” de fuerte impacto emocional, que en nada difieren de la promoción de un cosmético o bebida. Hoy en día las campañas electorales presentan un manejo típicamente publicitario, donde incluso se abandona la difusión de ideas y se cambia por la venta de un producto, de una mercancía.

Mientras que la propaganda política pretende crear, transformar o confirmar opiniones a favor de ideas y creencias, así como estimular determinadas conductas políticas, la publicidad busca la compra, el uso o consumo de un producto o un servicio.

B. La evolución de la propaganda

Los griegos, primeros maestros de la humanidad en Occidente, no concebían que alguien pudiera dedicarse a los asuntos de la polis si no conocía la retórica, el arte de persuadir. Como lo advirtió Loewenstein: “La propaganda política, en una o en otra forma, ha existido ciertamente desde el principio de la sociedad estatal organizada. Su influencia, sin embargo, en la mentalidad individual, núcleo del alma de la masa, se ha hecho arrolladora cuando se ha apropiado de los medios de comunicación colectiva”.

Como lo advierte Domenach: “La propaganda política es uno de los fenómenos dominantes en la primera mitad del siglo XX. Sin ella, serían inconcebibles las grandes conmociones de nuestra época, la revolución comunista y el fascismo. Fue en gran parte gracias a ella que Lenín pudo establecer el bolchevismo: y esencialmente a ella Hitler debió sus victorias, desde la toma del poder hasta la invasión del 40. “Lo principal, dijo Lenín, es la agitación y la propaganda en todas las capas del pueblo”, Hitler por su parte, afirmó, la propaganda nos permitió conservar el poder y nos dará la posibilidad de conquistar el mundo”.

Para otros autores, esas opiniones resultan exageradas. Según Urcuyo: “...solamente un sector de la población es el que resulta influido por la propaganda electoral. El grueso de los ciudadanos toma su decisión desde antes del inicio de la campaña electoral”. En el mismo sentido considera Ramírez que: “Si el electorado tiene arraigada una determinada creencia, o posición, no existe propaganda alguna que sea capaz de cambiarla”. Sin embargo, no se puede negar que esta herramienta social constituye una manifestación del poder que intenta influir en la libre voluntad del destinatario para que éste se sienta inducido a actuar según las directrices de los que controlan el aparato de propaganda. Su influencia, en situaciones electorales muy parejas, adquiere carácter decisivo.

Desde la perspectiva de los medios, la propaganda político electoral ha evolucionado desde el contacto personal o con escritos y panfletos, como se dio en la primera época del Constitucionalismo, hasta la actual que, sin renunciar totalmente a la relación directa con los electores, utiliza esencialmente los medios de comunicación colectiva. Los periódicos, frente a la radio y a la televisión, también han disminuido su influencia, si se toma en cuenta que la lectura exige un mayor esfuerzo de concentración y disciplina que la actividad pasiva frente a la televisión. Incluso en países de alto nivel de analfabetismo, la televisión resulta un medio idóneo para transmitir el mensaje, vender un producto y promocionar a un candidato.

Dirigida a las masas, la propaganda política intenta ejercer su influjo con efectos emotivos y no con razones. Exagerando las cualidades y escondiendo defectos de los candidatos, como en los productos, la propaganda política, elaborada por especialistas calificados y asesores extranjeros, pretende interpretar y responder a las encuestas, estudiar diversos aspectos del comportamiento electoral, para ofrecerle al pueblo lo que éste desea oír. “Aquel que unte el pastel político con la más rica miel, es el que cazará más moscas”, o, parafraseando la ley Lade Sir Harold Mackinder “el que domina los medios de comunicación de masas, domina el proceso político”.

C. La noción jurídica de la propaganda

Para el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica “cuando se pondera o se combate a uno de los partidos políticos que participan en la contienda electoral o se pondera o se combate a uno de sus candidatos. Si una publicación se reitera en forma sistemática e inclusive se cita en forma continua el nombre de un candidato o de su partido, no cabe duda que se trata de propaganda político-electoral”. Según la ley española, “Se entiende por campaña de propaganda electoral, el conjunto de actividades lícitas organizadas o desarrolladas por los partidos, las Federaciones, las coaliciones, las agrupaciones de electores y los candidatos en orden a la captación de sufragios” (Art. 37 de la Ley Española). De ahí que existe una noción amplia de propaganda como el conjunto de actos o actividades de los partidos políticos para persuadir al electorado en determinado sentido y obtener sus votos.

II. La propaganda política y la libertad de expresión

La relación entre la propaganda y la libertad de expresión tiene una importancia decisiva. Este tema es objeto de debate en todas las campañas electorales. La Sala Constitucional de Costa Rica declaró inconstitucional diversos aspectos del artículo 85 del Código Electoral, referentes a la propaganda, por considerar que limitaban severamente la libertad de comunicación durante la campaña política. Según algunos diarios, a partir de este momento, al eliminarse la censura y el delito electoral, el país será más libre.

Sin embargo, se mantiene que obliga a los partidos políticos a: no utilizar más de una página por edición o su equivalente en número de centímetros cuadrados en cada uno de los diarios nacionales; reducir, en televisión, a un máximo de diez minutos diarios por canal, tiempo no acumulable en caso de no ser utilizado y la propaganda por radio a un plazo de diez minutos máximo por emisora, no acumulables y a un máximo de treinta minutos por semana por emisora; limitar, en la semana anterior a la elección, únicamente por espacio de dos días, a un máximo de cuatro páginas por edición.

No cabe compartir la resolución de la Sala Constitucional costarricense en este último extremo, al preferir la libertad de injuriar, difamar y calumniar en la propaganda con la posibilidad de acudir ante los tribunales, a la potestad del Tribunal Supremo de Elecciones de suspenderla, cuando ésta sea injuriosa, calumniosa o difamatoria. De tolerarse la difusión de propaganda lesiva al honor de las personas, los afectados pueden acudir a los tribunales. Esta afirmación es cierta, pero la respuesta llega tarde, demasiado tarde, cuando ha pasado el proceso electoral y el daño al honor de la persona o de un candidato se ha consolidado. Aun en el caso de lograr –no se sabe cuánto tiempo después–, la sanción para los responsables e inclusive una compensación económica, el daño causado resulta irreparable. Cabe defender el principio, consagrado en las constituciones, de la libertad de pensamiento sin previa censura, pero cuando una noticia altamente injuriosa, calumniosa y difamatoria se transforma en propaganda o publicidad electoral, el daño resulta a todas luces irreparable. En este caso se trata de una publicidad altamente lesiva del honor de una persona, que ya ha sido publicada, y que se pretende suspender para que no continúe causando más daño.

Un ejemplo puede ilustrar la inconveniencia de mantener el principio de libertad de expresión, sin regulaciones y límites. Un narcotraficante, por venganza, resentimiento o de mala fe decide hacer una afirmación contra un candidato. Aunque la noticia provenga de un narcotraficante, cuya credibilidad es cuestionable, con sólo mencionar a ese político, esa referencia, proyectada en televisión y repetida en forma de propaganda, causa un daño desproporcionado, abusivo e irreparable. El narcotraficante puede convertirse en el árbitro del proceso electoral, pues su alusión a uno de los candidatos se convierte en decisiva. Ante tales manifestaciones, el Tribunal Supremo de Elecciones no puede suspender esa publicidad, aunque ésta descienda a los límites más indecorosos e inmorales que ofendan la moral pública y transmita valores destructivos para la niñez y la juventud.

De hecho, los medios de comunicación colectiva se convierten en los órganos que determinan qué se publica y qué no se publica. Imponen los límites. La eventual coincidencia de criterios, entre el autor de la publicación y el director del medio, por razones ideológicas, políticas o personales contra un candidato permitirá la difusión de propaganda injuriosa, calumniosa o difamatoria y después le hará frente al juicio, pero logrará el objetivo: destruir al candidato o a la persona, la cual, en el momento, no puede hacer nada. Cuando se trata de propaganda como parte de la actividad política electoral, dominada por la pasión y la avidez de poder que desborda límites racionales, el organismo electoral debería tener la posibilidad de suspenderla y regularse un procedimiento sumario, con un plazo máximo de ocho días para que el Tribunal Constitucional, garante de las libertades públicas y de la supremacía de la Carta Política, determine si procede o no, según la respectiva Constitución, suspender o autorizar esa propaganda injuriosa, calumniosa, indecente y poco edificante.

Cabe defender la posibilidad del medio de comunicación de dar cualquier noticia, sin censura previa, independientemente del carácter injurioso, calumnioso o difamatorio de ella, pero la conversión de la noticia en propaganda o publicidad política constituye un peligro muy grande, si el ordenamiento jurídico no tiene herramientas para impedirla. Después, mucho tiempo después, vendrá la sanción, el daño será entonces irreparable y un sector del pueblo, engañado por esa propaganda, puede inclinar la balanza en determinado sentido. En información y en pensamiento, la ecuación se inclina en favor de la libertad; en la publicidad y en la propaganda político electoral, dirigidas al inconsciente de los ciudadanos con el propósito de ejercer influencia en la conducta humana, más que expresar pensamientos, es mejor evitar el daño y poder suspenderla por un órgano calificado con garantías suficientes en favor de los partidos políticos y los medios de comunicación para impugnar esa decisión y rápidamente encontrar respuesta.

III. Limitaciones de la propaganda política

En general, los partidos políticos tienen derecho a difundir toda clase de propaganda; así como a realizar reuniones u otras actividades en sitios y recintos privados, sin necesidad de autorización. Sin embargo, para la realización de actividades propagandísticas, se establecen diversos límites: unos referidos a los sujetos (extranjeros, funcionarios públicos y clérigos); otros, a la actividad (desfiles y manifestaciones); algunos, al contenido de la información (encuestas); y en algunos casos relacionados con determinados sitios o lugares y a los plazos.

En cuanto a los sujetos se prohíbe hacer propaganda a los extranjeros, los cuales carecen de derechos políticos. Existen normas que prohíben hacer propaganda y participar en los procesos electorales a determinados funcionarios públicos y a los integrantes de la fuerza armada y a los de la policía. También expresamente se impide a los clérigos realizar desde el púlpito propaganda política o invocar motivos religiosos.

Para la difusión de propaganda electoral pueden establecer plazos o períodos en los cuales se prohíbe. En algunos países se prohíbe hacerlo durante la Navidad, en los casos en que las elecciones se realicen durante los primeros meses del respectivo año. También caben reglas referentes a la duración de la campaña misma, que deben respetar los partidos políticos.

Las manifestaciones, desfiles u otras actividades en vías públicas, plazas o parques, normalmente deben contar con el permiso de las autoridades correspondientes. Los miembros de los partidos políticos no podrán celebrar reuniones o mitines en zonas públicas, en un mismo distrito electoral, el mismo día. Asimismo, no podrán reunirse en puentes, intersecciones de vías públicas ni frente a templos religiosos, estaciones de bomberos o de la Cruz Roja o a menos de 200 metros de hospitales o dependencias de la Autoridad de Policía ni de centros educativos cuyas funciones normales puedan resultar perjudicadas. Por razones obvias tampoco se permiten actos públicos similares en favor de dos o más partidos en el mismo lugar y dentro de las mismas horas de modo que pudiera dar motivo a desórdenes públicos.

En lo relativo a encuestas, es sana la inscripción de las empresas dedicadas a la realización de encuestas y sondeos de opinión de carácter político-electoral, para llevar a cabo su actividad en el período electoral deberán registrarse ante el organismo electoral. Para evitar manipulaciones, algunas legislaciones prohíben la difusión o publicación, parcial o total, por cualquier medio, de sondeos de opinión pública o encuestas relativas a procesos eleccionarios durante los dos días inmediatos anteriores y el día de las elecciones.

Las sanciones más convenientes en caso de transgredir esas normas se deben orientar hacia la disminución del aporte estatal que les corresponde al partido. El monto o porcentaje de esa reducción debe ser determinado por el órgano electoral, de acuerdo con lo que establezca la legislación respectiva. Incluso podrían establecerse sanciones penales, cuando se produzca la divulgación de encuestas y sondeos el día de las elecciones.

IV. Conclusión

La propaganda política, inicialmente concebida como el arte de la retórica para persuadir, ha evolucionado por su técnica, su constancia y su contenido hacia una forma que difiere poco de la publicidad comercial, como si se tratara de la venta de un producto. Aparece en la radio, la televisión, periódicos, revistas, carreteras, en afiches y pancartas, así como en grandes avisos publicitarios. Es una realidad casi omnipresente. Penetra los hogares, las oficinas, los negocios, las tiendas. Su realización se encarga a agencias publicitarias, con sus técnicas y métodos.

Aunque se discute su influencia, sí constituye un factor que adquiere el carácter decisivo cuando las fuerzas políticas están parejas. Esta circunstancia, unida a otros bienes jurídicamente tutelables, justifican su regulación.

Vocablos de referencia:

  • Campañas electorales

  • Encuestas electorales

  • Financiamiento de los partidos políticos

  • Financiamiento de los procesos electorales

  • Proceso electoral

MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Actualmente, la sociedad contemporánea se encuentra inexorablemente inmersa en el modelo económico de sociedad de consumo. La comunicación, en este sentido, es el marco teórico y practico para investigar, planificar y realizar los procesos de la vida contemporánea: sociales, culturales, cívicos y económicos, políticos, militares. Nada sucede al margen de la naturaleza de la comunicación social.

La situación derivada del grado de avance de una sociedad y, dentro de esta, de un organismo, institución, empresa o grupo, solo es factible en tanto tenga la capacidad para comunicarse consigo mismo y con el mundo que le rodea.

El grado de avance de la tecnología, el adelanto científico y el perfil de la proyección filosófica exigen con mayor intensidad la verificación y operación de dos situaciones, ambas de igual importancia.

  • Capacidad para emitir información de instrumentar un modelo de comunicación y obtener la reacción del receptor; y

  • Capacidad para obtener y asimilar la información y, en consecuencia, actuar.

La dinámica grupal, orgánica e institucional depende de la capacidad de transmitir información y de asimilarla, además de la eficacia del flujo comunicacional, mediante el cual, receptor y emisor logran la interrelación activa, inmediata y objetiva.

La comunicación social hace posible la satisfacción del imperativo de revisar la capacidad de las sociedades, instituciones e individuos, para detectar, asimilar y encauzar la aceleración del cambio, así como la necesidad de incorporar este a sus sistemas y con máxima eficiencia con vistas a sus objetivos.
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